El Ayuntamiento asegura que Riviera y Saratoga no volverán a tener licencia municipal
El consistorio respeta la sentencia del Tribunal Supremo pero afirma que ambos locales en ningún caso podrán reabrir el negocio
Última modificació:
El Ayuntamiento de Castelldefels quiere expresar su absoluto respeto a la decisión del Tribunal Supremo de rebajar las penas a las personas que fueron condenadas por la sección novena de la Audiencia de Barcelona en mayo de 2014 en el juicio de los prostíbulos Riviera y Saratoga así como de suspender la clausura de estos dos locales. Hay que recordar que se trata de un caso en que el Ayuntamiento no se encuentra implicado, pero que hace referencia a una problemática que generó una gran conflictividad en la ciudad en los últimos años.
Ambos locales fueron clausurados por el Ayuntamiento en 2014, en base a la normativa que permite retirar la licencia municipal si el inmueble mantiene dos años de inactividad. La retirada de la licencia es firme en el caso del Saratoga, que en ningún caso puede reabrir el negocio.
En cuanto al Riviera, la empresa presentó un recurso que, a juicio del Ayuntamiento, contenía un defecto de forma, por lo que fue impugnado por los servicios jurídicos municipales. Esta impugnación se basa en que el recurso fue presentado por la administración concursal que tenía intervenida esta empresa y por un socio accionista del Riviera. El Ayuntamiento entiende que no eran los representantes legales autorizados para presentar este recurso. Ahora mismo este asunto está todavía por resolver y está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Por tanto, tampoco se puede reclamar una restitución de esta licencia municipal.
Por otra parte, la ordenanza de Civismo y del Uso del Espacio Público de Castelldefels impide que puedan abrir nuevos establecimientos dedicados a la prostitución. La normativa establece que no se concederá ninguna licencia de apertura para establecimientos de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución si no se respetan dos supuestos. En primer lugar, estar a una distancia mínima de 3.000 metros en línea recta, con respecto a los centros docentes y aquellos locales de ocio destinados a menores de edad o que por la naturaleza de la actividad comporte la asistencia de menores. En segundo lugar, guardar esta distancia entre dos locales dedicados a esta actividad. Estas restricciones impiden en la práctica ninguna nueva apertura.