Alternativa social, coordinación y consumo responsable para evitar la venta ambulante no autorizada
El Ayuntamiento de Castelldefels junto con Barcelona, Sitges, Roses, Salou, la Generalitat y el gobierno del Estado forman una mesa para coordinar acciones para evitar la venta ambulante no autorizada en Catalunya
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El Ayuntamiento de Castelldefels junto con los de Barcelona, Sitges, Roses y Salou, el Gobierno de la Generalitat y la delegación del Gobierno del Estado formarán una mesa de coordinación permanente que servirá como "núcleo impulsor" de las acciones a desarrollar para evitar la venta ambulante no autorizada en Catalunya. Este es uno de los acuerdos que se tomó el pasado 12 de julio en la primera reunión interadministrativa convocada por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que la semana pasada se reunió con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con el objetivo de analizar el informe que esta institución presentó en el Parlament.
La alcaldesa Colau compareció acompañada por la alcaldesa de Castelldefels, Candela López, alcalde de Sitges, Miquel Forns, la alcaldesa de Roses, Montserrat Mindan, y el teniente de alcalde de Salou, David González. Los cinco representantes municipales destacaron la importancia de que por primera vez todas las administraciones y cuerpos de seguridad se han sentado por primera vez para abordar de forma conjunta un fenómeno que ya hace años que se vive en muchas poblaciones y ciudades, especialmente las turísticas. López, Colau, Forns, Mindan y González han defendido que "la solución a la problemática no puede venir dada en ningún caso por la actuación de un solo municipio, han constatado que no hay una solución mágica e inmediata y han apostado por diseñar acciones conjuntas y efectivas por parte de todos".
"Los ayuntamientos hemos hablado con una sola voz", aseguró Colau, que emplazó a trabajar de forma "realista, pragmática y conjunta" para evitar la venta ambulante no autorizada. Los representantes municipales, así como el Síndic de Greuges, insistieron en que "hay que seguir trabajando en una intervención más importante en origen, con el objetivo de evitar la entrada de productos falsificados", y mostraron la plena disponibilidad a "trabajar de forma coordinada para evitar el desplazamiento del fenómeno".
La tabla interadministrativa convocada por el Síndic de Greuges se volverá a reunir nuevamente antes de fin de año para hacer una evaluación y seguimiento del trabajo que se vaya desarrollando a partir del nuevo grupo impulsor formado por Castelldefels, Barcelona, Sitges, Salou, Roses, la Generalitat y la delegación del Gobierno.
Todos los representantes dejaron claro que "el fenómeno de la venta irregular, que es global y hace años que se produce, no se acabará de un día para otro". Entre los asistentes a la reunión, figuraron el Conseller de Interior, Jordi Jané; el director general de la Policía, Albert Batlle; y el comisario jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Por parte del Departament de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, asistió el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós; y del Departament de Empresa y Conocimiento, el secretario de Empresa y Competitividad, Joan Aregio. El subdelegado del Gobierno en Barcelona, EmilioAblanedo, encabezó la representación de la Administración del Estado, con la presencia también de Almudena Escobedo, jefe de la Dependencia Regional de Aduanas; de Fernando Agoiz, comisario de la Policía Nacional; y del coronel Pizarro, de la Guardia Civil.
Coordinación policial: sensibilizar, compartir información, actuar conjuntamente
En la misma línea, la Policía Local de Castelldefels ha participado este 14 de julio en una reunión de trabajo con diferentes cuerpos policiales para tratar la problemática desde todos los sectores afectados, y analizar cómo trabajar la investigación policial para detectar los puntos de distribución más importantes en Catalunya, cómo compartir la información y trabajar de forma conjunta y sobre todo sensibilizar a todos los actores del impacto global en la economía de este fenómeno que, "aunque no exista alarma social, es lo suficientemente grave como para priorizarlo en las agendas policiales".