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Castelldefels se adhiere a la Plataforma de municipios por la Vivienda digna y la Pobreza energética

La plataforma nace para convertirse en un instrumento para plantear a los gobiernos autonómicos, al gobierno estatal, a los agentes económicos y sociales, y a la opinión pública en general, la adopción de medidas políticas orientadas a encontrar una solución de los problemas relacionados con la vivienda

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Castelldefels se adhiere a la Plataforma de municipios para la Vivienda digna y la Pobreza energética. Así lo aprobó el Pleno municipal del pasado 21 de julio con el voto a favor de todas las fuerzas políticas representadas (Movem, PSC, ERC, CSPOT, CiU y C's) con la excepción del PP, que se abstuvo.

Con la aprobación del punto, Castelldefels pasará a formar parte de la citada plataforma, que nace con la voluntad de ser un instrumento para plantear a los gobiernos autonómicos, al gobierno estatal, a los agentes económicos y sociales, y a la opinión pública en general, la adopción de medidas políticas orientadas a encontrar una solución estructural y sostenible de los problemas relacionados con la vivienda.

Entre estas medidas destacan propuestas como determinar que el derecho a la vivienda digna se debe garantizar a todas las familias a un precio máximo equivalente a un tercio de los ingresos familiares, incluidos los suministros básicos de agua, gas y electricidad; desarrollar políticas de promoción pública de vivienda destinada a alquiler social, hasta alcanzar porcentajes similares en el entorno europeo (más del 15%) sobre el parque total de viviendas del país; o reconocer el derecho de las personas que hayan perdido la vivienda como consecuencia de una ejecución hipotecaria por insolvencia, a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio que no supere el 30% de sus ingresos.

La plataforma también insta a incrementar el parque de viviendas de los fondos sociales de vivienda pública (locales, autonómicos y estatal) otorgando a los ayuntamientos las funciones de gestión de todas las viviendas sociales de su municipio, y asumiendo desde las CCAA y AGE las gastos de obtención y mantenimiento de las viviendas de los fondos supramunicipales; y regular por ley la cesión obligatoria del uso temporal a los fondos públicos de vivienda social de las viviendas vacías propiedad de entidades financieras y/o grandes propietarios, que queden más de dos años desocupados. Estas cesiones aumentarán el parque disponible de viviendas en alquiler social para atender emergencias y alojar familias en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, también se propone regular las ayudas a fondo perdido para la rehabilitación del parque de viviendas antiguas propiedad de sus residentes o de pequeños propietarios, incluyendo aspectos de eficiencia energética y accesibilidad, y condicionar las ayudas a los propietarios no residentes en su inclusión en los programas de alquiler.