Firmado un convenio entre Ayuntamiento y entidades sociales que regula el uso de datos personales

Mediante este acuerdo se establecerán unos circuitos y un sistema de trabajo para consensuar las actuaciones conjuntas de atención a las personas de acuerdo con la normativa de protección de datos de carácter personal.

En este sentido, la comunicación de datos personales entre las partes tendrá lugar en la medida en que sea estrictamente necesario para el correcto desarrollo de los programas sociales y exclusivamente para las finalidades de este protocolo de colaboración. Así, las partes se comprometen a garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios de tratamiento. También se establece una comisión de seguimiento para el control de la adecuada ejecución de las actividades que contempla este protocolo.

Para la alcaldesa de Castelldefels, María Miranda, la firma de este convenio supone “reafirmar nuestro compromiso y colaboración con las entidades sociales de la ciudad que complementan los servicios de apoyo y acompañamiento a colectivos y personas vulnerables de la ciudad, en un momento en que fruto de la pandemia se han incrementado las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo. De esta manera, damos cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Ciudad”. Miranda ha añadido que “es un orgullo contar con entidades comprometidas como Cruz Roja, Cáritas o la asociación Con Pasión, que gestiona el restaurante solidario Imperfect”.

Se vuelve a convocar la mesa del Tercer sector

El acuerdo obliga a las partes que lo suscriben a compartir un mapa de recursos disponibles en el territorio (servicios, programas, equipamientos, agentes, etc) con datos exhaustivos y actualizados para que tanto la Administración como las entidades puedan adecuar las intervenciones y actuar de manera más eficiente frente a las necesidades sociales. Asimismo, este convenio impulsará la creación y el funcionamiento de un Observatorio social único que integre la actividad de la Administración pública y de las entidades del Tercer Sector y así, ante una situación de emergencia, se encargará de pactar, organizar y colaborar con el área de Protección Civil las respuestas adecuadas a cada situación.

Por otra parte se coordinarán los planes de formación desde el Área de Promoción económica para evitar duplicidades y desde el Área de Servicios Sociales se volverá a convocar la mesa del Tercer sector. El protocolo tiene una vigencia de cuatro años prorrogables.