Normativa y ordenanzas

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1.º - I. La presente Ordenanza tiene como objeto principal lograr el bienestar colectivo y organizar la comunidad de tal forma que se consiga una convivencia ciudadana en paz y en igualdad de derechos y obligaciones.

2. Para la consecución del fin primordial, esta Ordenanza articula las normas necesarias que modularán la actividad de los habitantes del municipio en respeto y libertad.

Artículo 2.º - 1. La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Castelldefels, a la que quedarán obligados todos sus habitantes cualquiera que sea su calificación jurídico-administrativa.

2. El Ayuntamiento vendrá en la obligación de poner en conocimiento de los habitantes el contenido de esta Ordenanza, utilizando para ello los medios de difusión destinados a tal efecto.

3. La ignorancia del contenido de la presente Ordenanza no será excusa en caso de incumplimiento.

Título primero

Población municipal

Capítulo I

Del empadronamiento

Artículo 3.º - 1. Toda persona física, española o foránea, que habite en el término municipal de Castelldefels, de manera habitual, deberá inscribirse en el Padrón de este municipio como residente, condición que se adquiere desde el momento de la inscripción.

2. Si residiera alternativamente en Castelldefels y en otro u otros municipios, deberá inscribirse en aquél en el que habite más tiempo al año.

3. Si una persona estuviera inscrita en más de un Padrón Municipal, tendrá validez la última inscripción que se hubiera efectuado.

Artículo 4.º - 1. Los residentes se clasifican en vecinos y domiciliados. Son vecinos del Municipio de Castelldefels los residentes de nacionalidad española que tengan cumplida la mayoría de edad, y son domiciliados los residentes que ostenten nacionalidad extranjera y los españoles que no tengan cumplida la mayoría de edad.

2. La persona que circunstancialmente se halle viviendo en Castelldefels, sin ser éste municipio el lugar de su residencia habitual, podrá inscribirse igualmente en el padrón, si bien lo hará como transeúnte.

Artículo 5.º - Los cabezas de familia, tutores y encargados de establecimientos públicos o privados, cuidarán de que sus familiares, sirvientes, pupilos, acogidos, huéspedes y personal bajo su adscripción, se inscriban en el Padrón de Habitantes. Suministrarán los datos precisos a tal fin y serán responsables de la fiabilidad de aquellos.

Artículo 6.º - Las altas y bajas en el Padrón se solicitarán a la Alcaldía por los interesados, sus representantes legales o persona debidamente autorizada. Con la solicitud de alta, cuando ésta se produzca por cambio de residencia, se acompañará la baja del municipio de procedencia o en su caso certificación negativa de empadronamiento; en este último supuesto se exhibirán los documentos que acrediten los datos exigidos en la hoja de empadronamiento. Los procedentes del extranjero cuya residencia en el país de origen sea anterior a la fecha de confección del último Padrón de Habitantes, exhibirán el pasaporte como documento acreditativo.

Artículo 7.º - Todos lo habitantes del Municipio estarán obligados a suministrar los datos estadísticos que les interese, así como a cumplir con las normas censales que en cada momento regulen la materia, para lo cual podrán ser requeridos por la autoridad municipal.

El incumplimiento a este requerimiento podrá dar a lugar, en su caso, a la apertura de expediente administrativo.

Artículo 8.º - La solicitud de alta dará lugar a la apertura del correspondiente expediente, sobre el que resolverá la Alcaldía u Órgano delegado al efecto. Las solicitudes de baja serán diligenciadas por la Secretaría General.

Artículo 9. º - 1. Los cabezas de familia residentes en el término municipal están obligados a comunicar a la Alcaldía, en el plazo de ocho días, las alteraciones que deban producirse en la hoja de inscripción padronal como consecuencia de nacimientos, matrimonios, defunciones, mayoría de edad o emancipación, así como de cambios de residencias o de domicilio dentro del término, con el fin de que por el Ayuntamiento puedan llevarse a cabo las oportunas rectificaciones o adiciones.

2. Igual obligación incumbirá a los padres y tutores de los que se incapaciten y a los parientes, herederos o ejecutores testamentarios respecto a los fallecidos; a los dueños de hoteles, fondas o pensiones con respecto a sus huéspedes y a los Jefes, Encargados o Administradores de Cuarteles, Residencias de Tercera Edad, Hospitales o Establecimientos análogos respecto de los acogidos o residentes en los mismos.

Capítulo II

Derechos y deberes de los empadronados

Artículo 10.º - 1. Son derechos de los vecinos de Castelldefels:

a) Ser elector y elegible de acuerdo con la legislación electoral vigente en cada momento.

b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes.

c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos y acceder a los aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables en cada caso.

d) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución de 1978.

e) Pedir consulta popular en los términos previstos en la Ley.

f) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.

g) Aquellos otros derechos establecidos en las Leyes.

2. Son deberes de los vecinos:

a) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo previsto en las Leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal.

b) Contribuir mediante las prestaciones económicas personales legalmente previstas para la realización de las competencias municipales.

Aquellos otros deberes establecidos en las Leyes.

Artículo 11.º - Los extranjeros domiciliados que sean mayores de edad tienen los derechos y deberes propios de los vecinos, salvo los de carácter político. No obstante, tendrán derecho de sufragio activo en los términos que prevea la legislación electoral general aplicable a las elecciones locales.

Título segundo

Política de la vía pública

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 12.º - 1. Se entenderá por vía pública, a efectos de aplicación del presente título, las avenidas, las calles, paseos, plazas, caminos, parques, jardines, puentes, fuentes, y demás bienes municipales de carácter público del termino municipal de Castelldefels.

2. Se extenderá asimismo su aplicación a los pasajes particulares, los pasadizos de los transportes públicos subterráneos y vehículos públicos de superficie.

Capítulo II

Rotulación y numeración

Artículo 13.º - Las vías urbanas se distinguirán e identificarán con un nombre o número, distinto para cada una de ellas, el cual deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. No podrán existir dos vías urbanas con el mismo nombre o número o aun distintos que por su similitud gráfica o fonética puedan inducir a confusión.

Artículo 14.º - La rotulación de las vías públicas tiene carácter de servicio público y podrán efectuarse mediante lápida o placa, que se fijarán en lugar bien visible, como mínimo a la entrada y salida de cada vía pública. En las plazas lo será en su edificio preeminente si lo hubiera y en sus principales accesos.

Artículo 15.º - 1. La numeración de las vías públicas se llevará a cabo mediante un proyecto integrado por memoria, relación de números (antiguos y nuevos) y plano parcelario. Dicho proyecto se someterá a información pública durante 15 días, y será, en su caso, aprobado por Alcaldía.

2. Los propietarios de los inmuebles se verán obligados a colocar el número que, una vez determinado, les haya correspondido, cuando sean requeridos individual o colectivamente para realizarlo. De no efectuarse dicha obligación dentro del plazo fijado por el requerimiento, se procederá a su colocación por el personal designado por la Alcaldía con gastos o cargo del dueño del edificio e independientemente de la sanción que por tal incumplimiento le corresponda.

3. El elemento que incorpore al número deberá colocarse en el centro de la fachada lindante con la vía pública, o junto a la puerta principal del inmueble. En cuanto a forma, tamaño, color e impresión, se ajustarán a los requisitos que a tal efecto fije la Administración municipal.

Artículo 16.º - 1. Los propietarios de inmuebles afectados por la colocación de rótulos y números deberán permitir su fijación y respetar su permanencia, así como vigilar su estado de conservación y visibilidad.

2. Los elementos en que se incorporen las inscripciones, así como éstos, deberán guardar, en lo posible, armonía artística con la fachada, zona o sector donde se fije.

3. Esta servidumbre administrativa será gratuita y deberá notificarse al propietario afectado.

Capítulo III

Conservación

Artículo 17.º - Compete a la Administración Municipal la ejecución de los trabajos y obras necesarios para la perfecta conservación de los elementos estructurales y ornamentales de las vías públicas. Nadie podrá, aunque fuera para mejorar el estado de conservación de las vías públicas, ejecutar trabajos en restauración o reparación de dichos elementos sin previa licencia municipal.

Capítulo IV

Uso de la vía pública

Sección primera

Disposiciones generales

Artículo 18.º - Se entiende por uso de la vía pública, a los efectos de la presente Ordenanza, la utilización o aprovechamiento que toda persona física o jurídica puede hacer del suelo, vuelo o subsuelo de la misma.

Artículo 19.º - El uso o aprovechamiento de la vía pública puede ser común general, común especial y privativo.

Artículo 20.º - 1. Es uso común el que corresponde a todos los ciudadanos sin distinción. Se estima que el uso común tiene carácter general cuando no concurren en él circunstancias singulares, sino que se ejerce libremente de acuerdo con la naturaleza de los bienes, por lo cual este tipo de uso no está sometido a ningún tipo de licencia.

2. Es uso común especial cuando se singulariza por revestir características de peligrosidad e intensidad u otras análogas y requiere para su ejercicio licencia previa municipal.

3. El uso privativo constituye la ocupación en exclusiva por un particular de una parcela demanial, de modo que limite o excluya el uso por parte de otros. Se adquiere este uso por concesión administrativa.

Artículo 21.º - El uso, aprovechamiento y disfrute de la vía pública tiene en principio el carácter de uso común general, ejercitado libremente por todos los ciudadanos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ordenanza y demás disposiciones legales.

Artículo 22.º - Se prohíbe expresamente:

a) Utilizar la vía pública como lugar de ejercicio o desarrollo de profesiones, trabajos u oficios, sin perjuicio de las normas contenidas en los artículos siguientes reguladores de los usos común especial y privativo.

b) Colocar o dejar abandonados en la vía pública objetos particulares, sin más excepciones que las establecidas en esta Ordenanza.

Artículo 23.º - 1. Si se produjeran usos, ocupaciones, actividades o aprovechamientos de la vía pública sin la licencia o concesión municipal, la Autoridad Municipal procederá previa comprobación y constatación de tal circunstancia a ordenar al interesado, verbalmente o por escrito el cese inmediato en la actividad, uso, ocupación o aprovechamiento efectuado, para lo cual se le concederá el plazo que las circunstancias aconsejen.

2. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la orden y a la retirada de los bienes, materiales o instalaciones, que serán llevados a los depósitos municipales. Los gastos que se efectúen por el traslado y custodia serán con cargo a sus propietarios o poseedores, en su caso, fijándose con arreglo a las tarifas aprobadas o, en su defecto, al coste real de los mismos. Si dichos bienes no fuesen reclamados en el plazo máximo de un mes, el Ayuntamiento podrá proceder sin más preaviso a su venta de acuerdo con las normas correspondientes a la contratación municipal.

3. Los bienes u objetos fácilmente perecederos que no sean reclamados y retirados por sus dueños o poseedores en tiempo prudencial, podrán ser entregados a instituciones de carácter social o destruidos si fuere necesario.

Artículo 24.º - Cuando el uso de la vía pública se estime especial y no fuere conforme con el destino propio de la misma, se considerará como uso anormal y su disfrute deberá ser objeto de concesión administrativa. Para que el uso sea calificado como de común especial anormal, se requerirá un estudio para el caso concreto por parte de la Autoridad Municipal.

Artículo 25.º - Los diversos usos, aprovechamientos e instalaciones en la vía pública se regirán en lo previsto en esta Ordenanza y por la legislación estatal y autonómica vigente en cada momento.

Sección segunda

Uso común especial

Artículo 26.º - 1. Las actividades, ocupaciones o aprovechamientos que impliquen uso común especial de la vía pública estarán sujetos a previa licencia municipal.

2. La licencia municipal será otorgada o denegada por la Alcaldía en el plazo de un mes desde su petición. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, la licencia se entenderá denegada por silencio administrativo. Si el número de licencias que pudiera o quisiera conceder el Ayuntamiento fuere limitado, su otorgamiento se efectuará mediante licitación pública, no aplicándose en este caso el plazo mencionado.

3. Las licencias municipales tendrán vigencia durante todo el plazo que se establezca en el momento de su otorgamiento; si por error se omitiera el señalamiento del plazo de vigencia, se entenderán concedidas por la duración normal y natural en los supuestos de actividades de temporada o feria y en las restantes hasta el 31 de diciembre del mismo año de su otorgamiento..

Artículo 27.º - 1. Las licencias otorgadas por el Ayuntamiento podrán quedar sin efecto si se incumplen las condiciones establecidas en las mismas y deberán ser revocadas cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieren otras que, de haber existido en el momento de la solicitud, habrían motivado su denegación.

2. Podrán quedar sin efecto también las licencias por la adopción de nuevos criterios de apreciación en cuanto al otorgamiento, así como su otorgamiento erróneo, lo que dará lugar al resarcimiento de daños y perjuicios que se hubieren causado.

Artículo 28.º - Las licencias municipales sólo serán transmisibles por causa de muerte del titular a favor de quienes acrediten ser sus herederos o legatorios y por transmisiones inter-vivos sólo cuando exista disposición especial que así lo establezca

Artículo 29.º - La venta no sedentaria en la vía pública (en mercados fijos, en mercados periódicos, en mercados ocasionales, ferias o acontecimientos populares, la de productos de naturaleza estacional en lugares instalados en la vía pública), así como la venta domiciliaria, requerirá autorización municipal que se otorgará previa acreditación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 1/1983 del Parlamento de Cataluña, de 18 de febrero, sobre regulación administrativa de determinadas estructuras comerciales y ventas especiales.

Artículo 30.º - Podrá autorizarse el ejercicio, en puesto fijo ambulante, de las actividades propias de fotógrafo, afiladores, limpiabotas, traperos, músicos, cantores, pintores, caricaturistas y otras análogas. La licencia que permita el ejercicio de dichas actividades deberá determinar si se ejercerá en toda la ciudad, en vías determinadas o en un lugar en concreto.

Artículo 31.º - 1. Podrá autorizarse la ocupación de la vía pública con el destino siguiente:

a) Entoldados o acotados para la celebración de verbenas, conciertos, representaciones teatrales, circenses o cinematográficas y actos análogos

b) Atracciones de feria y puestos de baratijas o quincalla.

c) Competiciones o actos de carácter deportivo con automóviles, bicicletas....

d) Cualesquiera otras ocupaciones de características análogas.

2. En todo caso, la entidad organizadora de estas actividades deberá someterse a lo establecido en el Reglamento de Espectáculos y Actividades recreativas vigente en cada momento, debiendo cumplir con las indicaciones que señale la Autoridad Municipal o sus agentes.

Artículo 32.º - 1 La colocación de veladores y mesas en la vía pública deberá realizarse de modo que quede libre el espacio mínimo para el paso de los peatones:

a) De la mitad de la anchura de la acera, en las de más de dos metros y hasta cinco metros y

b) Del tercio de la anchura de la acera, en las de más de 5 metros.

2. Queda prohibida la colocación de veladores en las aceras de menos de dos metros de anchura.

3. Se considera espacio mínimo para el paso de peatones el que queda libre una vez descontada la superficie que por cualquier causa u obstáculo no sea apta para el tránsito.

4. En los supuestos en los que los veladores y mesas no se coloquen en las aceras, se estará a lo establecido expresamente en la autorización otorgada.

5. Las licencias otorgadas para la colocación de veladores y mesas en la vía pública podrán tener una duración anual, de temporada (15 de abril a 15 de octubre) o solamente para los días festivos y vísperas de los mismos.

6. El titular de la licencia deberá, a su costa, señalar en la acera, con pintura blanca, el perímetro dentro del cual han de quedar colocados los veladores.

7. Las tarimas que se instalen sobre las aceras para sustentar veladores, no podrán elevarse más de 10 centímetros sobre el nivel de éstas.

Artículo 33.º - Cuando de haya autorizado en virtud de licencia municipal la colocación y establecimiento en la vía pública de mercancías u otros elementos, el dueño de éstos está obligado a señalar en la acera, y en su defecto, en la calzada con pintura blanca, el perímetro del espacio que ocuparán dichos elementos, sin que se pueda sobrepasar el mismo, pues en caso contrario podrán ser retirados los mismos por los agentes de la Policía Municipal.

Artículo 34.º - 1. La publicidad en la vía pública podrá adoptar las siguientes modalidades:

a) Anuncios publicitarios siempre que reúnan las características aprobadas por el Ayuntamiento

b) Reparto de octavillas publicitarias, sin que en ningún caso se arrojen a la vía pública.

c) Propaganda oral, cuando sea expresamente autorizada por el Ayuntamiento, que se efectuará por medio de altavoces o amplificadores colocados en lugares fijos o instalados sobre vehículos.

2. En todo lo no previsto en estas Ordenanzas se aplicará el Decreto 917/1967, de 20 de abril, en materia referente a publicidad exterior.

Artículo 36.º - El uso especial de vados y reservas de carga y descarga se regirá por lo que a este respecto establece la ordenanza fiscal de este Ayuntamiento.

Artículo 37.º - 1. Es obligatoria la instalación de vallas en todas las construcciones de edificios, obras exteriores y derribos y para la ocupación de la vía pública con materiales destinados a la ejecución de obras interiores.

2. Cuando las necesidades del tránsito y otras circunstancias impidan instalar vallas, se sustituirán éstas por puentes volantes o andamios.

3. En ningún caso el espacio libre de acera será inferior al permitido en la licencia. De no ser posible se facilitará el paso de peatones mediante tablones y pasarelas debidamente protegidas y señalizadas cubriendo incluso provisionalmente los alcorques, si fuera necesario

4. En todo caso, las vallas o elementos protectores de la obra tendrán la altura suficiente para impedir la caída de materiales y escombros en las aceras o calzadas.

5. Toda valla de protección ostentará u letrado indicativo de la licencia municipal, fechas de comienzo y terminación de las obras y horario de trabajo.

6. En caso de incumplimiento de lo establecido en el presente artículo, se procederá a la ejecución forzosa por la Administración Municipal en la persona del contratista de obras, siendo responsable subsidiario el propietario o titular de las mismas.

Artículo 38.º - En el supuesto de que sea necesario utilizar los árboles como soporte de instalaciones luminosas u ornamentos y accesorios, su uso se hará respetando en todo momento los árboles que se utilicen y procurando que la instalación u ornamento no perjudique el tránsito urbano ni la visibilidad que la vía pública tenga, las viviendas sitas frente al árbol o árboles de que se trate, y respetando en todo momento las instrucciones que en orden a seguridad determine la autoridad municipal.

Sección tercera

Uso privativo

Artículo 39.º - 1. La ocupación de la vía pública en régimen de uso privativo debe ser objeto de concesión administrativa.

2. Los emplazamientos de la vía pública que podrán ser objeto de concesión y supondrán un uso privativo para el concesionario, serán fijados previamente por el Ayuntamiento Pleno, para lo que se tendrá en cuenta la modalidad y uso a que se destinará dicho emplazamiento, así como el número de concesiones, el período, extensión superficial y siempre ateniendo a que la ocupación de la vía pública no altere la libre circulación de peatones y vehículos, ni la celebración de actos públicos.

3. Fijados los emplazamientos y aprobados los correspondientes pliegos, la tramitación anterior se sujetará a la <<normativa para la concesión de uso privativo de la vía pública>>.

Artículo 40.º - 1. La concesión supone el otorgamiento de un derecho real de carácter administrativo, que permite a su titular disfrutarlo, defenderlo jurídicamente, usarlo en el tráfico civil e inscribirlo en el Registro de la Propiedad.

2. La concesión administrativa que otorga el uso privativo de una parcela de la vía pública se otorgará para un fin específico y siempre con carácter discrecional por parte del Ayuntamiento

Artículo 41.º - Sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos de aplicación general, serán condiciones de la concesión las siguientes:

a) Se otorgará el uso privativo del emplazamiento de la vía pública, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

b) El concesionario se verá obligado a mantener en buen estado la porción de la vía pública que utilice, las instalaciones objeto de la actividad que desarrolle, así como las zonas adyacentes a las mismas.

c) La transición de la concesión sólo podrá efectuarse <<mortis causa>> a favor de los herederos o legatarios del concesionario de acuerdo con la legislación de sucesiones y por el tiempo que falte para la extinción de la concesión.

d) El uso y disfrute de la concesión otorgada, corresponde al titular de la misma y, a lo sumo, a sus familiares. En casos excepcionales podrá usarse por empleados, siempre y cuando estos estén designados en la solicitud de la concesión, a cuyo efecto podrán serles exigidos los correspondientes documentos acreditativos de alta y pago de cuotas a la Seguridad Social.

e) El concesionario será responsable de cuantos daños y perjuicios causare a los bienes municipales; dicha responsabilidad podrá hacerse efectiva por el Negociado correspondiente del Ayuntamiento con cargo al depósito o fianza prestada, en cuanto resulte bastante, o por el procedimiento administrativo de apremio en los demás supuestos. Igualmente se responderá de los daños causados a terceros, y en casos excepcionales se podrá exigir un seguro de responsabilidad civil.

f) El concesionario está obligado a dejar a disposición de la administración municipal, una vez se extinga el período de duración de la concesión, en perfectas condiciones la porción de la vía pública o, en su caso, las instalaciones construidas, y de reconocer expresamente la potestad municipal para acordar por sí el alzamiento.

g) La concesión sólo producirá efectos entre la Corporación Municipal y el titular de aquélla, pero no alterará las situaciones jurídico-privadas entre el concesionario y terceros, ni podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad en que hubieren incurrido los titulares de la concesión.

Artículo 42.º - 1. En cuanto a las causas de extinción, resolución, rescate y caducidad, se estará a lo que disponen los Reglamentos de Bienes y Servicios de las Corporaciones Locales.

2. Las concesiones administrativas de uso privativo de la vía pública, podrán ser otorgadas por un período máximo de diez años, pudiendo ser renovadas una vez cumplido el período de concesión.

Artículo 43.º - 1. Se considerará uso privativo de la vía pública, la instalación de quioscos permanentes, que podrá ser de bebidas, de publicaciones o especiales.

2. Los quioscos de bebidas estarán destinados a servir al público bebidas de uso normal en el mercado y comestibles que no requieran condimentación previa inmediata y puedan ser considerados como complementos a las bebidas, en aperitivos y meriendas.

3. Los quioscos de publicaciones tendrán como finalidad principal la venta de libros, revistas y periódicos de cualquier nacionalidad. Podrán ser clasificados estos quioscos en diversas categorías por razón del tipo de publicaciones y/o lugares de instalación, a los efectos de fijar el correspondiente canon de concesión.

4. Los quioscos especiales son aquellos que se destinan a finalidad distinta de las expresadas en los números anteriores del presente artículo.

5. La administración municipal aprobará diversos modelos de quioscos de las tres modalidades señaladas, a fin de que las solicitudes de concesiones de los interesados se ajusten a ellos, salvo las variaciones que en cada caso se permitan. La instalación del quiosco no podrá servir de excusa para ampliar el perímetro del uso privativo concedido, mediante la colocación en las aceras de cajones, caballetes u otros sustentáculos para la exhibición de publicaciones. En caso de incumplimiento, independientemente de la sanción que se imponga, los servicios municipales retirarán dichos elementos a costa del concesionario.

Artículo 44.º - También tendrán la consideración de uso privativo las actividades, ocupaciones y aprovechamientos siguientes:

a) Publicidad luminosa en aparatos sustentadores de rotulación de la vía pública.

b) Columnas anunciadoras.

c) Plafones-anuncios.

d) Campamentos de turismo denominados <<campings>>.

Capítulo V

Comportamiento o conducta de los ciudadanos

Sección primera

Normas generales

Artículo 45.º - Todos lo ciudadanos, sin excepción, tienen el deber de conocer y observar las normas municipales que sobre conducta ciudadana rijan en el Municipio.

Artículo 46.º - El comportamiento de las personas, en especial en establecimientos públicos y en la vía pública, se atemperará en general a las siguientes normas:

a) Se observará el debido civismo y compostura, no alterando el orden ni la tranquilidad pública con escándalos, riñas y tumultos.

b) Se cumplirán puntualmente las disposiciones de las Autoridades y los Bandos de la Alcaldía sobre conducta del vecindario y se observarán las prohibiciones especiales que en su caso se establezcan.

c) Todo ciudadano tendrá la responsabilidad de comunicar a los agentes de la Autoridad las infracciones de las que tuviere conocimiento.

d) En los vehículos de transporte público no se podrá fumar o llevar el cigarrillo, cigarro o pipa, encendidos cuando esté impuesta la prohibición

e) Queda prohibido arrojar objetos al suelo en los establecimientos públicos o vía pública, así como maltratar las instalaciones, objetos o materiales de uso común o los árboles y plantas de las plazas y jardines.

Artículo 47.º - La conducta y comportamiento de los habitantes de Castelldefels tendrá como máxima, no sólo la observación de las normas jurídicas, sino también, el respeto hacia la libertad e integridad física, moral ética de los demás, así como hacia aquellas cosas u objetos que por ser para el uso de una colectividad son merecedores de un trato y cuidado especial, con objeto de intentar y conseguir una convivencia normal y libre.

Sección segunda

Normas relativas a las personas

Artículo 48.º - 1. Con carácter general se prohíbe el ejercicio de la mendicidad pública dentro del término municipal.

2. Los Agentes de la Autoridad impedirán la mendicidad pública y si lo juzgasen conveniente y fuese posible, conducirán a quienes la practiquen al establecimiento adecuado, a fin de socorrer y ayudar en lo posible al necesitado.

3. Asimismo, se cuidarán los Agentes de la Autoridad de intentar recoger y ayudar a aquellos indigentes que dada su situación carezcan de cobijo para pernoctar.

Artículo 49.º - 1. Los niños abandonados y los extraviados serán conducidos a la Jefatura de la Policía Municipal, y entregados, los primeros a las Autoridades competentes y retenidos los últimos en custodia a disposición de sus padres o tutores, para lo cual se efectuarán rápidamente los oportunos llamamientos por los medios de publicidad que en cada caso estime conveniente la Alcaldía.

2. Si fuese algún particular quién hallase a los niños abandonados o extraviados, tendrá el deber de recogerlos y entregarlos a cualquier Agente de la Autoridad, a la Jefatura de la Policía Municipal o a la Casa Consistorial.

Los padres o tutores velarán para que los niños en edad escolar asistan a la escuela.

Artículo 50.º - Quienes perturben la tranquilidad ciudadana, serán detenidos y conducidos por los Agentes de la Autoridad a la Jefatura de la Policía Municipal. La estancia en dicho establecimiento durará únicamente el tiempo necesario para determinar si sólo procede imponer sanción municipal o debe ser pasado a la jurisdicción competente, según las circunstancia del caso.

Artículo 51.º - 1. Deberá facilitarse el tránsito por la vía pública a niños, ancianos y disminuidos físicos y psíquicos, en especial en aquellos cometidos que por sus deficiencias entrañen dificultades y/o peligro.

2. Queda prohibido cualquier acción o manifestación contraria al respecto y consideración entre los ciudadanos.

3. Toda persona se constituirá en garante de la integridad física, moral y ética de los demás en su tránsito por la vía pública.

Sección tercera

En particular, normas de conducta

Artículo 52.º - 1. Por razones de estética y buen gusto, no está permitido el tendido o exposición de ropas, prendas de vestir y elementos domésticos en los balcones, ventanas, antetechos, terrazas exteriores, o cualquier otro lugar que por su situación y orientación a la vía pública sean normalmente visibles desde la misma.

2. Dentro del casco urbano se establece la obligación de dotar a los edificios de celosías o instalación similar, al uso en los medios de construcción, que permitan aislar del exterior los lavaderos, tendederos, trasteros, cocinas y todas aquellas dependencias cuya visión o actividad pueda resultar perjudicial a la estética del edificio o esté reñida con el entorno en que se circunscribe. En los edificios de nueva construcción deberá cuidarse especialmente tal prevención.

3. Las medidas apuntadas en el número anterior serán de aplicación cuando las circunstancias expuestas concurran en edificaciones que den a patios comunes, siempre que haya habido una petición previa, justificada de alguno de los interesados. En edificaciones ya existentes estas medidas quedarán condicionadas al resultado del expediente y a la posibilidad material de su aplicación.

Artículo 53.º - 1. Está prohibido y, en su caso, será sancionada gubernativamente, toda acción que afee, ensucie, produzca daños o sea susceptible de producirlos en lugares de uso o servicio público y ello con independencia de la reclamación de los perjuicios causados, si procedieren, y de la competencia de la jurisdicción penal, en su caso.

2. Todo ciudadano tiene el derecho y el deber, en cuanto miembro de una colectividad, de colaborar en la conservación y defensa del patrimonio municipal, ya sea impidiendo la realización de daños en el mismo, ya anunciándolo a la Autoridad competente en caso de haberse producido

Artículo 54.º - 1. Los edificios destinados a vivienda, en su totalidad o en parte, deberán tener abiertos sus portales a las 8 horas, y cerrados con llave a las 22 horas, de cuya misión se encargarán los conserjes, porteros y demás personal contratado para su fin, y en su defecto, cualquiera de los vecinos o persona en quien se delegue esta responsabilidad.

2. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, las fincas que tengan instalado en sus portales los denominados <<porteros automáticos>>.

3. Cuando se proceda al cierre de los portales, las personas encargadas de hacerlo, dejarán en estado de funcionamiento los minuteros automáticos de encendido de las luces de la escalera y vestíbulo para que puedan ser accionados por simple pulsación del interruptor adecuado.

4. Toda persona ajena o no a la finca que abra el portal en el período comprendido entre las 22 y las 8 horas, deberá cerrar nuevamente la puerta con llave.

Artículo 55.º - Se prohíbe en las fuentes públicas:

a) Lavar ropa, frutas, verduras u objetos de cualquier clase.

b) Lavarse y/o bañarse.

c) Echar o nadar perros u otros animales y enturbiar las aguas.

d) Abandonar bajo el chorro, cántaros, cubos o cualquier otro envase o recipiente, por lo que cada usuario sacará el agua por su turno y se retirará después de llenar el recipiente.

e) Beber directamente del caño o del arranque del surtidor, salvo que las fuentes tengan instalación especial.

f) Abrevar caballerías y ganado, y

g) Dejar jugar a los niños con barquitos y objetos análogos, con excepción de las fuentes y estanques construidos y destinados a tal efecto.

Título tercero

Circulación y transporte

Capítulo I

Circulación de peatones y vehículos

Artículo 56.º - 1. La circulación peatonal y rodada por el término municipal, deberá ajustarse a las normas contenidas en el Código de la Circulación y disposiciones complementarias, a las establecidas en la presente Ordenanza, así como a las especiales que la Autoridad Municipal dicte al amparo del Art. 12 del Código de la Circulación.

2. El control y la vigilancia del tráfico se realizará por la Policía Municipal, excepto en las vías de carácter supramunicipal.

Artículo 57.º - 1. Los peatones transitarán en la vía pública por los pasos, aceras o andenes a ellos destinados y en caso de no haberlos lo más próximo posible a los bordes de aquéllas.

2. Se prohíbe a los peatones detenerse innecesariamente en las aceras o paseos, formar grupos que dificulten la circulación así como llevar por ellos objetos que puedan representar peligro o molestias para los demás transeúntes.

3. Como norma general, los peatones procurarán circular por la acera de la derecha en el sentido de la marcha, al objeto de conseguir una mayor fluidez de la circulación y en particular en las vías de mucho tránsito.

4. En los cruces con otras vías, deberán adoptar las precauciones necesarias para evitar en lo posible accidentes, y se sujetarán a las indicaciones que se les hiciesen por los Agentes encargados del tránsito o por señalizaciones mecánicas.

5. El peatón que se vea en la necesidad de atravesar la calzada, lo hará preferentemente por aquellos lugares reservados para dicho cometido, ya regulados mecánicamente, ya identificados mediante pinturas en la calzada y siempre con la mayor diligencia posible.

Artículo 58.º - 1. Las caballerías o ganados de todas clases, deberán transitar únicamente por el arroyo de las calles o cajas de los camiones, por su parte derecha y dejarán siempre paso a los peatones.

2. Los que monten caballos deberán adoptar dentro del casco urbano toda clase de medidas de precaución y sólo se permitirá hacerlo a personas mayores de 16 años o menores de dicha edad si van acompañados de persona mayor, sin galopar y siempre al paso, llevando la derecha en el sentido de la marcha.

3. La circulación de vehículos de tracción animal se sujetará a las normas que a este respecto recoge el Código de la Circulación.

4. Los animales domésticos deben llevarse sujetos mediante correa o cadena, que permita su fácil control, aplicándose a los sueltos lo prevenido en la Ordenanza sobre tenencia de animales. El dueño es el responsable civil de cuantos daños ocasione el animal.

Artículo 59.º - Todos los ciudadanos, ya circulen a pie o en vehículo rodado, guardarán con la máxima precaución lo dispuesto en los artículos anteriores y en lo no dispuesto primará la actuación más acorde con el espíritu de convivencia en la vía pública de respeto hacia los demás.

Capítulo II

Inmovilización y retirada de vehículos en la vía pública

Artículo 60.º - La parada y el estacionamiento de vehículos se hará en los lugares destinados al efecto, y siempre que no medie prohibición o perturbe la circulación peatonal, animal o rodada.

Artículo 61.º - Cuando la Policía Municipal encuentre en la vía pública un vehículo estacionado que impida la normal circulación, constituya un peligro para la misma o para los peatones, o la perturbe gravemente, deberá tomar las medidas que se iniciarán, necesariamente, con el requerimiento al conductor, propietario o persona encargada del vehículo, si se encuentra junto a éste, para que cese en su situación irregular y, caso de no existir dicha persona o de existir no atienda el requerimiento, podrá disponer el traslado del vehículo al depósito destinado al efecto. Para la adopción de estas medidas podrán utilizarse la grúa municipal y excepcionalmente los servicios retribuidos de particulares.

Artículo 62.º - Se considerarán supuestos en los que en zonas urbanas se perturbe gravemente la circulación y se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior, los siguientes, que se recogen a modo enunciativo, y que no tienen la consideración de <<numerus clausus>>:

a) Cuando un vehículo se halle estacionado en doble fila y se encuentre sin el conductor.

b) Cuando lo esté frente a la salida o entrada de vehículos de un inmueble, debidamente señalizada o bien en zona de carga y descarga u otra reserva de utilidad pública, durante el horario utilizado para tales fines.

c) Cuando el vehículo se encuentre estacionado en lugar prohibido en una calle de circulación rápida o muy densa dificultando el tráfico y obligando a efectuar maniobras peligrosas o indebidas.

d) Cuando se halle a menos de cinco metros de una esquina, impidiendo o entorpeciendo gravemente el giro, y consecuentemente la circulación.

e) Cuando el vehículo estacionado impida el giro autorizado por la señal correspondiente.

f) Cuando se produzca el estacionamiento en aceras, zonas ajardinadas, paso de peatones y esquinas o chaflanes que impidan la visibilidad.

g) Cuando se encuentre en un emplazamiento tal que impida la vista de las señales de tráfico a los demás usuarios de la vía pública.

h) Cuando se halle estacionado en el itinerario o espacio que haya de ser ocupado por una comitiva, desfile, procesión, cabalgata o prueba deportiva de relieve debidamente autorizada.

i) Cuando resulte necesario para la reparación y limpieza de la vía pública, siempre que se hayan señalado, con 24 horas de anticipación, dichas operaciones.

j) Cuando hayan transcurrido 24 horas desde la inmovilización del vehículo sin que se haya solicitado la suspensión de aquella medida.

k) Cuando el vehículo se halle estacionado en los espacios reservados para transporte público, siempre que se encuentren debidamente señalados y delimitados.

l) Cuando lo esté en espacios expresamente reservados a servicios de seguridad y urgencias, tales como ambulancias, bomberos y policía.

m) Cuando un vehículo permanezca aparcado en el mismo lugar por espacio superior a 31 días.

Artículo 63.º - La retirada de vehículos supondrá su conducción a un depósito municipal, adoptándose las medidas necesarias para que dicho traslado llegue a conocimiento del conductor o propietario tan pronto sea posible, debiendo dejar un impreso de advertencia del traslado en el primitivo establecimiento. Si el conductor u otra persona autorizada comparecen en el lugar de la infracción, durante el proceso de retirada, cesará ésta en el acto, siempre y cuando se adopten las medidas oportunas.

Artículo 64.º - Cuando un vehículo se encuentre estacionado en forma antirreglamentaria sin perturbar gravemente la circulación y su conductor no se halle presente o estándolo se negase a retirarlo, los Agentes Municipales podrán inmovilizarlo mediante procedimiento mecánico que impida su circulación. Esta inmovilización se suspenderá en el momento que el conductor u otra persona autorizada comparezca y adopten las medidas convenientes para cesar en la irregularidad.

Artículo 65.º - A título enunciativo, podrán ser considerados supuestos en los que en zonas urbanas se aplicará la medida prevista en el artículo anterior, los siguientes

a) Estacionamiento prohibido que dificulte la circulación peatonal.

b) Cuando el vehículo se halle estacionado total o parcialmente sobre una acera o paseo en las que no esté autorizado el estacionamiento.

c) Estacionamiento prohibido que no dificulte la circulación rodada.

Artículo 66.º - Si el inmovilizado fuese deteriorado o desapareciese con el vehículo, se formulará la correspondiente denuncia ante la autoridad judicial, dando cuenta a la propiedad municipal del daño ocasionado, así como también la pertinente denuncia ante la Jefatura Provincial de Tráfico, en su caso.

Artículo 67.º - Trasladado el vehículo al depósito municipal por las causas reguladas en la presente Ordenanza, el conductor, propietario o, en su defecto, el titular administrativo, solicitará de la Policía Municipal, previa su identificación y comprobación de su personalidad, la restitución o levantamiento de la inmovilización decretada.

Artículo 68.º - El conductor del vehículo inmovilizado y subsidiariamente el titular del mismo, con excepción de los supuestos de utilización ilegítima, habrán de satisfacer previamente para cesar en la inmovilización, los gastos ocasionados que serán los establecidos en la correspondiente Ordenanza Fiscal con independencia de la cuantía de la multa que por denuncia de la infracción cometida correspondiere.

Capítulo III

Transporte urbano de viajeros

Artículo 69.º - El servicio de transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler, con a sin aparato taxímetro, se rige por lo dispuesto en la Ordenanza Metropolitana especifica de tal servicio aprobada por el Consejo Metropolitano el 12 de marzo de 1980 y publicada en el B.O.P. número 78 de fecha 1 de abril siguiente.

Artículo 70.º - 1. Corresponde a la Entidad Metropolitana del Transport de Barcelona la concesión de licencias de autos-taxis (clase A), auto-turismos (clase B), de servicios especiales y de abono (clase C), con arreglo al Reglamento Nacional y Ordenanza Metropolitana. Las de ésta última clase, a partir del momento en que asuma la competencia la Entitat Metropolitana del Transport .

2. En el servicio de vehículos sin conductor (clase D), se requiere licencia municipal de apertura de locales u oficinas de contratación, debiendo acreditarse ante el Ayuntamiento por el titular, en plazo de 30 días siguientes a su concesión, el alta de la Licencia Fiscal correspondiente, y la propiedad de cinco vehículos como mínimo destinados a tal servicio. En caso contrario, se entenderá caduca la licencia.

Artículo 71.º - En el transporte colectivo de viajeros, cualquiera que sea su modalidad, el Ayuntamiento podrá ejercer las funciones que le atribuye la legislación de Régimen Local, con sujeción a la legislación especifica del tipo de transporte de que se trate.

Título cuarto

Establecimientos comerciales, industriales y profesionales

Artículo 72.º - 1. Es preceptiva licencia previa de apertura en todo tipo de establecimientos para el ejercicio o desarrollo de actividades industriales, comerciales o profesionales, cualquiera que sea el lugar de su emplazamiento dentro del término municipal, estén o no abiertos al público y coexistan o no con vivienda.

2. La intervención municipal tiene por objeto comprobar si los locales en donde se desarrollan las actividades enumeradas en el párrafo anterior, reúnen las condiciones necesarias de acuerdo con el tipo de actividad a desarrollar, con el fin de garantizar la tranquilidad, seguridad y salubridad ciudadanas, así como la comprobación del respeto y observancia de las normas que sobre urbanismo impone la legislación y el Plan General Metropolitano para cada emplazamiento.

3. La intervención municipal en la apertura de establecimientos industriales, comerciales o profesionales ocasiona el nacimiento de unos derechos a favor de Ayuntamiento y unas obligaciones en los titulares de los establecimientos en la forma y cuantía establecidas en la Ordenanza Fiscal.

4. Las solicitudes de licencias deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento.

Artículo 73.º - La persona interesada en abrir establecimiento para el ejercicio de una actividad industrial, comercial o profesional, podrá solicitar con carácter previo, información por escrito al Ayuntamiento sobre la posibilidad de llevarlo a cabo, así como de las dudas técnicas que en el caso concreto se puedan plantear. El informe municipal deberá ser preceptivamente emitido en el plazo de un mes.

Artículo 74.º - Las distintas actividades a desarrollar en los establecimientos sujetos a intervención municipal, en base a su influencia sobre el medio en que se interesen, podrán ser clasificadas siempre que produzcan o puedan producir incomodidades, alteraciones en las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente, ocasionar daños a la riqueza pública o privada o implicar riesgos más o menos graves para las personas o los bienes. Estas actividades serán inocuas siempre y cuando su inserción no produzca los malestares que ocasionan las clasificadas.

Artículo 75.º - Las actividades clasificadas están sometidas a las prescripciones del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/61. de 30 de noviembre, y modificado por Decreto 3494/64. de 9 de noviembre, en cuya nomenclatura anexo se detallan sin que tenga la consideración de <<numerus clausus>>.

Artículo 76.º - 1. Al solicitar la licencia municipal exigida para la apertura de un establecimiento en el que se va a desarrollar una de las actividades clasificadas, se presentará la instancia correspondiente dirigida al Alcalde y la siguiente documentación: titulo de propiedad o de arrendamiento del inmueble: relación por duplicado de los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto, con indicación del uso al que se destina el local y firmado por el solicitante, un cuestionario que será facilitado por el Ayuntamiento que, asimismo, deberá ir firmado por el interesado: proyecto técnico y memoria descriptiva, ambos por triplicado, en que se detallen las características de la actividad, su posible repercusión sobre la sanidad ambiental y los sistemas correctores que se propongan utilizar, con expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad, estando estos proyectos visados por el Colegio correspondiente.

2. Tratándose de industrias, el proyecto técnico y la memoria se ajustarán a lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 28 de las Ordenanzas Metropolitanas de Edificación. Tratándose de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos deberán cumplirse, además, las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento de 27 de agosto de 1982 (B.O.E. de 6 de noviembre) y en las disposiciones especiales dictadas, en su caso, para cada una de las actividades enumeradas en su Anexo.

Artículo 77.º - 1. La solicitud de licencia de apertura de establecimientos en el que se van a desarrollar actividades inocuas deberá ir acompañada por el titulo de propiedad o arrendamiento del inmueble; plano del local (el modelo impreso del plano será facilitado por el Ayuntamiento) y cuestionario (que proporcionará el Ayuntamiento), debidamente firmado por el solicitante y en el que se describirá la actividad, sus instalaciones, obras necesarias y demás circunstancias significativas.

2. Si por la especialidad de la actividad a desarrollarse se necesitasen autorizaciones, informes o condiciones particulares que cumplir, estos requisitos habrán de observarse con antelación a la autorización municipal y deberán ser aportados o justificados por los interesados, junto con la solicitud de licencia o excepcionalmente después de ésta, pero siempre antes de la resolución municipal que apruebe o deniegue la apertura.

Artículo 78.º - 1. Las licencias de apertura de establecimientos en el que se desarrollarán actividades inocuas deberán otorgarse o denegarse por la Alcaldía en el plazo de un mes, desde el día siguiente al ingreso de la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento. Transcurrido dicho plazo sin haber recaído resolución expresa, la licencia se entenderá otorgada por silencio administrativo.

2. Si la actividad a desarrollar es una de las clasificadas, una vez transcurridos cuatro meses desde la fecha de la solicitud sin que haya recaído resolución, o no se hubiese notificado la misma al interesado, podrá éste denunciar la mora ante el Ayuntamiento y simultáneamente también ante la Comisión de Actividades e Industrias Clasificadas de la Generalitat, siempre que se trate de una actividad que no esté excluida del tramité de clasificación por ella. Transcurridos dos meses desde la denuncia de la mora sin que hubiese recaído y notificado ningún tipo de resolución, se entenderá otorgada por silencio administrativo, salvo aquellos casos en que la Comisión o la Ponencia Técnica hubieren notificado su informe desfavorable y se hallase éste pendiente de ejecución por parte del Ayuntamiento.

3. No obstante lo dispuesto en los puntos anteriores, en ningún caso se podrán adquirir por silencio administrativo licencias contrarias a derecho.

Artículo 79.º - 1. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

2. La concesión de las licencias no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de la actividad para la que se concedió.

Artículo 80.º - 1. La licencia de apertura de establecimientos es transferible inter-vivos ya sea mediante cesión, arrendamiento o traspaso o cualquier otro de los medios admitidos en derecho, siempre y cuando la transmisión no suponga un cambio de la actividad para la que se concedió el permiso, y el inmueble y las instalaciones sigan manteniendo las condiciones necesarias que motivaron su cesión. No obstante, transmitente y transmitido deberán poner en conocimiento de la Corporación la operación llevada a cabo, siendo ambos responsables solidarios, en caso de incumplimiento, de las responsabilidades que se deriven para el titular de la licencia.

2. La licencia de apertura será asimismo transmisible mortis causa, de acuerdo con los preceptos de derecho sucesorio y siempre que se cumplan los requisitos apuntados en el apartado anterior.

Artículo 81.º - No serán reputadas como transmisiones de licencia los supuestos de cesión, arrendamiento o traspaso de local cuando exista un cambio o ampliación sustancial del grupo de la actividad en relación con la licencia fiscal o cuando el local sea variado en su estructura, configuración o decoración interior o haya traslado de la misma actividad a otro local. En estos casos deberá solicitarse, tramitarse y, en su caso, otorgarse nueva licencia de apertura.

Artículo 82.º - 1. Siempre y cuando no se varíen las condiciones que motivaron la concesión de la licencia, tales como el tipo de actividad desarrolladas y la configuración del local o inmueble, y se continúe en el ejercicio de la actividad autorizada, la licencia tendrá carácter de indefinida.

2. A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, se entenderá que no se ejerce la actividad y por ende se producirá la caducidad automática de la licencia cuando:

a) En el transcurso de tres meses a partir de la fecha de notificación del otorgamiento de la licencia o de su concesión por silencio administrativo, el establecimiento no se hubiera abierto al público o no se hubiere iniciado la actividad a desarrollar.

b) Si después de haber abierto al público o iniciado su actividad, el establecimiento permanece cerrado por un período superior a seis meses consecutivos. Si se tratase de interrupción temporal, propia de una determinada actividad, el plazo de caducidad será de un año.

Artículo 83.º - Todos los establecimientos quedan sometidos a la inspección municipal, de obligada recepción, con la periodicidad que se estime conveniente, encargada de comprobar que sus titulares mantienen dichos establecimientos en las mismas condiciones que motivaron el otorgamiento de sus respectivas licencias.

Artículo 84.º - 1. Quedarán sin efecto las licencias de apertura de establecimientos si se incumplieran las condiciones a que estuvieren subordinados y deberán ser revocadas cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento y surgieran otras que de haber existido al tiempo de su concesión hubieran justificado su denegación.

2. Podrán asimismo ser revocadas las licencias otorgadas, cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación para su otorgamiento o se hubieran otorgado erróneamente, causas que darán lugar al resarcimiento de los daños y perjuicios causados al titular de la licencia.

Artículo 85.º - Las actividades comerciales, industriales y profesionales que se ejerciten sin la correspondiente licencia municipal de apertura, serán consideradas como clandestinas y fraudulentas, lo que llevará consigo la clausura de dichas actividades y estarán sujetas a las correspondientes sanciones urbanísticas y fiscales.

Artículo 86.º - 1. Cuando la Autoridad Municipal considere que una determinada actividad puede incluirse bajo la regulación especial del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, sobre industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, y la licencia respectiva no tenga tal carácter por considerarse actividades inocuas, podrá requerir la tramitación de expediente especial a que se refiere dicho Reglamento, sin que pueda por ello exigir reclamación alguna el interesado.

2. Las medidas que para ello resultaren necesarias, serán de obligado cumplimiento, inmediato o gradual, para el titular de dichas actividades, según los casos, con la posibilidad de la clausura de la actividad en caso de incumplimiento de aquéllas.

Artículo 87.º - 1. El horario por el que se regirán las actividades de carácter industrial, se ajustarán a la jornada laboral que tengan legalmente establecida, sin perjuicio de las limitaciones de horario que el Ayuntamiento pueda imponer en el momento del otorgamiento de la licencia o posteriormente.

2. Los establecimientos comerciales se regirán por el Decreto 3/1976, de 9 de enero, de regulación de horarios comerciales o, en su caso, por las disposiciones que sobre la materia pueda establecer la Generalitat de Catalunya, como consecuencia de la asunción de competencias sobre la materia.

Título quinto

Control alimentario

Capítulo I

Establecimientos de productos alimentarios

Artículo 88.º - 1. La venta o almacenamiento de productos alimentarios y víveres destinados al consumo humano, incluyendo bebidas y cualquier sustancia que se utilice en la preparación o condimentación de alimentos, sólo podrá realizarse en los establecimientos o depósitos que posean licencia municipal para ello.

2. La licencia municipal se otorgará por la Alcaldía siempre que los establecimientos de productos alimentarios reúnan las condiciones y requisitos establecidos en el Código Alimentario, reglamentación técnico-sanitarias respectivas y demás disposiciones vigentes concordantes, previos los informes de los servicios técnicos y sanitarios.

Artículo 89.º - Los establecimientos destinados al comercio minoritario de alimentación deberán reunir las condiciones exigidas en la Reglamentación técnico-sanitaria aprobada por Decreto 381/1984, de 25 de Enero (B.O.E. 27 de febrero) y en especial las que se recogen en los artículos siguientes:

Artículo 90.º - 1. Las dimensiones del local se ajustarán en todo a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y contarán con la iluminación adecuada y suficiente para su objeto.

2. El local contará con instalación de agua corriente potable y con servicios de lavabo para las necesidades del establecimiento.

3. Los pavimentos deberán estar totalmente unidos, sin juntas, a fin de que el suelo resulte lo más continuo posible y permita un perfecto baldeo; gozará de la resistencia e in combustión suficientes que impida cualquier tipo de accidentes y permita su desinfección.

4. Las paredes y techos se revestirán de azulejos, pintura plástica u otros materiales de especial resistencia a los lavados, desinfección y temperatura de los locales, manteniéndose en todo momento en correcto estado de limpieza y conservación.

Artículo 91.º - 1. Todos los productos alimenticios se depositarán en anaqueles, estanterías o vitrinas o cualquier otro medio de exposición o almacenaje que impida su contacto con el suelo, estando apartados de aquellos lugares que puedan hacer llegar cualquier clase de suciedad, contaminación e insalubridad.

2. Estarán debidamente apartados de viviendas, cocinas y comedores de uso laboral o familiar, y de haber paso desde el establecimiento a la vivienda del dueño o encargado, deberá éste estar provisto de una puerta que permanezca habitualmente cerrada durante las horas de comercio y que aislé las diversas dependencias.

3. Se exceptúa de lo expuesto en el punto anterior, los servicios de cafetería o restaurante que integrados en el mismo recinto comercial estén debidamente independizados por áreas.

4. Los escaparates, estanterías, mostradores, etc., así como los elementos de decoración, serán de materiales resistentes, impermeables y de fácil limpieza. En el supuesto de que los departamentos mencionados no se encuentren adosados al piso, se dispondrá de un espacio libre suficiente desde el nivel del suelo para permitir su limpieza. Los mostradores no presentarán ningún tipo de irregularidad que pueda ser fuente de contaminación..

5. En la sala de ventas no habrá embalajes o envases vacíos no recuperables y los productos sin envasar se colocarán de forma que queden fuera del alcance del público y si esto no fuera posible, será preceptivo el uso de carteles advirtiendo al público la prohibición de su manipulación.

Artículo 92.º - 1. Los establecimientos en los que se expendan productos alimenticios que puedan sufrir alteraciones por efecto del calor, los que tengan señaladas condiciones de frío en sus normas de calidad y reglamentaciones técnico-sanitarias y los alimentos congelados o refrigerados, estarán dotados obligatoriamente de cámaras o mostradores frigoríficos que mantengas lo alimentos a las temperaturas adecuadas, conforme a lo dispuesto en el Decreto 82/1983, de 10 de febrero (D.O.G.C. de 16 de marzo).

2. De acuerdo con las normas de calidad técnico-sanitarias, los alimentos refrigerados se conservarán durante la exposición en los lugares de venta a una temperatura, comprendida entre -1º y 7º C. Y los congelados a un mínimo de –18ºC.

3. Los aparatos frigoríficos de exposición de productos, excluidos los de exposición vertical, indicarán sus respectivos límites de capacidad de carga, por medio de una línea de color destacado e indeleble que recorrerá una parte visible del perímetro interior de la cuba de almacenaje.

Artículo 93.º - 1. Los establecimientos alimentarios se someterán a las desinfecciones, desratizaciones y desinsectaciones necesarias. Las cuales serán realizadas por personal cualificado y con los procedimientos y productos autorizados.

2. Independientemente de lo apuntado en el párrafo anterior, se adoptarán las oportunas medidas para evitar la entrada y presencia de insectos, arácnidos, roedores y otros animales domésticos o no. En los establecimientos en donde se expendan productos alimenticios, sin envasar, será obligatoria la instalación de aparatos antiinsectos que los eliminen sin empleo de productos químicos.

3. Las basuras que generen los establecimientos se depositarán dentro de recipientes estancos, con tapa de ajuste adecuado, las cuales permanecerán siempre cerradas y se colocarán en lugares aislados de los alimentos, estas basuras se retirarán por lo menos una vez al día.

Artículo 94.º - 1. Los comerciantes cuidarán la buena presentación de los productos expuestos para la venta en sus establecimientos, no permitiéndose la exposición de productos dañados o tarados que desmerezcan su calidad.

2. Los productos expuestos habrán de estar ordenados y colocados de forma que no se hallen revueltos o mezclados y permita concretar en cada grupo el nombre, clase, naturaleza, origen y calidad de la mercancía, para una mejor percepción por parte del comprador y evitar el engaño o confusión del mismo.

3. En toda clase de artículos figurará expuesto en forma visible el precio de venta al público.

4. No podrán permanecer expuestos ni expenderse los alimentos en envases sucios o en mal estado, ni en envolturas que no reúnan las debidas condiciones autorizadas por las disposiciones sanitarias en vigor.

Artículo 95.º - 1. El transporte de artículos alimenticios y bebidas se efectuará en vehículos dotados de los elementos precisos que garanticen, en todo momento, la salubridad e higiene de los productos transportados.

2. Los vehículos que se utilicen para el transporte local de productos alimenticios habrán de obtener una autorización especial de la Alcaldía, que se otorgará previo informe favorable de la Inspección Sanitaria correspondiente.

3. Los productos transportados irán convenientemente envueltos o protegidos en sus respectivos envases cerrados, que reunirán las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la inspección sanitaria municipal, de forma que no pueda contaminarles el polvo o cualquier otro germen o agente externo.

Artículo 96.º - 1. El transporte de carnes y pescados desde fuera del término municipal se efectuará en camiones o furgonetas isotermos o frigoríficos, acondicionados especialmente para este servicio y con dedicación exclusiva a él, reuniendo además los requisitos mínimos que a tal efecto exige la legislación vigente.

2. No se permitirá transportar a hombros reses sacrificadas, ni animales menores sacrificados y destinados al consumo humano, si no se encuentran debidamente envasados o envueltos.

Artículo 97.º - Las frutas y verduras y productos análogos se transportarán en vehículos cerrados y acondicionados a este fin exclusivamente, de tal forma que el contenido quede perfectamente salvaguardado de la contaminación exterior.

Artículo 98.º - Los productos y artículos alimentarios que sean transportados de forma irregular serán intervenidos y sometidos al examen de los sanitarios competentes, quienes dictaminarán si se puede autorizar o no su venta. Los gastos del examen correrán a cargo del infractor, quien además podrá ser sancionado atendiendo a la gravedad de la infracción y al peligro social que encierre.

Artículo 99.º - 1. Las carnes y productos cárnicos frescos refrigerados, y los pescados de estas condiciones, se venderán en los establecimientos de dedicación exclusiva a tales productos, como son las carnicerías y las pescaderías, respectivamente.

2. En los supermercados se autorizará la venta de los productos señalados en el punto anterior, siempre que cuenten con sección o departamento debidamente separados a los que, en todo caso, les serán de aplicación las condiciones técnico-sanitarias exigidas para la venta de tales productos.

3. En los establecimientos de venta al público según el sistema de autoservicio, podrán expenderse carnes o pescados congelados o refrigerados, siempre que sean presentados a los consumidores empaquetados por material impermeable y cerrado, con prohibición de ser manipulados o troceados y siempre que dispongan de mostrador o recipiente frigorífico, a las temperaturas y en las condiciones establecidas en el Decreto 28/1983, de 10 de febrero, sobre establecimientos y mercados dedicados a la venta de alimentos de fácil alteración por el calor (D.O.G.C. de 16 de marzo de 1983).

Artículo 100.º - Además de las manipulaciones lógicas de la actividad de venta, se permite el

despacho fraccionado, despiece, limpieza, selección, envasado o preparación de verduras, pescados, carnes y derivados y, en general, de todos aquellos productos que, por sus características o formas de consumo, requieran tales manipulaciones, siempre que no éste prohibido en las reglamentaciones técnico-sanitarias o normas especificas correspondientes.

Artículo 101.º - Los establecimientos de comercio minorista podrán compatibilizar la venta de productos alimenticios con otros productos, tales como alimentos envasados para animales y artículos higiénicos de uso doméstico, siempre y cuando estos productos se exhiban y expendan en áreas o secciones distintas y perfectamente diferenciadas de las destinadas a la alimentación humana.

2. Cuando no sea posible la separación en áreas o secciones diferenciadas, se seguirán las siguientes reglas:

a) Los productos no alimenticios estarán agrupados y suficientemente alejados de los alimenticios.

b) Los alimentos sin envasar deberán hallarse como mínimo a un metro de distancia de los productos alimenticios.

c) De no guardarse la suficiente distancia requerida en el punto anterior, por problemas de espacio, existirá entre ambos tipos de productos, separación material con productos alimenticios envasados..

d) Los productos alimenticios estarán más cerca de los no alimenticios que sean inocuos y más distantes de aquellos en cuya composición intervengan elementos nocivos o irritantes.

3. La misma separación que se apunta en este artículo para los establecimientos destinados a la venta, deberá guardarse en los espacios destinados a la trastienda.

4. La compatibilidad de venta y almacenaje expresada en este artículo no podrá entenderse referida en ningún caso a productos tóxicos, catalogados como tales por la legislación vigente, ni a granel.

Artículo 102.º - Quedan expresamente prohibidas las siguientes actividades:

1. Utilizar las vías publicas en sustitución de los establecimientos de ventas, o de trastienda, ni aún mediante vehículos automóviles propiedad de su titular.

2. Exponer fuera de los muebles frigoríficos adecuados aquellos productos que precisen reglamentariamente conservación por frío.

3. El funcionamiento de los aparatos frigoríficos de conservación de alimentos a temperaturas superiores o distintas de las necesarias para cada sistema de conservación, mientras las contengan.

4. Exponer o almacenar, bajo conservación frigorífica, pescados, productos cárnicos, productos lácteos, huevos y platos preparados o precocinados, sin la separación adecuada exigida.

5. Recongelar alimentos que hayan podido sufrir cambios de temperatura que les haga perder sus condiciones especificas.

6. Vender productos alimenticios adulterados, falsificados, alterados, contaminados, nocivos o realizar cualquier manipulación que suponga una adulteración de los mismos o pueda poner en peligro la salud del consumidor.

7. Vender a granel o fraccionadamente cuando estén prohibidas dichas formas de venta en las Reglamentaciones técnico-sanitarias o normas específicas correspondientes.

8. Utilizar, para envolver los productos, papeles de periódicos, impresos y papeles usados de cualquier clase, no considerándose a este fin como impreso, el nuevo que lleve consignados el nombre, dirección del vendedor, u otras indicaciones sobre la casa, siempre que dichas indicaciones no entren en contacto con el alimento.

9. La venta en régimen de autoservicio de productos no envasados, a excepción de frutas provistas de corteza dura e incombustible.

10. El acceso del público a los lugares que no sean <<Sala de Venta>> o servicios autorizados.

Artículo 103.º - En la fabricación, circulación y comercio de pan deberá observarse las normas establecidas en la Reglamentación técnico-sanitaria aprobada en Decreto 1137/84 de 28 de marzo (B.O.E. 19 de junio de 1984). No obstante, en la comercialización y venta de pan, regirá con prioridad el Decreto 241/82, de 22 de junio, (D.O.G.C. 11 de agosto) y normas que lo desarrollen.

Artículo 104.º - Para el otorgamiento de licencias municipales de establecimientos de autoservicio, será necesario el informe previo y preceptivo de la Dirección general de Comercio Interior y Consumo del Departamento de Comercio y Turismo de la Generalitat de Catalunya, según las competencias traspasadas y asumidas en la materia, de conformidad con el Decreto 885/1959, de 27 de mayo (Orden del Departamento de Comercio y Turismo de 30 de marzo de 1984 sobre licencias de apertura de establecimientos en régimen de autoservicio).

Artículo 105.º - Las industrias, almacenes al por mayor, y envasadores de productos y derivados cárnicos elaborados, así como los establecimientos de comercio al por menor de estos mismos productos (carnicerías y casquerías) deberán reunir las condiciones técnico-sanitarias generales (Título IV) y especificas (Título V), relativas a las dependencias, establecidas en la reglamentación técnico-sanitaria aprobada por Decreto 379/1984, de 25 de enero (B.O.E. de 27 de Febrero)

Artículo 106.º - La elaboración, fabricación, circulación y venta de productos de confitería, pastelería y repostería, deberá reunir las condiciones técnico-sanitarias establecidas en la Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada por Decreto 2419/1978 de 19 de mayo, con las modificaciones posteriores efectuadas por los Decretos 1355/1983, de 27 de abril y 1909/84 de 26 de septiembre.

Artículo 107.º - La fabricación, elaboración y comercialización de masas fritas (churros y buñuelos, a excepción de las masas fritas con relleno y las masas fermentadas como propias de pastelería) en instalaciones no permanentes, en instalaciones fijas o en establecimientos de hostelería y similares deberán ajustarse a la reglamentación técnico-sanitaria aprobada por el Real Decreto 2507/83, de 4 de agosto (B.O.E. de 20 de septiembre).

Capítulo II

Condiciones del personal manipulador de alimentos

Artículo 108.º - Tendrán la condición de manipulador de alimentos todas aquellas personas que por su actividad laboral entren en contacto con los mismos, en los siguientes supuestos:

a) Distribución y venta de productos frescos sin envasar.

b) Elaboración, manipulación y/o envasado de alimentos o productos alimenticios en los que estas operaciones se realicen de forma manual, sin posterior tratamiento que garantice la eliminación de cualquier posible contaminación proveniente del manipulador.

c) Preparación culinaria y actividades caseras de alimentos para el consumo directo sin envasar, tanto en hostelería y restauración, como en cocinas y comedores colectivos.

Artículo 109.º - El personal laboral que dada su ocupación deba manipular los productos alimenticios en los supuestos apuntados en el artículo anterior, deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) Poseer el carnet de manipulador de manipulador o documento justificativo de tener en trámite su expedición acreditativo de haber cumplido los requisitos exigidos y poseer la preparación suficiente para desempeñar la labor.

b) Cuidar escrupulosamente la higiene y aseo personal, al igual que la indumentaria y los utensilios propios de la actividad que desempeña y que se utilizarán única y exclusivamente para dicho cometido.

c) Deberán lavarse las manos o aquellas partes del cuerpo que entren en contacto con los productos alimenticios, con agua caliente y jabón o detergente adecuado, tantas veces lo requieran las condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse a su puesto laboral, ya sea al principio de cada jornada o como consecuencia de haber realizado actividades ajenas a su cometido específico.

d) El manipulador aquejado de enfermedad de transmisión por vía digestiva o portador de gérmenes, deberá ser excluido de toda actividad directamente relacionada con los alimentos hasta su total curación clínica y bacteriológica, o la desaparición de su condición de portador. El cumplimiento de este precepto compete tanto a la empresa como al afectado que en cuanto sea consciente o tenga sospecha de encontrarse en alguno de estos supuestos, deberá poner el hecho en conocimiento de su inmediato superior, a los efectos oportunos.

e) En los casos en que exista lesión cutánea que pueda estar o ponerse en contacto directa o indirectamente con los alimentos, al manipulador afectado se le facilitará el oportuno tratamiento y una protección con vendaje impermeable, en su caso.

Artículo 110. º - Prohibiciones relativas al personal manipulador:

a) Fumar y masticas goma de mascar.

b) Comer en el puesto de trabajo.

c) Utilizar prendas de trabajo distintas de las reglamentarias.

d) Estornudar o toser sobre los alimentos.

e) Cualquier otra actividad que pueda ser causa de la contaminación de los alimentos.

Artículo 111.º - Se prohíbe la presencia no justificada de toda persona ajena a la actividad en los locales en donde ésta se desarrolle. Si la presencia de estas personas fuese justificada, deberán tomarse las precauciones adecuadas.

Artículo 112.º - 1. Para la obtención del carnet de manipulador se deberá cumplimentar obligatoriamente un cuestionario sobre materias relacionadas con la higiene en la manipulación. En el supuesto de no superarse esta prueba , el aspirante a manipulador deberá seguir un cursillo sobre educación higiénico-sanitaria, organizado por la Generalitat de Catalunya con la colaboración del Ayuntamiento.

2. Corresponderá la Generalitat expedir los carnets de manipulador de alimentos. Su duración tendrá una validez de cuatro años y para su renovación se seguirán los mismos requisitos que para su expedición inicial, señalados en el número 1 del presente artículo. Tanto la expedición inicial como la renovación de los carnets serán totalmente gratuitas.

3. El carnet de manipulador será personal, intransferible y válido para cualquier actividad de manipulación de alimentos, dentro de todo el territorio español.

Artículo 113.º - 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades sanitarias, durante la vigencia del carnet de manipulador, podrán realizar cuantos exámenes médicos y pruebas analíticas consideren oportunas, con el fin de velar por la salud de los consumidores.

2. A la vista de los resultados de los exámenes médicos o de las pruebas analíticas se podrá determinar, en su caso, la retirada del carnet de manipulador, temporal o definitivamente, previos los trámites oportunos, notificándose, tanto a éste como a la empresa donde preste sus servicios, las medidas a adoptar.

Capítulo III

Inspección y control de alimentos y bebidas

Artículo 114.º - Serán objeto de inspección y control municipal:

a) Las instalaciones y establecimientos alimentarios, en cuanto a sus condiciones sanitarias, así como las del personal manipulador.

b) Las condiciones sanitarias de los productos alimenticios, incluidas las bebidas, a lo largo de sus diferentes fases, y, en especial, las de transporte, almacenamiento, distribución y venta.

c) El origen de identidad de los productos, así como sus calidades, peso, medida y precio.

d) La libre competencia y el suministro de artículos de primera necesidad.

Artículo 115.º - 1. La inspección y control señalada en el artículo anterior se ejercerá en virtud de las competencias propias atribuidas por la legislación de régimen local, sin perjuicio de la que corresponda al Estado, con arreglo a la legislación básica en la materia, así como la atribuida a la Generalitat de Catalunya en base a la Ley 15/83 de 14 de julio, sobre higiene y control alimentario (D.O.G.C. de 22 de julio).

2. El Ayuntamiento podrá solicitar de los Departamentos de la Generalitat afectados, la delegación, previa autorización del Consejo Ejecutivo, de las funciones de inspección e investigación reguladas en la citada Ley 15/83, de 14 de julio. El acuerdo de delegación fijará, en su caso, las dotaciones económicas necesarias para el correcto ejercicio de las competencias delegadas, así como los medios de control que el Gobierno de la Generalitat pueda reservarse.

Artículo 116.º - La inspección y control sanitario de la actividad alimentaría, podrá efectuarse en cualquier momento, mediante orden previa de la autoridad competente o por propia iniciativa de los funcionarios de los servicios sanitarios locales o de la Policía Municipal.

Artículo 117.º - 1. En general, toda persona física o jurídica que intervenga en actividades alimentarías y en especial los industriales, transportistas, comerciantes y vendedores y las personas de estos dependientes, estarán obligados a facilitar a los funcionarios, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad, el acceso a sus establecimientos e instalaciones para su inspección y control sanitario, de los cuales se levantará la correspondiente acta por triplicado.

2. Las actas que se levanten con ocasión de la inspección o control deberán ser firmadas por los intervinientes y, en su caso, por testigos y se describirán las operaciones practicadas y las características identificativas de las muestras tomadas.

3. Las personas especificadas en el punto uno, deberán permitir asimismo la toma de muestras de los productos que les soliciten, que será igualmente por triplicado y precintadas y, a ser posible lacradas, lo cual se efectuará en presencia del titular del establecimiento o, en su ausencia, de encargado o empleado.

4. Una vez procedido el análisis de las muestras tomadas, se comunicará el resultado obtenido al interesado, quien en los tres días siguientes al de la notificación podrá solicitar se efectúen un nuevo análisis, a su cargo, por el perito por él designado. Si los resultados del nuevo análisis no coincidieran con el anterior se practicará un tercero que tendrá carácter definitivo y dirimente.

5. A la vista del acta y los análisis, el Ayuntamiento decidirá sobre la procedencia o no de la apertura de expediente sancionador.

Artículo 118.º - 1. Cuando un alimento que estuviere expuesto al público para su venta no reuniera las debidas condiciones sanitarias, a juicio del funcionario técnico-sanitario que realice la inspección podrá éste ordenar su inmediata retirada por el vendedor e, incluso, su decomiso si existiera peligro racional para la salud pública o se produjera desobediencia a su autoridad. De dicha actuación se levantará la correspondiente acta por triplicado, en presencia de testigos si los hubiere.

2. En todo caso, si el particular afectado por la labor de inspección y control estimase que la actuación municipal le hubiera producido una lesión patrimonial ilícita, podrá exigir del Ayuntamiento la responsabilidad que, con arreglo a las normas vigentes, haya lugar.

Artículo 119.º - 1. El Ayuntamiento podrá adoptar cuantas medidas estime necesarias para asegurar el abastecimiento de los artículos de consumo de primera necesidad y aquellos que tiendan a garantizar la libre competencia de cara a procurar la economía de los precios. Dichas medidas deberán respetar, en todo caso, el principio de igualdad ante la Ley y congruencia de su contenido con los fines que se persigan, establecidos en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

2. El Ayuntamiento sancionará todo tipo de actuación que tienda a impedir los suministros de productos o dificultar y entorpecer la libertad del tráfico comercial o mercantil.

Capítulo IV

Control de peso y medida de los alimentos

Artículo 120.º - 1. Los instrumentos de pesar y medir deberán ser debidamente autorizados para su uso por el fiel contraste de pesas y medidas.

2. Sin perjuicio de la inspección técnica de tales instrumentos a cargo de la Autoridad Superior a quienes incumbe aquel cometido, podrá la Alcaldía disponer las inspecciones que estime convenientes, pudiendo incluso controlar el peso y medida de los artículos que se expendan en los comercios del término municipal y sancionar las faltas observadas.

3. Queda prohibido el uso de balanzas de mano.

Disposición adicional
Los preceptos que establece la presente Ordenanza se entienden sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a otros organismos de la Administración en la esfera de sus respectivas competencias.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas otras normas, de igual o inferior rango, se opongan, contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones de esta Ordenanza.

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de la publicación integra y completa en el BUTLLETI OFICIAL de la provincia.
P. 3-10-89 A-89/8224-8 ag

Ordenanza de Limpieza

07/10/1989

(BOP 240, de 7 de octubre de 1989, pág. 24)

Título primero
Disposiciones generales

Artículo 1.º - La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación, dentro del ámbito de competencias del Ayuntamiento y en el territorio comprendido dentro de su término municipal, de las siguientes situaciones y actividades.

1. La limpieza de la vía pública en lo que se refiere al uso común general de los ciudadanos, la limpieza de los solares de propiedad municipal, así como la inspección y ejecución subsidiaria de la limpieza de los solares de propiedad privada.

2. El dictado de normas de obligado cumplimiento en aquellos casos en que, previa concesión de licencia municipal, se realicen actos públicos en la calle o bienes de dominio municipal, sean realizadas por entidades públicas o privadas.

3. La recogida de basuras y residuos sólidos producidos como consecuencia del consumo doméstico, así como la de todos los materiales residuales que por su naturaleza puedan asimilarse a los anteriores, y, en general, todo tipo de residuos y desperdicios producidos dentro del ámbito del término municipal, la recogida de los cuales corresponde por Ley a los Ayuntamientos.

4. El acopio, carga, transporte y vertido de tierras, lodos, cascotes, escombros y otros materiales similares o asimilables, producidos como consecuencia de obras, construcciones y derribos.

Artículo 2.º - 1. Todos los habitantes de Castelldefels están obligados a observar una conducta tendente a evitar y prevenir el deterioro de la ciudad.

2. Asimismo, deberán denunciar a la Autoridad Municipal todas aquellas infracciones que en materia de Limpieza Pública presenciaren o tuvieren conocimiento cierto de quienes las hubieren cometido.

3. El Ayuntamiento se obliga a atender las reclamaciones, denuncias y sugerencias de los ciudadanos, ejerciendo las acciones que en cada caso correspondan.

Artículo 3.º - 1. Todos los ciudadanos están obligados a cumplir la presente Ordenanza y las disposiciones complementarias que en materia de Limpieza Pública, mantenimiento del ornato público y de la estética ciudadana pueda en cualquier momento dictar el Ayuntamiento en el ejercicio de sus facultades.

2. La Autoridad Municipal podrá exigir en todo momento el cumplimiento inmediato de la presente Ordenanza, obligando a los infractores a la reparación de los efectos causados, sin perjuicio de la imposición de la sanción que le corresponda.

3. Las sanciones por infracción de la presente Ordenanza se aplicarán por la Alcaldía de acuerdo con lo que se dispone en la vigente legislación que le sea de aplicación.

Artículo 4.º - El Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los trabajos de limpieza que según la presente Ordenanza deban ser efectuados directamente por los ciudadanos, imputándoles el coste de los servicios prestados y sin perjuicio de las sanciones administrativas que en cada caso pudieran corresponderle, ni del que civilmente fuera exigible.

Artículo 5.º - El Ayuntamiento fomentará, en todo momento, las acciones que en materia de limpieza pública desarrollen los particulares por iniciativa propia y que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de Castelldefels.

Título segundo
De la limpieza de la vía pública

Capítulo I
De la limpieza de la vía pública en lo que se refiere al uso común general de los ciudadanos

Artículo 6.º - 1. A efectos de limpieza se considerará como vía pública las avenidas, paseos, calles, plazas,aceras, caminos, jardines y zonas verdes, zonas de tierra susceptibles de utilización como zonas de esparcimiento, puentes, túneles viarios, y además bienes de uso público municipal destinados directamente al uso común general de los ciudadanos.

2. Igualmente, la playa tendrá la consideración de vía pública a efectos de limpieza.

Artículo 7.º - 1. Queda prohibido tirar y abandonar en la vía pública todo tipo de productos, estén en estado sólido, líquido o gaseoso, envoltorios y similares deberán ser depositados en las papeleras instaladas al efecto.

2. Queda prohibido el lanzamiento de colillas encendidas en las papeleras, debiendo ser depositadas en ellas una vez apagadas.

3. Queda asimismo prohibido el lanzamiento de cualquier tipo de desperdicios desde los vehículos, estén aparcados o en marcha.

4. No se permite sacudir ropa o alfombras sobre la vía pública, desde balcones, ventanas o terrazas entre las 8 y las 22h. En cualquier caso esta operación se hará de manera que no cause daño ni molestias a personas o cosas.

5. No se permite el riego de plantas colocadas en el exterior de los edificios si como consecuencia de esta operación se produjera derramamiento sobre la vía pública. El riego deberá efectuarse entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente y siempre de manera que no cause molestias a los viandantes.

Artículo 8.º - 1. Corresponde a los particulares la limpieza de los pasajes particulares, urbanizaciones privadas, patios interiores de manzana, solares particulares, galerías comerciales y similares.

2. El Ayuntamiento ejercerá el control e inspección del estado de limpieza de los elementos descritos en el apartado anterior, pudiendo obligar a las personas responsables a limpiarlos de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicten los Servicios Municipales. En caso de copropiedad de los elementos señalados, la responsabilidad de limpiarlos corresponderá solidariamente a todos los titulares.

Artículo 9.º - 1. Corresponde efectuar la limpieza de las aceras a:

a) Aceras situadas en fachada de edificios: a los propietarios del edificio, con independencia de cual sea la función o destino de la edificación.

b) Aceras situadas enfrente de comercios o tiendas: a los titulares del negocio.

c) Aceras situadas en fachada de edificios públicos: a los titulares administrativos.

d) Aceras situadas en fachada de solares sin edificar, a los propietarios del solar.

2. En aquellas vías públicas en que aún no estén construidas las aceras, la obligación de limpiar se refiere a la parte de la calle más próxima a los edificios, con anchura mínima de dos metros.

3. Los productos resultantes del barrido y limpieza de la vía pública efectuada por los particulares, en ningún caso podrán ser abandonados en la calle, sino que deberán ser depositados en bolsas de plástico que a su vez lo serán en los contenedores instalados en la vía pública para la recogida de basuras domiciliarias.

Artículo 10.º - 1. Corresponderá al Ayuntamiento la limpieza de calzadas, paseos, paredes y techos de pasos inferiores de peatones, alcorques de árboles, playa, papeleras, rótulos de identificación de las vías públicas, paredes de edificios públicos, y restantes elementos del mobiliario urbano de responsabilidad municipal, y todos aquellos otros espacios que en circunstancias especiales determine la Alcaldía.

2. La limpieza de escaleras de acceso y espacios afectos a un servicio público será efectuada por la empresa que lo explota. Lo mismo será de aplicación en todos los elementos situados en la vía pública destinados al servicio del ciudadano, pero que no estén bajo la responsabilidad municipal.

3. En todos los casos, cuando el Ayuntamiento, a juicio de los Servicios Municipales, estime que no se cumple la obligatoriedad objeto de los artículos 8 y 9 precedentes, podrá efectuar la limpieza con carácter subsidiario, imputando a los responsables el coste de la prestación de los servicios, y sin perjuicio de las sanciones pertinentes.

Capítulo II

Del deterioro en la vía pública producido como consecuencia de obras y actividades varias

Artículo 11.º - 1. Cualquier actividad susceptible de producir deterioro en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en que se lleve a cabo y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso procedan, exige de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias a fin de evitar tal deterioro, así como la de limpiar la parte de la vía pública y sus elementos que se hubiesen visto afectados, y a retirar los materiales residuales resultantes.

2. La Autoridad municipal podrá en todo momento exigir el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior.

Artículo 12.º - 1. Las personas que realicen obras en la vía pública están obligadas a evitar el deterioro de ésta y deberán proceder al establecimiento de elementos protectores en las zonas circundantes a las que se realicen obras y derribos, tomando a su vez las medidas oportunas con el fin de evitar el derramamiento o vertido de tierras y otros materiales de obra fuera de la zona estrictamente necesaria para dichos trabajos. Especialmente será de obligado cumplimiento en las obras relativas a la construcción de zanjas, canalizaciones en la vía pública.

2. En caso de obras de edificación en la vía pública, será obligatoria la instalación de vallas y elementos de protección, los cuales, al igual que los tubos de carga y descarga de materiales y productos de derribo, reunirán las condiciones suficientes para impedir su caída sobre las aceras o calzadas con el fin de evitar daños a personas y cosas, y el deterioro de la vía pública.

3. Será obligación del contratista la limpieza de la vía pública en toda la zona que resulte afectada como consecuencia de la construcción de edificios o realización de obras.

Artículo 13.º - 1. Queda totalmente prohibido depositar o abandonar cualquier tipo de material residual directamente en la vía pública, así como el vertido en alcorques, aceras, calzadas, imbornales, arquetas y registros.

2. La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los materiales objeto de recogida o acopio excedan del volumen de un metro cúbico.

3. Los contenedores para obras deberán retirarse de la vía pública dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de los trabajos.

Artículo 14.º - Queda prohibido el triaje y selección de materiales residuales depositados en la vía pública en espera de su recogida por parte de los Servicios correspondientes, sean éstos prestados por el Municipio o por empresas privadas. No obstante, en determinados casos, se podrá tolerar el triaje de cartones, papeles y residuos similares en la vía pública si cuentan con la pertinente autorización municipal.

Artículo 15.º - La limpieza de escaparates, tiendas, puestos de venta ambulante, establecimientos comerciales, etc., efectuada por particulares se hará siempre cuidando de no ensuciar la vía pública. Del incumplimiento de este artículo será responsable el titular de la actividad.

Artículo 16.º - Igualmente se prohíbe realizar en la vía pública los actos que a continuación se especifican:

a) Vaciar, verter y depositar cualquier tipo de materiales residuales, tanto en la acera como en la calzada, alcorques, solares sin edificar, acequias de riego y red de alcantarillado. Se exceptuarán los casos en que exista autorización previa municipal, o cuando por causa de emergencia, así lo ordene la Alcaldía

b) Verter cualquier tipo de aguas sucias sobre las calzadas, aceras, alcorques o solares sin edificar. Se autoriza el vaciado de aguas sucias procedentes de la limpieza doméstica, en los imbornales de la red de alcantarillado.

c) El vertido de cualquier tipo de residuos industriales líquidos, sólidos o solidificables, o que por su naturaleza sea susceptible de producir daños a los pavimentos o a la red del alcantarillado.

d) Abandono de animales muertos.

e) La limpieza de animales.

f) Reparar o limpiar vehículos o máquinas.

g) La realización de cualquier acto que cause deterioro o sea contrario a la limpieza y decoro de la vía pública.

Artículo 17.º - 1. Se prohíbe el abandono de muebles y enseres domésticos en la vía pública.

2. Será potestad del Ayuntamiento la retirada, sin previo aviso, de cualquier objeto abandonado o material depositado en la vía pública, cuando dificulten el paso, la libre circulación o puedan dificultar la limpieza de la vía pública, exceptuando aquellos casos en que exista autorización previa municipal o cuando por circunstancias de emergencia, así lo ordene la Alcaldía.

3. Los materiales señalados en los apartados 1 y 2 precedentes serán trasladados, para su depósito o eliminación a los lugares previstos por la Autoridad Municipal para tal fin.

4. El depósito de estos materiales se regirá en todo momento por lo que ordene la legislación vigente y, en lo no previsto, por lo que disponga la Alcaldía.

5. Los costes de traslado, depósito y custodia de estos materiales serán a cargo de sus propietarios o productores.

Capítulo III

De la limpieza y conservación de los elementos exteriores de los inmuebles

Artículo 18.º - 1. Los propietarios de edificios, fincas, viviendas y establecimientos comerciales, tendrán la obligación de mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración de las calles, las medianeras al descubierto, las entradas y escaleras de acceso, las cubiertas y, en general, todas las zonas de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública o desde otro edificio.

2. Para todo lo que hace referencia el apartado anterior, los propietarios deberán de proceder a los trabajos de mantenimiento y limpieza, cuando por motivos de ornato público sea necesario y así lo ordene la Autoridad Municipal, previo informe de los Servicios Municipales competentes.

3. Los propietarios están igualmente obligados a mantener limpias y en buen estado de conservación las chimeneas, depósitos, patios interiores de manzana, de ventilación y de luces, conducciones de agua, gas y desagües, pararrayos, antenas de televisión y cualquier otro tipo de instalación complementaria de los inmuebles.

4. El Ayuntamiento, en los supuestos de los apartados, 1, 2 y 3 anteriores y previo trámite de audiencia a los interesados, les requerirá para que en el término que se señale realicen las obras y operaciones necesarias.

5. El incumplimiento de lo ordenado determinará de forma inmediata la aplicación de la sanción correspondiente, por falta de limpieza o decoro en los elementos y partes exteriores de los inmuebles.

6. Cuando las circunstancias del caso lo aconsejaran y para obtener mejoras de interés general, el Ayuntamiento podrá efectuar las obras y operaciones de conservación y limpieza a que se refiere el presente artículo, imputando los costes a los propietarios de los inmuebles si se adecuan al deber de conversación que les corresponde, y con cargo a los fondos municipales cuando los superen.

Capítulo IV

De la limpieza y mantenimiento de los solares

Artículo 19.º - 1. Los propietarios de solares y terrenos deberán mantenerlos libres de basuras y residuos, y en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato público.

2. La prescripción anterior incluye la exigencia de desratización, desinfección y vallado de los solares.

Artículo 20.º - 1. Los Servicios Municipales procederán a la ejecución subsidiaria de los trabajos a que hace referencia el artículo anterior con cargo al propietario del terreno o solar, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

2. En caso de ausencia manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento el derribo de la cerca de los solares de propiedad privada cuando por motivos de interés público se haga necesario tal derribo para acceder a los solares y proceder a su limpieza.

3. Los Servicios Municipales imputarán a los propietarios los costes del derribo y reconstrucción de la parte de cerca afectada.

Capítulo V

En cuanto a la limpieza relativa a la tenencia de animales en la vía pública

Artículo 21.º - 1. De cualquier acción que ensucie la vía pública, producida por animales domésticos, serán directamente responsables sus propietarios.

2. En ausencia del propietario, será responsable subsidiario la persona que en el momento de producirse cualquiera de la acción descrita en el apartado anterior, condujera el animal.

3. Ante una acción que provoque los daños o molestias producidas por un animal doméstico, los agentes municipales en todo momento están facultados para:

a) Exigir al propietario o tenedor del animal para que proceda a la reparación de los daños o molestias causados.

b) Retener el animal y trasladarlo a las dependencias municipales correspondientes.

Artículo 22.º - 1. Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan un perro o cualquier otra clase de animales por la vía pública, están obligados a impedir que hagan sus deposiciones en cualquier zona de la vía pública.

2. Por motivos de salubridad pública queda terminantemente prohibido que los animales domésticos realicen sus defecaciones o deposiciones sobre las aceras, parterres, zonas verdes, zonas de tierra, areneros, alcorques, y restantes elementos de la vía pública.

3. En el caso inevitable de deposición de un animal en la vía pública, el conductor del animal hará que este lo realice en los imbornales de la red de alcantarillado.

4. En cualquier caso, el conductor del animal está obligado a recoger y retirar las defecaciones de la zona de la vía pública que hubiese resultado afectada.

5. El conductor del animal, de acuerdo con lo que se dispone en el apartado anterior, procederá a:

a) Depositar los excrementos de manera higiénicamente aceptable, en las bolsas de basura domiciliarias

b) Depositar los excrementos dentro de las bolsas impermeables perfectamente cerradas, en el interior de los contenedores instalados para la recogida de basuras domiciliarias.

c) Depositar los excrementos sin ningún tipo de envoltorio en la red de alcantarillado a través de los imbornales.

6. Queda terminantemente prohibido depositar las defecaciones en las papeleras.

Título tercero
De la limpieza de la ciudad a causa del uso común especial o privado y por manifestaciones públicas en la calle

Capítulo I

Condiciones generales y ámbito de aplicación

Artículo 23.º - De acuerdo con lo que se establece en el apartado 2 del artículo 1 de las presentes Ordenanzas, el Título tercero dicta las normas para mantener limpia la Ciudad en cuanto a:

a) Su uso común, especial o privado, de los bienes de dominio público municipal.

b) La prevención del deterioro de la Ciudad producido como consecuencia de actividades públicas en la calle y determinadas actuaciones publicitarias.

Artículo 24.º - 1. La suciedad producida en la vía pública como consecuencia de su uso común especial y privado será responsabilidad de los titulares de este uso.

2. Los titulares de establecimientos –fijos o no- tales como bares, cafés, quioscos, puestos de venta y similares, están obligados a mantener en condiciones adecuadas de limpieza, tanto las propias instalaciones como el espacio urbano comprendido en su zona de influencia.

3. El Ayuntamiento podrá exigir a los titulares expresados en el apartado anterior, la colocación de elementos homologados para el depósito de los residuos producidos por el consumo en sus establecimientos, el mantenimiento y limpieza de los cuales les corresponderá.

4. El Ayuntamiento, a propuesta de los Servicios Municipales, establecerá la norma técnica municipal que deberán cumplir los contenedores para residuos, papeleras, ceniceros y otros elementos similares que deban instalar los particulares en la vía pública.

Artículo 25.º - 1. Los organizadores de un acto público, y en su caso los titulares de la autorización para celebrarlo, serán responsables de los daños que a consecuencia de los mismos se causen en la vía pública o en sus elementos estructurales y mobiliario urbano.

2. Igualmente, serán responsables de la suciedad y daños producidos en la Ciudad como consecuencia de la celebración del acto público, sus organizadores y, por tanto, obligados a repararlos. El Ayuntamiento podrá exigir, en el momento de otorgar la licencia municipal para celebrarlo, la constitución de una fianza en metálico o un aval bancario, por el importe de los servicios subsidiarios de limpieza que previsiblemente le corresponda efectuar.

Artículo 26.º - A los efectos de las presentes Ordenanzas tendrán la consideración de:

Rótulos: Los anuncios fijos o móviles realizados mediante pintura, azulejos y otros materiales destinados a conferirles la condición de larga duración, y aquellos que, debido a sus condiciones de colocación o protección, estén destinados a tener una duración superior a quince días.

Carteles: Los anuncios, impresos o pintados, sobre papel u otro material de escasa consistencia, que sean de tamaño reducido. Si son objeto de distribución manual, los carteles tendrán la condición de octavillas.

Pancartas: Los anuncios publicitarios, de gran tamaño, situados ocasionalmente en la vía pública por un periodo no superior a los quince días coincidiendo con la celebración de un acto público.

Pintadas: Las inscripciones manuales realizadas en la vía pública sobre los muros y paredes de la Ciudad, sobre las aceras y calzadas, o sobre cualquiera de sus elementos estructurales.

Octavillas: Opúsculos y folletos, los fragmentos de papel o de materiales análogos entregados a los ciudadanos en la vía pública, en mano o esparcidos por la calle, con motivo de cualquier tipo de manifestación pública o privada.

Artículo 27.º - La colocación y pegado de carteles y pancartas, la distribución de octavillas y cualquier otra actividad publicitaria de las reguladas en el presente Título, estarán sujetas a la autorización municipal.

Capítulo II

De la colocación de carteles y pancartas en la vía pública

Artículo 28.º - Queda terminantemente prohibida la colocación, pegado de carteles y adhesivos y cualquier actividad publicitaria en los lugares no expresamente autorizados por el Ayuntamiento, y de forma especial en aquellos edificios calificados en el Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico de la Ciudad o en los edificios públicos, excepto en aquellos casos en que por parte de la Alcaldía se dicten normas en las que se amplíen dichos emplazamientos.

Artículo 29.º - Se autoriza la colocación de carteles y adhesivos en las carteleras y columnas anunciadoras instaladas al efecto por el Ayuntamiento, siempre y cuando los carteles contengan propaganda de actos o actividades de interés ciudadano.

Artículo 30.º - La colocación de pancartas en la vía pública solamente se autorizará en los supuestos siguientes:

a) En período de elecciones políticas y sindicales.

b) En período de fiestas populares y tradicionales de los barrios.

c) En aquellas situaciones que expresamente lo autorice la Alcaldía.

Artículo 31.º - 1. Las pancartas deberán ser retiradas por los interesados tan pronto haya finalizado el período de autorización. De no hacerlo, serán retiradas por los Servicios Municipales, imputándose a los responsables los costes correspondientes al servicio prestado, sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponderles.

2. La colocación de pancartas en la vía pública sin autorización, dará lugar a la imposición de sanciones a los responsables por parte de la Autoridad Municipal, y a su retirada inmediata por parte de los titulares; de no hacerlo éstos, lo hará el Ayuntamiento en actuación subsidiaria.

Capítulo III

De las pintadas

Artículo 32.º - 1. Quedará prohibido cualquier tipo de pintadas en la vía pública, tanto si son hechas sobre sus elementos estructurales, calzadas, aceras y mobiliario urbano, como sobre los muros y paredes de la Ciudad.

2. Excepcionalmente, y previa obtención de la autorización municipal, podrán efectuarse pintadas de carácter artístico sobre las vallas de los solares o muros, con autorización previa de sus propietarios.

Capítulo IV

De la distribución de octavillas

Artículo 33.º - 1. Se prohíbe esparcir y lanzar octavillas en la vía pública. Excepcionalmente, la Alcaldía podrá automatizarlo, previa solicitud de los interesados y pago de los costes que se prevean para su retirada y eliminación.

2. Los que esparcieran octavillas o las distribuyeran sin autorización, serán sancionados.

3. Los Servicios Municipales procederán a limpiar la parte de la vía pública que se hubiese visto afectada por la distribución o esparcido de octavillas, imputando el coste correspondiente de los servicios prestados a los responsables, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que pudieran corresponderles.

Título cuarto

De la recogida de basuras y residuos sólidos urbanos

Capítulo I

Condiciones generales

Artículo 34.º - De acuerdo con lo que dispone el artículo 1, apartado 3, el presente Título regulará las condiciones en que el Ayuntamiento prestará, y el usuario utilizará, los servicios destinados a la recogida de basuras y residuos sólidos urbanos producidos por los ciudadanos.

Artículo 35.º - A los efectos de las presentes Ordenanzas, tendrán la categoría de basuras y residuos sólidos urbanos, los materiales residuales siguientes:

1. Los residuos alimenticios y de consumo doméstico producidos por los ciudadanos en sus domicilios.

2. Las cenizas de calefacción doméstica individual.

3. Los residuos procedentes del barrido de las aceras.

4. Los residuos procedentes de la poda de arbolado y limpieza de plantas, siempre que se depositen troceadas y en bolsas cuyo volumen no exceda de 40 litros ni 10 Kg. De peso.

5. Los envoltorios, envases, embalajes y otros residuos sólidos producidos en locales comerciales.

6. Los materiales residuales producidos por actividades comerciales o industriales, siempre que puedan asimilarse a las basuras domiciliarias, y que no sean residuos producidos dentro del proceso industrial.

7. Los residuos producidos por el consumo en: bares, restaurantes y restantes establecimientos que expidan productos alimenticios cocinados o en los que se realicen consumiciones de cualquier clase. Igualmente los producidos en supermercados, autoservicios y establecimientos similares.

8. Los residuos de consumo en general producidos en: residencias, hoteles, hospitales, clínicas, colegios y demás establecimientos públicos o abiertos al público.

9. Los animales domésticos muertos, para los cuales el Ayuntamiento establecerá el correspondiente servicio de recogida.

10. Los muebles, enseres domésticos y trastos viejos, incluidos ropas, calzados y cualquier producto análogo.

11. Las deposiciones de los animales domésticos que sean depositadas de manera higiénicamente aceptable de acuerdo con lo que al respecto establece el número 5 del artículo 22 de la presente Ordenanza.

12. Los vehículos fuera de uso, cuando en ellos concurran presunciones de abandono o cuando sus propietarios hayan hecho renuncia expresa a favor del Ayuntamiento, para proceder a su eliminación.

Artículo 36.º - Quedan excluidos de los servicios de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos los siguientes materiales residuales:

1. Los desperdicios, cenizas y escorias producidas en fábricas, talleres y almacenes.

2. Las cenizas producidas en instalaciones de calefacción central de edificios.

3. Los animales no domésticos muertos.

4. Residuos y derivados de actividades agrícolas y ganaderas.

5. Los productos procedentes de decomisos.

6. Los detritus de hospitales, clínicas y Centros Asistenciales.

7. Cualquier material residual que se pueda calificar de peligroso, de acuerdo con lo que se establece en el anexo 1 de la presente Ordenanza.

8. Cualquier otro tipo de material residual asimilable a los anteriores señalados.

9. Los que en circunstancias especiales determine la Alcaldía.

Artículo 37.º - El servicio de recogida de basuras domiciliarias será prestado por el Ayuntamiento con carácter general y obligatorio en todo el Término Municipal, en la forma de gestión que determine. Igualmente, podrá establecer otros servicios complementarios para la recogida de determinado tipo de residuos, con carácter opcional para el ciudadano.

Artículo 38.º - El Ayuntamiento establecerá anualmente la tasa correspondiente a la prestación de los diferentes servicios de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos. Los usuarios procederán al pago de la tasa correspondiente al servicio prestado, de acuerdo con lo que al respecto, se señale en la Ordenanza Fiscal aplicable.

Artículo 39.º - Serán sancionados los que libren a los servicios de recogida, residuos diferentes a los señalados para cada clase de servicios. También serán sancionados los que depositen las basuras sin bolsa, o que no, introduzcan las bolsas en el interior de los contenedores.

Capítulo II

Del servicio de recogida de basuras domiciliarias

Artículo 40.º - El servicio de Recogida de Basuras domiciliarias atenderá la recogida de los siguientes materiales residuales:

1. Los señalados en los apartados 1, 2, 3, 4 y 11 del artículo 35.

2. Los señalados en los números 5, 6, 7 y 8 del mismo artículo 35, y cuyo volumen no rebase los 80 litros ni 20 Kg. de peso.

Artículo 41.º - En ningún caso se permite el vertido en los contenedores de basuras domiciliarias de los siguientes residuos:

1. Los detritus de hospitales, clínicas, dispensarios y centros asistenciales.

2. Los animales domésticos muertos.

3. Los muebles, enseres domésticos y trastos viejos; y los materiales residuales procedentes de poda de árboles y limpieza de plantas cuyo volumen exceda de 40 litros y 10Kg. de peso.

4. En general cualquier tipo de residuos de los señalados en el artículo 36, los cuales se regirán por lo que al respecto se dispone en el Título Cuarto de la presente Ordenanza.

Artículo 42.º - La prestación del Servicio de Recogida de Basuras Domiciliarias descritas en el artículo 41, comprenderá las siguientes operaciones.

a) El traslado de las basuras desde los puntos de depósito de las mismas, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 46, hasta los vehículos de recogida.

b) Vaciado de los contenedores o de las bolsas de basura dentro de los elementos de carga de los vehículos.

c) Si el elemento de depósito es un contenedor, retorno de los contenedores una vez vaciados, a los puntos originales de depósito.

d) Recogida y vertido de las basuras esparcidas en la vía pública como consecuencia del vertido, o de las bolsas de basura que por falta de espacio en el contenedor hubiesen quedado depositadas junto al mismo.

e) Transporte de las basuras al vertedero.

f) Limpieza de contenedores.

Artículo 43.º - 1. Queda terminantemente prohibido abandonar las basuras en lugares diferentes al que se establece en el artículo 45.

2. Los usuarios están obligados a librar las basuras a los servicios de recogida, dentro del horario establecido, y en los lugares que se señalen, de acuerdo con lo que se establece en la presente Ordenanza.

3. Los infractores a lo dispuesto en el apartado 1 anterior, están obligados a retirar las basuras abandonadas, debiendo limpiar el espacio urbano que se haya ensuciado, todo ello con independencia de las sanciones que pudieran corresponderles

Artículo 44.º - 1. Los usuarios están obligados a depositar las basuras en el interior de las bolsas de plástico homologadas. En ningún caso se autorizara el vertido de basuras en cajas, paquetes, envoltorios, bolsas no homologadas y similares.

2. Todas las bolsas deberán ir perfectamente atadas, de tal manera que no se produzcan derramamientos de los materiales contenidos.

Artículo 45.º - 1. A fin de que las basuras domiciliarias sean retiradas por el servicio de recogida, en aquellos barrios y sectores de Castelldefels en los que haya instalados contenedores de basura homologados por el Ayuntamiento, será obligación del usuario el depositar las bolsas de basura en su interior.

2. En aquellos otros sectores o barrios en que el sistema de recogida no contemple la instalación de contenedores de basura, los usuarios depositarán las bolsas de basura debidamente cerradas en la acera, lo más cerca posible del bordillo.

3. El Ayuntamiento podrá establecer, con carácter permanente o transitorio, los emplazamientos de los contenedores, así como la ampliación de las zonas o sectores de la ciudad con sistema de recogida mediante contenedor.

Artículo 46.º - 1. Los contenedores de basura solamente podrán ser manipuladas por el personal del Servicio de Recogida, por el Servicio de Inspección Municipal o personal autorizado por éste.

2. Cuando se trate de contenedores de propiedad privada, los Servicios Municipales podrán exigir la reparación o renovación de los mismos, cuando estén fuera de uso al juicio del Servicio de Inspección Municipal.

3. En el supuesto de que se trate de contenedores de propiedad pública, el Servicio de Recogida procederá a su limpieza, reparación o renovación, cuando estén fuera de uso a juicio del Servicio de Inspección Municipal.

Artículo 47.º - 1. Los ciudadanos vendrán obligados a respetar el espacio reservado para los contenedores, y a no impedir su manipulación por el Servicio de Recogida. El Ayuntamiento podrá establecer vados y reservas especiales de espacio urbano para el emplazamiento de los contenedores.

2. La Alcaldía, a propuesta de los Servicios Municipales, sancionará a los que con su conducta causen perturbaciones en la prestación del Servicio de recogida de basuras.

Capítulo III

Del servicio de recogida sectorial de residuos sólidos urbanos

Artículo 48.º - 1. El Ayuntamiento podrá establecer los servicios de recogida sectorial de residuos sólidos urbanos que considere convenientes, tales como:

a) La recogida de muebles y enseres domésticos.

b) La recogida de animales domésticos muertos.

c) La recogida de restos de poda vegetal.

d) La recogida de vehículos abandonados.

2. El Ayuntamiento informará a los ciudadanos de las condiciones y modalidades de prestación de los servicios de recogida sectorial de residuos sólidos urbanos.

Artículo 49.º - La recogida de detritus de clínicas y hospitales a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 41 serán objeto del correspondiente servicio especial, según dispone la vigente legislación

Artículo 50.º - Los contenedores instalados en la vía pública quedan exclusivamente reservados para el servicio de recogida de basuras domiciliarias. Se prohíbe depositar en dichos contenedores materiales residuales diferentes a los expresamente consignados en el artículo 40 de las presentes Ordenanzas.

Capítulo IV

Del aprovechamiento y de la recogida selectiva de los materiales residuales contenidos en las basuras

Artículo 51.º - Una vez depositadas las basuras en los elementos de contención instalados al efecto, en espera de su recogida por el Servicio Municipal correspondiente, éstas adquirirán, de acuerdo con lo que dispone la Ley 42/1975 de 19 de noviembre, sobre Residuos Sólidos Urbanos, el carácter de propiedad municipal.

Artículo 52.º - A los efectos de la presente Ordenanza se considerará selectiva la recogida o la entrega por separado, de uno o más materiales residuales de las basuras, llevada a término por los Servicios Municipales directamente o por terceros, privados o públicos, que previamente hayan estado autorizados expresamente por el Ayuntamiento.

Artículo 53.º - El Ayuntamiento podrá llevar a término cuantas experiencias y actividades en materia de recogida selectiva tenga por conveniente, introduciendo al efecto las modificaciones necesarias en la Organización del Servicio de Recogida.

Artículo 54.º - 1. El Ayuntamiento favorecerá y fomentará las iniciativas privadas o públicas para revalorizar los residuos que, a juicio de los Servicios Municipales, tengan posibilidad de conseguir resultados positivos para la Ciudad.

2. El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias, y una vez escuchados los interesados, podrá establecer el régimen especial de beneficios fiscales, ayudas económicas, etc., destinados a posibilitar las campañas de recogida selectiva de las basuras y residuos sólidos urbanos.

Capítulo V

Régimen y horario de prestación de los servicios de recogida de basuras domiciliarias

Artículo 55.º - 1. El Ayuntamiento establecerá para la recogida de basuras domiciliarias la frecuencia y horarios más adecuados para los intereses de la Ciudad.

2. El Ayuntamiento podrá introducir en todo momento las modificaciones, la frecuencia y horario del Servicio de recogida que, por motivos de interés público, crea convenientes.

3. Los Servicios Municipales harán público con suficiente antelación cualquier cambio de horario, frecuencia y sistema de recogida, excepción hecha de las disposiciones dictadas por la Alcaldía en situaciones de emergencia.

Artículo 56.º - En los sectores en que el sistema de recogida establecido no sea mediante contenedores, el servicio se prestará en horario nocturno y se prohíbe a los usuarios depositar las basuras en las aceras antes de las 20 horas.

Artículo 57.º - En aquellos otros sectores en que existan contenedores, se atenderá a las siguientes prescripciones:

a) Cuando la prestación del servicio de recogida se realice en horario nocturno, se prohíbe el depositar las basuras en los contenedores instalados al efecto, antes de las 19 horas.

b) Cuando la prestación del servicio de recogida se realice en horario diurno, se prohíbe depositar las basuras en los contenedores instalados al efecto, antes de las 20 horas o más tarde las 7 horas del día siguiente.

Título quinto

De la recogida, transporte y vertido de tierras, lodos y materiales de construcción

Capítulo I

Condiciones generales y ámbito de aplicación

Artículo 58.º - De acuerdo con lo que se dispone en el apartado 4 del artículo 1, el presente Título regulará, en todo lo que no está establecido en los Títulos Segundo y Cuarto de las presentes Ordenanzas, las siguientes operaciones:

a) La entrada, carga, transporte, acopio y vertido de los materiales residuales sólidos calificados como tierra y escombros.

b) La instalación en la vía pública de contenedores para obras, destinados a la recogida y transporte de tierras y escombros.

Artículo 59.º - A los efectos de la presente Ordenanza tendrán la calificación de tierras y escombros los siguientes materiales residuales.

1. Las tierras, piedras y materiales similares, procedentes de excavaciones.

2. Los residuos resultantes de trabajos de construcción, demolición, derribo y, en general, todos los sobrantes de obras mayores y menores.

3. Cualquier material residual asimilable a los anteriores y los que, en circunstancias especiales, determine la Alcaldía.

Artículo 60.º - La intervención del Ayuntamiento tendrá por objeto evitar que como consecuencia de las actividades expresadas se produzca:

1. El vertido incontrolado o realizado de forma inadecuada.

2. El vertido en lugares no autorizadas, como son los contenedores destinados a la basura doméstica.

3. La ocupación indebida de terrenos o bienes de dominio público.

4. El deterioro de los pavimentos y restantes elementos estructurales de la Ciudad.

5. La suciedad de la vía pública y otras superficies de la ciudad.

Capítulo II

De la utilización de contenedores para obras

Artículo 61.º - A los efectos de la presente Ordenanza, se designa con el nombre de contenedores para obras los recipientes normalizados especialmente diseñados para ser cargados y descargados sobre vehículos de transporte especial, y destinados a la recogida de los materiales residuales que se especifican en el artículo 60.

Artículo 62.º - 1. Todas las obras que tengan la consideración de obras mayores deberán obligatoriamente disponer del número necesario de contenedores para obras.

2. Estos contenedores para obra solamente podrán ser utilizados por los titulares de la licencia de obras mayores. Ninguna persona podrá hacer uso de él para verter residuos. Los infractores a esta determinación serán sancionados.

Artículo 63.º - En el caso de obras menores, deberán disponer de contenedor las que, según informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, generen residuos en volumen suficiente.

Artículo 64.º - 1. Los peticionarios de licencia de obras menores a los que se obligue disponer de contenedor para obras, podrán optar entre las siguientes opciones:

a) Hacer uso del contenedor de obras que le será suministrado por el Ayuntamiento o empresa contratada, previa liquidación en los Servicios de Depositaría Municipal del 80% de su coste de alquiler, que podrá hacerse efectiva al mismo tiempo que se liquida la tasa correspondiente de la licencia de obras menores solicitada.

b) Hacerse cargo del residuo y trasladarlo con medios propios o convenidos al vertedero municipal. Para ello, y en concepto de garantía, deberá depositar la cantidad de 7.000Ptas. que le será reintegrada a la presentación del justificante o comprobante de haber vertido en el lugar indicado.

2. Los contenedores de obra a que se refiere el anterior apartado podrán ser utilizados limitadamente por otros ciudadanos siempre que el volumen vertido por cada uno de ellos no sobrepase los 200 l.

3. El tiempo de permanencia del contenedor será de una semana, transcurrido el cual el Ayuntamiento, se hará cargo de retirarlo. Si el particular tuviera interés en prorrogar este plazo deberá ponerse previamente en contacto con los Servicios Técnicos municipales a fin de notificarlo y correrá con todos los gastos adicionales que ello conlleve.

4. Los contenedores para obras menores serán situados siempre en la vía pública, lo más próximo posible a la obra.

5. En todo caso, el Ayuntamiento establecerá el procedimiento adecuado para el suministro de los contenedores para aquellas obras menores que lo requieran.

Artículo 65.º - 1. Al retirar el contenedor, el titular de la licencia será el responsable de dejar en perfectas condiciones de limpieza de superficie de la vía pública ocupada o afectada.

2. El titular de la licencia de obras será responsable, asimismo, de los daños causados en el pavimento o acera de la vía pública, debiendo comunicarlo inmediatamente a los Servicios Municipales correspondientes en el caso de que se produjeran.

Artículo 66.º - 1. Los contenedores para obras mayores se situaran, si fuera posible, en el interior de la zona vallada de obras o, si ello no es posible, en la vía pública, en cuyo caso requerirán la preceptiva licencia municipal.

Los contenedores para obras menores se situarán por el Ayuntamiento, o empresa contratada, siempre en la vía pública lo más próximo posible a la obra.

2. En su colocación deberán ser observadas, en todo caso, las prescripciones siguientes:

a) Se situarán preferentemente delante de la obra a la que den servicio (o tan cerca de ella como fuera posible).

b) Deberán situarse de manera que no impidan la visibilidad de los vehículos, especialmente en los cruces y bifurcaciones, respetando las distancias establecidas en el Código de la Circulación a efectos de aparcamiento.

c) No podrán situarse en los lugares reservados al paso de peatones, vados, o espacios reservados a estacionamiento y parada, excepto cuando estas reservas hayan sido solicitadas para la misma obra, y tampoco en las zonas de prohibición de estacionamiento.

d) En ningún caso podrán estar colocados, total o parcialmente, sobre las tapas de acceso a Servicios Públicos, ni sobre las pozas de los árboles, ni en general sobre ningún elemento urbanístico, la utilización del cual pueda estar dificultada en circunstancias normales o en caso de emergencia.

e) Tampoco podrán estar situados sobre las aceras cuya anchura, una vez deducido el espacio ocupado por las vallas, caso de su existencia, no permita una zona de libre paso de un metro como mínimo, una vez colocado el contenedor, ni en las calzadas cuando el espacio que quede libre sea inferior a 2.75 metros en vías de una sola dirección o de 6 metros en vías de doble sentido.

3. En todo caso serán colocados de manera que su costado más largo esté situado en sentido paralelo al bordillo.

4. Cuando los contenedores se sitúen en la calzada, éstos deberán estar a una distancia de 0.20 metros del bordillo, de manera que no se impida que las aguas superficiales puedan circular libremente en dirección a los imbornales.

Artículo 67.º - Los contenedores para obras serán retirados de la vía pública:

a) En el caso de obras mayores:

1. Cuando haya expirado el término de concesión de la licencia.

2. En cualquier momento a requerimiento de los Agentes de la Guardia Urbana.

3. Para su vaciado una vez estén llenos y siempre dentro del mismo día en que se haya llenado.

b) En el caso de obras menores: de acuerdo con lo que se indica en el artículo 64 apartado 3.

Capítulo III

De la entrega y vertido de tierras y escombros
Artículo 68.º - 1. La entrega de tierras y escombros por parte de los ciudadanos se podrá efectuar de las formas siguientes:

a) Directamente, en los contenedores de obras menores colocados en la vía pública.

b) Directamente, en los lugares de acumulación y vertido de escombros y tierras establecidas a tal efecto por los Servicios Municipales.

2. En todos los casos, el promotor o el titular de la licencia de la obra será responsable de la suciedad ocasionada en la vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio urbano afectado.

Artículo 69º.- En lo que se refiere al vertido de tierras y escombros, se prohíbe:

a) Depositar en los contenedores de obras, residuos que contengan materias inflamables, explosivas, nocivas y peligrosas, los susceptibles a la putrefacción o de producir olores desagradables, y todo tipo de materiales residuales que por cualquier causa puedan producir molestias a los vecinos o a los usuarios de la vía pública.

b) Depositar muebles y enseres domésticos y cualquier material residual, en los contenedores para obras.

Disposición adicional

Los preceptos que establece la presente Ordenanza se entienden sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a otros organismos de la Administración en la esfera de sus respectivas competencias.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas otras normas, de igual o inferior rango, se opongan, contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones de esta Ordenanza.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de la publicación íntegra y completa en el BUTLLETI OFICIAL de la provincia.

Anexo I

Contaminantes prioritarios

Lista de substancias y materiales tóxicos y peligrosos.

1. Arsénico y sus compuestos.
2. Mercurio y sus compuestos.
3. Cadmio y sus compuestos.
4. Talio y sus compuestos.
5. Berilio y sus compuestos.
6. Compuestos de Cromo hexavalente.
7. Plomo y sus compuestos.
8. Antimonio y sus compuestos.
9. Fenoles y compuestos fenolados.
10. Cianuros orgánicos e inorgánicos
11. Isocianatos.
12. Compuestos órgano-halogenados, a excepción de los polímeros inertes.
13. Disolventes clorados.
14. Disolventes orgánicos.
15. Biocidas y substancias fito-farmacéuticas.
16. Residuos procedentes del refinamiento y destilación del petróleo.
17. Compuestos farmacéuticos.
18. Peróxidos clorados, perclorados y ácidos.
19. Éteres.
20. Substancias químicas de laboratorio no identificables u otras nuevas cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos.
21. Asbesto en polvo y fibras.
22. Selenio y sus compuestos.
23. Telurio y sus compuestos.
24. Compuestos aromáticos policíclicos con efectos cancerígeno.
25. Carboxilos metálicos.
26. Compuestos solubles de cobre.
27. Substancias ácidas o alcalinas utilizadas en tratamientos de superficie y de acabados de metales.
28. Residuos radioactivos.
29. Residuos derivados de la actividad minera.
30. Cualquier otra sustancia asimilable a las anteriores.
P. 3-10-89 A-89/8225-8 ag

Ordenanza de Uso de las Playas del Municipio de Castelldefels

Ordenança+d'Ús+de+les+Platges+del+Municipi+de+Castelldefels.pdf — 185.9 KB

Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación de los Ingresos de Derecho Público Municipales

01/01/2007

ORDENANÇA GENERAL NÚM. 0

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

SECCIÓ I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte.

La present Ordenança general, dictada a l'empara del que preveuen l'article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, conté normes comuns, tant substantives com de procediment, que es consideraran part integrant de les Ordenances Fiscals i dels Reglaments Interiors que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals.
Aquesta ordenança es dicta per a:

Regular aquells aspectes de procediment que puguin millorar i simplificar la gestió.
Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració.
Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de l'Ajuntament.
Informar els ciutadans de les normes i els procediments, el coneixement dels quals pugui facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

La present ordenança s'aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic la titularitat dels quals correspon a l'Ajuntament.
Quan l'Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la recaptació dels ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l'Organisme de Gestió Tributària es regiran per la seva pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i Funcional, i l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració administrativa.
Per decret de l'alcalde-president de l'Ajuntament es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquesta ordenança i, així mateix, de les reguladores de cada tipus d'ingrés. No obstant això, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per sí mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial de les liquidacions, respecte d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió els quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

SECCIÓ II - PROCEDIMENT

Article 3. Aspectes generals.

La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà, facilitant-li l'accés a la informació administrativa.
L'alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions administratives, llevat dels supòsits en què legalment s'hagi prohibit la delegació. Les resolucions administratives que s'adoptin per delegació entre òrgans d'aquesta administració indicaran expressament tal circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegant.
S'impulsarà l'aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la tramitació d'expedients administratius i per a millorar l'eficiència de les comunicacions dels ciutadans amb l'Ajuntament. Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l'exercici de les funcions de gestió i recaptació, els interessats que disposin de certificat digital, acreditatiu de la seva identitat, podran fer per Internet consultes i tràmits personalitzats en les condicions previstes per l'ORGT de la Diputació de Barcelona i per l'Ajuntament.
Les resolucions administratives que s'adoptin per delegació indicaran expressament tal circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegant.
Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que estableix l'ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions i comunicar o certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que constin en els sistemes d'informació de l'ORGT, mitjançant la utilització dels sistema de signatura amb certificat d'aplicació corporativa.
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la tramitació o resolució dels procediments es dirigiran a l'alcaldia.

Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries.

Els diferents serveis de l'Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels criteris administratius existents per a l'aplicació de la normativa tributària.
Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d'igual forma. En els casos en què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la normativa tributària aplicable.
Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d'altres obligacions tributàries, s'hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la presentació. A l'escrit de presentació s'ha de manifestar expressament si al moment de presentar-lo s'està o no s'està tramitant un procediment, recurs o reclamació relacionat amb el règim, classificació o qualificació tributària del tema plantejat a la consulta. Si es considera necessari per a formar-se criteri, es podrà demanar als interessats que ampliïn els antecedents o les circumstàncies del cas plantejat.

La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l'Ajuntament llevat que plantegin qüestions relacionades amb l'objecte o la tramitació d'un procediment, recurs o reclamació iniciat abans de formular-les. Els criteris expressats en l'esmentada contestació s'aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies reals i aquelles objecte de consulta.

Si la sol·licitud d'informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, o en circulars internes municipals, o bé es tracta d'una qüestió la resposta de la qual es dedueix indubtablement de la normativa vigent, el Servei receptor de la consulta podrà formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de la Secretaria de l'Ajuntament. En tot cas la resposta haurà de lliurar-se en un termini màxim de tres mesos, amb una referència a la normativa aplicable a la qüestió plantejada.
Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença personal. Quan l'interessat es relacioni amb l'Administració per mitjans telemàtics, podrà identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat.
Si s'actua per mig de representant, aquest deurà acreditar la seva condició de tal, en els termes previstos a l'article 46 de la Llei General Tributària. En tot cas, es presumirà concedida la representació quan es tracti d'actes de mer tràmit.
No s'admetrà cap consulta que es formuli desprès d'haver acabat els terminis establerts per a l'exercici del dret, per a la presentació de la declaració o autoliquidació o per al compliment de l'obligació tributaria de que es tracti.
Les dades de caràcter personal facilitades pels ciutadans, presencialment, a traves de la seu electrònica de l'Ajuntament o de l'ORGT, com a ens delegat, o per qualsevol altre mitja, així com altres dades amb transcendència tributària requerides o obtingudes per aquesta administració, s'incorporaran als fitxers o bases de dades de l'Ajuntament. Al respecte, els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, mitjançant escrit presentat al registre general.

Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària.

Les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració tributària en el desenvolupament de les seves funcions tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzats per a l'efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició de les sancions que procedeixin, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers, llevat que la cessió tingui per objecte les qüestions a què es refereix l'article 95è de la Llei General Tributària.
L'Administració tributària municipal ha d'adoptar les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de la informació tributària i el seu ús adequat.

Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d'aquestes dades, informes o antecedents estan obligats al més estricte i complet sigil respecte a aquesta documentació. Amb independència de les responsabilitats penals o civils que puguin derivar-se, la infracció d'aquest particular deure de sigil es considerarà falta disciplinària molt greu.

L'Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d'acord amb allò disposat a la Llei orgànica de protecció de les dades de caràcter personal.
L'accés dels interessats als procediments tributaris i l'obtenció de còpies dels documents que integren l'expedient administratiu, s'haurà d'efectuar en els termes previstos a la normativa tributària vigent.

Article 6. Accés a arxius.

Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els termes establerts en la Constitució, a la Llei 39/20105, d'1 d'octubre, dels Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPCAP), a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària (LGT), a la Llei del Parlament de Catalunya 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents, i ala normativa sobre transparència.
Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada especificant els documents que es desitja consultar. La consulta haurà de ser sol·licitada per l'interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres persones. Quan el compliment d'aquests requisits resulti dubtós per als responsables dels Serveis, caldrà que la Secretaria informi (per escrit o verbalment) sobre la procedència de la consulta i valori que aquests documents no contenen dades referents a la intimitat de les persones diferents del consultant.
La utilització de documents de propietat municipal per tercers donarà lloc a l'exigència de la corresponent taxa, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2001 del Parlament de Catalunya, i en els termes que, si s'escau, prevegi l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Expedició de Documents i Distintius Administratius.
Quan la consulta tingui com a finalitat l'examen d'expedients conclosos nomes podran accedir els ciutadans que hagin estat part d'un procediment tributari.

Article 7.Obtenció de còpies de documents.

Les peticions de còpies s'hauran de realitzar pel contribuent o pel seu representant. L'obtenció de còpies facilitades per l'Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa establerta per expedició de distintius o documents administratius.
Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del contribuent en el mateix dia. Si es tracta d'un número elevat de còpies, o quan altre fet impedeixi complir el termini anterior, s'informarà el sol·licitant de la data en que podrà recollir les còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no excedirà de 10 dies naturals.

El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s'ha concedit tràmit d'audiència o, en defecte d'aquest, en el d'al·legacions posterior a la proposta de resolució.

Per diligència incorporada a l'expedient, és convenient fer constar el número dels folis dels quals s'ha expedit còpia i la seva recepció del contribuent.
Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d'aquells documents que figurant a l'expedient afectin a dades personals, a interessos de tercers, o a la intimitat d'altres persones. La resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a l'expedient haurà de motivar-se. Quan se susciti qualsevol dubte en relació amb els extrems anteriors es consultarà a la Secretaria.

Article 8. Al·legacions i tràmit d'audiència per l'interessat.

Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit d'audiència, es tindrà en compte uns i altres al redactar la corresponent proposta de resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els antecedents d'aquesta.
En els procediments d'inspecció es donarà audiència a l'interessat en els terminis previstos en el Reglament General del Règim Sancionador Tributari, aprovat per Reial Decret 2063/2004, de 15 d'octubre (RGRST).
En els procediments de gestió es donarà tràmit d'audiència quan per a l'adopció de la resolució administrativa es tinguin en compte fets o dades diferents dels aportats per altres administracions o per l'interessat.
Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d'audiència quan es tracti de rectificar errors aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la LGT. En les resolucions dictades en aquells procediments en els que no hagi resultat necessari tràmit d'audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització.
Amb caràcter general, el termini d'audiència serà de 10 dies.

Article 9. Registre.

L'Ajuntament disposa d'un registre general, en el que es fan les anotacions dels assentaments de tots els documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat vinculada o dependents d'aquests. També s'anota la sortida de documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars.
L'Ajuntament també disposa d'un registre electrònic per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores al dia, sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, que s'anunciaran als potencials usuaris amb l'antelació que resulti possible a la seu electrònica.
Els interessats podran presentar escrits dirigits a l'Ajuntament a través de qualsevol d'aquests mitjans:
Registre general o electrònic de l'Ajuntament.
Qualsevol registre electrònic de les administracions estatal o autonòmica, Diputacions, Cabildos i Consells Insulars o Ajuntaments de Municipis subjectes al règim de l'article 121 de la Llei 7/1985.
Oficines de Correus.
Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència tributaria per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents que tinguin aquesta obligació, s'enregistraran i se'ls advertirà de la possible comissió de la infracció prevista a l'art. 199 de la Llei General Tributària i la possible obertura del corresponents expedient sancionador.

Els assentaments s'anotaran respectant l'ordre temporal de recepció o sortida de documents indicant la data del dia d'inscripció i el seu número d'ordre. Un cop efectuat el tràmit de registre, els documents seran distribuïts sense dilació als respectius destinataris i/o unitats administratives per a la seva tramitació.
Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s'hagués de satisfer alguna taxa amb motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l'Administració, la quota corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de presentació d'aquells.
A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal.
Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se certificacions autoritzades pel Secretari.

Article 10. Còmput de terminis.

Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que son hàbils, i s'exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

A efectes de recaptació dels ingressos, tant en període voluntari com en període executiu, si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil següent.

Quan els terminis s'indiquin per dies naturals, es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions.

Quan els terminis s'hagin assenyalat per dies naturals per haver-ho declarat així una llei o pel Dret de la Unió Europea, es farà constar aquesta circumstància en les notificacions.

Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a aquell en què va tenir lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeix l'estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes.
Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Quan un dia fos hàbil en el municipi o Comunitat autònoma en que resideixi l'interessat i inhàbil a la seu de l'òrgan administratiu, o a l'inrevés, es considerarà inhàbil en tot cas.
Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què va tenir lloc la notificació o publicació de l'acte que es tracti, o des del següent a aquell en què es produeix l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.
Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre municipal.
Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests.

Article 11. Presentació i tramitació d'expedients.

Els contribuents podran presentar els seus escrits adreçats a l'Ajuntament per qualsevol mitjà i en qualsevol registre dels previstos legalment. Pel que fa al Registre Informàtic, els documents rebuts per via telemàtica s'hi registraran sempre que compleixin els requisits establerts en la corresponent resolució administrativa.
Pel còmput per a la resolució s'entendrà data de presentació la de recepció en el registre municipal, centralitzat en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Si la resolució correspon a l'ORGT, per delegació, es tindrà en compte la seva pròpia normativa.
Dels escrits que es presentin a les oficines municipals/OAC, els interessats podran exigir el corresponent rebut; s'admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de presentació.
Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requerirà l'interessat perquè en un termini de 10 dies (o com a màxim fins que expiri el termini per formular la petició, segons el que disposi l'ordenança particular del tribut o preu públic de què es tracti), esmeni les anomalies, i se li indicarà que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició i s'arxivarà sense més tràmit l'expedient.
Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a la continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de 3 mesos sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'administració es produirà la caducitat de l'expedient, de la qual cosa s'advertirà l'interessat. Produïda la caducitat, no caldrà que l'Administració resolgui totes les qüestions plantejades als procediments de gestió.
Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s'han de complimentar per part dels interessats hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la notificació del corresponent acte. Cas contrari se'ls entendrà decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent, continuant el procediment.
S'ordenarà l'acumulació de procediments que entre sí guardin una identitat substancial o íntima connexió.
En la resolució d'expedients de naturalesa homogènia, s'observarà l'ordre rigorós d'incoació.
Es podran establir pactes que impliquin l'acabament convencional del procediment.
Els procediments que es tramitin i acabin en suport informàtic garantiran l'exercici de la competència de l'òrgan que l'exerceix. Quan resulti convenient, es definirà i aprovarà l'expedient informàtic, les característiques dels qual seran publicades.
Els documents emesos per l'Ajuntament per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, o els que s'emetin com còpia d'originals emmagatzemats per aquests mitjans, gaudiran de la validesa i eficàcia del document original, sempre que concorrin els requisits exigits per la LPACAP.
Els escrits d'al·legacions, recursos o altre contingut administratiu que es presentin a les oficines de l'ORGT, relatius a ingressos quina gestió li hagi estat delegada podran remetre's des del registre receptor a l'Ajuntament mitjançant imatge escanejada i degudament compulsada de la integritat del document. Concorrent les condicions de validesa del document electrònic per produir els mateixos efectes que el document manuscrit no caldrà remetre els documents originals en suport paper.

Article 12. Obligació de resoldre. Silenci administratiu.

L'Ajuntament o l'ORGT, per delegació, estan obligats a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els procediments tributaris. S'exceptua aquest deure de resoldre expressament en els casos següents:

En els procediments relatius a l'exercici de deures que només han de ser objecte de comunicació.
Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l'objecte del procediment, la renúncia o el desistiment dels interessats, salvat que, en aquests supòsits l'interessat sol·liciti expressament que resolgui.

El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la normativa disposi un termini diferent.
Quan no hagi recaigut resolució dins de termini, s'entendrà desestimada la sol·licitud en els supòsits següents:

Resolució del recurs de reposició previ al contenciós administratiu o a l'econòmic administratiu davant els actes dictats en matèria de gestió d'ingressos de dret públic locals (un mes).
Procediment per a la concessió de beneficis fiscals en els tributs locals (sis mesos).
Resolució d'altres recursos administratius diferents de l'establert a l'apartat a) d'aquest punt que es poguessin interposar.
Suspensió del procediment de gestió i/o recaptació dels ingressos de dret públic de què es tracti, quan no s'aporti garantia suficient.
Altres supòsits previstos legalment.

També s'entendrà desestimada la devolució d'ingressos indeguts en el termini de sis mesos sempre que amb anterioritat no hagi estat anul·lada la liquidació que va motivar l'ingrés.

S'entendran estimades les sol·licituds formulades pels interessats en els casos previstos a la normativa d'aplicació.

En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, el venciment del termini màxim fixat per a la resolució sense haver-se dictat i notificar acord exprés, legitima l'interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l'administració ha de dictar.
Els terminis a que fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes a l'article 26.4 de la LGT, s'estarà al que disposa la present ordenança quan a recursos administratius.

SECCIÓ III - NORMES SOBRE GESTIÓ

SUBSECCIÓ I - GESTIÓ DE TRIBUTS

Article 13. Divisió de quotes.

Quan només es conegui la identitat d'un titular es practicarà i notificaran les liquidacions tributàries a nom d'aquest, que vindrà obligat a satisfer-les si no sol·licita la seva divisió. A aquest efecte, per a que procedeixi la divisió serà indispensable que el sol·licitant faciliti les dades personals i el domicili dels restants obligats al pagament, així com al proporció en que cadascun d'ells participi en el domini o dret tramès.

En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota en el supòsit de règim matrimonial de comunitat de guanys.

CAPÍTOL I – TRIBUTS DE VENCIMENT PERIÒDIC

Article 14. Tributs de venciment periòdic.

En la gestió dels tributs de venciment periòdic s'aplicaran les prescripcions contingudes en les seves ordenances fiscals específiques.
A les actuacions que, en relació a aquests tributs, dugui a terme l'ORGT se'ls aplicarà també el que preveu la seva Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
Els padrons fiscals es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, al qual s'incorporaran les modificacions derivades de la variació de tarifes o quotes aprovades a les corresponents ordenances fiscals particulars i també totes aquelles altres incidències que escaiguin i siguin conseqüència de fets o actes coneguts per l'Ajuntament o l'ORGT.
Les variacions tindran efectivitat des del primer dia de l'any següent, i es poden incorporar en el padró corresponent a aquest període si no n'ha derivat modificació de la base imposable.
Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin coincidents, es podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un rebut únic en el que constaran degudament separats els conceptes d'ingrés.
No caldrà procedir a la notificació individualitzada de les variacions esmentades en el present article ni de les modificacions originades o procedents d'una llei o norma estatal o autonòmica d'aplicació general i obligatòria.
S'estableix una exempció automàtica de caràcter objectiu quan la quota líquida abans de la divisió contemplada per l'article 35 de la LGT sigui igual o inferior a 6,00 €.

Article 15. Aprovació de padrons.

Els padrons s'elaboraran en la secció d'Informàtica de l'Ajuntament o de l'ORGT (si la gestió del tribut està delegada), i seran verificats pels tècnics competents de Gestió Tributària.
L'aprovació dels padrons és competència de l'alcalde, salvat dels supòsits en que se n'hagi delegat la gestió en l'ORGT, en els quals l'aprovació correspondrà a aquest organisme, que en remetrà a l'Ajuntament una còpia de l'aprovació amb la diligència corresponent, a l'efecte del seu seguiment i comptabilització. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l'aplicació de modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o resultants de les declaracions d'alteració reglamentàries que hagi de presentar el subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 102 de la Llei general tributària i disposició addicional 14 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El termini d'exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir de 10 dies abans del primer dia d'inici del període de cobrament en voluntària. Aquest tràmit d'informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província.
Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades podrà interposar-se recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització d'aquest termini d'exposició.

Article 16. Calendari fiscal.

El calendari fiscal conté els períodes de pagament dels tributs de caràcter periòdic.
L'alcalde és l'òrgan competent per a l'aprovació del calendari fiscal, salvat dels supòsits de tributs de gestió delegada, en els quals l'aprovació competirà a l'ORGT.
El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes i en el web de l'Ajuntament.
Quan es tracti d'ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l'ORGT l'aprovació i la publicació del calendari fiscal en el BOP i també en la seva seu electrònica. La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà possible al llarg de tot l'exercici, mitjançant accés a la seu electrònica de l'ORGT.

Article 17. Anuncis de cobrament.

L'anunci del calendari fiscal regulat a l'article anterior podrà complir, a mes de la funció de donar a conèixer l'exposició publica de padrons, la funció de publicar l'anunci de cobrament a que es refereix el Reglament General de Recaptació.

Perquè es compleixi aquesta finalitat hauran de constar-hi també els extrems següents:

Mitjans de pagament:

- Amb caràcter general, domiciliació bancària.

- Diners de curs legal o xec nominatiu a favor de l'ORGT.

- Mitjançant el document remes als subjectes passius, provist de codi de barres, en els caixers habilitats a aquest efecte.

- Per Internet, utilitzant targeta de crèdit o be ordenant el càrrec en compte bancari.

- Per telèfon, trucant al Centre d'Atenció Telefònica de l'ORGT.

L'ordenació del càrrec en compte bancari es podrà fer:

- Mitjançant accés a la passarel·la de pagaments telemàtics quan es disposi de certificat digital d'identificació.

- Conforme les instruccions especifiques de banca electrònica de cada entitat financera.

Llocs de pagament:

A les entitats col·laboradores que figuren en el document de pagament o, excepcionalment, a les oficines de l'ORGT. La seu electrònica de l'ORGT, l'adreça de la qual es http://orgt.diba.cat, facilita la realització de pagaments per Internet.

Dies i hores d'ingrés:

A les oficines bancàries, dins l'horari comercial habitual. A la seu electrònica, a qualsevol dia i hora.

< >Article 18. Liquidacions/autoliquidacions.

En relació amb els tributs de cobrament periòdic, es practicarà una liquidació/autoliquidació en aquests supòsits:
- Quan per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que puguin originar l'obligació de contribuir.
- Quan l'Ajuntament o l'ORGT tinguin coneixement per primera vegada de l'existència del fet imposable, malgrat que s'hagi acreditat amb anterioritat el tribut, i sens perjudici de les sancions que poguessin correspondre.
- Quan s'hagin produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les aprovades amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i de la variació dels tipus impositius recollida a les ordenances fiscals.

Quant a l'aprovació i la notificació de les liquidacions/autoliquidacions a què es refereix aquest article, serà d'aplicació el règim general regulat en el següent capítol.
Un cop notificada l'alta en el padró corresponent, les successives notificacions es duran a terme de manera col·lectiva mitjançant edicte.

CAPÍTOL II – TRIBUTS DE VENCIMENT NO PERIÒDIC

Article 19. Liquidacions.

En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions d'ingrés directe quan, no havent-se establert l'autoliquidació, l'Ajuntament o l'ORGT tinguin coneixement de l'existència del fet imposable.
L'aprovació de liquidacions practicades és competència de l'alcalde, salvat dels supòsits de tributs de gestió delegada, en els quals correspon dur a terme l'aprovació a l'ORGT, que remetrà a l'Ajuntament la relació de liquidacions aprovades, amb la diligència corresponent, als efectes del seu seguiment i comptabilització.
Les liquidacions són competència i responsabilitat de les diferents àrees gestores dels tributs o altres ingressos de dret públic que corresponguin, sens perjudici de la funció fiscalitzadora a què estan sotmeses com tots els ingressos.
L'Ajuntament o, per delegació, l'ORGT, podran dictar liquidacions provisionals d'ofici quan els elements de prova de que disposin posin de manifest la realització del fet imposable o l'existència d'elements tributaris diferents als declarats.
Salvat que algun òrgan de govern dicti una ordre expressa en sentit contrari, per raons de cost i eficàcia i per economia processal, no es practicaran liquidacions complementàries quan resultin quotes inferiors a 6,00 €. Aquest mínim no afectarà als supòsits de divisió de rebuts.

Article 20. Autoliquidacions.

En els termes i supòsits establerts a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels respectius tipus impositius l'Ajuntament o, per delegació, l'ORGT, podran practicar autoliquidacions.
Les autoliquidacions són competència i responsabilitat de les diferents àrees gestores dels tributs o altres ingressos de dret pública que corresponguin, sens perjudici de la funció fiscalitzadora a què estan sotmeses com tots els ingressos. La ratificació d'autoliquidacions practicades és competència de l'alcalde, salvat dels supòsits de tributs de gestió delegada, en els quals la competència és de l'ORGT, que remetrà a l'Ajuntament la relació d'autoliquidacions ratificades, amb la diligència corresponent, als efectes del seu seguiment i comptabilització.
Quan es detectin errades en les autoliquidacions presentades es procedirà de la manera següent:

Si s'ha practicat autoliquidació per import duplicat o excessiu, i se n'ha efectuat el corresponent ingrés, s'estarà al determinat per aquesta ordenança (articles 34 i ss).
Si s'ha practicat l'autoliquidació per import menor, es practicarà liquidació complementària, d'acord amb el disposat per l'article anterior

Article 21. Presentació de declaracions.

L'Ajuntament, conjuntament amb l'ORGT establirà els circuits per a conèixer l'existència de fets imposables que originen l'acreditament dels tributs municipals.
Sens perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a presentar les declaracions previstes legalment.
La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries perquè l'Ajuntament pugui practicar la liquidació d'aquells tributs que no s'exigeixen pel procediment d'autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que l'interessat regularitzi la seva situació sense requeriment de l'Administració.
La infracció tributària prevista a l'apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, conforme l'establert per la LGT i aquesta mateixa ordenança.

CAPÍTOL III - NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES

Article 22. Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació.

Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.
Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir i comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat.
La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l'acte notificat.
La pràctica de notificacions s'ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària i per la normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà constar aquesta circumstància en l'expedient, junt amb el dia i hora en que es va intentar la notificació, intent que s'haurà de repetir per una sola vegada i en un hora diferent dins dels tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s'hagi realitzat abans de les quinze hores, el segon intent s'haurà de realitzar desprès de les quinze hores i a l'inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós intents.
Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran practicades en el moment en que es produeixi l'accés al seu contingut. La notificació s'entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'hagi accedit al seu contingut.
Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l'interessat o el seu representant amb l'objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí oficial de l'Estat. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s'ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci al BOE. Quan transcorregut el termini indicat no s'hagués comparegut, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.
La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 3, 4, 5 i 6.
Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, s'hi practicaran segons allò previst a la seva Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics, l'Ajuntament enviarà un avis al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic del contribuent, informant-li de la posada a disposició d'una notificació en la seu electrònica de l'Ajuntament.
Quan l'interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d'entendre's notificada.
Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances Fiscals, no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els supòsits establerts a l'apartat 3 de l'article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 23. Notificació de les liquidacions per tributs de venciment periòdic.

Les quotes i els altres elements tributaris quan no constitueixin altes en els respectius registres, sinó que facin referència a un fet imposable ja notificat individualment al subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 102 de la LGT.
La notificació col·lectiva a què es refereix l'apartat anterior afecta les liquidacions incloses en els padrons de tributs i preus públics de venciment periòdic.
L'exposició pública dels padrons regulada per la present ordenança constitueix el mitjà pel qual l'ORGT, per delegació de l'Ajuntament, realitzarà la notificació col·lectiva de les corresponents liquidacions i rebuts.

Article 24. Publicacions oficials preceptives.

Als efectes de practicar les notificacions col·lectives a què es refereix l'article anterior, s'anunciarà als llocs preceptius l'exposició pública dels padrons.
Respecte a les notificacions de les liquidacions d'ingrés directe, en cas de resultar infructuosos els intents de lliurament personal de la notificació, se citarà l'interessat o el seu representant amb l'objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per a cadascú dels interessats, als llocs preceptius. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s'ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la compareixença es produirà en el termini de quinze dies, a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci al BOP. Quan transcorregut el termini indicat no s'hagués comparegut, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.
De les actuacions realitzades conforme al que s'ha assenyalat anteriorment, n'haurà de restar constància en l'expedient, a més de qualsevol circumstància que hagués impedit el lliurament en el domicili designat per a la notificació.
En els supòsits de publicacions d'actes que continguin elements comuns, es publicaran de forma conjunta els aspectes coincidents, i s'especificaran només els aspectes individuals de cada acte.
Les notificacions anteriors es publicaran, així mateix, en els taulers d'edictes de l'Ajuntament o, si escau, de les oficines de l'ORGT corresponents a l'últim domicili conegut del deutor.

CAPÍTOL IV - CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS

Article 25. Sol·licitud.

Correspondrà a l'alcalde o regidor en qui delegui la concessió o denegació de beneficis fiscals, salvat dels supòsits de tributs de gestió delegada en l'ORGT, en els quals correspondrà al dit organisme, o els supòsits en què l'ordenança específica d'un tribut contempli que la competència correspon a un altre òrgan de govern.
Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats, mitjançant instància dirigida a l'alcalde, o a l'ORGT, pels tributs delegats. La sol·licitud es formularà d'acord amb els requisits i en els terminis fixats legalment o en les ordenances fiscals corresponents.

No caldrà que l'interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l'Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades reclamades. Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada pels interessats, excepte que consti en el procediment la seva oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés, havent-se en amdós casos, d'informar a l'interessat prèviament dels seus drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si l'Administració gestora del tribut no pot obtenir els esmentats documents, podrà sol.licitar novament a l'interessat la seva aportació.

Amb caràcter general, i excepte en els supòsits que la llei o l'ordenança fiscal estableixin previsió contrària, els beneficis fiscals s'aplicaran a totes les liquidacions afectades que no hagin adquirit fermesa al moment de la concessió, sempre que els requisits del benefici concorrin en la data d'acreditament del tribut. Els beneficis fiscals no tindran efectes retroactius, salvat que en l'ordenança particular dels diferents tributs es reguli d'altra forma.
L'Ajuntament o, en tributs delegats, l'ORGT, establiran els mecanismes adequats per al control de la caducitat dels beneficis fiscals quan hagi arribat el termini de gaudiment.
Per als supòsits de beneficis fiscals de tracte successiu, sempre que es mantinguin les condicions i/o requisits exigibles, el beneficiari només caldrà que formuli la sol·licitud la primera vegada, aplicant-se pels anys posteriors d'ofici mentre no desaparegui el supòsit de fet que l'emparava.
En tot cas, el beneficiari estarà obligat a comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificacions o alteracions que es produeixin respecte als requisits exigits. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, es practicarà al beneficiari liquidació/autoliquidació per l'import beneficiat incorrectament més els interessos que legalment corresponguin i l'Ajuntament incoarà l'expedient sancionador pertinent. A tal efecte s'estarà a la regulació continguda en aquesta pròpia ordenança, la Llei General Tributària i altra normativa d'aplicació.
No s'admetrà l'analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l'àmbit del fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris. La concessió, denegació o pròrroga d'exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions i altres beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos per la Llei o els derivats de l'aplicació de Tractats Internacionals.
L'acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s'adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d'aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s'entendrà desestimada.
Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament beneficis fiscals mitjançant omissió de dades rellevants o inclusió de dades falses.
Per gaudir de beneficis fiscals establerts a les Ordenances Fiscals municipals que tinguin caràcter potestatiu és condició indispensable no tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de dret privat (es considera que no es tenen deutes pendents quan aquests deutes es trobin en via voluntària de cobrament o quan es trobin en via executiva si es tracta de deutes ajornats, fraccionats o l'execució dels quals estigui suspesa). Romandran exclosos d'aquest requisit els supòsits degudament justificats per part de Serveis Socials, a través de l'informe pertinent.

Article 26. Tramitació.

Les sol·licituds de beneficis fiscals, seran analitzades per la unitat de gestió de tributs de l'Ajuntament, o pel servei corresponent de l'ORGT en els tributs de gestió delegada, que formularà proposta de resolució.
L'acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s'adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d'aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s'entendrà desestimada.
Quan es tracti de beneficis fiscals que han d'atorgar-se d'ofici, s'aplicaran en el moment de practicar la liquidació, sempre que la unitat gestora disposi de la informació acreditativa dels requisits exigits per al seu gaudiment. No és necessari efectuar l'aprovació d'aquestes concessions d'ofici.

CAPÍTOL V - PROCEDIMENT DE REVISIÓ

Article 27. Normes generals.

La revisió i la declaració de nul·litat dels actes dictats en matèria de gestió tributària i recaptadora es duran a terme de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.
No seran en cap cas revisables els actes administratius confirmats per sentència judicial ferma.
La rectificació d'errors materials i de fet es portarà a terme de conformitat amb allò establert en l'article 220 de la LGT i l'article 13 del RD 520/2005, que aprova el Reglament General de la LGT, en matèria de revisió en via administrativa.

Article 28. Recursos administratius.

Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només podrà interposar-se recurs de reposició davant l'òrgan que dictà l'acte administratiu que es reclama, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la notificació de l'acte.

En els deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició es computarà a partir del dia següent al de finalització del període voluntari de pagament.

El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d'un mes comptat des de la data d'interposició.
Als efectes de la no exigència d'interessos de demora a que fan referència l'article 26.4 de la LGT, s'entendrà que l'Ajuntament ha incomplert el termini màxim de resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d'un any des de la seva interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s'estableix a l'empara de la disposició addicional 4a., apartat 3 de la LGT, i en paritat amb el que preveu dita llei per a la resolució de les resolucions economicoadministratives.
Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els terminis següents:

Si la resolució ha estat expressa: En el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de la notificació de l'acord resolutori del recurs del reposició.
Si no hi hagués resolució expressa: En el termini de 6 mesos comptats des del dia següent a aquell en que hagi d'entendre's desestimat el recurs de reposició.

El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra l'aprovació o la modificació de les ordenances fiscals serà de 2 mesos comptats des del dia següent a la data de publicació de la seva aprovació definitiva.
Per a l'admissió i tramitació de recursos de reposició, així com per al còmput de terminis respecte a la interposició d'altres recursos, s'estarà al que disposen el capítol III del Títol V de la LGT i el Títol III del RD 520/2005, que aprova el Reglament General de la LGT, en matèria de revisió en via administrativa.

Article 29. Revisió d'ofici.

El Ple de l'Ajuntament podrà declarar, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes dictats per l'Ajuntament en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes establerts a l'article 217 de la LGT.
El procediment de nul·litat a què es refereix l'apartat anterior podrà iniciar-se per acord de l'òrgan que dictà l'acte o a instància de l'interessat. S'haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer drets l'acte que es pretén anul·lar.

Article 30. Declaració de lesivitat.

En altres casos, diferents del previst a l'article anterior i dels que es refereix l'article 220 de la LGT, l'Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si els declara lesius per a l'interès públic.
La declaració de lesivitat correspon al Ple de l'Ajuntament o a l'òrgan competent de l'ORGT, pels supòsits de delegació.
En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s'haurà d'interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.

Article 31. Revocació d'actes i rectificació d'errors.

L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s'estimi que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s'hagi produït indefensió als interessats.

El procediment de revocació s'iniciarà exclusivament d'ofici, sens perjudici que els interessats puguin promoure la seva iniciació per l'Ajuntament, mitjançant un escrit que dirigiran a l'òrgan que va dictar l'acte.

Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des de que es va dictar l'acte objecte de rectificació.

Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei competent formularà proposta d'acord rectificador, que, haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació.

CAPÍTOL VI - SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT

Article 32. Suspensió de la interposició de recursos.

La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció administrativa per al cobrament llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en que es procedeixi a l'execució. Amb el reintegrament del cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, s'abonarà l'interès legal vigent que s'hagi meritat des de la data acredita en què s'haguès incorregut en els costos esmentats fins la data en què s'ordeni el pagament.
Sens perjudici del que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el recurs podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte recorregut, sense prestació de garantia, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació.
Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.
Que s'apreciï que al dictar l'acte impugnat s'ha pogut incórrer en error aritmètic, material o de fet.
Tractant-se de sancions, la seva execució quedarà automàticament en suspens fins que siguin fermes en via administrativa.

Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en el mateix període, en els termes següents:

Si la resolució es notifica entre els dies 1 i 15 de cada mes: poden ser pagades sense cap recàrrec fins el dia 20 del mes posterior.
Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes: poden ser pagades sense cap recàrrec fins el dia 5 del segon mes posterior.

Quan de la resolució del recurs es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el deute resultant podrà ser abonat en els mateixos terminis establerts en el punt anterior.
Quan l'Ajuntament o l'ORGT tinguin coneixement de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu, hauran de notificar el deute resultant i concedir període per efectuar el pagament sense recàrrec, determinat segons el que es preveu al punt 3. Si el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament de l'import del dit deute més els interessos de demora acreditats durant el temps de suspensió.
Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran o, si s'escau, continuaran les actuacions del procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la garantia aportada es mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de garantia per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment mentre conservi la vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es continuarà o suspendrà a resultes de la decisió que adopti l'òrgan judicial.
Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només elements tributaris clarament individualitzables, la incidència dels quals en la determinació del deute tributari resulti quantificable. En aquest cas, l'import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.

Article 33. Altres supòsits de suspensió.

Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan s'hagi sol·licitat ajornament/fraccionament dels deutes, o s'hagi interposat terceria de domini.
Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència d'alguna de les circumstàncies següents:
Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.
Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.
Quan concorrin circumstàncies excepcionals diferents de les previstes a l'apartat anterior, prèvia proposta justificada de paralització del procediment per part de la corresponent unitat administrativa gestora del tribut o ingrés de què es tracti.
Les sancions se suspendran quan es presenti recurs i no es podran executar fins que no siguin fermes en via administrativa.
No obstant el previst en apartats anteriors, el tresorer de l'Ajuntament podrà acordar la suspensió pel procediment recaptador de tots els deutes de dret públic municipal liquidats per la pròpia entitat local, a proposta de la UI gestora, quan sigui necessari procedir a la seva revisió d'ofici amb caràcter previ a la iniciació dels tràmits reglamentaris per a la seva execució forçosa o quan iniciada aquesta, es consideri convenient la seva paralització per no ocasionar un perjudici de difícil o impossible reparació. Aquesta suspensió serà aixecada pel propi tresorer, a proposta de l'òrgan de gestió, un cop revisats els motius que van aconsellar la seva adopció. Si es considera que el deute ha de causar baixa es procedirà a la seva anul·lació. Els acords de suspensió i aixecament posteriors seran comunicats a l'ORGT, als efectes oportuns.
Tenint en compte la delegació de la recaptació de l'Ajuntament en l'ORGT de la Diputació de Barcelona, correspondrà a aquest resoldre sobre la suspensió pels motius indicats.

Article 34. Alienació de béns i drets embargats.

No es podrà procedir a l'alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment de constrenyiment fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferm, en via administrativa i judicial.
Es fa excepció del que s'ha previst al punt anterior en els supòsits de força major, béns peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent sol·liciti de forma expressa la seva alienació.

Article 35. Garanties.

La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent quantia, que generi la suspensió i els recàrrecs que procedirien en cas d'execució de la garantia.

Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota inicialment liquidada) més els interessos de demora.
Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent en el moment de sol·licitar la suspensió (principal+recàrrec+interessos de demora acreditats) més els interessos que puguin generar-se fins la data de pagament.

Els mitjans de garantia acceptats seran, per ordre, els següents:

Diner en efectiu, que podrà dipositar-se a la Caixa General de Dipòsit, a la Caixa Municipal o la Tresoreria de l'ORGT.
Aval prestat per entitat bancària o creditícia qualificada.
Altres mitjans que es considerin suficients per part dels Serveis Econòmics, quan es provi la dificultat per atorgar aval.

En casos molt qualificats i excepcionals podrà acordar-se, a instància de part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.
Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d'ajornaments i fraccionaments de pagament, serà d'aplicació el que preveu específicament aquesta Ordenança.

CAPÍTOL VII - DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS

Article 36. Iniciació de l'expedient.

Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute, excepte quan el funcionari pugui comprova informàticament la realització de l'ingrés i la no devolució posterior.
No obstant el que es disposa al punt anterior, podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents:

Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada per qualsevol dels motius i els procediments regulats en el capítol V.
Quan s'hagi produït una duplicitat verificada del pagament.

La sol·licitud es presentarà davant de l'ORGT, com a ens delegat de l'Ajuntament en matèria de recaptació. Tanmateix no caldrà l'aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris que han de tramitar l'expedient puguin consultar telemàticament l'efectivitat del pagament.

Article 37. Tramitació de l'expedient.

Si la resolució de l'expedient exigís la prèvia resolució de la reclamació interposada contra una liquidació resultant d'elements tributaris fixats per una altra administració, s'efectuarà la remissió de la documentació que consideri suficient a l'òrgan competent, de la qual cosa es donarà coneixement a l'interessat.
Quan el dret a la devolució neixi com a conseqüència de la resolució d'un recurs o de l'anul·lació o revisió d'actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement d'aquell dret correspon al mateix òrgan que hagi aprovat l'acte administratiu que l'origina.
El pagament s'efectuarà, amb caràcter general, mitjançant transferència bancària al compte designat per l'interessat.
En tot cas s'estarà al que al respecte disposa el Títol II Capítol V del RD 520/2005, que aprova el Reglament General de la LGT, en matèria de revisió en via administrativa.

Article 38. Quantia de la devolució.

No es practicaran devolucions d'ofici per cap concepte d'ingrés de dret públic quan la quantia de la devolució sigui igual o inferior a 6,00 €.
Quan es dicti acte administratiu d'anul·lació, total o parcial, d'una liquidació que havia estat ingressada, es reconeixerà d'ofici el dret de l'interessat a percebre interessos de demora. La base de càlcul serà l'import ingressat indegudament; consegüentment, en supòsits d'anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s'acreditaran en raó a la part de liquidació anul·lada.
El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del dia en què es va fer l'ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament d'acord amb el que preveu l'article 22,b) del Reial Decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es regula el procediment per a la realització de devolució d'ingressos indeguts.
El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la devolució.

Respecte als tipus d'interès, s'aplicarà el vigent al llarg del període segons el que preveu l'article 26.6 de la Llei General Tributària. Consegüentment, si s'hagués modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d'interès de demora fixat per a l'exercici per la Llei de pressupostos de l'Estat.

En particular, i als efectes del que s'estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei General Tributària, tenen la condició d'ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d'aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència el Cadastre, segons la Llei reguladora del Cadastre Immobiliari.

Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s'anul·li per un procediment de rectificació d'errades materials, es retornarà l'import ingressat incrementat amb els corresponents interessos de demora.

Article 39. Tipus d'interès aplicables.

Ingressos realitzats abans del dia 19 de març de 1998:

Des del dia de l'ingrés fins al 18-3-1998: El tipus d'interès legal vigent el dia de l'ingrés.
Des del 19-3-1998 fins a la data de la proposta de pagament: El tipus d'interès de demora vigent al llarg del període segons el que preveu l'article 26.6 de la LGT. Consegüentment, si s'hagués modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d'interès de demora fixat per a l'exercici de la Llei de Pressupostos de l'Estat.

Ingressos realitzats després del dia 19 de març de 1998:

Des del dia de l'ingrés fins a la data de la proposta de pagament: el tipus d'interès de demora vigent al llarg del període, aplicat en la forma expressada al punt 1 (darrer paràgraf).

Quan es declari l'ingrés indegut pel concepte de recàrrec de constrenyiment bé perquè s'ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no resultava procedent exigir el recàrrec, es tornarà el recàrrec i es liquidaran interessos de demora sobre aqueixa quantia.

Article 40. Reintegrament d'ingressos deguts:

Quan s'hagi d'abonar a l'interessat una quantitat per reintegrar el pagament que va fer per un concepte degut, no s'abonaran interessos de demora.
Indicativament, s'assenyalen els casos següents d'ingressos deguts:

Devolucions parcials de la quota satisfeta pels impostos que tinguin establert el prorrateig de les quotes anuals.
Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter pregat, quan s'hagi ingressat la quota.

En els supòsits en què s'hagi presentat autoliquidació i s'hagi ingressat un import excessiu, s'ordenarà d'ofici la devolució corresponent.

Article 41. Reintegrament del cost de les garanties.

Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, s'iniciaran a instància de l'interessat.
Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre's adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, si escau, el reintegrament que correspongui, seran les següents:

Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número d'identificació fiscal, i domicili de l'interessat.
Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent totalment o parcialment l'acte administratiu impugnat l'execució del qual es va suspendre, així com testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d'aquella.
Import al qual va ascendir el cost de les garanties el reintegrament de les quals se sol·licita, aportant com a documents acreditatius en el supòsit d'avals atorgats per entitats de dipòsit o societats de garantia recíproca, certificació de l'entitat avaladora de les comissions efectivament percebudes per la formalització i el manteniment de l'aval.
Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d'efectuar-se el reintegrament, podent optar per transferència bancària o compensació en els termes previstos en el RGR.

Si l'escrit d'iniciació no reunís les dades expressades o no portés adjunta la documentació necessària, es requerirà l'interessat perquè ho esmeni en un termini de 10 dies.
Quan la proposta de resolució estableixi una quantia a pagar diferent a la sol·licitada per l'interessat, se li haurà de concedir audiència.
Vistes les possibles al·legacions i comprovat que els beneficiaris no són deutors a la hisenda municipal per deutes en període executiu es dictarà el corresponent acord administratiu, a partir de la proposta de devolució formulada. Si es comprova l'existència de deutes en període executiu del titular del dret de reintegrament, es procedirà a la compensació d'ofici o a l'embargament del dret al reintegrament reconegut al contribuent.
A efectes de procedir al seu reembossament, el cost de les garanties es determinarà de la següent forma:

En els avals: Les quantitats efectivament satisfetes a l'entitat de crèdit en concepte de comissions i despeses per formalització, manteniment i cancel·lació de l'aval, acreditades fins als trenta dies següents a la notificació a l'interessat de la corresponent resolució i sentència.
En les hipoteques i penyora: Les despeses derivades de la intervenció de fedatari públic, despeses registrals, impostos derivats directament de la constitució de la garantia i, si s'escau, de la cancel·lació, i despeses derivades de la taxació o valoració dels béns oferts en garantia.
En els dipòsits en diner efectiu: L'interès legal corresponent a les quantitats dipositades fins als trenta dies següents a la notificació a l'interessat de la corresponent resolució o sentència.

SUBSECCIÓ II - GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS

CAPÍTOL I - PREUS PÚBLICS

Article 42. Recaptació dels preus públics.

Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les dues condicions següents:

La recepció del servei és voluntària per a l'interessat, perquè no resulta imprescindible per a la seva vida privada o social.
El servei el presta efectivament el sector privat, dins del terme municipal propi de l'Ajuntament que exigeix el preu.

En l'àmbit i amb l'abast de la corresponent delegació, l'ORGT recaptarà els preus públics, salvat dels supòsits en els què l'Ajuntament efectuïn el cobrament a través de remeses de rebuts a carregar en el compte dels obligats al pagament del preu.

CAPÍTOL II - MULTES DE CIRCULACIÓ

Article 43. Gestió de les multes.

Amb caràcter general, en la gestió de multes s'estarà al disposat per l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), salvat el que es pugui disposar de manera específica en aquesta mateixa ordenança o en les específiques.

CAPÍTOL III - ALTRES CRÈDITS

Article 44. Altres crèdits no tributaris.

Els crèdits de dret públic diferents dels regulats en els capítols anteriors, de titularitat municipal (o ens urbanístic col·laborador) seran recaptats també per l'ORGT d'acord amb el conveni corresponent de delegació firmat entre ambdós organismes.

En allò no previst específicament per aquests tipus de crèdits s'estarà al regulat en aquesta ordenança per l'àmbit tributari.

Article 45. Multes de disciplina urbanística.

Les multes que s'imposin per infracció del que disposa la legislació urbanística o les ordenances de Policia municipal, s'exaccionaran pel procediment recaptador general regulat per aquesta Ordenança.
Quant a terminis de prescripció, el general és d'un any, si bé caldrà ajustar-se al que resulti d'aplicació segons la normativa específica de cada concepte.

SECCIÓ IV - RECAPTACIÓ

SUBSECCIÓ I - ORGANITZACIÓ

Article 46. Gestió de la recaptació.

Amb caràcter general, en la gestió de la recaptació s'estarà al disposat per l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), salvat el que es pugui disposar de manera específica en aquesta mateixa ordenança o en les específiques.

Article 47. Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d'altres :
a) Subjectes passius dels tribus, siguin contribuents o substituts.
b) Els successors.
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries.
Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran obligats al pagament els subjectes següents :
a) Els responsables solidaris.
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
L'ORGT podrà demanar la col·laboració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan no s'hagi pogut recaptar els deutes per no conèixer l'existència de béns embargables situats dins l'àmbit de la província de Barcelona.

Article 48. Responsables solidaris i subsidiaris.

En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se'n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament.
Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats :
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d'una infracció tributària. La seva responsabilitat s'estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d'explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l'anterior titular i derivades del seu exercici.

S'exceptuen de responsabilitat :

Les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
Les adquisicions d'elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, realitzades per a una o diverses persones o entitat, permetin continuar l'explotació o activitat.

Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, fins l'import del valor dels béns o drets que s'haguessin pogut embargar o alienar, les següents persones i entitats :
a) Les que siguin causants o col·laborin en l'ocultació o transmissió de béns o drets de l'obligat al pagament amb la finalitat d'impedir l'actuació de l'Administració tributària.
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d'embargament.
c) Les que, amb coneixement de l'embargament, la mesura cautelar o la constitució de la garantia, col·laborin o consentin en l'aixecament dels béns o drets embargats o d'aquells béns o drets sobre els que s'hagués constituït la mesura cautelar o la garantía.
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació de l'embargament, col·laborin o consentin en l'aixecament d'aquets.
Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s'ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de la manca de pagament.

c)Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.

La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal d'exigir als responsables determinats en aquets article, i en els següents, al pagament dels tributs, es tramitaran per l'ORGT, quan es tracti d'ingressos la recaptació dels quals s'ha delegat en la Diputació.

Article 49. Successors en els deutes tributaris.

A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l'adquisició de l'herència.

Podran transmetre's els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.

No es transmetran les sancions.

Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents :
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
b) Quan legalment s'hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos anys anteriors a la data de dissolució que minorin el patrimoni social que hagués hagut de respondre d'aquestes obligacions.

Podran transmetre's els deutes acreditats en la data d'extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb personalitat jurídica, en supòsits d'extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l'operació. Aqueta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l'actitu i passiu d'una societat mercantil o d'una entitat amb personalitat jurídica.
Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s'exigiran als successors d'aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.

Article 50. Prescripció.

Prescriuran als quatre anys :
a) El dret de l'Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l'oportuna liquidació.
b) L'acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
c) L'acció per imposar sancions tributàries.
d) El dret a la devolució d'ingressos i el reembossament del cost de les garanties.
La prescripció establerta a l'apartat anterior no afectarà al dret de l'Administració per a realitzar comprovacions i investigacions conforme al disposat a l'article 115 de la LGT, llevat de l'establert a l'apartat segon de l'article 66 del mateix text normatiu.

3 El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la normativa particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés.

4 El termini de prescripció s'interromprà en els casos i termes previstos a l'article 68 de la Llei General Tributària.

5 Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració.

Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.

6 La prescripció guanyada extingeix el deute.

Article 51. Compensació.

Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per part d'aquell i a favor del deutor.
Es compensaran d'ofici durant el període d'ingrés en període voluntari les quantitats a ingressar i a retornar que resultin de l'execució de la resolució a què fa referència l'article 225.3 de la LGT.

3 Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el deutor.

4 Quan els deutes es trobin en període executiu, l'alcalde pot ordenar la compensació, que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor.

Article 52. Situació d'insolvència.

Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables.
Quan el procediment recaptatori s'hagi tramitat per l'ORGT, correspondrà al mateix formular proposta de crèdits incobrables, d'acord amb els criteris reflectits en la seva Ordenança General.
L'aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l'Ajuntament.

Quan es tracti d'ingressos de dret públic recaptats per l'ORGT, aquesta competència pot ser delegada en l'Organisme gestor.

Quan s'hagi delegat en l'ORGT la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. En tot cas, restaran a disposició de l'Ajuntament les justificacions (en paper o electròniques) de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del crèdit.
En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s'hagi delegat la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s'adoptarà el corresponent acord quan :
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100,00 € i hagi estat infructuós l'embarg de fons.
b) L'import del deute sigui superior a 100,00 € i inferior a 1.000,00 € i hagin estat infructuosos els intents d'embarg de fons, de crèdits, valors i drets realitzables a curt termini (quan l'import del deute sigui igual o inferior a 300,00€) i de salaris.
c) Essent l'import del deute igual o superior a 1.000,00 €, no hagin tingut resultat positiu les actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles.

Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables en els expedients de recaptació de multes de trànsit, l'ORGT elevarà proposta a l'Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats des de l'entrada de la proposta en el Registre Municipal, l'Ajuntament no formulés cap objecció, l'ORGT, atesa la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es datarà dels expedients, remetent a l'Ajuntament el conjunt d'actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas.

Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini.

Article 53. Execució forçosa.

Amb caràcter general i a l'efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l'import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l'execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 500,00 €, per l'òrgan responsable de la recaptació només s'ordenaran les actuacions d'embarg següents :
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100,00 €:

- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.

b) Deutes de quantia superior a 100,00 € i inferior a 1.000,00 €.

- Embarg de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.

- Crèdits, valors i drets realitzables a l'acte, o a curt termini.

- Sous, salaris i pensions.

Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots els deutes d'un contribuent que resten pendents de pagament.
Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d'embarg referides al punt 1 sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes de trànsit, s'aplicarà el previst a l'apartat 4 de l'article anterior.
Quan la quantia total del deute d'un contribuent sigui igual o superior a 500,00 €, es podrà ordenar l'embarg dels béns i drets previstos a l'article 169 de la Llei General Tributària, preservant l'ordre establert a l'esmentat precepte.
No obstant el previst al punt 4, quan s'hagués d'embargar un bé el valor del qual és molt superior a la quantia del deute, es consultarà al tresorer de l'Ajuntament i s'actuarà tenint en compte les seves indicacions.
A sol·licitud del deutor es podrà alterar l'ordre d'embargament si els béns que designi garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers.
En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en subhasta pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, correspondrà al tresorer municipal fer la proposta a l'alcalde d'adjudicació de béns a favor de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del Reglament General de Recaptació.

Quan el procediment recaptatori s'hagi tramitat per l'ORGT, un cop ultimades les actuacions, aquest elevarà l'expedient a l'Ajuntament a fi que per part del tresorer municipal pugui formular a l'alcalde la proposta d'adjudicació de béns.

Si l'adjudicació dels béns a què es refereix l'apartat anterior no resulta d'interès per l'Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l'expedient per a quina recaptació es tramità la subhasta.

Sens perjudici de la possible rehabilitació de l'expedient cas que es modifiquessin les circumstàncies relatives al deutor i l'entorn econòmic general.

SUBSECCIÓ II - GESTIÓ RECAPTADORA

AJORNAMENTS/FRACCIONAMENTS DE LIQUIDACIONS/AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

Article 54. Abast de la concessió d'ajornaments/fraccionaments en via voluntària.

S'admetran ajornaments/fraccionaments de liquidacions/autoliquidacions tributàries o d'altres ingressos de dret públic d'acord amb els criteris d'actuació que es detallaran en el següent article.
S'exceptuen d'aquest sistema de pagament:

Deutes periòdics liquidats en format de rebut (padrons fiscals), salvat l'IBI urbana domiciliat, que es fraccionarà únicament segons el calendari fiscal anualment aprovat.
Taxa per immobilització i retirada de vehicles abandonats o estacionats de manera defectuosa o abusiva a la via pública.
Multes de circulació (se subjecten expressament a la normativa pròpia de l'ORGT).
Altres en què l'ordenança específica reguladora obligui al pagament de la taxa i/o preu públic sencer i/o en el moment de la sol.licitud de la prestació del servei/activitat i/o en el termini concret que es determini.
Liquidacions per sancions tributàries amb reducció del 25% (article 27.5 LGT).
En el cas de concurs de l'obligat tributari no es podran ajornar o fraccionar els deutes que, d'acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa.
< >

Per raons de cost i eficàcia, els deutes d'import per principal inferiors a 60,00 €.

Taxa per instal·lacions, ocupacions i aprofitament de la zona marítima terrestre,

En virtut del conveni de delegació firmat amb l'ORGT, correspondrà a aquest la tramitació d'ajornaments/fraccionaments que se sol·licitin, d'acord amb els criteris aprovats, salvat el supòsit 3.1 de l'article següent que es podrà tramitar també per part de l'Ajuntament.

Article 55. Criteris de concessió dels ajornaments/fraccionaments en via voluntària.

La sol·licitud d'ajornament/fraccionament es podrà presentar, indistintament, a l'Ajuntament o a l'ORGT. Aquesta concessió romandrà supeditada al fet de no tenir cap deute amb l'Ajuntament de Castelldefels.
La concessió de l'ajornament/fraccionament requerirà la domiciliació del pagament del deute (sencer si és ajornament o fraccions si és fraccionament) en tots els supòsits que es detallen a continuació. A tal efecte, en la sol·licitud haurà de constar l'ordre de domiciliació bancària, amb el número de compte i les dades identificatives de l'entitat de crèdit corresponent. Excepcionalment es podrà concedir l'ajornament/fraccionament sense domiciliació.
Els criteris de concessió d'ajornaments/fraccionaments són els que tot seguit s'indiquen:
1. Ajornaments i/o fraccionaments per un període igual o inferior a tres mesos:

Sol·licitud	Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'Ajuntament/ORGT. No cal justificar els motius.
Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic	Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.
Òrgan que concedeix	Ajuntament: interventor o tresorera (pot actuar per delegació el cap UI OAC). ORGT.
Discrecionalitat	No.
Import principal del deute	Qualsevol.
Interessos	No.
Garantia	No.

Ajornaments i/o fraccionaments per un període màxim de divuit mesos:

Sol·licitud	Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'Ajuntament/ORGT. Cal justificar els motius.
Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic	Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.
Òrgan que concedeix	ORGT.
Discrecionalitat	Si.
Import principal del deute	Fins a 1.500,00 €
Interessos	Sí, de demora.
Garantia	No.

3.3. Ajornaments i/o fraccionaments per un període màxim de vint-i-quatre mesos:

Sol·licitud	Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'Ajuntament/ORGT. Cal justificar els motius.
Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic	Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.
Òrgan que concedeix	ORGT.
Discrecionalitat	Si.
Import principal del deute	Fins a 5.000,00 €
Interessos	Si, de demora.
Garantia	No.

Ajornaments i/o fraccionaments per un període màxim de trenta-sis mesos:

3.4.1. Supòsit general:

Sol·licitud	Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'ORGT. Cal justificar els motius.
Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic	Tots els susceptibles d'ajornament o fraccionament segons l'article anterior, que regula l'abast.
Òrgan que concedeix	ORGT.
Discrecionalitat	Si.
Import principal del deute	A partir de 5.000,01 €
Interessos	Sí, de demora.
Garantia	Només per deutes superiors a 30.000,00€

3.4.2. Supòsit específic (només fraccionament):

Sol·licitud	Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'ORGT. No cal justificar els motius.
Tipus de tribut/altres ingressos de dret públic	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb motiu de transmissions per dacions en pagament o execucions hipotecàries .
Òrgan que concedeix	ORGT.
Discrecionalitat	No.
Quotes mínimes mensuals	100,00 €
Interessos	Sí, de demora.
Garantia	No.

Ajornaments i/o fraccionaments per un màxim de cinc anys:

Sol·licitud	Expressa, mitjançant instància/compareixença presentada a l'ORGT. Cal justificar els motius i es necessita aportar les declaracions de renda i patrimoni.
Tipus de tribut	Solament contribucions especials.
Òrgan que concedeix	ORGT, previ informe de l'Ajuntament.
Discrecionalitat	Sí.
Interessos	Sí, de demora.
Garantia	Sí.

3.6. Sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments en cas de deutes per crèdits concursals (concurs de creditors) es regiran per les regles següents:

Les sol·licituds presentades amb anterioritat a la declaració del concurs, pendents de resolució a la data de declaració del concurs, s'arxivaran per pèrdua sobrevinguda de l'objecte del procediment d'acord amb l'establert en la normativa tributària.
Les sol·licituds presentades un cop declarat el concurs, no s'admetran a tràmit per carència manifesta de fonament, restant els deutes sotmesos al procés judicial. Aquest tipus de deutes podran ser objecte d'un acord singular en la fase de conveni dins del procediment judicial, d'acord amb la normativa concursal i tributària, i en especial quan es tracti de deutes amb privilegi.
Deutes contra la massa meritats després de la data de la interlocutòria de declaració del concurs i abans de la data d'eficàcia d'un conveni. Aquests deutes són inajornables de conformitat amb la normativa tributària i les sol·licituds que es presentin seran objecte d'inadmissió.
Deutes meritats després de la data d'eficàcia d'un conveni i durant la seva vigència.- En quant deutes que es meriten després del cessament d'efectes del concurs, són deutes ajornables i fraccionables com qualsevol altre deute tributari, sempre que es compleixin els requisits establerts en la normativa tributària.

Les sol·licituds en el cas de deutes que es puguin fraccionar d'acord amb les regles anteriors, requeriran detallar la garantia que s'ofereix, o, si escau, la impossibilitat de constituir fiançament, i fonamentar les dificultats de tresoreria, podent fraccionar-se fins un període màxim de 60 mesos.”

Superposició del pagament de dues o més liquidacions/autoliquidacions:

Quan coincideixin, alhora, els pagaments de dues o més liquidacions/autoliquidacions es podrà concedir l'ajornament i/o fraccionament de forma conjunta, sempre que es compleixin les condicions expressades en la modalitat que correspongui.

Modificació de la modalitat d'ajornament/fraccionament un cop concedits:

Es pot sol·licitar la modificació o el canvi de modalitat de l‘ajornament/fraccionament concedit pels terminis no vençuts i respectant, en tot cas, els terminis màxims fixats en els apartats anteriors.

Venciment dels terminis d'ajornament/fraccionament:

Els venciments es fixaran fent coincidir el primer en la data que li hagués correspost si no s'hagués acollit a cap d'aquests sistemes de pagament (ajornament/fraccionament).

Article 56. Garanties.

De forma general, la única garantia acceptada per a la concessió d'ajornaments/fraccionaments és l'aval bancari.
Excepcionalment es podrà admetre, apart de l'aval bancari, l'anotació preventiva d'embargament d'un immoble de la seva propietat, o hipoteca unilateral a favor de l'Ajuntament de Castelldefels, sempre que es consideri suficient, jurídicament i econòmicament (en aquest darrer cas les despeses aniran a càrrec del deutor).
En els fraccionaments es poden aportar també garanties parcials per cadascun dels terminis si cobreix suficientment l'import principal, els interessos i el 25% d'ambdós conceptes, havent de tenir validesa com a mínim fins a 6 mesos més del venciment del termini garantit.
La no aportació de l'aval en el termini de 2 mesos a comptar des de la notificació de la concessió de l'ajornament/fraccionament implicarà la consideració del desistiment de la petició.
La devolució d'avals serà automàtica i no requerirà l'adopció d'acord o resolució, justificant el pagament total del deute i amb l'aportació del resguard del dipòsit.
No s'exigirà cap garantia quan el sol·licitant sigui una administració pública.

Article 57. Interessos de demora.

Els interessos de demora es calcularan sobre el deute ajornat/fraccionat pel temps comprès entre el venciment del període voluntari i el venciment del termini concedit, aplicant-se el tipus d'interès de demora que fixi la Llei de Pressupostos de l'Estat.
En l'aplicació del punt 1, es tindran en compte aquestes regles:

El temps d'ajornament es computa des del venciment del període voluntari i fins al final del termini concedit.
En cas de fraccionament, es computaran els interessos acreditats per cada fracció des del venciment del període voluntari fins al venciment del termini concedit, i s'hauran de satisfer juntament amb aquesta fracció.
Cas que el fraccionament o ajornament sigui superior a l'any i, per tant, es desconegui el tipus d'interès aplicable, es calcularà aquest en base al tipus vigent i posteriorment es regularitzarà si s'hagués modificat el tipus d'interès aplicable. Si s'ha ordenat la domiciliació a què es refereix l'article anterior a l'apartat 5, el càrrec de cada fracció s'efectuarà per l'import exacte, resultant d'aplicar el tipus d'interès vigent en l'exercici de venciment de la fracció.

Article 58. Venciments de les fraccions o de l'ajornament.

Els venciments de les fraccions o dels ajornaments gestionats per l'Ajuntament seran sempre en dies 5 ó 20 del mes, en funció de la data de recepció de la notificació de la liquidació de què es tracti o de la emissió de l'autoliquidació, salvat els supòsits d'autoliquidació pel concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en què s'haurà d'estar a la seva regulació específica.
Els venciments de les fraccions o dels ajornaments gestionats per l'ORGT es fixaran d'acord amb els criteris que s'indiquin en la seva ordenança general.

Article 59. Falta de pagament.

La falta de pagament de les quantitats ajornades/fraccionades determinarà:

En el cas d'ajornament: Si arribat el venciment de l'ajornament no s'efectués el pagament, el deute, amb els interessos meritats, s'exigirà per la via executiva, amb el recàrrec de constrenyiment corresponent. De no fer-se'n el pagament, es procedirà a executar la garantia per satisfer les quantitats anteriorment esmentades. Cas d'inexistència o d'insuficiència d'aquesta garantia, se seguirà el procediment de constrenyiment per a la realització del deute pendent.
En el cas de fraccionament: Si arribat el venciment de qualsevol termini no s'efectués el pagament, per la fracció impagada, amb els interessos meritats, s'expedirà certificació de descobert pel seu cobrament per la via executiva, amb el recàrrec de constrenyiment corresponent. De no pagar-se aquesta certificació en els terminis establerts pel seu ingrés en període executiu, es consideraran vençudes les fraccions pendents, que s'exigiran pel procediment de constrenyiment amb execució de la garantia i resta de mitjans d'execució forçosa.
S'exceptuen de l'establert en el segon paràgraf del supòsit anterior els fraccionament per període igual o inferior a 2 mesos a comptar des de la data de finalització del període de pagament en voluntària, en els quals no es considerarà resolt el fraccionament.

SECCIÓ V - INSPECCIÓ

SUBSECCIÓ I - PROCEDIMENT

Article 60. La inspecció dels tributs.

Les unitats de l'Ajuntament duran a terme les actuacions pertinents de comprovació i inspecció i col·laboraran amb els serveis d'inspecció de l'ORGT en les mateixes funcions, per tal d'investigar la situació tributària dels diferents subjectes passius o altres obligats pel sistema tributari local.
En l'exercici d'aquesta comanda, caldrà realitzar les funcions següents:

La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que siguin ignorats per l'Administració i la seva atribució al subjecte passiu o obligat tributari.
La comprovació de les declaracions i declaracions-liquidacions per determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de les normes, establint l'import dels deutes tributaris corresponents.
Comprovar l'exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracions-documents d'ingrés.
Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.
Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de qualsevol benefici fiscal.
Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre l'abast i naturalesa de les actuacions inspectores que s'iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes fiscals i sobre les obligacions i drets que se'n derivin.
Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de comprovació d'impostos locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb especial interès la correcta inclusió en els censos d'aquells subjectes passius que hi han de figurar.
Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l'Administració Tributària Local pugin portar a terme les seves funcions.
Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d'altres elements quan sigui necessari per a determinar les obligacions tributàries.
Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles 136 a 140 de la LGT.

La inspecció dels tributs aplicarà, si cal, el règim d'infraccions i sancions establert en la LGT i en les disposicions que la desenvolupen, especialment l'ara vigent Reglament de Règim Sancionador Tributari, en la mesura que sigui d'aplicació, o la disposició que el substitueixi, així com l'altra normativa que s'aprovi al respecte.

Article 61. Personal inspector.

Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l'article anterior les realitzaran de forma coordinada les seccions i/o unitats de l'Ajuntament i el servei d'inspecció tributària de l'ORGT.
Podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris.
Els funcionaris de la inspecció, que actuaran sempre amb la màxima consideració, observaran secret estricte i guardaran sigil rigorós sobre els assumptes que coneguin per la seva tasca, seran considerats agents de l'autoritat quan portin a terme les funcions inspectores que els corresponguin. Les autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l'auxili necessaris per a l'exercici de la funció inspectora.

Article 62. Classes d'actuacions.

Les actuacions inspectores podran ser:

De comprovació i investigació.
D'obtenció d'informació amb transcendència tributària.
De valoració.
D'informe i assessorament.

L'abast i el contingut d'aquestes actuacions es troben definits en la LGT, en la LDGC, en el RGIT i en les altres disposicions que siguin d'aplicació.

Article 63. Lloc i temps de les actuacions.

Les actuacions de comprovació podran desenvolupar-se:

En el lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu representant tingui el seu domicili, despatx o oficina.
En el lloc on es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades.
On existeixi alguna prova, almenys parcial, del fet imposable.
A les oficines públiques de l'Ajuntament o de l'ORGT, per a l'examen dels registres i documents establerts per norma de caràcter tributari o de justificants exigits per aquestes.

La inspecció determinarà en cada cas el lloc on hagin de desenvolupar-se les seves actuacions, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència.
Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran preferentment l'horari d'obertura al públic, i, en tot cas, la jornada de treball vigent. Si es fa en els locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral de l'activitat que s'hi realitzi, sense perjudici de convenir , de mutu acord, que es faci en altres hores i dies.
El temps de les actuacions es determinarà d'acord amb el que disposa al respecte la LGT i la normativa dictada pel seu desplegament.

Article 64. Iniciació, desenvolupament i terminació de les actuacions inspectores.

El procediment d'inspecció s'iniciarà:
< >

A petició de l'obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, en el seu cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s'haurà de formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d'inici d'actuacions i haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud.

Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada degudament a l'obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s'hi assenyala i tingui a disposició dels òrgans d'inspecció la documentació i els altres antecedents que s'hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d'aquell, i es desenvoluparan amb l'abast, les facultats i els efectes que estableixen la LGT i la normativa dictada per al seu desplegament.
Les actuacions del procediment d'inspecció tindran caràcter general en relació a l'obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements d'aquesta obligació, i així s'adverteix en la comunicació d'inici d'actuacions o en la comunicació de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s'haguessin acabat amb una liquidació provisional, els fets regularitzats no podran tornar a ser objecte d'un nou procediment.
Els obligats tributaris amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, que haurà d'acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s'entendran realitzades amb l'obligat tributari, fins que aquest no revoqui fefaentment la representació i n'hagi donat compte expressament a la Inspecció.
El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n'existeixi alguna prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l'actuació inspectora. Si es tracta del domicili constitucionalment protegit d'un obligat tributari, caldrà el seu consentiment o l'oportuna autorització judicial.
En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l'obligat tributari amb independència de la qualificació prèvia que aquest els hagués donat.
En el decurs de la comprovació s'haurà d'examinar si han concorregut o no en els períodes afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o reconèixer qualsevol benefici fiscal. Si s'acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà regularitzar la situació de l'obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l'acte originari de concessió o reconeixement.
Les actuacions de la inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comunicacions, informes, actes i la resta de documents en que s'incloguin actes de liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-hi, a més, la regularització que s'escaigui o declarant que la situació tributària de l'obligat és correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva formalització, llevat que s'acrediti el contrari, si els obligats tributaris accepten els fets que hi estan recollits, aquests es presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d'haver incorregut en un error de fet.
Als efectes del procediment d'inspecció, s'ha d'entendre que les referències a l'inspector en cap que es fan en la normativa estatal que sigui d'aplicació directa ho són a l'òrgan municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l'Alcalde.
Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim de 18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s'hagi d'entendre notificat l'acte administratiu resultant d'aquestes, o de 27 mesos si l'import net de la xifra de negocis de l'obligat tributari és igual o superior al requerit per a auditar els seus comptes, i s'informarà d'aquest termini en la comunicació d'inici d'actuacions. No obstant això, aquest termini es podrà suspendre perllongar motivadament per les circumstàncies previstes als paràgrafs 4t i 5è de l'article 150 de la Llei general tributaria.
Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció, s'hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la regularització que calgui o per a considerar correcta la situació tributària de l'obligat. Tot just en aquest moment es notificarà l'inici del tràmit d'audiència previ a la formalització de les actes i, a més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les.
Les actes d'inspecció seran de conformitat, de disconformitat o amb acord. Si l'obligat tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre-les o a subscriure-les, s'han d'estendre actes de disconformitat. La negativa a signar-les es considerarà un refús de la notificació i en cas d'incompareixença el termini es comptarà fins la data que s'hagi fet un intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució.
Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, tramitació i efectes que estableixen els arts. 153, 155, 156 i 157 de la LGT i la normativa dictada per al seu desplegament.
En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o disconformitat es donarà audiència a l'obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular.
L'autorització per subscriure un acta amb acord s'ha d'atorgar amb caràcter previ o simultani per l'òrgan competent per a liquidar o, en altre cas, per la persona titular de l'Alcaldia.

SECCIÓ VI – RÈGIM SANCIONADOR

Article 65. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries.

En matèria de tributs locals serà d'aplicació el règim d'infraccions i sancions regulat en la LGT i en les disposicions que la desenvolupin i complementin, com ara el Reglament General del Règim Sancionador Tributari, aprovat pel Reial Decret 2063/2004, de 15 d'octubre.
Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a l'apartat 4 de l'article 35 de la LGT que realitzin les accions o omissions tipificades com a infraccions en les lleis, en el benentès que l'Administració hagi acreditat prèviament la seva responsabilitat en els fets imputats; si en una infracció tributària concorre més d'un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció. Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal.
Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d'infracció tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d'obrar en l'ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d'una decisió col·lectiva per als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva actuació als criteris manifestats per l'Administració tributària competent en publicacions, comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d'altres obligats, sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l'altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències tècniques dels programes informàtics facilitats per la pròpia Administració tributària.
No s'imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva situació abans que se li hagi comunicat l'inici d'un procediment de gestió o inspecció tributàries. Si l'ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d'ingrés a compte de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar.
Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques infractores. Si es trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els termes establerts en l'art 40 de la LGT.
El nou règim sancionador ara vigent serà d'aplicació a les infraccions comeses abans de la seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació precedent, sempre que en resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció imposada encara no sigui ferma

Article 66. Concepte i classes d'infraccions i sancions tributàries.

Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la LGT, en el text Refós de la LRHL o en alguna altra llei.
Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i , si li correspon una multa proporcional, s'aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en cada cas s'escaigui. La base de la sanció serà, en general, l'import de la quantitat a ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts d'aqueix import regularitzat que es derivin de conductes no sancionables.
S'entendrà que hi ha ocultació de dades a l'Administració tributària local quan no es presentin declaracions, s'hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o s'hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la incidència del deute tributari derivat de l'ocultació en relació amb la base de la sanció sigui superior al 10 per cent. Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres registres obligatoris, l'ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de persones o entitats interposades.
Llevat que la LGT estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un percentatge sancionador particular,cada infracció tributària se sancionarà:
Si és lleu, mitjançant la imposició d'una sanció del 50% sobre la base de la sanció.
Si és greu, mitjançant la imposició d'entrada d'una sanció del 50% sobre la base d'una sanció, percentatge que s'ha de pujar per aplicació simultània dels criteris de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la hisenda municipal, sense que ultrapassi el 100%.
Si és molt greu, mitjançant la imposició d'entrada d'una sanció del 100% sobre la base de la sanció, percentatge que s'ha d'apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal sense que ultrapassi el 150%.
Si s'escau, s'imposaran també las sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es donin els supòsits establerts a l'article 186 de la LGT.
Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, recollits en l'article 187 de la LGT, si hi resulten aplicables :
Comissió repetida d'infraccions tributàries.
Perjudici econòmic per a la Hisenda local.
Incompliment substancial de l'obligació de facturació o documentació.
Acord o conformitat de l'interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un procediment d'inspecció.

Els criteris de graduació s'han d'aplicar simultàniament.

Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s'aplicaran segons els criteris següents :
Comissió repetida d'infraccions tributàries.

Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anterior a l'actual infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la mateixa naturalesa, l'increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es pren com a antecedent hagués estat greu, l'increment serà de quinze punts percentuals, i si fos molt greu, l'increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la LGT, llevat que es tracti d'infraccions per deixar d'ingressar el deute que resultaria d'una autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa. En qualsevol cas, si aquests antecedents deriven del règim sancionador previst a la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, la infracció acreditada tindrà la consideració de lleu.

Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local.

Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i la quantia total que s'hagués degut ingressar en l'autoliquidació, la que es derivi d'una declaració acurada del tribut o l'import de la devolució obtinguda inicialment, per un altre. Si el resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al 25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75% respectivament, s'afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals.

Les sancions establertes a l'apartat 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import quan l'obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització s'ha dut a terme mitjançant un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà aplicable quan la infracció consisteixi en :
Deixar d'ingressar el deute tributari que resultaria d'una autoliquidació correcta.
Incomplir l'obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents necessaris per practicar liquidacions.
Obtenir indegudament devolucions.
Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents.

Aquesta reducció s'exigirà sense més tràmit que la notificació a l'interessat si interposa recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta amb acord, si no ingressa en període voluntari els deutes tributaris derivats d'aquest tipus d'actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització.

A més d'això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d'un acta amb acord, es reduirà en un 25% si s'ingressa l'import restant en període voluntari o en els terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit amb aval o certificat d'assegurança de caució i no s'interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n'interposés, aquesta reducció s'exigirà sense més tràmit que la notificació a l'interessat.
La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi pogut cometre. També s'extingeix si s'ultrapassa el termini de prescripció per imposar les sancions corresponents que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre les infraccions corresponents.

Aquest termini de prescripció s'interromprà per qualsevol acció de l'Administració tributària de què tingui coneixement l'interessat, dirigida a la imposició d'una sanció o a la regularització d'una situació de la qual pugui derivar-se'n una.

Article 67. Infracció tributària per deixar d'ingressar el deute tributari que hagués de resultar d'una autoliquidació.

Constitueix infracció tributària deixar d'ingressar dins del termini establert en la normativa de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de l'autoliquidació correcta, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l'Administració o s'hagués presentat l'autoliquidació sense efectuar l'ingrés que se'n derivi.
La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d'acord amb el que disposen els apartats següents.
La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l'autoliquidació com a conseqüència de la comissió de la infracció.
La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000,00 € o, essent superior, no existeixi ocultació.
La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000,00 € i existeixi ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits següents:
Quan s'hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
Quan la incidència d'haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas com a molt greu.

Article 68. Infracció tributària per incomplir l'obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per practicar liquidacions.

Constitueix infracció tributària incomplir l'obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents necessaris perquè l'Administració tributària local pugui liquidar adequadament els tributs que no s'exigeixen per autoliquidació, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l'Administració.
La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d'acord amb el que disposa als apartats següents.
La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s'hagués presentat declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l'adequada liquidació del tribut i la que es derivaria de les dades declarades.
La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000,00 € o , essent superior, no existeixi ocultació.
La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000,00 € i existeixi ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits següents:
Quan s'hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
Quan la incidència d'haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas com a greu.

Article 69. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions.

Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut.
La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d'acord amb el que disposa als apartats següents.
La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la comissió de la infracció.
La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000,00 € o, essent superior no existeixi ocultació.
La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000,00 € i existeixi ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció en els supòsits següents:
Quan s'hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.
Quan la incidència d'haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció.
La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas com a greu.

Article 70. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.

Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivats de la normativa de cada tribut mitjançant l'omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions s'hagin obtingut.
La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària proporcional del 15%.

Article 71. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments individualitzats d'informació.

Consisteix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s'hagi produït perjudici econòmic a la Hisenda pública local, o contestacions a requeriments individualitzats d'informació. També constituirà infracció tributària presentar les autoliquidacions, les declaracions o altres documents amb transcendència tributària per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics en aquells supòsits en què hi hagi olbligació de fer-ho per aquests mitjans.
La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d'acord amb el que disposen els apartats següents.
Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150,00 €.
Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250,00 €.
Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter general en compliment de l'obligació de subministrament d'informació recollida als articles 93 i 94 de la LGT, que hagin estat contestats o presentades de forma incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en:
Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de 200,00 € per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat omesa, inexacta o falsa.
Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària proporcional de fins el 2% de l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500,00 €.
Les sancions a què es refereix el paràgraf 4t es graduaran incrementant la quantia resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d'infraccions tributàries.

Article 72. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària local.

Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària local.
S'entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a l'efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de l'Administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions.
Entre d'altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària local les conductes següents:
No facilitar l'examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb transcendència tributària.
No atendre algun requeriment degudament notificat.
Negar o impedir indegudament l'entrada o permanència en finques o locals als funcionaris de l'Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries.
Les coaccions als funcionaris de l'Administració tributària local.
La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s'haguessin assenyalat.
La infracció prevista en aquest article serà greu.
La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150,00 €, tret que sigui d'aplicació el que disposen els paràgrafs 4t, 5è, 6è de l'article 203 de la LGT ; en aquest cas, s'aplicaran les multes pecuniàries previstes en el precepte esmenat.

Article 73. Altres infraccions tributàries.

També es consideraran infraccions tributàries:
Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents.
Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d'imputació de rendes.
No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic.
Incomplir l'obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s'hi produeixin.
Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació.
Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d'identificació fiscal o d'altres números o codis establerts per la normativa tributària.
Incomplir amb l'obligació de comunicar a l'ajuntament qualsevol modificacions o alteracions que es produeixin respecte als requisits exigits per al gaudi de beneficis fiscals.
Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com disposen els articles 195 a 202 de la Llei general tributària.

Article 74. Procediment sancionador.

El procediment sancionador en matèria tributària local s'aplica tenint en compte les normes especials de la LGT sobre potestat sancionadora, les disposicions reglamentàries de desplegament d'aquesta normativa i les normes reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa.
El procediment sancionador en matèria tributària es trametrà de forma separada als d'aplicació dels tributs, llevat que es tracti d'actes amb acord o que l'obligat hagi renunciat expressament a la tramitació separada. No podrà incoar-se expedient sancionador respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte del procediment quan hagi transcorregut un termini de 3 mesos de que s'hagués notificat o s'entengués notificada la liquidació o resolució derivada d'un procediment iniciat mitjançant declaració o d'un procediment de verificació de dades, comprovació o inspecció.
El procediment sancionador en matèria tributària s'iniciarà sempre d'ofici mitjançant notificació de l'acord de l'òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el mateix que tingui atribuïda la competència per a la seva resolució. Aquesta notificació d'inici de l'expedient recollirà la identificació e la persona o entitat presumptament responsable, la conducta que motiva la iniciació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions que li poguessin correspondre, l'òrgan competent per a resoldre el procediment, la identificació de la instrucció i la indicació del dret a formular-hi al·legacions i a l'audiència en el procediment, així com el moment i els terminis per a exercir-los.
El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d'acord amb les normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l'article 99 de la LGT i les normes sobre la seva instrucció que estableix l'article 210 de l'esmentada llei.
El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d'inici del procediment fins la notificació de la resolució que calgui. Si s'ha ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l'inici d'un procediment nou.
L'expedient s'iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, si cal, de l'inspector en cap, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte.
L'òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l'alcalde o l'òrgan en qui delegui.
Contra l'acord d'imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició davant de l'Alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les sancions que derivin d'actes amb acord no podran ser impugnades en via administrativa.
L'acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, llevat que s'hagi impugnat també el deute tributari, cas en què s'acumularan ambdós recursos. La interposició d'un recurs contra les sancions impedeix la seva execució fins que siguin fermes en via administrava, sense necessitat d'aportar cap garantia per aconseguir aquesta paralització de l'execució.

Article 75. Procediment sancionador abreujat.

No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l'article anterior, si al temps d'iniciar-se l'expedient sancionador es troben en poder de l'òrgan competent tots els elements que permetin formular la proposta d'imposició de sanció, aquesta proposta s'incorporarà a l'acord d'iniciació.
Aquest acord es notificarà a l'interessat, indicant-li que es posa de manifest l'expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i presenti els justificants, documents i proves que consideri oportuns.
A més, a l'acord d'iniciació se l'advertirà expressament que si no formula al·legacions ni aporta nous documents o altres elements de prova, es podrà dictar la resolució d'acord amb la susdita proposta.

SECCIÓ VII – INTERESSOS DE DEMORA

Article 76. Liquidació d'interessos de demora.

D'acord amb l'article 26 de la LGT, s'exigiran interessos de demora quan acabi el termini de pagament en període voluntari d'un deute resultant d'una liquidació practicada per l'Administració o de l'import d'una sanció sense que l'ingrés s'hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d'una autoliquidació o declaració sense que s'hagués presentat o que ho hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui l'execució de l'acte administratiu, quan s'iniciï el període executiu, llevat dels supòsit que s'hi contemplin, o quan l'obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent.
L'interès de demora serà exigible durant el temps que s'estengui per retard de l'obligat. No obstat això, no s'exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins l'acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs contra una sanció tributària.

3.Els òrgans d'inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes de liquidació consignades, en els actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint en compte les especialitats següents:

En el cas d'actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en que hagi d'entendres dictada la liquidació pel transcurs del termini establert legalment.
En el cas d'actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia el dia en que hagi d'entendres dictada la liquidació pel transcurs del termini establert legalment, llevat que abans d'això es notifiqui acord confirmant la proposta de liquidació, supòsit en el qual la data final serà la de l'acord que aprova la liquidació.
En el cas d'actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i definitivament fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en que es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

Segona. Instruccions posteriors.

S'autoritza l'alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament el dia 24 d'octubre de 2019, i definitivament pel Ple de data 19 de desembre de 2019, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020 . Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.
Els expedients que es trobin pendents de finalització, es continuaran tramitant de conformitat amb el que estableix la present Ordenança General.

Ordenanza General de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Castelldefels

20/01/1998

PREÀMBUL

Tradicionalment els serveis funeraris havien estat configurats com un servei públic de titularitat municipal compatible amb la prestació de serveis de la mateixa naturalesa per part del sector privat, excepció feta d'aquells municipis que havien fet ús de la possibilitat de prestar aquestes activitats amb exclusió dels particulars.

En aquest ordre de coses, l'article 86.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), reservava, a favor dels ens locals, entre d'altres, els serveis mortuoris, contemplant, fins i tot, la possibilitat de prestar-los en règim de monopoli.

Paral·lelament, la legislació sectorial, i més concretament l'article 42 del Decret 2263/1974, de 20 de juliol, per mitjà del qual va ser aprovat el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria (RPSM), disposà que en tota població de més de 10.000 habitants, hauria d'existir, almenys, una empresa funerària, privada o "municipal" (sic), previsió aquesta que feia dels serveis funeraris un servei obligatori (tot i que subsidiàriament) en els municipis amb un cens de més de 10.000 residents.

La promulgació de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, no va suposar cap canvi en la situació descrita, atès que no va derogar el RPSM, la pervivència del qual, a més, havia quedat garantitzada després d'entrar en vigor la LBRL, atès allò que preveu la seva Disposició Transitòria Segona.

Tot aquest ordre de coses es va veure alterat amb la promulgació del Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l'activitat econòmica (B.O.E. de 8 de juny i correcció d'errades en el B.O.E. de 18 de juny). Els articles 22 i 23 d'aquesta norma van donar lloc a un canvi qualitatiu la transcendència del qual no podia passar desapercebuda.

El segon dels preceptes esmentats eliminà els serveis funeraris del llistat d'activitats i serveis que, d'acord amb l'art. 86.3 LBRL, quedaven reservats a les entitats locals, les quals els podien prestar en règim de monopoli.

La desaparició d'aquesta reserva susceptible de monopoli fou conseqüència obligada de l'art. 22 del Decret-Llei esmentat, precepte aquest que liberalitzà la prestació dels serveis funeraris recollint, en aquest sentit, les recomanacions fetes pel Tribunal de Defensa de la Competència.

Tot i que no apareixien directament vinculats a l'activitat funerària, també tingueren incidència en aquesta l'article 16 i els annexes 1 i 2 del Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, dels quals es desprenia que les tarifes dels serveis funeraris passaven a ser de lliure fixació, ja que no figuraven incloses entre les prestacions que resten, a hores d'ara, sotmeses al règim de preus autoritzats i comunicats.

Malgrat que l'art. 22 del Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, liberalitzà la prestació dels serveis funeraris, el segon apartat d'aquest mateix precepte va preveure la possibilitat que els Ajuntaments sotmetessin a autorització la prestació dels dits serveis. Aquesta autorització ha de tenir caràcter regulat i les ordenances municipals han de precisar els requisits objectius necessaris per tal d'obtenir-la. D'altra banda, l'autorització els ha de ser concedida a tots aquells sol·licitants que reuneixin els requisits exigits i acreditin disposar dels mitjans materials necessaris per tal d'efectuar el transport de cadàvers.

El règim jurídic dels serveis funeraris ha quedat completat, a Catalunya, amb la promulgació dela Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris (DOGC 2370 de 14.4.1997), els objectius de la qual són, d'una banda, fixar l'abast de les competències i potestats dels ens locals en aquesta matèria i, de l'altra, determinar les condicions mínimes que han de tenir les entitats prestadores de serveis funeraris, tant pel que fa a la submissió a la normativa sanitària aplicable, com pel que fa a la garantia dels principis d'universalitat, d'accessibilitat, de continuïtat i de respecte dels drets dels usuaris què la pròpia Llei defineix.

Algun dels trets més rellevants de la nova Llei -dels quals es fa ressò la present Ordenança- són els següents: la configuració dels serveis funeraris com a serveis essencials d'interès general, que hauran de ser garantits en últim extrem per tots els Ajuntaments, sigui quin sigui el seu nombre d'habitants; la capacitat dels Ajuntaments (i Comarques en el seu cas) per tal de prestar serveis funeraris a títol de "servei públic", compatibles amb les activitats privades de la mateixa naturalesa; la possibilitat que els serveis funeraris de titularitat local es prestin a través de qualsevol de les formes de gestió dels serveis públics que contempla la legislació de règim local; i la liberalització parcial del transport funerari, entre d'altres extrems.

Les previsions de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, es poden veure complementades, entre d'altres, pels articles 103 a 109 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ordenació sectorial i autoritzacions reglamentades en seu d'exercici, pels particulars, d'activitats d'interès general), en tot allò que aquests preceptes reglamentaris no siguin contradictoris o no s'oposin a les determinacions de la Llei.

A ningú li pot passar desapercebuda la càrrega d'emotivitat, així com la transcendència individual, social i sanitària que tenen els serveis funeraris. El tradicional sotmetiment d'aquests serveis al règim de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, amb l'única finalitat d'evitar els perjudicis a què fa referència l'art. 1 del Decret 2414/1961, de 30 de novembre, s'ha mostrat com una tècnica insuficient a l'hora de preservar, en aquest municipi, altres béns jurídics dignes de protecció, com per exemple els relacionats amb l'interès dels usuaris en rebre uns serveis adequats, amb les degudes garanties, i amb la necessitat, alhora, d'assegurar que l'exercici d'aquestes activitats respongui als imperatius que es desprenen de la seva qualificació legal com a serveis essencials d'interès general.

Totes aquestes circumstàncies, unides a la voluntat de l'Ajuntament d'assolir els objectius que es desprenen de les consideracions fetes anteriorment, justifiquen de forma sobrera l'aprovació de la present disposició de caràcter general i el sotmetiment de l'activitat funerària privada a un règim d'autoritzacions que, a banda d'integrar el règim jurídic de les activitats classificades, faci possible que totes les empreses que vulguin exercir les seves activitats al municipi, estiguin en condicions de prestar un servei digne, sota les condicions i requisits que preveu la present Ordenança en desplegament de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, aprovada pel Parlament de Catalunya.

TÍTOL PRIMER

NORMES GENERALS

CAPÍTOL 1

DIRECTRIUS GENERALS A QUÈ RESTEN SOTMESOS ELS SERVEIS FUNERARIS

Article 1

Resta sotmès a la present Ordenança l'exercici de qualsevol activitat que tingui per finalitat prestar serveis funeraris en el municipi de Castelldefels (en endavant, "municipi").

Article 2

Atès allò que disposa l'article 1.1 de la Llei del Parlament de Catalunya 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris (en endavant, "LSF"), les activitats funeràries contemplades a la present Ordenança tindran la condició de servei essencial d'interès general sotmès als principis d'universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets dels usuaris.

Article 3

Els serveis funeraris podran ser prestats simultàniament, i en règim de lliure concurrència, per aquest Ajuntament (si així ho decidís en el futur, previ acompliment dels tràmits reglamentàriament establerts per a la creació de serveis públics) i per empreses privades degudament autoritzades per la Corporació municipal.

Article 4

1. L'Ajuntament és l'Administració competent en matèria de serveis funeraris i és el responsable de garantir-ne l'existència i la prestació a tota la col·lectivitat local. Fruït d'aquesta responsabilitat, la Corporació municipal té les obligacions mínimes següents:

a) Vetllar perquè les empreses funeràries de titularitat privada prestin els seus serveis sota les condicions i amb l'abast que assenyalen la LSF i la present Ordenança, adoptant, a aquests efectes, totes les mesures legals i reglamentàries que es considerin necessàries o adequades, especialment quan es tracti de preservar o restablir els drets dels usuaris.

b) Suplir el sector privat en la prestació dels serveis funeraris si no existeixen empreses privades que prestin aquests serveis en el municipi.

c) Garantir el respecte integral envers els drets dels usuaris dels serveis funeraris.

2. Més enllà d'acomplir les seves obligacions mínimes en la matèria, l'Ajuntament (si així ho decidís en el futur) podrà prestar tot tipus de serveis funeraris en règim de lliure concurrència amb el sector privat. Els serveis funeraris de titularitat municipal gaudiran de la condició de servei públic a tots els efectes, i les activitats derivades dels mateixos es consideraran com a pròpies de l'Ajuntament.

3. La gestió dels serveis funeraris pot ésser exercida per l'Ajuntament, a través de qualsevol dels mitjans i formes de gestió de serveis públics que estableix la legislació de règim local, per mitjà d'una mancomunitat o d'un consorci, o en conveni o acord de delegació o d'encàrrec de gestió amb altres Administracions públiques.

4. Els serveis funeraris autoritzats per l'Ajuntament, així com els propis serveis funeraris de titularitat municipal en el seu cas, no podran denegar el servei en els supòsits següents:

a) Persones difuntes, el domicili mortuori de les quals sigui en aquest municipi.

b) Veïns del municipi, el domicili mortuori dels quals es trobi dins la província de Barcelona.

c) Qualsevol altra persona quan així ho disposi l'autoritat judicial.

5. Als efectes de l'anterior apartat es considera "domicili mortuori" el lloc on roman el cadàver fins al moment de ser conduït cap a la seva destinació final, incloses les sales de vetlla.

Article 5

Els particulars podran prestar els serveis funeraris en règim de lliure concurrència, prèvia autorització de l'Ajuntament. L'Ajuntament concedirà les llicències o autoritzacions de referència a tots els sol·licitants que reuneixen els requisits exigits per aquesta Ordenança i acreditin disposar dels mitjans materials necessaris per efectuar el transport de cadàvers.

Article 6

Els serveis funeraris restaran sotmesos en tot cas a la LSF i, de forma especial, a la normativa estatal i autonòmica en matèria de cementiris, policia sanitària mortuòria, extracció d'òrgans, llibertat de cultes i protecció de consumidors i usuaris.

Article 7

Els serveis funeraris es prestaran amb escrupolós respecte i observança dels principis, drets i llibertats constitucionals.

Article 8

El planejament urbanístic municipal haurà de contenir les previsions necessàries a fi i efecte que els serveis funeraris es puguin prestar en sòl apte als dits efectes, en la proporció suficient per tal d'atendre adequadament les necessitats del municipi.

Article 9

Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per sistemàtica normativa, incorporen aspectes de la legislació estatal i autonòmica, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què es produeixi la revisió de la dita legislació. En el supòsit de modificació de la legislació estatal o autonòmica, continuaran essent vigents els preceptes d'aquesta disposició reglamentària que siguin compatibles o permetin una interpretació harmònica amb els nous preceptes de la legislació de referència, mentre no hi hagi adaptació expressa de l'Ordenança.

CAPÍTOL 2

DE L'ABAST DELS SERVEIS FUNERARIS

Article 10

Als efectes de la present Ordenança tindran la consideració de serveis funeraris tots aquells la prestació dels quals vingui determinada per la mort d'una persona i la consegüent inhumació o incineració del cadàver.

Article 11

La gestió dels serveis funeraris comprendrà la realització de tots els actes, tràmits i diligències que siguin pertinents des que es produeixi la defunció fins al dipòsit del cadàver a peu de tomba o al crematori, sens perjudici que puguin abastar, alhora, qualsevol altre acte de caràcter sumptuari que els interessats vulguin concertar de forma complementària.

Article 12

1. Es consideren, en tot cas, activitats de serveis funeraris de prestació inexcusable les funcions següents:

a) Informar i assessorar sobre el contingut, condicions i abast del servei. En tot cas aquest assessorament ha d'incloure la informació sobre els tràmits legals a seguir i sobre els requisits i les pràctiques sanitàries exigibles segons la normativa de policia sanitària mortuòria.

b) Condicionar sanitària i estèticament els cadàvers.

c) L'amortallament o vestit de cadàvers, excepte quan l'efectuïn els familiars o persones properes, i el subministrament de mortalles per aquesta finalitat.

d) La realització dels tràmits i diligències necessàries per obtenir la confirmació mèdica de la mort o qualsevol altra verificació mèdica o sanitària del cadàver, el registre de la defunció i la gestió de l'autorització de la sepultura o cremació, així com la tramitació de qualsevol altra autorització que sigui necessària amb motiu del sepeli, incloent la gestió i el despatx d'aquests documents, llevat els casos en que les dites gestions es duguin a terme directament pels familiars del difunt.

e) La conservació i refrigeració dels cadàvers, així com el seu embalsamament o tanatopràxia i radioionització, quan sigui necessari.

f) El subministrament de fèretres, taüts, arques, caixes, urnes i material similar per a ser destinats a la conducció, trasllat i enterrament de cadàvers i restes cadavèriques i per a la recollida de cendres.

g) La recollida, conducció i trasllat de cadàvers i de fèretres dins el terme municipal de Castelldefels, mitjançant vehicles funeraris de la pròpia empresa funerària, i els serveis de capelles i tanatoris des de la mort fins el moment del sepeli, en locals habilitats per aquesta finalitat.

h) La recollida, la conducció i el trasllat de fèretres, taüts i caixes de cadàvers des del municipi de Castelldefels fins el municipi on ha de fer-se la inhumació, així com des del municipi on ha succeït la defunció fins el municipi de Castelldefels si ha de ser inhumat en el seu cementiri.

i) Els serveis de túmuls, cambres mortuòries i altres ornaments fúnebres, dins o fora del domicili en el que hagi succeït la defunció.

j) La prestació del servei de tanatori, quan sigui sol·licitat pels familiars del difunt.

k) En general, la realització de funcions i serveis que es considerin propis de l'activitat funerària, tant actual com futura.

2. Es consideren funcions complementàries, que les empreses de serveis funeraris poden prestar quan estiguin en condicions de fer-ho, les següents:

2.1) L'organització de l'acte social i/o religiós de l'enterrament.

2.2) El subministrament de rams, corones, creus o similars, realitzats amb flors o plantes.

2.3) La prestació dels serveis de vehicles d'acompanyament i de corones.

2.4) La impressió i el subministrament de recordatoris i similars i la confecció i col·locació d'esqueles, taules i llibres de signatures.

2.5) La publicació d'esqueles i notes funeràries a la premsa i, en general, la difusió de la mort per qualsevol mitjà de comunicació.

2.6) En general, la realització d'altres prestacions, actes, diligències o operacions que demanin els familiars del difunt i que no tinguin la consideració legal de funcions pròpies de l'activitat dels serveis funeraris.

3. Les funcions complementàries definides a l'apartat 2 anterior poden ser voluntàriament contractades amb les empreses de serveis funeraris, com també ho poden ser amb empreses que no tinguin l'autorització d'entitat funerària.

Article 13

El servei de cementiri serà d'inexcusable prestació per part de l'Ajuntament, llevat de la dispensa prevista a l'article 65 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, "LMC").

Article 14

L'activitat consistent en la prestació pel sector privat dels serveis funeraris esmentats en els anteriors preceptes haurà de venir precedida per la concessió de la preceptiva autorització municipal.

CAPÍTOL 3

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS SERVEIS FUNERARIS

Article 15

La prestació de serveis funeraris haurà de dur-se a terme amb plena observança de les normes estatals i autonòmiques sobre aquesta matèria i d'acord amb les directrius generals següents:

a) Continuïtat dels serveis, que exigirà prestar-los amb caràcter permanent i ininterromput les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

b) Regularitat dels serveis, que exigirà prestar-los de forma normal i puntual i amb els mitjans personals i materials necessaris.

c) Universalitat i generalitat dels serveis, que exigirà prestar-los a tots els cadàvers i despulles. La prestació s'ajustarà a la pompa que la part interessada determini, llevat que es tracti de serveis gratuïts o bonificats.

d) Equitat de les facturacions conforme a les tarifes establertes i segons la pompa decidida pels interessats.

e) Gratuïtat o reducció de tarifes del servei envers aquelles persones que determini prèviament l'Ajuntament, per manca o insuficiència de mitjans econòmics, o quan així ho disposi l'autoritat judicial.

f) Els serveis municipals, les empreses privades de serveis funeraris i el personal que en depèn, han de relacionar-se amb les persones que sol·licitin les prestacions que contempla aquesta Ordenança amb l'atenció i el respecte que són propis, conformement amb les conviccions socials imperants.

g) Els serveis mortuoris es contractaran i prestaran observant les prescripcions de la legislació sobre defensa dels consumidors i usuaris, quedant absolutament proscrites, entre d'altres, les pràctiques capcioses tendents a contractar prestacions no desitjades per l'interessat, aprofitant la situació del dol.

h) El subministrament de taüts i urnes cineràries s'efectuarà a la casa mortuòria, a les sales de vetlla o al dipòsit corresponent.

i) Els taüts i urnes cineràries han de reunir les condicions que assenyalen les normes de policia sanitària mortuòria en vigor.

j) El material funerari utilitzat ha de ser adequadament desinfectat després de cada servei.

k) Dins del terme municipal no s'efectuaran conduccions de cadàvers a mà o a pes de braços per la via pública, llevat de casos excepcionals, degudament justificats, que requeriran l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

l) La utilització de fèretres especials serà obligatòria per a la conducció de cadàvers en aquells supòsits en què així ho prevegi la legislació vigent.

Article 16

Les empreses de serveis funeraris hauran de comptar, com a mínim, amb els mitjans personals i materials que preveuen la legislació vigent i aquesta Ordenança. El personal haurà de tenir la formació adequada.

Article 17

l. Els serveis funeraris de titularitat municipal es regiran per la present Ordenança i per la reglamentació que, en el seu cas, pugui aprovar l'Ajuntament en establir els dits serveis o modificar les seves característiques. Tanmateix, els articles 5, 14, 23 lletra A), 24, 27.1 lletra k), 32, 33, 35 a 64; disposicions transitòries 1a., 2a., i disposicions addicionals la. i 2a., en cap cas seran d'aplicació als serveis funeraris municipals gestionats directament. Aquests mateixos preceptes seran d'aplicació als serveis funeraris de titularitat municipal gestionats indirectament quan això no resulti incompatible amb la naturalesa i règim jurídic del contracte de gestió de serveis.

2. En qualsevol cas, el contracte administratiu de gestió de serveis funeraris portarà implícites les autoritzacions municipals de tot ordre que siguin procedents.

CAPÍTOL 4

RÈGIM TARIFARI DELS SERVEIS FUNERARIS I GARANTIES DEL PRINCIPI D'UNIVERSALITAT

Article 18

1. Les tarifes dels serveis funeraris gestionats directament en règim de dret públic per l'Ajuntament, seran aprovades per la Corporació municipal de conformitat amb allò que preveu la legislació reguladora de les Hisendes Locals envers les prestacions patrimonials no voluntàries de caràcter públic.

2. Les tarifes o preus de la resta de serveis funeraris de titularitat municipal seran autoritzades per la Corporació municipal, d'ofici o a proposta de l'ens o empresa gestora.

3. Les tarifes o preus dels serveis funeraris de titularitat privada seran fixades lliurement per les pròpies empreses autoritzades. Aquestes empreses hauran de dipositar a l'Ajuntament, a efectes informatius, informació actualitzada sobre prestacions i preus a aplicar, un mes abans que aquests últims o llurs modificacions hagin d'entrar en vigor.

4. En qualsevol cas, les empreses que gestionin serveis funeraris per qualsevol títol, resten obligades a tenir, en un lloc visible i a disposició del públic, una relació detallada de tarifes o preus en vigor. Aquesta obligació abastarà també els serveis funeraris gestionats directament pel propi Ajuntament.

Article 19

l. Amb la finalitat de garantir el principi d'universalitat i d'accés als serveis funeraris, les empreses funeràries autoritzades per l'Ajuntament tenen l'obligació, a instàncies de la Corporació municipal, de prestar aquests serveis de forma gratuïta o bonificada a les persones que ho requereixin per manca o insuficiència de mitjans econòmics, o en els casos que acordi l'autoritat judicial.

2. Les persones amb dret a rebre els serveis funeraris de forma gratuïta o bonificada, per manca o insuficiència de mitjans econòmics, seran aquelles que determini l'Ajuntament, previ informe dels serveis socials municipals.

3. Per tal de ser beneficiari dels serveis gratuïts o bonificats en els termes de l'apartat anterior, caldrà que els interessats acreditin que no es troben en disposició de procurar-se mitjans econòmics suficients i que el domicili mortuori de les persones difuntes radica en aquest municipi.

4. Els serveis es prestaran a qualsevol persona quan així ho disposi l'autoritat judicial. L'Ajuntament determinarà en aquests casos si la prestació ha de ser gratuïta o bonificada.

Article 20

1. Els serveis prestats per les empreses de serveis funeraris, de forma gratuïta o bonificada, atès allò que disposa l'article l9, gaudiran d'un nivell mínim de qualitat que garanteixi la dignitat del sepeli, d'acord amb els costums locals.

2. En els supòsits previstos a l'article 19, la prestació del servei haurà de venir precedida o acompanyada d'una resolució municipal que especifiqui si el servei ha de ser de caràcter gratuït o bonificat i, en aquest darrer supòsit, la quantitat a satisfer pels interessats a l'empresa de serveis funeraris.

3. L'execució material de les prestacions forçoses que contempla l'article l9 es farà efectiva de la forma següent:

a) Quan els serveis funeraris siguin prestats per una única empresa, aquesta serà l'encarregada d'assumir les dites prestacions.

b) Quan siguin més d'una les empreses funeràries existents, totes elles assumiran les prestacions forçoses de referència, de forma successiva, per l'ordre d'antiguitat que determini la data d'establiment de cadascuna d'elles en el municipi. Tanmateix, les empreses funeràries podran establir, de comú acord, un règim diferent que haurà de ser autoritzat per l'Ajuntament.

4. Als efectes de l'apartat 3, els serveis funeraris de titularitat municipal tindran la condició d'empresa funerària.

5. L'Ajuntament haurà de garantir i gestionar les prestacions forçoses que contempla l'article l9 quan el municipi no compti amb cap empresa de serveis funeraris.

6. No obstant allò que preveuen els apartats anteriors, l'Ajuntament podrà contractar amb una empresa o grup d'empreses, les prestacions gratuïtes o bonificades que contempla l'article l9.

Article 21

1. El cost econòmic de les prestacions forçoses previstes a l'article l9 ha d'ésser distribuït per l'Ajuntament entre les empreses funeràries que hagin estat autoritzades per operar en el terme municipal, sigui quina sigui la forma en què es garanteixin o gestionin les dites prestacions.

2. Als anteriors efectes, els serveis funeraris que estableixi l'Ajuntament tindran la condició d'empresa funerària, sigui quina sigui la seva forma de gestió.

3. El cost econòmic de les prestacions forçoses que preveu l'article l9 serà distribuït per l'Ajuntament entre les empreses i entitats esmentades als apartats 1 i 2, en el seu cas, en proporció a la facturació de cadascuna d'elles.

4. Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament tramitarà i aprovarà un expedient subjectant-se a les bases següents:

4.1) L'expedient es tramitarà i aprovarà durant el segon i tercer trimestre de cada exercici.

4.2) Durant el primer trimestre de cada exercici les empreses de serveis funeraris presentaran davant l'Ajuntament una declaració responsable referida a l'exercici anterior, fent avinent les dades següents: facturació íntegra de l'exercici per serveis prestats en el municipi, prestacions forçoses realitzades de forma gratuïta i prestacions forçoses realitzades amb bonificació.

4.3) Sens perjudici de les mesures sancionadores que pugui adoptar l'Ajuntament, l'incompliment per part de les empreses de l'obligació que preveu l'apartat 4.2, donarà lloc a què l'Ajuntament pugui substituir les dades de facturació per una estimació objectiva, calculada en funció de les característiques de l'empresa, de les dades poblacionals del municipi i dels resultats ponderats d'altres empreses del ram en el seu cas. En aquests mateixos supòsits, la manca de declaració responsable donarà lloc a la presumpció que l'empresa no ha realitzat cap prestació forçosa.

Totes aquestes mesures s'adoptaran quan l'Ajuntament no pugui deduir les dades necessàries del registre a què fa referència l'article 29.1.

4.4) El cost total de les prestacions forçoses realitzades durant l'exercici anterior es determinarà aplicant la fórmula següent:

NPF x K = CT

NPF = Nombre total de les prestacions forçoses realitzades per totes les empreses funeràries del municipi.

K = Valor unitari i constant de cada prestació forçosa, que equivaldrà a la magnitud inferior d'entre les següents:

a) El valor mitjà de les tarifes mínimes aplicades per totes les empreses funeràries.

b) El 100% del salari mínim interprofessional mensual.

CT = Cost total de les prestacions forçoses efectuades per totes les empreses.

4.5) Un cop determinat el cost total (CT) d'acord amb la fórmula anterior, aquest es distribuirà entre totes les empreses funeràries en proporció a la facturació de cadascuna d'elles, tenint en compte el nombre de serveis gratuïts o bonificats duts a terme per cada empresa.

L'aplicació de la regla anterior donarà lloc a l'aprovació de sengles liquidacions, amb saldo positiu o negatiu segons el cas, de les quals seran subjectes passius les empreses i entitats prestadores de serveis funeraris.

4.6) Les liquidacions amb saldo positiu donaran lloc a un ingrés del mateix import, que haurà d'efectuar l'empresa corresponent, a la Caixa de l'Ajuntament, dins del mes següent a la data de notificació de la liquidació.

4.7) Les liquidacions amb saldo negatiu donaran lloc a un reintegrament del mateix import, a càrrec de l'Ajuntament, en favor de l'empresa.

4.8) L'aprovació de l'expedient haurà de venir precedida d'un tràmit de vista i al·legacions, de deu dies hàbils, mitjançant notificació a les empreses afectades.

4.9) Quan les empreses no efectuïn l'ingrés a què fa referència l'apartat 4.6 dins el termini d'un mes, l'Ajuntament es cobrarà l'import del principal més el recàrrec de constrenyiment amb càrrec a la fiança dipositada o constituïda per l'empresa incursa en mora, prèvia audiència de l'entitat o persona fiadora. Si aquesta fiança esdevé insuficient, la Corporació municipal procedirà al cobrament del deute a través del procediment administratiu de constrenyiment.

5. La negativa de les empreses funeràries a efectuar les prestacions forçoses contemplades al present article, donarà lloc a les actuacions següents:

5.l) L'assumpció de la prestació per part de l'Ajuntament, directament o a través d'un tercer.

5.2) L'adopció de les mesures sancionadores que contempla la present Ordenança així com la revocació de les llicències i autoritzacions municipals corresponents si és el cas.

5.3) El rescabalament de l'Ajuntament, de conformitat amb el procediment anual de repercussió previst a l'apartat 4 o, si escau, directament, a càrrec de qualsevol de les empreses incomplidores, en els termes del subapartat 4.9. En aquest darrer supòsit, l'empresa afectada tindrà dret a què l'import de la prestació forçosa que li hagi estat imputada sigui tinguda en compte, al seu favor, en l'expedient anual de repartiment de costos.

TÍTOL SEGON

DE LES CONDICIONS I REQUISITS D'EXERCICI DE LES ACTIVITATS DE SERVEIS FUNERARIS PER PART DEL SECTOR PRIVAT

CAPÍTOL 1

REQUISITS I CARACTERÍSTIQUES DE LES EMPRESES

PRESTADORES DE SERVEIS FUNERARIS

Article 22

1. Els empresaris o les empreses funeràries privades que vulguin establir-se en el municipi estaran obligades a prestar, almenys i de forma simultània, els serveis funeraris bàsics que descriu aquesta Ordenança a l'article l2, apartat 1.

2. El que preveu l'apartat 1 s'entendrà sens perjudici d'allò que contemplen la Disposició Addicional 7a. i les previsions transitòries de la present Ordenança.

Article 23

Els empresaris o les empreses funeràries privades que vulguin prestar els seus serveis en el municipi, abans d'iniciar les seves activitats hauran d'haver acreditat l'acompliment dels requisits següents:

A) Solvència financera:

Les empreses societàries hauran d'acreditar un capital mínim de 10 milions de pessetes.

Quant a la resta d'empreses, la diferència entre l'actiu i el passiu del negoci no podrà ser inferior a la xifra indicada al paràgraf anterior.

En tots els supòsits, la justificació de la solvència empresarial haurà de venir avalada, a més, amb l'aportació o acreditació

- d'un informe emès per un facultatiu competent o per una entitat financera i

- d'una fiança o garantia que caldrà dipositar a la Caixa de l'Ajuntament, per un import d'1 milió de pessetes. Aquesta garantia tindrà per finalitat assegurar el compliment, per part de les empreses funeràries, dels deures i obligacions derivats de la present disposició general, i molt especialment del manteniment i respecte, per part d'aqueixes, de les condicions sanitàries, del principi de continuïtat dels serveis i del respecte dels drets dels usuaris definits per aquesta Ordenança i per la resta de normes aplicables. La garantia o fiança respondrà, en qualsevol cas, als conceptes següents:

a) El cost dels serveis funeraris de prestació forçosa contemplats als articles 19, 20 i 21, quan les empreses es neguin a prestar-los, o en el supòsit previst a la base 4.9 de l'article 21.4.

b) Les sancions que es poden imposar a les empreses, d'acord amb les previsions dels articles 12 i 13 LSF i del Títol Cinquè de la present Ordenança.

c) El valor de la confiscació, que es pot decretar en els casos que una empresa autoritzada a operar en el municipi deixi de prestar el servei abans que li sigui acceptada la renúncia a l'autorització.

La fiança o garantia es podrà constituir en qualsevol de les modalitats establertes per la legislació de contractació de les Administracions Públiques.

En tot allò que no prevegi aquesta Ordenança, les fiances i garanties es regiran per la normativa esmentada al paràgraf anterior.

La fiança o garantia no podrà ser retornada o cancel·lada mentre sigui vigent la llicència o autorització municipal. En cap cas podrà ser retornada o cancel·lada si s'està tramitant un expedient a l'empresa funerària per la comissió d'alguna infracció de les previstes a la LSF o en aquesta Ordenança, o bé si es tracta d'un expedient susceptible de generar, de forma directa o subsidiària, responsabilitats pecuniàries per a l'empresa afectada.

L'import de les fiances o garanties haurà de ser reajustat o reposat per les empreses quan es doni el cas.

Almenys cada dos anys naturals, les empreses hauran d'ajustar les fiances i garanties a les variacions que hagi experimentat l'índex de preus al consum, més dos punts, des de la data de constitució, o des de la data del darrer reajustament.

L'Ajuntament podrà concertar amb les associacions empresarials del ram la constitució o dipòsit de garanties globals, que substituiran les garanties o fiances individuals de les empreses funeràries associades, les quals, no obstant això, hauran de constituir garantia individual si deixen de pertànyer a l'associació corresponent.

L'empresari haurà de subscriure una pòlissa d'assegurança que cobreixi els danys que puguin causar a tercers en l'exercici de l'activitat, fins i tot per causa d'errors u omissions.

B) Establiment o tanatori:

S'haurà de disposar de tanatori permanent dins el terme municipal.

El tanatori serà una edificació aïllada, és a dir, sense veïns dintre del mateix edifici. Si disposés de més d'una planta, les plantes superiors a la planta baixa estaran afectes en la seva totalitat a la prestació de la activitat funerària de l'empresa.

Aquest establiment haurà d'incloure les següents instal·lacions fixes:

a) Sales de Vetlla

- El nombre de Sales de Vetlla no podrà ser inferior a 2, i una més per cada 20.000 habitants o fracció a partir dels 50.000 habitants.

- Cada una de les Sales de Vetlla disposarà de dos espais diferents: un per a la família i propparents; i un altre per al túmul-frigorífic on s'exposi el cadàver, que comptarà amb els dispositius necessaris perquè es mantingui a una temperatura màxima de 4o C.

- Les Sales de Vetlla tindran una superfície mínima de 30 metres quadrats cadascuna.

b) Zona de treball

Independent de les Sales de Vetlla. Estarà integrada per almenys dues sales: una per a la realització dels treballs de tanatopraxis i una altra per a la manipulació de fèretres i altre material funerari. En alguna d'aquestes sales, o en una tercera s'ubicarà el dipòsit de cadàvers els armaris frigorífics, amb capacitat mínima per a 3 cossos.

c) Magatzem de fèretres

Amb capacitat per emmagatzemar una reserva mínima de 15 dies de funcionament, amb un mínim de 15 unitats.

d) Dependències d'atenció al públic i serveis comuns

- Disposaran almenys de recepció, oficina administrativa, dependències de contractació de serveis, sala d'exposició de fèretres, i urnes cineràries si és el cas, i un nombre de lavabos suficient.

- Les dependències d'atenció al públic estaran obertes un mínim de 12 hores diàries, durant tots els dies de l'any, amb independència del servei d'atenció telefònica les 24 hores per atendre casos d'urgència i informar els usuaris.

e) Local per a la guarda de vehicles

- Suficient per allotjar tots els vehicles afectes a la prestació de serveis funeraris que posseeixi l'empresa.

- Haurà de disposar dels mitjans necessaris per al rentat i desinfecció dels vehicles.

- En cap cas podran allotjar-se en aquest local vehicles privats diferents als de servei funerari de l'empresa.

f) Estacionament per a vehicles de visitants

Amb una capacitat mínima per a 3 vehicles per cada sala de vetlla que tingui l'establiment, sens perjudici d'allò que preveu la Disposició Addicional Vuitena.

g) Altres característiques

L'entrada i circulació de cadàvers serà independent de la reservada a l'accés per a vianants de familiars i visitants.

C) Vehicles:

L'empresa disposarà de vehicles aptes per a la conducció i trasllat de cadàvers, ajustats als següents requisits:

- El seu número serà com a mínim de 1 vehicle i un més per cada 50.000 habitants o fracció.

- Els anteriors vehicles hauran d'estar condicionats per complir la seva funció. Hauran d'estar proveïts de llicències i autoritzacions, conforme estableix la present Ordenança i les disposicions legals en vigor.

- També es disposarà almenys d'un vehicle tipus furgó, tancat, per al repartiment de fèretres, taules i altre material.

- Els vehicles de transport funerari hauran d'estar degudament carrossats i equipats reglamentàriament i en perfectes condicions de funcionament, estat i revisió.

D) Fèretres:

L'empresa disposarà de les reserves mínimes a què es refereix la lletra c) de l'apartat B) d'aquest article.

Els fèretres s'ajustaran en les seves característiques al que estableix la reglamentació de policia sanitària mortuòria.

En qualsevol cas, l'empresa complirà amb les següents condicions:

- Disposarà tant de fèretres comuns, com de fèretres per a trasllats i fèretres especials adaptats a la normativa vigent.

- Disposarà de fèretres de mesures compreses entre els 1,70 i els 2,00 metres de llarg, amb variació de 0,10 metres.

- Almenys el 5 per 100 dels fèretres en reserva seran de mesures especials, inclosos els models infantils.

- Disposarà, alhora, de caixes de restes i urnes cineràries.

E) Altres mitjans materials:

Es disposarà també dels mitjans necessaris per a la desinfecció de vehicles, estris, robes i altre material funerari.

F) Mitjans personals:

Els mitjans personals de les Empreses Funeràries seran proporcionals a les instal·lacions i altres mitjans materials d'aquestes, i hauran de complir en tot cas els següents mínims:

a) Conducció i càrrega

- Es disposarà de 2 treballadors com a mínim per a aquestes funcions.

b) Administració i contractació

- Es disposarà de 2 treballadors com a mínim.

- En qualsevol cas, l'empresa comptarà amb el personal directiu i administratiu necessari per atendre als usuaris del servei durant les 24 hores del dia.

- Tots els treballadors de les empreses que prestin serveis dins el terme municipal hauran de tenir una formació acreditada i adequada per a la prestació dels serveis i estar donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social; estaran convenientment identificats, disposaran de vestuari i material de treball adequat, i totes les seves robes i efectes no rebutjables hauran de ser rentats i desinfectats periòdicament.

- Les empreses autoritzades per prestar serveis funeraris dins del terme municipal queden obligades al compliment de les disposicions vigents en matèria sanitària, administrativa i judicial.

Article 24

Atès allò que disposa l'article 5.1.b) de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privaades, les entitats asseguradores no podran exercir l'activitat de prestació de serveis funeraris. Tanmateix, aquesta prohibició no impedirà que aquestes entitats col·laborin amb empreses funeràries per a la distribució de llurs serveis.

Article 25

Els serveis funeraris que contempla aquesta Ordenança només podran ser prestats per les empreses autoritzades per l'Ajuntament o bé pels propis serveis municipals, llevat de les excepcions que contempla la pròpia Ordenança.

CAPÍTOL 2

DRETS I DEURES DE LES EMPRESES DE

SERVEIS FUNERARIS. RELACIONS AMB ELS USUARIS

I DRETS DELS MATEIXOS

Article 26

Les empreses de serveis funeraris tenen els drets següents:

a) Exercir les seves activitats en els termes i condicions que preveu aquesta Ordenança.

b) Percebre els preus fixats com a contraprestació als seus serveis.

c) Utilitzar les vies públiques i accedir i utilitzar les instal·lacions funeràries de titularitat municipal en els termes i condicions que fixi la reglamentació del servei.

d) La resta de drets reconeguts per l'ordenament jurídic.

Article 27

1. Les empreses que prestin els serveis funeraris que contempla aquesta Ordenança assumiran els deures i obligacions següents:

a) Prestar els serveis amb la deguda diligència, rapidesa, continuïtat i qualitat i, garantir que els seus dependents i empleats guardin la màxima atenció, respecte i maneres en les relacions amb el públic i amb el servei.

b) Prestar els serveis a tota part interessada que ho requereixi, en les condicions reglamentàries i en les derivades d'aquesta Ordenança.

c) Tramitar davant l'Administració municipal, en representació dels interessats, les sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures i les autoritzacions i permisos necessaris a l'efecte, l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver i la inscripció de la defunció en el Registre Civil.

d) Facilitar, de forma no capciosa, als familiars de la persona finada, la informació que necessitin, i, en el seu cas, l'adquisició o contractació de vehicles d'acompanyament, fèretres, corones, recordatoris, inserció d'esqueles i prestacions similars. En cap cas es podrà condicionar les prestacions bàsiques esmentades a l'article 12, apartat 1, a la contractació d'activitats complementàries.

e) Col·laborar amb l'Administració municipal per al millor compliment de les normes de policia sanitària mortuòria, especialment en situacions d'emergència o risc greu per a la salubritat pública.

f) Complir estrictament el Reglament del cementiri municipal, quan sigui el cas.

g) Mantenir en perfectes condicions tècniques de funcionament i de presentació i decòrum tots els vehicles que adscrigui als serveis mortuoris.

A aquests efectes, les empreses aportaran a l'Administració municipal la llista detallada de tots els vehicles adscrits, amb expressió de la marca, el model, la matrícula i l'any de matriculació.

Tota renovació de vehicles o canvi de característiques serà posat igualment en coneixement de l'Administració municipal, dins el mes següent al del canvi o la renovació.

h) Mantenir els locals i les instal·lacions afectes als serveis en condicions de presència, conservació, netedat i sanitat, amb la dotació del personal i el material requerits.

i) Transportar els fèretres per mitjà dels empleats de l'empresa fins al lloc on hi ha el cadàver i col·locar-lo, un cop condicionat, a l'interior del fèretre.

j) Respondre en tots els ordres dels danys causats a terceres persones amb motiu del funcionament dels serveis, tant si han estat directament produïts per l'empresa com pel personal que en depèn.

k) Exercir directament l'activitat i no cedir o traspassar a tercers la llicència municipal, sense haver obtingut prèviament l'autorització municipal a què es refereix l'article 47 d'aquesta Ordenança.

l) Complir estrictament les directrius i tota altra disposició del dret intern o comunitari dictada envers als serveis funeraris.

m) Observar, envers els usuaris dels serveis, les obligacions derivades de la legislació sanitària i de protecció de consumidors i usuaris.

n) Informar i assessorar adequadament als usuaris i públic en general.

o) Respondre del material que subministren i del correcte funcionament del servei i dels preus que apliquin.

2. Els usuaris tenen, en relació amb els serveis funeraris, els drets següents:

a) Aquells que siguin correlatius o conseqüència necessària dels deures i obligacions legals o reglamentàries de les empreses funeràries.

b) Accedir als serveis contemplats a la present Ordenança quan la defunció afecti a: un veí del municipi el domicili mortuori del qual es trobi dins la província de Barcelona; a les persones el domicili mortuori de les quals sigui en el mateix terme municipal, o a qualsevol altra persona quan així ho disposi l'autoritat judicial.

c) Rebre els serveis en condicions de respecte a la intimitat, a la dignitat, a les conviccions religioses, filosòfiques o culturals i al dolor de les persones afectades.

d) Tenir accés als serveis en condicions bàsiques d'igualtat, de manera que la manca o insuficiència de recursos econòmics no pugui constituir un impediment.

e) Rebre l'assessorament imprescindible per a garantir el procés correcte fins al inhumació o incineració del cadàver. Aquest assessorament, en tot cas, també ha d'incloure la informació sobre els tràmits legals a seguir i sobre els requisits i les pràctiques sanitàries exigibles segons la normativa de policia sanitària mortuòria.

f) Tenir accés directe al catàleg de prestacions que es poden contractar amb les entitats prestadores dels serveis funeraris, amb la indicació detallada de les característiques d'aquestes prestacions i dels preus aplicables. Inclou el dret a sol·licitar i obtenir per escrit, amb caràcter previ i vinculant, el pressupost complet del servei seleccionat.

g) Tenir accés als expedients d'elaboració de normes municipals d'ordenació de l'activitat funerària durant el tràmit d'informació pública i, si cal, presentar suggeriments o al·legacions.

h) Tenir la garantia que aquests serveis es mantenen en les condicions sanitàries que requereixen.

i) Tenir la garantia de la continuïtat i regularitat de les prestacions.

j) Poder elegir lliurement l'empresa funerària d'acord amb la LSF i la present Ordenança.

k) Els altres drets definits per la resta de normativa que sigui aplicable, especialment en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, i els reconeguts per la present Ordenança.

Article 28

Les empreses funeràries han de disposar d'un catàleg que especifiqui el contingut de tots els serveis que presten, amb indicació detallada de les característiques de tots i cadascun dels serveis i prestacions, així com dels fèretres i altres elements, dels vehicles de conducció i/o trasllat i de les tarifes o preus vigents. Un exemplar d'aquest catàleg, que inclourà les corresponents fotografies, es posarà a disposició de l'Ajuntament.

Les empreses funeràries són responsables dels materials que subministren, com també del correcte funcionament del servei i dels preus que apliquen.

Article 29

1. Les empreses funeràries han de portar un registre dels serveis prestats, amb les indicacions que pugui establir l'Administració sanitària i l'Ajuntament i, en tot cas, amb les següents:

a) Data del servei.

b) Descripció del servei.

c) Dades del peticionari i, identificació del cadàver.

d) Import total del servei (IVA inclòs).

2. Les empreses de serveis funeraris hauran de tenir a disposició del públic un llibre de reclamacions diligenciat per l'Ajuntament en tots els seus folis.

Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de les autoritats i funcionaris de la Corporació. Això no obstant, durant els primers 10 dies de cada trimestre natural les empreses hauran de posar en coneixement de l'Ajuntament les reclamacions presentades durant el trimestre anterior.

CAPÍTOL 3

CONDUCCIÓ I TRASLLAT DE CADÀVERS

Article 30

1. L'activitat de conducció i trasllat de cadàvers o de restes cadavèriques, duta a terme per les empreses de serveis funeraris amb els vehicles afectes al servei, s'ajustarà a allò que preveu la normativa sectorial d'aplicació.

2. Estaran facultades per tal de realitzar el transport de cadàvers:

a) Si el cadàver es troba en el municipi i la inhumació o incineració s'ha de practicar en el propi terme municipal: les empreses o entitats prestadores dels serveis funeraris que comptin amb llicència o autorització de l'Ajuntament, a elecció de l'usuari, si en són dues o més.

b) Si el cadàver es troba en el municipi, però la inhumació o incineració s'ha de practicar en un altre municipi: les empreses o entitats esmentades a la lletra a) i les empreses o entitats prestadores dels serveis funeraris que comptin amb llicència o autorització del municipi on s'hagi de practicar la inhumació o incineració, sempre i en tots els casos a elecció de l'usuari.

c) Si el cadàver es troba en un altre municipi, però la inhumació o cremació no s'ha de practicar en aquest últim, sinó en el propi terme municipal: les empreses o entitats esmentades a la lletra a) i les empreses o entitats prestadores de serveis funeraris que comptin amb llicència o autorització del municipi on es trobi el cadàver, sempre i en tots els casos a elecció dels usuaris.

3. Llevat de calamitats o infortunis públics, els serveis municipals no gestionaran cap inhumació o incineració de cadàvers quan l'empresa o entitat que efectuï el transport no acrediti estar en possessió de les autoritzacions o llicències contemplades per a cada supòsit, a l'apartat 2.

Article 31

Els vehicles funeraris de les empreses de serveis funeraris radicades al municipi hauran de complir els requisits i respectar les normes a què es refereix l'article 140.2 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de les normes reguladores del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor (DOG núm. 1387 de 31 de desembre de l990). Aquests vehicles hauran de comptar amb l'autorització de transport privat per a la realització de transport funerari, lliurada per la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya -previ informe de l'Administració sanitària, en el seu cas- i d'acord amb la proposta realitzada per l'Ajuntament que, prèviament, haurà d'haver constatat el compliment dels requisits relatius als transports privats i dels que preveu el primer incís d'aquest paràgraf.

Article 32

Obtinguda l'autorització de la Direcció General de Transports, l'Ajuntament procedirà al lliurament de les llicències corresponents.

Article 33

Cap empresa de serveis funeraris radicada al municipi podrà iniciar les seves activitats sense haver obtingut prèviament les llicències i autoritzacions esmentades a l'article anterior.

Article 34

Es prohibeix la conducció i trasllat de cadàvers sense el corresponent fèretre, el qual haurà de reunir les característiques assenyalades per la normativa de policia sanitària mortuòria.

CAPÍTOL 4

FACULTATS DE CONTROL DE L'AJUNTAMENT

Article 35

L'Ajuntament gaudirà, envers les empreses de serveis funeraris, de les facultats que li reconeix la legislació vigent i, molt especialment, de les següents:

a) Inspeccionar els vehicles adscrits als serveis, els locals i el material corresponent.

b) Requerir les empreses perquè presentin la justificació del compliment de les seves obligacions com a empresa de serveis funeraris i les de treball i de caràcter social.

c) Exigir l'increment del nombre de vehicles adscrits als serveis, quan ho requereixi l'augment del cens de població del municipi.

d) Imposar a les empreses el canvi de vehicles o de material quan s'hi apreciïn signes evidents de deteriorament o desdigui de l'adequada prestació dels serveis.

e) Imposar a les empreses les sancions pertinents per raó de les infraccions que cometin i dictar-los les ordres oportunes per mantenir la prestació dels serveis al nivell adequat.

f) Obligar l'empresa a adaptar els elements tècnics del servei a les necessitats que, pel creixement demogràfic o per la innovació tècnica, s'imposin per a una correcta explotació de les activitats, sense que això comporti cap dret a indemnització i sense perjudici dels reajustaments de preus que siguin procedents.

g) Intervenir les empreses en els supòsits de catàstrofe o infortunis públics o greu risc dels mateixos, atès allò que disposa l'article 21.1.j) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, observant les prevencions següents:

- Audiència prèvia de les empreses, llevat de situacions d'urgència extrema.

- Fixació d'un límit temporal envers les mesures d'intervenció, límit aquest que pot venir referit a la durada dels fets motivadors de les dites mesures.

- Indemnització dels danys i perjudicis causats a les empreses intervingudes, llevat que aquestes siguin responsables de la situació originadora de la intervenció. Les facultats d'intervenció que contempla aquest apartat s'estendran als supòsits de vaga en cas d'inobservància dels serveis mínims.

h) La resta de facultats i prerrogatives que contempla aquesta Ordenança i la normativa aplicable en seu local.

TÍTOL TERCER

DE LES LLICÈNCIES MUNICIPALS PER A

LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS

CAPÍTOL 1

RÈGIM D'AUTORITZACIONS

Article 36

Qualsevol empresari o empresa que desitgi exercir l'activitat de prestació de serveis funeraris al municipi de Castelldefels haurà de disposar de les instal·lacions, equipaments, i mitjans materials, econòmics i personals a què es refereix l'article 23 de la present Ordenança.

Article 37

La instal·lació, ampliació o reforma de qualsevol activitat de serveis funeraris dins del terme municipal requerirà la prèvia obtenció de l'autorització de l'Ajuntament, la qual revestirà la forma de "llicència d'activitats". A aquestes llicències els serà d'aplicació el règim jurídic de les activitats classificades com a molestes, insalubres, nocives i perilloses, i les particularitats, especialitats i demés prescripcions que puguin derivar-se de la LSF, de les normes de policia sanitària mortuòria i d'aquesta Ordenança.

Article 38

Amb la sol·licitud de llicència caldrà acompanyar la documentació exigida reglamentàriament, que comprendrà, si més no, una descripció de l'activitat, la seva incidència en la salubritat pública i en el medi ambient i els riscos potencials per a persones i béns, així com les mesures correctores proposades, justificant-se expressament el compliment de la normativa sectorial.

A més, caldrà acompanyar els documents següents:

a) Estudi econòmic financer de l'activitat, amb indicació dels preus projectats.

b) Projecte d'implantació de l'activitat, amb especificació i descripció de tots els equipaments i elements materials i personals esmentats a l'article 23 d'aquesta Ordenança. Envers els vehicles, caldrà especificar llur nombre, marca, model i demés característiques.

c) Projecte constructiu quan la implantació de l'activitat faci necessària l'execució d'obres o instal·lacions.

d) L'informe a què fa referència l'article 23, lletra A) d'aquesta Ordenança.

e) La resta de documents que siguin preceptius en virtut de la normativa reguladora de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

Article 39

Obtinguda la llicència d'activitats -simultàniament o prèviament a la d'obres, si es dóna el cas- el titular de la mateixa restarà habilitat per dur a terme només la implantació efectiva de tots els elements de l'activitat autoritzada, incloses les mesures correctores.

Un cop complimentades les actuacions anteriorment esmentades, el titular de la llicència d'activitats instarà de l'Ajuntament la visita d'inspecció i l'autorització de posada en marxa de l'activitat, la qual revestirà la forma de "llicència d'obertura". No podrà iniciar-se l'exercici de cap activitat de prestació de serveis funeraris sense haver obtingut prèviament aquesta darrera llicència.

Article 40

A la petició de visita d'inspecció i de la llicència d'obertura caldrà acompanyar la documentació que reglamentàriament sigui procedent i que garanteixi que les instal·lacions s'ajusten al projecte autoritzat per la Corporació, així com a les mesures correctores establertes.

En qualsevol cas, caldrà que siguin adjuntats els documents següents:

a) Justificants acreditatius, quant al tanatori, del compliment dels requisits enumerats a la lletra B) de l'article 23 d'aquesta Ordenança, així com els documents acreditatius de la constitució o dipòsit de les garanties previstes a la lletra A) del mateix precepte.

b) Original o còpia compulsada de les autoritzacions de transport funerari de tots els vehicles destinats a aquest servei.

c) Una memòria justificativa acreditant que el titular de la llicència compta amb tots els mitjans materials i personals a què fan referència les lletres D), E) i F) de l'article 23 d'aquesta Ordenança.

d) Justificant d'alta als efectes de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

Article 41

L'atorgament de la llicència d'obertura portarà implícita, quan sigui el cas, l'autorització de primera ocupació, utilització o canvi d'ús i vindrà acompanyada de l'expedició de les llicències municipals de transport funerari que siguin pertinents.

Article 42

En tot allò que no és previst en els articles anteriors hom estarà a allò que disposen l'article 7 LSF, els articles 92 a 95 i 103 a 108 ROAS, els articles 42 a 45 RPSM, i les normes reguladores de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

Article 43

Sens perjudici d'allò que preveu amb caràcter general l'article 4.4, les empreses o entitats prestadores dels serveis funeraris podran condicionar la prestació efectiva dels serveis que els siguin requerits al compromís de pagament de les despeses corresponents, subscrit per algun familiar del finat.

Article 44

Sens perjudici d'allò que preveu amb caràcter general l'article 43, les empreses o entitats prestadores dels serveis funeraris no podran fer ús de la facultat que els confereix aquest darrer precepte, quan es tracti de prestar serveis funeraris en algun dels supòsits contemplats a l'article 19.

CAPÍTOL 2

CESSAMENT DE L'ACTIVITAT

Article 45

Atès que els serveis funeraris constitueixen una activitat d'interès general de caràcter essencial, el seu cessament avançat a iniciativa de les empreses autoritzades requerirà el vist i plau previ de la Corporació municipal. A més, el cessament avançat de l'activitat empresarial caldrà que sigui anunciat amb un més d'anticipació en un diari de màxima difusió a la localitat.

Article 46

A banda de la responsabilitat que pugui generar l'incompliment dels tràmits esmentats a l'article anterior, el cessament irregular de les activitats autoritzades podrà donar lloc a les mesures d'intervenció previstes a l'article 35 d'aquesta Ordenança si d'aquesta situació se'n deriven les circumstàncies previstes a l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

TÍTOL QUART

TRANSMISSIBILITAT, CADUCITAT, REVOCACIÓ,

SUSPENSIÓ, ANUL·LACIÓ I VIGÈNCIA
DE LES LLICÈNCIES

CAPÍTOL 1

TRANSMISSIBILITAT DE LLICÈNCIES

Article 47

Les llicències per a l'exercici d'activitats funeràries seran transmissibles. Tanmateix serà requisit indispensable sol·licitar i obtenir autorització prèvia a l'Ajuntament, el qual tindrà per objecte comprovar que la nova empresa o empresari, les obres i instal·lacions, els mitjans personals, materials i vehicles, i en general tota l'activitat o servei funerari a desenvolupar pel futur nou titular de la llicència, s'ajusten al que disposen, en el moment d'atorgar l'autorització municipal, les lleis, reglaments i ordenances municipals vigents.

Quan la transmissió de la llicència impliqui tant sols un canvi de titularitat, no afectant de manera substancial a la forma, instal·lacions i mitjans per desenvolupar l'activitat, l'autorització municipal haurà d'atorgar-se o denegar-se en el termini de dos mesos, des de la sol·licitud. Cas contrari, el procediment d'autorització de la transmissió s'assimilarà al que preveuen el articles 38 i següents d'aquesta Ordenança.

Les transmissions de llicències que es produeixin contravenint la prohibició anterior no gaudiran d'efectes, i els responsables d'aquesta infracció respondran solidàriament dels danys derivats de la seva actuació i de les sancions imposades per l'Ajuntament. La petició posterior d'autorització o de nova llicència no extingirà ni reduirà la dita responsabilitat.

CAPÍTOL 2

CADUCITAT DE LES LLICÈNCIES

Article 48

Les llicències per a l'exercici d'activitats funeràries caducaran per les causes previstes, amb caràcter particular o general, a la legislació sectorial i de règim local i a la present Ordenança.

Article 49

L'acte d'atorgament de la llicència d'activitats fixarà els terminis d'iniciació, interrupció màxima i acabament de les obres i instal·lacions necessàries en ordre a aplicar i fer efectives les mesures correctores i la resta de condicions imposades.

Article 50

Els terminis a què fa referència l'article anterior seran els següents:

a) Per a l'inici de les actuacions: tres mesos.

b) Interrupció màxima: dos mesos.

c) Acabament: el que fixi la resolució de la concessió de la llicència.

Article 51

Els terminis a què fan referència els articles anteriors seran comptadors des de la notificació de la concessió de llicència d'obres, si aquesta s'atorgués amb posterioritat a la d'activitats.

Article 52

Un cop concedida la llicència d'obertura, el titular de la mateixa haurà de posar en marxa l'activitat en un termini màxim de trenta dies hàbils.

Article 53

L'incompliment de qualsevol dels terminis especificats anteriorment donarà lloc a la caducitat de la llicència, prèvia audiència del titular de l'autorització. Tanmateix, aquests terminis podran ser prorrogats per l'Ajuntament, prèvia petició raonada dels interessats feta quinze dies abans d'expirar el termini corresponent. Les pròrrogues tindran una durada màxima equivalent a la del termini inicial de què es tracti, excepció feta del supòsit previst a l'article 50.c), en què la durada màxima de la pròrroga serà de sis mesos. En qualsevol cas, la manca de resolució expressa de la petició dins de termini tindrà efectes estimatoris.

CAPÍTOL 3

REVOCACIÓ, SUSPENSIÓ I ANUL·LACIÓ DE LLICÈNCIES

Article 54

Les llicències per a l'exercici d'activitats de serveis funeraris podran ser suspeses, revocades o anul·lades en els supòsits previstos en cada cas a:

a) Els articles 13.1.c) i 13.2 LSF.

b) L'article 38 del Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual va ser aprovat el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.

c) L'article 88 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

d) La resta de disposicions que siguin d'aplicació en seu de règim jurídic de llicències i autoritzacions municipals.

Article 55

La revocació, suspensió o anul·lació de la llicència portarà aparellada la clausura de les instal·lacions, sense perjudici de les mesures d'intervenció que pugui adoptar l'Ajuntament a l'empara de l'article 21.1.j) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, en els termes i condicions a què fa referència l'article 35 lletra g) d'aquesta Ordenança.

Article 56

Quan la suspensió, revocació o anul·lació de la llicència vingui motivada per fets, la comissió dels quals porti aparellada, a més, la imposició d'una sanció, els responsables dels fets sancionats no podran obtenir una nova llicència durant un termini de tres anys. Aquest darrer termini quedarà reduït al termini de suspensió de l'autorització si aquesta és la mesura adoptada per l'Ajuntament.

CAPÍTOL 4

DE LA VIGÈNCIA DE LES LLICÈNCIES

Article 57

Les llicències per a l'exercici d'activitats consistents en la prestació de serveis funeraris tindran una vigència indefinida.

Article 58

La vigència indefinida de la llicència no impedirà la possibilitat de revocació, suspensió o anul·lació que preveu l'article 54.

TÍTOL CINQUÈ

DEL RÈGIM SANCIONADOR I
DE LA INSPECCIÓ MUNICIPAL

CAPÍTOL 1

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 59

1. Les entitats prestadores dels serveis funeraris poden ésser sancionades per la comissió de les infraccions tipificades en aquest article, sens perjudici de les sancions aplicables per la vulneració de la normativa en matèria de policia sanitària mortuòria i en matèria de defensa de les persones consumidores o usuàries.

2. Són infraccions molt greus:

a) Gestionar serveis funeraris sense la preceptiva autorització municipal.

b) No prestar els serveis contractats amb les persones usuàries.

c) Infringir les normes sanitàries o els reglaments o les ordenances municipals i provocar, així, una situació de risc per a les condicions sanitàries de la població.

d) Falsejar dades relatives al servei funerari i donar informació falsa sobre les condicions de prestació dels serveis.

e) Facturar serveis no contractats ni sol·licitats.

f) Impedir o dificultar als inspectors o agents municipals la inspecció dels serveis funeraris.

g) Cometre qualsevol altra vulneració greu dels drets de les persones usuàries definits per la LSF o per aquesta Ordenança.

h) Reincidir en la comissió de dues faltes greus o més de dues, en el termini d'un any.

3. Són infraccions greus:

a) No disposar del tipus de materials i de serveis que tenen en els catàlegs i que han estat objecte de contractació per les persones usuàries.

b) Donar informació o assessorament erronis a les persones usuàries sobre els tràmits legals a seguir o els materials a utilitzar preceptivament i les pràctiques sanitàries a complir.

c) Infringir les normes sanitàries i els reglaments o les ordenances municipals, sense provocar una situació de risc per a les condicions sanitàries de la població.

d) Prestar els serveis amb vehicles no autoritzats.

e) No tenir llibre de reclamacions o negar-se a facilitar-lo.

f) Obstruir l'activitat inspectora dels òrgans municipals competents.

g) No reajustar la fiança, si en tenen l'obligació.

h) Incomplir qualsevol altra de les condicions de les autoritzacions de prestació dels serveis funeraris.

4. És una infracció lleu qualsevol altre incompliment de les ordenances o reglaments municipals reguladors dels serveis funeraris.

Article 60

Sens perjudici d'allò que disposa l'article 59, també constitueixen infraccions de la present Ordenança qualsevol contravenció o vulneració de les seves prescripcions tipificada com a infracció administrativa en virtut de la normativa següent:

a) Articles 32 a 37 de la Llei estatal 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.

b) Articles 3 a 29 de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i usuaris (de Catalunya) en els termes i condicions de l'article 2 del Decret 174/1990, de 3 de juliol (D.O.G.C. núm. 1322, de 25/7/1990).

c) Articles 29 i 30 de la Llei 3/1993, de 5 de març de l'Estatut del Consumidor (de Catalunya).

d) La resta de lleis estatals i autonòmiques concordants amb les anteriors i les que en el futur puguin aprovar les Corts Generals o el Parlament de Catalunya.

Article 61

L'Alcalde podrà sancionar d'acord amb el procediment corresponent les infraccions tipificades en aquesta Ordenança o en la normativa de sanitat i de defensa de consumidors i usuaris, sens perjudici de la competència sancionadora de la Generalitat de Catalunya en aquestes matèries.

L'Alcalde subjectarà la seva potestat sancionadora als criteris següents:

1. Infraccions tipificades a l'article 59:

a) Infraccions lleus: amonestament o multa de fins a 100.000 pessetes.

b) Infraccions greus: multa de fins a 1.000.000 de pessetes.

c) Infraccions molt greus: multa de fins a 20.000.000 de pessetes o la suspensió de l'autorització per a prestar serveis funeraris per un termini màxim de tres anys.

A més, l'Ajuntament podrà revocar l'autorització de les empreses que hagin estat sancionades per tres faltes molt greus en el termini de divuit mesos. La revocació de l'autorització es resoldrà en el mateix expedient en què s'estableixi la tercera sanció.

2. Infraccions tipificades a la normativa sanitària i de defensa de consumidors i usuaris:

El límit màxim de les multes imposades a l'empara de les normes a què fa referència l'article 60. a) i d'altres de concordants sobre la mateixa matèria, serà de 2.500.000 Ptes.

El límit màxim de les multes imposades a l'empara de les normes a què fan referència les lletres b) i c) de l'article 60 i d'altres de concordants sobre les mateixes matèries, serà el previst a l'article 2 del Decret 174/1990, de 3 de juliol, pel qual es regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris (DOG núm. 1322 de 25 de juliol de l990).

Article 62

1.- Les sancions previstes a l'article 59, sigui quina sigui llur qualificació, es graduaran de conformitat amb els criteris següents:

a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.

b) La naturalesa i entitat dels perjudicis causats.

c) La reincidència per comissió, en el termini d'un any, de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

d) La prohibició que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes infringides.

e) Aquells altres criteris de graduació que contempli la legislació sectorial.

La resta de sancions previstes al present Capítol es graduaran d'acord amb la seva normativa específica, i supletòriament, d'acord amb els criteris anteriors.

2.- La imposició de sancions serà compatible amb l'adopció de les mesures previstes al Títol Quart de la present Ordenança.

3.- No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penalment o administrativament en els casos que s'apreciï identitat del subjecte, fet i fonament.

En cap cas no es podrà imposar una doble sanció en via administrativa pels mateixos fets o omissions i en funció dels mateixos interessos públics protegits, si bé hauran d'exigir-se les demés responsabilitats que es dedueixin d'altres fets o infraccions concurrents.

Si un mateix fet o omissió fos constitutiu de dues o més infraccions administratives fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, l'Ajuntament prendrà en consideració únicament la infracció que revesteixi més gravetat.

Article 63

1. Les empreses o entitats prestadores de serveis funeraris seran, en tot cas, responsables de les infraccions que hagin tingut el seu origen en accions o omissions imputables al seu personal.

2. Les sancions imposades a empreses funeràries es podran fer efectives amb càrrec a les garanties que preveu l'article 23.A).

CAPÍTOL 2

RÈGIM JURÍDIC DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 64

1. Fins que l'Ajuntament no hagi adoptat un de propi, la Corporació aplicarà el procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (DOGC. núm. 1827 - 29/11/1993).

2. Els òrgans competents de l'Ajuntament podran adoptar mesures cautelars o provisionals en els termes i condicions que preveuen l'article 110.2 del ROAS i l'article 4 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.

3. Correspondrà a l'Alcalde la imposició de les sancions a què fa referència el present Capítol, llevat que les infraccions en matèria sanitària o de defensa de consumidors i usuaris puguin ser mereixedores d'una sanció o multa superior a la que poden fixar els ens locals, en el qual cas seran imposades, a proposta de l'Ajuntament, per les autoritats estatals o autonòmiques competents.

CAPÍTOL 3

INSPECCIÓ MUNICIPAL

Article 65

1. Els serveis municipals exerciran les funcions d'inspecció i control de les activitats funeràries previstes en aquesta Ordenança. En l'exercici de les seves funcions, els inspectors municipals tindran el caràcter d'agents de l'autoritat.

2. Els inspectors municipals hauran d'acreditar la seva identitat i, en l'exercici de les seves funcions, podran:

a) Accedir a totes les instal·lacions de les empreses funeràries.

b) Demanar informació verbal i escrita en relació a l'activitat inspeccionada i, alhora, inspeccionar els llibres i registres a què fa referència l'article 29.

c) Aixecar actes quan apreciïn indicis d'infracció.

d) Proposar a l'Ajuntament, en situacions de risc greu per a la salut pública, l'adopció de mesures proporcionades, fins i tot d'ordre cautelar o provisional, així com l'aprovació d'instruccions.

3. La funció inspectora no quedarà circumscrita a l'àmbit sancionador, i tindrà també per objecte comprovar les condicions de les instal·lacions, del personal, dels vehicles i de la resta del material destinat als serveis funeraris i, en general, el compliment dels requisits i condicions a què són sotmeses les activitats funeràries.

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.- 1. Durant un termini d'un any, comptador des de l'entrada en vigor de la present Ordenança, els serveis funeraris en l'àmbit del municipi podran ser prestats sense l'autorització municipal prevista en aquesta Ordenança per qualsevol empresa de serveis funeraris que ja estigui instal·lada en el municipi.

Durant aquest període transitori no els seran d'aplicació les determinacions de la present Ordenança, i es regiran per la normativa anterior a la mateixa.

2. Un cop finalitzat el període transitori contemplat a l'apartat anterior quedarà prohibida l'activitat d'aquelles empreses de serveis funeraris que no hagin regularitzat la seva situació i no comptin amb la llicència o autorització de l'Ajuntament que preveu aquesta Ordenança.

Segona.- 1. Si no existeix cap empresa funerària ubicada en el municipi i, fins que l'Ajuntament no estigui en disposició de garantir almenys, de forma directa o indirecta, la prestació dels serveis funeraris contemplats a les lletres a), b), c) i d) de l'article 4.1 LSF, la Corporació podrà autoritzar provisionalment la prestació, en el municipi, dels dits serveis per part d'empreses radicades a altres municipis de la Comarca.

2. L'autorització de l'Ajuntament es concedirà a instància de les empreses interessades, les quals hauran d'acreditar:

a) Que compten amb les llicències o autoritzacions reglamentàries equivalents a les que contempla aquesta Ordenança, concedides per l'Ajuntament on radiqui la seva seu social o, en defecte de les mateixes, que disposen de llicència d'activitats.

b) Que disposen de les autoritzacions de transport funerari, tant de la Generalitat de Catalunya com del municipi on radiqui la seva seu social.

c) Que disposen dels mitjans a que fa referència l'article 6 LSF.

3. Les autoritzacions que contempla la present disposició transitòria tindran caràcter provisional i quedaran extingides sense dret a indemnització, en tot cas quan l'Ajuntament estigui en disposició de prestar els serveis a què fa referència l'apartat 1 o s'hagi instal·lat al municipi alguna empresa de serveis funeraris de conformitat amb les previsions generals d'aquesta Ordenança.

4. En qualsevol cas, les empreses autoritzades en virtut de la present disposició hauran de satisfer l'Impost d'Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- Atès allò que preveu l'article 105 ROAS, l'Ajuntament no assumirà en cap cas la titularitat de les activitats de serveis funeraris autoritzades per la Corporació i no es farà responsable dels danys causats a tercers per les persones o empreses autoritzades o dels que se'n derivin de la no prestació de l'activitat; això últim, sens perjudici de l'adopció de les mesures sancionadores pertinents, així com de les previstes per aquesta Ordenança amb la finalitat de garantir l'existència i la prestació efectiva dels dits serveis a tota la col·lectivitat local.

Segona.- Sens perjudici que l'atorgament de llicències per a activitats funeràries s'adeqüi a la normativa reguladora de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, la manca de resolució expressa de les peticions de llicència dins del termini de sis mesos tindrà efectes desestimatoris.

Tercera.- Els titulars d'activitats funeràries observaran, quan sigui el cas, les determinacions de la Llei de 27 d'octubre de 1979 sobre règim d'utilització d'òrgans.

Quarta.- Atès allò que disposen els articles 21 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i 41.8 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l'Alcalde ostentarà la direcció superior de la policia sanitària mortuòria local, publicant, quan s'escaigui, bans, ordres o circulars d'instruccions, fins i tot quan aqueixes tinguin per finalitat aclarir el significat i abast de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança.

Cinquena.- L'Alcalde i la resta d'òrgans municipals competents gaudiran de la condició d'autoritats sanitàries en seu de policia sanitària mortuòria local.

Sisena.- Les referències que conté la present Ordenança als familiars dels difunts es faran extensives a la resta de propparents, amics i persones vinculades als primers per una relació afectiva equiparable o anàloga.

Setena.- Les empreses de serveis funeraris podran celebrar convenis amb l'Ajuntament i amb altres empreses funeràries del municipi, amb la finalitat d'utilitzar llurs instal·lacions i serveis. En aquests supòsits, l'acreditació de les condicions i requisits a què fa referència el Títol Segon d'aquesta Ordenança quedarà circumscrita a aquells

elements o circumstàncies que no puguin deduir-se directament de les condicions o clàusules del conveni. En qualsevol cas, aquestes empreses quedaran exonerades de l'obligació de dotar-se d'aquelles instal·lacions o mitjans propis que puguin suplir-se amb les instal·lacions o mitjans concertats amb la Corporació o amb una altra empresa del municipi.

Els convenis esmentats en el paràgraf anterior hauran d'haver estat autenticats per un notari o pel Secretari de l'Ajuntament.

Vuitena.- L'Ajuntament podrà rellevar les empreses funeràries de l'obligació d'habilitar l'estacionament per a vehicles a que fa referència la lletra f) de l'apartat B) de l'article 23, quan resti acreditada la seva innecessarietat o quan circumstàncies urbanístiques, de manca d'espai o d'inviabilitat econòmica ho justifiquin.

Novena.- L'Ajuntament posarà en coneixement del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat les llicències i autoritzacions concedides a les empreses o entitats prestadores de serveis funeraris, així com els serveis d'aquesta naturalesa prestats per la Corporació municipal de forma directa o indirecta. La mateixa comunicació es farà envers el Registre Civil, als efectes d'acreditar degudament les entitats o empreses funeràries, en ordre a facilitar la gestió, per part d'aquestes, dels tràmits preceptius, previs o posteriors a la inhumació o cremació del cadàver.

El cessament d'activitats de les empreses i entitats prestadores de serveis funeraris serà objecte del mateix règim de comunicacions.

Desena.- En virtut i d'acord amb el Conveni que, si s'escau puguin signar els Ajuntaments de Gavà i Castelldefels, també podran ser atorgades llicències per a l'exercici de l'activitat funerària en els dos municipis mitjançant una instal·lació única i comúna, sigui quin sigui el terme municipal (Gavà o Castelldefels) en el qual aquella estigui emplaçada.

En aquest cas la llicència haurà de sol·licitar-se i obtenir-se de cada Ajuntament, i els requeriments -–quant a instal·lacions i mitjans personals, materials, vehicles, etc-- seran el resultat de la suma dels que serien necessaris per l'exercici independent en cada població.

En aquest mateix cas, serà requisit indispensable que l'establiment o tanatori comú estigui situat a una distància no superior a un quilòmetre de la línia de separació dels termes de Castelldefels i Gavà, i gaudir de bones condicions d'accessibilitat des del nucli i zones urbanes de les dues poblacions. L'empresa haurà de disposar d'una oficina d'atenció al públic en el casc urbà del municipi on no radiqui l'establiment o tanatori.

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Castelldefels y los Organismos Autónomos que dependen de él

30/03/2006

En el modern estat social i democràtic de dret és inqüestionable la importància que tenen les subvencions, fins al punt que pot afirmar-se que estem davant d'un instrument decisiu en la política social i econòmica de qualsevol administració.

En un sentit ampli, la subvenció és una categoria que engloba un conjunt variat de figures de diferent naturalesa jurídica i econòmica ja que hi conflueixen aspectes pressupostaris i financers amb aspectes jurídic administratius. Alguns tractadistes parlen del caràcter interdisciplinari de la subvenció tot recordant el predomini financer i pressupostari d'aquesta Institució.

La pràctica totalitat de la doctrina, així com reiterades recomanacions del Tribunal de Comptes -davant la inseguretat jurídica existent per la dispersió normativa i llacunes existents- i també les relacions financeres entre Espanya i la Unió Europea, instrumentades mitjançant subvencions amb càrrec a fons comunitaris, exigien una llei general de subvencions on s'abordés aquesta problemàtica de forma integral que és el que fa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

A Catalunya, la Generalitat havia ja regulat la matèria de subvencions -amb gran precisió tècnica- en el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny.
Aquesta Ordenança general es centra en l'ajuda pública que s'atorga sota la forma de lliurament dinerari o pecuniari que és la figura més necessitada d'una atenció reguladora, establint les regles oportunes, amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia i eficiència, potenciant simultàniament el control i transparència que el caràcter de públiques confereix a aquest tipus d'ajudes econòmiques.

Per altra part, és convenient i necessari establir criteris homogenis en la seva tramitació i justificació i, al mateix temps, facilitar la tasca de comprovació que fan els Serveis gestors i la pròpia Intervenció pel compliment de la finalitat de la subvenció.

La present Ordenança general emmarcaria tota l'activitat subvencionadora de caràcter pecuniari de l'Ajuntament de Castelldefels i de les entitats que en depenen i les diferents Àrees hauran d'aprovar les corresponents Bases específiques, les quals, en cap cas, poden estar en contradicció amb la present Ordenança general.
Aquesta Ordenança té el caràcter de Reglament General dels previstos en l'article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 2/2003, i està adaptada a la Llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

La present Ordenança està constituïda pels següents títols i disposicions:

Títol I, dedicat a disposicions generals, comprensiu dels articles 1 al 6.
Títol II, dedicat al procediment i gestió de les subvencions, comprensiu dels articles 7 al 21.
Títol III, dedicat a la nul·litat, revisió i reintegrament de les subvencions, comprensiu dels articles 22 al 24.
Títol IV, dedicat a les infraccions, sancions administratives i responsabilitats en matèria de subvencions, comprensiu dels articles 25 i 26.
Títol V, dedicat al control financer de les subvencions, comprensiu de l'article 27.
Títol VI, dedicat a les bases específiques, comprensiu de l'article 28.
Disposició addicional
Disposició transitòria
Disposició derogatòria
Disposicions finals

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Castelldefels i els seus organismes autònoms i altres ens, a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
Article 2. Concepte de subvenció i àmbit d'aplicació
S'entén per subvenció, als efectes d'aquesta Ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada per l'Ajuntament o entitats que en depenen, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d'una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que se'n derivin.
c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.
Els organismes autònoms i les entitats públiques de caràcter empresarial dependents de l'Ajuntament, podran atorgar subvencions quan així s'hagi previst en els seus estatuts; altrament, serà necessari que ho autoritzi l'Ajuntament.
Article 3. Supòsits exclosos
1. Aquesta Ordenança General no serà d'aplicació en els següents casos:
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.
b) Subvencions atorgades al concessionari d'un servei públic que les rep com a contraprestació del funcionament del Servei.
c) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social.
d) Subvencions concedides per altres administracions en les quals l'Ajuntament actuï com simple intermediari.
e) Aportacions de l'Ajuntament destinades a finançar globalment les activitats dels ens receptors: organismes autònoms; entitats públiques empresarials; consorcis; mancomunitats; fundacions; associacions; etc. en les quals està representada l'Ajuntament i als quals, anualment, es fan aportacions econòmiques per finançar els seus pressupostos.
f) Subvencions a favor de les associacions a què es refereix la disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local (Federació i Associació de Municipis).
g) Subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les seves despeses de funcionament.
2. La present Ordenança general només tindrà caràcter supletori, respecte a la corresponent normativa específica, en els següents casos:
a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o d'altres administracions públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per l'Administració que financi, totalment o parcialment, la subvenció.
En cas que la normativa esmentada no reguli la forma d'atorgament de la subvenció, serà d'aplicació aquesta Ordenança general.
b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per aquesta.
Article 4. Règim jurídic
El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:
a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant LGS).
b) La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'administració local (arts. 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març) (d'ara endavant LRHL).
c) La legislació de la Comunitat Autònoma (arts. 239, 240 i 241 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i arts. 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny).
d) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
e) L'Ordenança general de subvencions d'aquest Ajuntament.
f) El Reglament Orgànic de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Castelldefels vigents en el moment de la concessió.
Article 5. Caràcter de les subvencions
1. Les subvencions regulades per la present Ordenança general tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors (salvat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.
3. En qualsevol cas, l'Ajuntament i les entitats que en depenen quedaran exemptes de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.
Article 6. Finalitat de les subvencions
6.1. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats d'interès públic o social.
6.2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats:
a) Assistència i cooperació amb altres ens diferenciats amb personalitat pròpia.
b) Finançament d'obres o actuacions, dintre del Municipi, que coadjuvin a serveis de competència de l'Ajuntament, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del Municipi.
c) Premis científics, literaris, artístics o similars, i beques per a estudis o investigacions.
d) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per remeiar calamitats públiques, encara que sigui fora del territori del Municipi, de la Comunitat Autònoma o de l'Estat Espanyol.
6.3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es consideraran nul·les.

TÍTOL II
Procediment i gestió de les subvencions

Article 7. Principis generals
La gestió de les subvencions a què es refereix la present Ordenança general s'efectuarà d'acord amb els següents principis:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.
c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
Les subvencions es concediran mitjançant concurrència competitiva o concessió directa.
Article 8. Quantia de les subvencions
8.1. L'import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres Administracions públiques, no podrà ultrapassar el cost de l'obra o activitat subvencionada.
8.2. Com a regla general l'import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l'obra o activitat subvencionada. En els casos en què s'ultrapassi aquest límit, s'haurà de justificar, en l'expedient, la necessitat de fer-ho.
Article 9. Consignació pressupostària
9.1. Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l'efectivitat d'aquestes quedarà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient.
9.2. En la tramesa de l'expedient a la Intervenció per al seu informe, s'haurà d'adjuntar el corresponent document comptable segons sigui la seva fase de gestió.
Article 10. Concessió mitjançant concurrència competitiva
10.1. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions.
10.2. Conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s'hauran d'aprovar i publicar les corresponents Bases específiques.
10.3. L'anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les Bases específiques per les quals es regeixi el concurs.
10.4. En el procés de selecció s'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les Bases específiques i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a les pròpies Bases.
10.5. L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el procés de selecció o no esgotar l'import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària o de la seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la convocatòria.
10.6. Es crearà un òrgan col·legiat per examinar i valorar les sol·licituds, la composició del qual s'haurà de determinar en les Bases específiques, i el seu president formularà la proposta de concessió.
L'òrgan col·legiat estarà integrat per un representant de la presidència de la Corporació; pel regidor de l'Àrea que atorgui la subvenció o persona en qui delegui i pel cap o coordinador de l'esmentada Àrea o persona en qui delegui. A través de les bases específiques es podrà incrementar el nombre de components d'aquest òrgan col·legiat.
Article 11. Concessió directa
11.1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat, en els següents casos:
a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de l'Ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
b) Subvencions, l'atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a l'Administració per una norma de rang legal.
c) Subvencions per remeiar situacions d'emergència o d'urgència quan aquestes situacions siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat.
d) Subvencions que no ultrapassin l'import de 3.000,00 EUR per un mateix beneficiari, una mateixa activitat i en un mateix exercici. (paràgraf anul·lat per sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 25/02/2008)
e) Aquelles altres subvencions en les quals s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.
11.2. Normalment la concessió directa es formalitzarà en un conveni.
En el corresponent conveni o, en el seu cas, en la resolució de concessió, es fixaran, a més del beneficiari i quantia de la subvenció, l'objecte, el termini i la forma de justificació.
Article 12. Sol·licituds
Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en la qual s'haurà de fer constar el següent:
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa.
b) Identificació i dades generals de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI o NIF).
c) Memòria de l'obra o activitat a subvencionar.
d) Pressupost total d'aquestes.
e) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en el futur.
f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.
h) Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.
i) Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació. En cas de concurs, el termini haurà de ser igual per a tots els concursants afectats.
Article 13. Obligacions dels beneficiaris
A més de les obligacions assenyalades a l'art. 14 de la LGS, s'haurà de tenir en compte les següents:
13.1. Els beneficiaris hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Castelldefels.
En cas de tenir un conveni de regularització de deutes en vigor i estar al corrent de pagament dels terminis, es considera que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions financeres amb l'Ajuntament.
13.2. Les associacions i fundacions, per poder ser beneficiàries de subvencions hauran d'estar inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d'associacions de caràcter local, hauran d'estar inscrites, a més, en el Registre municipal d'entitats ciutadanes.
13.3. En les subvencions emmarcades en la cooperació al desenvolupament, les ONG hauran d'estar inscrites en el registre públic corresponent i disposar de seu central o delegació permanent al municipi de Castelldefels.
13.4. Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Castelldefels, a excepció d'activitats en les quals no s'elabori documentació o programa imprès, com poden ser, beques, premis i altres.
Article 14. Reformulació de sol·licituds
Dins d'una mateixa convocatòria, els beneficiaris d'una subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la reformulació de les subvencions concedides.
La nova subvenció haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que la va concedir i, en tot cas, haurà de respectar l'objecte, criteris de valoració i demés requisits previstos en les Bases específiques.
Article 15. Acceptació
Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les quals s'ha concedit, siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, en la forma i termini que assenyalin les Bases específiques o l'acord de concessió.
Si el beneficiari no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves respecte a aquesta, l'Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l'acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.
Article 16. Resolució i pagament de la subvenció
16.1. Seran competents per resoldre les sol·licituds de subvencions els òrgans que tinguin competència segons la normativa sobre "delegació de competències o atribucions d'òrgans de l'Ajuntament de Castelldefels diferents del Ple", vigent en el moment de la seva concessió. El procediment de concessió de les subvencions s'ha de resoldre en 3 mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i la manca de resolució, dins d'aquest termini, tindrà caràcter de desestimació.
16.2. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà contra presentació de les justificacions de l'activitat subvencionada.
Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificants de part de l'obra o activitat efectuada.
El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s'efectuarà en casos puntuals que s'hauran d'explicitar en les bases específiques o en l'acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar les justificacions serà el que s'hagi establert a les corresponents Bases específiques o a l'acte de concessió.
En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor sobrevingut de l'Ajuntament es podrà efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.
En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran exigir garanties als perceptors per assegurar que s'efectua la totalitat de l'obra o activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció.
Article 17. Publicitat
17.1. En el Butlletí Oficial de la Província es publicaran, amb periodicitat semestral, les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
17.2. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els termes establerts a l'apartat 1, d'acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tret que les Bases específiques indiquin una altra cosa.
17.3. No serà necessària la publicitat assenyalada a l'apartat anterior 1 en els següents casos:
a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost general inicial de l'Ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d'un beneficiari concret, resultin imposats per una norma amb rang legal.
c) Quan l'import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui de quantia inferior a 3.000,00 EUR. En aquest supòsit s'hauran d'anunciar en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament o entitat subvencionadora i, a més, les Bases específiques, el conveni o la resolució de concessió podran preveure altres procediments de publicitat adients.
d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, en raó de l'objecte de la subvenció, pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, o la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i sempre i quan l'excepció a la publicitat assenyalada a l'apartat 1 s'hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció.
Article 18. Justificació
18.1. Les subvencions es justificaran amb documents originals, de conformitat amb el que disposin les Bases específiques i l'acord de concessió. En tot cas caldrà tenir en compte les següents regles:
a) S'haurà de justificar la realització de l'obra o activitat subvencionada i el seu cost.
b) Quan se subvencioni l'adquisició d'un immoble, s'exigirà còpia de la corresponent escriptura.
c) Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d'una entitat, sigui quin sigui el percentatge de la subvenció en relació al Pressupost general de l'entitat, aquesta haurà de presentar com justificant una memòria de l'activitat i els seus comptes (Balanç de situació, compte de resultats, informe d'auditoria, si és obligatori o si s'ha efectuat, liquidació del Pressupost, si és un ens públic, etc.) corresponents a l'exercici a què es refereixi la subvenció.
d) En el cas d'obres subvencionades, si aquestes s'efectuen per una Administració pública, s'hauran d'aportar l'acta de recepció i la liquidació, i a més, si s'efectuen pagaments a compte, les corresponents certificacions d'obra; si s'efectuen per un ens que no tingui el caràcter d'Administració pública, s'hauran d'aportar certificació del tècnic director i factures o liquidació del contractista.
e) En el cas d'activitats, s'hauran d'aportar les factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades pel beneficiari les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable.
f) En tractar-se d'administracions públiques (tant per obres o per activitats), es podrà acceptar certificació acreditativa dels justificants de despeses signada pel funcionari públic, i quedaran a disposició de l'Ajuntament per al seu examen, si es considerés oportú, els justificants corresponents.
g) Quan les bases específiques, el conveni o la resolució de concessió ho determinin, es podran justificar les subvencions amb informes de control financer que efectuarà la Intervenció de la Corporació de conformitat amb el que es preveu a l'article 27 d'aquesta Ordenança general. En aquests casos, s'haurà de presentar una memòria de l'activitat subvencionada abans del seu pagament.
18.2. El Servei gestor haurà d'estampillar en els documents aportats pel beneficiari el segell creat a l'efecte, de manera que quedi constància de l'acord d'atorgament i de l'import subvencionat.
Article 19. Despeses subvencionables
19.1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordenança general, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert per les diferents bases reguladores de les subvencions. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.
19.2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les Bases específiques de les subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
19.3. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 EUR en el cas de cost per execució d'obra, o de 12.000,00 EUR en el cas de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'empreses que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.
L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria la seva elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
19.4. En el cas d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s'han de seguir les regles següents:
a) Les Bases específiques han de fixar el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, el qual no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns inscribibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.
En el cas de béns inscribibles en un registre públic, aquesta circumstància s'ha de fer constar en l'escriptura, així com l'import de la subvenció concedida, aspectes que han de ser objecte d'inscripció en el registre públic corresponent.
b) L'incompliment de l'obligació d'afectació referida en el paràgraf anterior, que es produeix en tot cas amb l'alienació o el gravamen del bé, és causa de reintegrament, en els termes que estableix el capítol II del títol II de la LGS, i aquest quedarà subjecte al pagament del reintegrament, sigui quin sigui el posseïdor, llevat que fos un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l'adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en un establiment mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscribibles.
19.5. Es considera satisfeta l'obligació d'afectació a què es refereix l'apartat 4 anterior quan:
a) Si, tractant-se de béns no inscribibles en un registre públic, són substituïts per altres que serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i aquest ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada per l'Ajuntament de Castelldefels o l'entitat concedent.
b) Si tractant-se de béns inscribibles en un registre públic, el canvi d'afectació, alienació o gravamen és autoritzat per l'Ajuntament de Castelldefels o l'entitat concedent. En aquest cas, l'adquiridor assumeix l'obligació d'afectació dels béns pel període restant i, en cas d'incompliment d'aquesta obligació, del reintegrament de la subvenció.
19.6. Les Bases específiques de les subvencions han d'establir, si s'escau, les regles especials que es considerin oportunes en matèria d'amortització dels béns inventariables. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d'amortització ha d'estar subjecte a les condicions següents:
a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
b) Que l'amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.
c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.
19.7. Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a l'execució del projecte subvencionat i les d'administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l'activitat subvencionada, i són indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta, i sempre que així ho prevegin les Bases específiques. Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades quan així ho prevegi la normativa reguladora de la subvenció.
En cap cas són despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
19.8. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.
19.9. El beneficiari ha d'imputar els costos indirectes a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui, d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l'activitat.
Article 20. Comprovació de les justificacions
20.1. El Servei gestor que hagués tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que les justificacions es presentin en els terminis fixats i les comprovarà formalment, i podrà requerir al beneficiari perquè esmeni defectes, completi la documentació o ampliï la informació.
20.2. L'Ajuntament podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l'art. 33 de la LGS.
20.3. L'Ajuntament podrà comprovar directament l'execució de l'obra o activitat subvencionada, ja sigui mitjançant personal propi, o bé, a través d'empreses contractades a l'efecte.
Article 21. Subcontractació d'activitats subvencionades
El beneficiari de subvencions per a activitats podrà sotscontractar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció, de conformitat amb el que preveu l'art. 29 de la LGS.

TÍTOL III
Nul·litat, revisió i reintegrament de les subvencions

Article 22. Nul·litat de les resolucions de concessió de subvencions
22.1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:
a) Les indicades a l'art. 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.
22.2. Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió les demés infraccions de l'ordenament jurídic, i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb el que disposa l'art. 63 de la Llei 30/1992 esmentada.
22.3. La tramitació i declaració de nul·litat s'ajustarà al que disposa l'art. 36 de la LGS.
Article 23. Revisió
La resolució d'atorgament d'una subvenció pot ser revisada per l'Ajuntament de Castelldefels o pels seus organismes dependents, un cop transcorregut el termini d'audiència de 10 dies concedit al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb l'import de la subvenció, en els supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin el cost total de l'obra o de l'activitat subvencionada o aquell percentatge que s'hagi fixat en les Bases específiques.
c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import de les despeses subvencionables previstes a les Bases específiques o en el conveni que les reguli.
Article 24. Reintegrament de subvencions ja satisfetes
24.1. Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l'excés. Així mateix, estarà obligat a reintegrar el beneficiari que ha percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
24.2. A més, l'ens subvencionat haurà d'ingressar els interessos de demora, calculats segons els tipus d'interès legal incrementat en un 25% d'aquest tipus, meritats des del moment del pagament fins a la data de l'acord de reintegrament.
24.3. Aquests ingressos tindran el caràcter d'ingressos de dret públic. El període d'ingrés en via voluntària serà l'establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s'ingressessin dintre d'aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d'acord amb el Reglament General de Recaptació i a través de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).
Quan el subvencionat sigui una persona jurídica, en seran responsables subsidiaris els administradors.
En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que disposen els arts. 36 a 43 de la LGS.

TÍTOL IV
Infraccions, sancions administratives i responsabilitats en matèria de subvencions

Article 25. Infraccions i sancions administratives
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions i omissions tipificades en els arts. 52 i següents de la LGS.
Les infraccions es consideraran lleus, greus o molt greus d'acord amb els supòsits de la Llei esmentada i s'aplicaran als infractors les sancions tipificades en aquesta. Les sancions podran consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària proporcional s'aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. Aquesta multa serà independent de l'obligació de reintegrament contemplada a l'article 24, i pel seu cobrament es considerarà com un ingrés de dret públic i s'aplicarà el Reglament General de Recaptació.
En els supòsits que la conducta pogués ser constitutiva de delicte, l'Ajuntament de Castelldefels o els seus organismes dependents passaran la denúncia a la jurisdicció competent i s'abstindran de seguir el procediment sancionador entretant l'autoritat judicial no dicti sentència en ferm, tingui lloc el sobreseïment o l'arxiu de les actuacions o es produeixi la devolució de l'expedient pel Ministeri Fiscal.
Les sancions es graduaran i es quantificaran d'acord amb el que es disposa en els arts. 60, 61, 62 i 63 de la LGS.
Article 26. Responsabilitats
Els perceptors de subvencions concedides per l'Ajuntament de Castelldefels o per les entitats que en depenen, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.
L'incompliment d'aquests principis originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.
La responsabilitat administrativa serà exigida de conformitat amb el que preveuen l'art. 176 i següents de la Llei estatal 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Les responsabilitats comptable i penal s'exigiran pels òrgans competents de conformitat a la normativa que regula el Tribunal de Comptes (Llei Orgànica 2/1982 de 12 de maig) i el que es disposa sobre aquesta matèria en el Codi Penal (arts. 308 i 309).

TÍTOL V
Control financer de les subvencions

Article 27. Control financer de les Subvencions
27.1. En les Bases del Pressupost s'inclouran actuacions de control financer sobre tota classe de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Castelldefels i les entitats que en depenen, tant si el seu atorgament s'ha fet a través de concurrència competitiva o per concessió directa, i fins i tot en les que aquesta Ordenança general té caràcter supletori.
Aquest control tindrà principalment com a objecte comprovar el compliment per part dels beneficiaris de les seves obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció i en l'adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades.
27.2. El control financer s'efectuarà per la Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els arts. 220 a 222 del Text Refós de la LRHL; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei General Pressupostària i altres normes concordants. Es podrà contractar per aquesta tasca, a través del corresponent expedient de contractació, la col·laboració d'empreses privades d'auditoria per a la realització de controls financers de subvencions les quals hauran de seguir la metodologia utilitzada per la pròpia Intervenció.
Els beneficiaris i tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o de la seva justificació estaran obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui requerida pel personal que efectuï el control financer, el qual tindrà les següents facultats: lliure accés a la documentació objecte de comprovació; als locals de negoci i demés establiments o llocs on es desenvolupi l'activitat subvencionada; l'obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a les operacions en què hagi indicis de la incorrecta obtenció o destí de la subvenció i el lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions objecte de control.
Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a l'exercici del control financer seran els previstos en els arts. 47 a 50 de la LGS, amb l'excepció que quan hi hagi disconformitat entre l'informe de la Intervenció i l'òrgan gestor se sotmetrà a consideració del Plenari municipal.

TÍTOL VI
Bases específiques

Article 28. Bases específiques
28.1. Per a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s'hauran d'aprovar les corresponents Bases específiques, que s'aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran contradir la present Ordenança general ni la resta de legislació aplicable.
28.2. La competència per a l'aprovació de les Bases específiques correspon a la Junta de Govern. En el cas dels organismes autònoms o d'entitats públiques de caràcter empresarial serà competent el que s'estableixi en els seus estatuts.
28.3. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un anunci del contingut de les Bases i de la convocatòria en el qual es determinarà el termini de presentació de sol·licituds.
28.4. El contingut de les Bases específiques serà, com a mínim, el següent:
a) Objecte de la subvenció, definint el període en què s'executarà l'activitat per la qual se sol·licita la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d'acreditar-los.
c) Import màxim de les subvencions i percentatge d'aquestes respecte al cost de l'activitat subvencionada.
d) Possibilitat, o no, de compatibilitzar altres subvencions amb la mateixa finalitat.
e) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i en el seu cas la seva ponderació.
f) Composició de l'òrgan competent per l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió, d'acord amb el que es preveu a l'article 10.6. d'aquesta Ordenança.
g) Termini per al seu atorgament, que no ha d'excedir dels tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
h) Forma de pagament i en el seu cas possibilitat d'efectuar pagaments parcials.
i) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció.
j) Partida pressupostària on s'imputa l'import de la subvenció.
28.5. Les Bases específiques hauran de fer constar l'obligatorietat que en la activitat subvencionada figuri el patrocini o el logotip de l'Ajuntament, en els termes establerts en l'article 13.4.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança General que, per sistemàtica, incorpora aspectes de la normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui l'Ajuntament o els seus organismes, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què se'n produeixi la modificació o derogació de la normativa esmentada.
En el supòsit de modificació normativa, continuen sent vigents els preceptes que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d'aquesta Ordenança.
La present Ordenança no serà d'aplicació a l'atorgament de beques de col·laboració concedides a estudiants i llicenciats per tal de completar la seva formació teòrico-pràctica, les quals es regiran per la seva normativa específica.

Disposició transitòria
Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, els serà d'aplicació els acords adoptats en el moment del seu inici.

Disposició derogatòria
Queden sense efecte totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al contingut d'aquesta Ordenança general, i expressament les Bases reguladores de sol.licitud i concessió de subvencions municipals, aprovades pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 29 de febrer de 1996.

Disposicions finals
Primera. - En tot allò que no es reguli en aquesta Ordenança general, s'estarà al que disposin el Reglament orgànic de l'Ajuntament de Castelldefels, les Bases d'Execució del Pressupost de la Corporació de l'any corresponent i la normativa sobre delegació de competències i atribució dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Castelldefels, vigent en el moment de la concessió.

Segona. - La present Ordenança general de subvencions aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 30 de març de 2006 i que ha esdevingut definitivament aprovada el 26 de maig de 2006, regirà a partir del dia següent a la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, un cop transcorregut el termini de quinze dies a què es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, i continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.

José-Antonio Andrés i Hernández, secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Primer.- Que aquesta Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Castelldefels i els Organismes Autònoms que en depenen, va ser aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 30/03/2006, sotmesa a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci exposat al Tauler d'Edictes de la Casa Consistorial i publicat al Diari “La Vanguardia” del dia 07/04/2006, al Butlletí Oficial de la Província núm. 87, del dia 12/04/2006 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4616, del dia 19/04/2006.

Segon.- Que durant l'esmentat termini reglamentari d'informació pública, l'acord i l'Ordenança esmentats no han estat objecte de cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa han esdevingut definitius, en virtut del que disposa l'article 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Tercer.- Que aquesta Ordenança ha entrat en vigor el dia 11 de juliol de 2006, un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província núm 163 del dia 10 de juliol de 2006 i la preceptiva referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4684 del dia 26 de juliol de 2006.

I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, lluro aquesta certificació, d'ordre i amb el vistiplau del senyor alcalde, Antonio Padilla Reche.

Castelldefels, 8 de setembre de 2006.

Vist i plau, L'alcalde.

Ordenanza Municipal de Circulación

13/06/2019

Ordenança Municipal de Circulació.pdf — 879.3 KB

Ordenanza Municipal de Protección de los Espacios Verdes y del Paisaje Urbano

07/10/1989

(BOP, núm. 240, de 7 de octubre de 1989, pág. 38)

Título I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo. 1º.- Es objeto de la presente Ordenanza la defensa del patrimonio vegetal del Municipio de Castelldefels, en el sentido más amplio, que comprende las plantaciones y los espacios sobre ellos realizadas y el entorno que les es propio, tanto sobre suelo de propiedad municipal, como sobre terrenos particulares o de otra propiedad, en la medida que estén reconocidos como zona verde o afectados por el planeamiento urbanístico vigente, y los comprendidos en el catálogo del art.13.

Comprende, igualmente, la regulación de las condiciones higiénicas, fitosanitarias estéticas, etc., que han de cumplir los jardines o espacios verdes públicos y privados.

Regula, por último, el uso de los espacios verdes públicos y los elementos instalados, en ellos, así como las plantaciones, principalmente de arbolado, existentes en las vías públicas y las plazas de la ciudad de Castelldefels.

Título II

Conservación, defensa y protección del vegetal urbano

Capítulo I

Arbolado urbano

Art. 2º.- El Ayuntamiento de Castelldefels asume el control sobre todo el arbolado público, su plantación, el mantenimiento y las operaciones de transplante.

Todos los trabajos relativos a arbolado público realizados por terceras personas o entidades, estarán bajo el control de los Órganos Municipales competentes, mediante especificaciones escritas, licencias e inspecciones.

Art. 3º.- Ninguna persona física o jurídica plantará, podará, moverá, transplantará, arrancará o cortará ningún árbol en calle, jardín o propiedad municipal, sin obtener antes licencia municipal del órgano competente.

Excepcionalmente, queda permitida la poda larga de las moreras de fruta, por parte de los vecinos, que se podrá efectuar cuando los árboles hayan perdido la hoja.

Art. 4º.- El Ayuntamiento otorgará las licencias aplicables a todos los supuestos del artículo anterior, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

En particular, la licencia regulará y determinará, con los informes de los Servicios Municipales competentes, entre otros, los siguientes aspectos:

- Las fechas propuestas de ejecución y acabado de los trabajos.

- Los métodos operativos y la calificación exigible para realizarlos.

- El espacio y base de plantación, acabados del alcorque y ejecución de la plantación.

- La calidad exigible a los árboles, su formación, presentación y adecuación de especie al medio y entorno urbano.

- El espaciamiento entutorado, distancias a cruces de calles, semáforos, señales o servicios, fachadas, etc., en el caso de arbolado viario.

- El plazo de mantenimiento para garantizar el buen enraizamiento de los árboles plantados o zona verde ejecutada, y las condiciones de la recepción provisional y definitiva.

- Las operaciones de poda, saneamiento o mantenimiento preceptiva.

Art. 5º.- Cualquier persona, institución o entidad propietaria de terrenos o solares en los cuales existan plantaciones de arbolado que limiten con la vía pública, estarán obligados a podar o controlar el crecimiento de modo que no obstruyan o dificulten la iluminación de las calles, disminuyan la visibilidad en cruces o representen un riesgo o molestia para persona y/o bienes.

Si se omitiera la responsabilidad citada en este artículo, el Ayuntamiento ejecutaría subsidiariamente los trabajos, los costes de los cuales irían a cargo del propietario.

Art. 6º.- Salvo autorización expresa de la licencia indicada en artículos anteriores ninguna persona o entidad actuará sobre árbol alguno de espacio público.

No se atarán ropas, alambres, carteles u otros elementos en los árboles. No se pegarán carteles. No se clavarán clavos ni se dejará que entre en contacto con el árbol ningún sólido, líquido ni gas que le sea perjudicial. No se atarán pancartas a los árboles salvo en aquellos actos u ocasiones en que la Alcaldía determine lo contrario.

No se permitirá encender fuego o aproximar alguna fuente de calor en las proximidades de las unidades vegetales que pueda dañar alguna parte de ellas.

Los propietarios de inmuebles o las comunidades de propietarios, podrán solicitar autorización municipal para cultivar flores y plantas ornamentales en los alcorques de los árboles. Esta autorización se concederá con carácter totalmente discrecional y previo informe favorable del servicio municipal correspondiente. El mantenimiento y conservación irá a cargo de los solicitantes, que tendrán de cumplir con las condiciones indicadas en la licencia, bajo la inspección del Servicio Municipal correspondiente.

Art. 7º.- 1. Las obras de apertura de zanjas en la vía pública, tanto si son para tendidos o canalizaciones de servicios públicos como para alcantarillado, así como las de construcción o instalación de bordillos y vados, requerirán previa licencia municipal y se harán de manera y en los lugares que ocasionen los menores daños posibles al arbolado y otras plantaciones de la vía pública.

2. Será obligatorio para los interesados en la realización de las obras señaladas en el apartado anterior, la reposición de los árboles y plantaciones que puedan resultar afectados. A tales efectos, se les exigirá, antes de la concesión de la correspondiente licencia, la constitución de un depósito de garantía por un importe aproximado de la referida reposición, según la valoración que efectué el servicio municipal correspondiente; si este servicio lo considera oportuno y previamente a la realización de las obras, los árboles y otros elementos afectados podrán ser trasladados a otro lugar, siempre a cargo del interesado. Esta condición será incluida en los Pliegos de Condiciones de las Obras Municipales.

3. Cuando se realicen obras en terreno próximo a una plantación de arbolado, o cuando los vehículos o máquinas utilizados por la empresa constructora hubieran de circular o emplazarse en dicho lugar, previamente al comienzo de los trabajos deberán protegerse los troncos de los árboles expuestos a sufrir daños.

Las protecciones se retirarán una vez terminada la obra.

4. Cuando se abran hoyos o zanjas en lugares próximos a plantaciones de

arbolado, la excavación no deberá acercarse al pie de los árboles a mayor distancia que la correspondiente a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal ( un metro). En cualquier caso esta distancia será siempre superior a medio metro. Si por otras ocupaciones del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de esta norma, el correspondiente Servicio Municipal, previa visita de inspección, determinará antes de comenzar la excavación, la solución a adoptar para la protección del arbolado que pueda resultar afectado.

5. Si como consecuencia de la excavación resultasen alcanzadas raíces de grueso superior a cinco centímetros (0,05 m), éstas deberán cortarse, dejando cortes limpios y lisos, que se cubrirán con cualquier producto cicatrizante de los existentes en el mercado.

Cuando en una excavación de cualquier tipo, resulten afectadas raíces del arbolado, el retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a continuación a su riesgo.

6.- La construcción de aparcamientos, sótanos o cualquier otra instalación que resulte permitida en el subsuelo de un jardín catalogado como 6a, 6b o 8a según el Plan General Metropolitano o mencionado en el “Catálogo de Protección de la Vegetación Urbana” exigirá la justificación de la solución adoptada en el correspondiente proyecto de acondicionamiento como jardín del espacio libre.

Se admitirá como solución, de entre las posibles según lo previsto en el párrafo anterior, la consistente en que la losa superior quede, como mínimo, a un metro y medio por debajo de la rasante del terreno y que la estructura de dicha losa sea, además, la adecuada para soportar el peso de una capa de tierra de esa profundidad, con la que se restituirá el jardín.

7.- Deberá procurarse que la apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado, coincida con la época de reposo vegetal.

8.- La infracción de lo dispuesto en los párrafos anteriores dará lugar a sanción al empresario de las obras, sin perjuicio de la indemnización correspondiente al daño causado. Será responsable subsidiario el propietario o el promotor de las obras.

Art. 8º - 1. En los proyectos de edificaciones particulares, las entradas y salidas de vehículos deberán preverse en lugares que no afecten al arbolado o plantaciones existentes. A tal efecto en los proyectos deberán señalarse los elementos vegetales que hubiera en la vía pública.

2. Si resultase imposible el cumplimiento de la norma señalada en el número anterior por razón de circunstancias de hecho, los elementos vegetales afectados serán trasladados, a cargo del interesado, a otro lugar que sea compatible con el uso privado del suelo.

3. Cuando excepcionalmente sea inevitable la supresión de algún árbol o plantación, en compensación al interés público perturbado, los interesados deberán abonar una indemnización por los elementos vegetales que resulten afectados, equivalentes al valor de los elementos vegetales que resulten afectados, según estimación de los Servicios Municipales correspondientes.

Art. 9º.- Las compañías, suministradoras de servicios (agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), solicitarán licencia para la poda o tala de arbolado, que se otorgará previo informe favorable de los Servicios Municipales correspondientes.

Los gastos derivados de podas, talas o renovación de arbolado irán a cargo de las compañías administradoras de servicios siempre y cuando las líneas del suministro se hubieran instalado después de la plantación inicial del arbolado y dichas compañías fueran las causantes directas o indirectamente de la caída, la muerte, la asfixia, la pudrición o la deformación derivada de la poda de raíces o ramas.

La colocación de nuevas redes subterráneas o áreas de suministro de servicios tendrá en cuenta el crecimiento de las plantaciones existentes.

No se podrá utilizar el árbol como soporte de instalaciones u ornamentos eléctricos, excepto en los supuestos en que la Alcaldía determine lo contrario.

Art.10º.- Queda prohibido depositar escombros, residuos de materiales constructivos y similares, en un radio mínimo de 1 metro de cualquier árbol en espacio público, y cualquier otro tipo de materiales que puedan dificultar el paso del agua, aire o fertilizantes a las raíces, o el acceso de los operarios a su mantenimiento habitual.

Art. 11º.- Se declaran protegibles a todos los efectos y bajo todas las formas previstas por la Ley, las siguientes especies arbóreas presentes en el término municipal de Castelldefels: Pinus pinea (pino piñonero), Chamaerops humilis (palmito), Olea europea (olivo), Ceratonia siliqua (algarrobo), y Olea europea variedad Sylvestris (Acebuche)

Capítulo II

De los espacios verdes privados

Art. 12º.- 1. Los jardines y las plantaciones privadas, los solares y los terrenos no urbanizados se mantendrán por sus propietarios en buen estado de limpieza y en las condiciones fito-sanitarías adecuadas, teniendo especial atención en el desbrozado y poda del arbolado.

2. La poda y el aclareo del arbolado de gran porte o mediano porte se hará sin desequilibrar la estética y el conjunto del árbol, sin desmochados, excepto en los casos que el no realizarlo conlleve peligro para las personas y edificios.

3. En los supuestos de manifiesta negligencia en la conservación adecuada de los espacios libres, el Ayuntamiento podrá:

a) Imponer sanciones dentro de los límites legales.

b) Proceder, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina Urbanística, a la ejecución subsidiaria de los trabajados de limpieza y conservación, siendo a cuenta de los propietarios todos los gastos que se ocasionen

Art.13º.- El Ayuntamiento elaborará un “Catálogo de Protección de la Vegetación Urbana” en el que constarán los árboles o plantaciones que por sus características peculiares de belleza, antigüedad, historia o rareza, merezcan ser conservados. El Catálogo podrá incluir desde ejemplares aislados, hasta conjuntos de árboles y plantaciones de una misma especie o diferentes. El propietario del terreno donde éstos, se encuentren no podrán proceder, sin la autorización municipal correspondiente, a su supresión.

En el Catálogo se especificará, además, el criterio a seguir en el mantenimiento, poda, limpieza, tala y demás operaciones que puedan afectar al arbolado y plantaciones incluidas en dicho Catálogo.

Art. 14ª.- El Ayuntamiento de Castelldefels podrá establecer convenios con los propietarios de los conjuntos o ejemplares incluidos en el Catálogo de Protección, para las prestaciones técnicas y de mantenimiento que son habituales y/o se acuerden.

Art.15ª,. Tanto en la ejecución del Planeamiento Urbano como en la redacción de la normativa urbanística se tendrán en cuenta los criterios que inspiraron la elaboración del “Catálogo de Protección”, la defensa y mejora del patrimonio verde y la mejora del paisaje urbano.

En la concesión de licencias de obras particulares, los proyectos deberán ajustarse al “Catálogo de Protección “. Se mantendrá la misma obligación en los casos de cesiones de obra urbanizadora, unidades de actuación, Planes Especiales, Estudios de Detalle, etc.

Art. 16º.- Para la solicitud de licencia de obra en los proyectos de nueva construcción o ampliación de edificaciones o todos aquellos que afecten al arbolado de la finca deberá presentarse el plano de situación del estado inicial del arbolado acompañado de dos fotografías representativas, y el plano del estado final de la vegetación, que especificará los árboles talados y las compensaciones que se prevean llevar a cabo por los árboles talados.

Se admite la tala sin compensación del arbolado en las superficies donde se ubiquen los elementos constructivos, siempre y cuando se respeten estas ordenanzas, y los de aquellos árboles que se encuentren situados a menos de 1 m., de las vallas o de dichos elementos constructivos.

En los casos de tala de árboles para comodidad de acceso o ejecución de la obra se repondrá cada unidad talada con los criterios de afinidad que se marcan en el artículo 17.

Art.17º.- Será necesaria la concesión de licencia de obras menores para la tala de arbolado en las fincas de todo el municipio y se exigirá en los casos que determinen los servicios Técnicos de esta Corporación la plantación de reposición o compensación con especies afines. Se considerarán especies afines aquellas en que el volumen de copa sea parecido en estado adulto así como que el comportamiento de las hojas sea similar: perenne o caduco.

En particular, los plazos atenderán y harán posible las actuaciones que el tipo de vegetación y la estación del año requieren.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas de reposición o compensación, la Administración municipal fijará en cada caso la cantidad que el solicitante habrá de depositar o de garantizar con depósito o con aval bancario previamente a la concesión de la licencia, cuyo importe será el del coste de suministro y plantación.

Se procederá a la devolución o cancelación del depósito o del aval bancario constituido, previa comunicación del interesado una vez llevada a término la reposición, y previa inspección del servicio técnico del Ayuntamiento.

Art.18º.- A efectos de indemnizaciones, de resarcimiento de daños y de todo tipo de valoraciones, serán criterios aplicables de valoración para arbolado los publicados por organismos públicos o asociaciones profesionales competentes.

Art.19º.- El Ayuntamiento, mediante los sistemas de vigilancia e inspección correspondientes, velará por el buen fin de las disposiciones que procedan.

Capítulo III

De los parques, jardines, plazas y parterres ajardinados

Art. 20º.- 1. Deberá respetarse el arbolado y las plantaciones de todo tipo de la ciudad y las instalaciones complementarias, tales como estatuas, enrejados, protecciones, farolas, pilares, vallas, bancos y otros elementos destinados a su embellecimiento o utilidad.

2. Se prohíbe dañar los árboles, arbustos, vegetación o instalaciones complementarias, zarandearlos, romper ramas y hojas, grabar o raspar en ellos, y en general efectuar todas aquellas actuaciones perjudiciales para los mismos que se hallan recogidas en los capítulos anteriores y aquellas otras que puedan representar un perjuicio para los mismos o su entorno.

3 No se autorizará ningún tipo de construcción o instalación que sea ajena a la finalidad estética, recreativa o cultural de los parques, jardines, placetas ajardinadas o parterres, especialmente las de contenido publicitario.

Referente a las verbenas se respetarán los siguientes principios:

a) Está prohibido todo tipo de ligaduras (tracas, banderas, cables), utilizando los árboles de alineación y elementos de los espacios verdes.

b) Las áreas verdes no pueden emplearse en modo alguno en actividades festivas manifiestamente perjudiciales al fin de los parques y jardines.

c) La Comisión o los organizadores de las verbenas responderán de situar la hoguera a distancia tal de cualquier elemento de vegetación que lo proteja de los efectos del fuego, completándolo, si es necesario, con otros medios de protección.

d) No se colgarán de los árboles elementos de fuegos artificiales que hayan de ser disparados o quemados.

Art. 21º.- El Ayuntamiento se encargará de velar para que los parques, jardines, plazas y parterres ajardinados se encuentren en todo momento en las condiciones adecuadas para su disfrute y aprovechamiento.

Art. 22º.– Los jardines, parques y parterres ajardinados, el arbolado y las plantaciones de todo tipo e instalaciones complementarias deberán ser respetadas por vecinos y visitantes, según se indica en el artículo 20, evitando asimismo cualquier tipo de desperfectos y suciedad, guardando la debida conducta y atendiendo las indicaciones contenidas en los oportunos letreros y avisos y las que puedan formular los vigilantes y guardas.

Está especialmente prohibido:

a) Pasar por encima de taludes, parterres y plantaciones y dañar las plantas y las flores, exceptuando las zonas de césped expresamente autorizadas para ser pisadas.

b) Subir a los árboles zarandearlos, romper ramas y hojas, grabar o arrancar su corteza, verter cualquier tipo de líquido, a excepción de agua limpia, aunque no sean perjudiciales, en las proximidades de los árboles y en las zanjas y agujeros.

c) Perjudicar al arbolado y a las plantaciones de cualquier otra forma.

d) Coger flores, plantas o frutos.

e) Cazar o matar pájaros, o cualquier otra especie propia de la fauna habitual

de parques y estanques.

f) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras oportunamente establecidas y ensuciar el recinto de cualquier otra manera.

g) Jugar a pelota o practicar algún tipo de deporte que pueda entrañar daños para el arbolado o instalaciones del jardín, salvo en las zonas autorizadas.

h) Encender fuego.

i) Permanecer en el parque o jardín una vez dado el aviso de cierre,

j) Montar a caballo en las zonas que no estén específicamente destinadas a dicho fin.

k) Dar de beber o limpiar a los animales en las fuentes o estanques y lanzarlos a nadar.

l) Bañarse o pescar dentro de los estanques, así como tirar objetos que puedan perjudicar a los peces o a cualquier otro animal.

m) Pasear perros sueltos por los espacios verdes y permitir que invadan los macizos y plantaciones, molesten a los usuarios del jardín o perjudiquen la estética, la limpieza o el buen estado del espacio verde. Se prohíbe en particular la entrada con perros en los parques infantiles y los jardines de uso frecuente por parte de los niños.

Art. 23º .- Los parques y jardines vallados permanecerán abiertos al público durante el horario que se indique.

Su utilización y disfrute es gratuito, excepto para aquellas porciones o instalaciones que el Ayuntamiento dedique a un fin especial mediante las condiciones pertinentes.

Los vigilantes o guardas expulsarán a las personas que, sin razón que lo justifique permanezcan en el parque durante las horas en que éste cerrado al público.

Del mismo modo procederán con aquellas personas que infrinjan lo establecido en el artículo anterior sin perjuicio de la sanción a que hubiera lugar.

En noches de fiestas y verbenas la Administración fijará las condiciones especiales para la entrada.

Art. 24º .- En cualquier caso, y tanto para los jardines vallados como para cualquier zona verde o espacio abierto municipal, será precisa la autorización expresa del Ayuntamiento, para llevar a cabo cualquier tipo de actividad que represente alguna limitación al uso público y general de dichos espacios.

A tal efecto, se señalará la fianza correspondiente que deberá prestarse con antelación y que servirá para responder de los posibles daños que se produzcan con ocasión o a consecuencia de los actos que se celebren, todo ello sin perjuicio de la sanción o cualquier otro tipo de acción legal a que hubiere lugar.

Art. 25ª.- Está prohibido ejercer, sin licencia, autorización o concesión cualquier industria o comercio en el interior de los parques y jardines, así como la utilización de alguna porción o elemento para fines particulares.

Se restringirá al máximo la concesión de licencias, autorizaciones o concesiones dentro de los parques y jardines, reduciéndolas a aquellas que sean indispensables como complemento de los fines de dichas zonas, en evitación de la consolidación de derechos o servidumbres sobre espacios dedicados preferentemente al uso y disfrute público.

Art. 26º . - Las autorizaciones o licencias de ocupación temporales o permanentes en los jardines públicos, seguirán el procedimiento legalmente establecido sometiéndose a los criterios de la presente ordenanza.

Art. 27º .- La entrada y circulación de vehículos en los parques públicos y zonas verdes será regulada de forma específica y concreta para cada uno de ellos, mediante la correspondiente señalización que a tal efecto se instale en los mismos.

a) Las bicicletas y motocicletas sólo podrán transitar en los parques o jardines públicos, en las calzadas donde esté expresamente permitido la circulación de vehículos y en aquellas zonas especialmente señalizadas a la efecto.

Los niños de hasta 6 años podrán circular en bicicleta por los paseos interiores de los parques siempre que la afluencia de público lo permita y no causen molestias a los demás usuarios del parque.

b) Los vehículos de transportes no podrán circular por los parques salvo:

— Los destinados al servicio de quioscos y otras instalaciones similares, siempre que su peso no sea superior a tres toneladas y en las horas que se indiquen para reparto de mercancías, circulando a velocidades inferiores a 30 Km/h.

— Los vehículos al servicio del Ayuntamiento de Castelldefels así como los de sus proveedores y concesionarios debidamente autorizados por el Ayuntamiento y siempre a velocidades inferiores a 30 Km/h.

Título III

Espacios naturales y áreas de interés paisajístico

Art. 28º . – La zona comprendida del municipio perteneciente al Parque Natural del Garraf se regirá por el Texto Normativo del “Plà Especial de Protecció del Medí Físic, del Paisatge de l'Espai Natural de Garraf.”

Art. 29º .- La Autoridad Municipal podrá definir o establecer zonas o espacios de interés paisajístico, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley del Suelo, siempre que no entre en contradicción con lo que regula la presente Ordenanza.

Título IV

Infracciones y Sanciones

Art. 30º . - Se consideran infracciones administrativas de acuerdo con el contenido de la presente ordenanza, las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la misma.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Art. 31º .- Se consideran infracciones leves:

a) Las deficiencias de conservación de zonas verdes en aspectos no tipificados como infracciones de mayor gravedad en los apartados siguientes.

b) Las deficiencias de limpieza en las zonas verdes.

c) Deteriorar los elementos vegetales; usar indebidamente el mobiliario urbano o abandonar en zonas verdes animales de cualquier tipo, en estado vivo o cadáver.

d) Llevar a cabo cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 22 salvo que tengan un especial tratamiento en disposiciones administrativas.

Art. 32º.- Se considerarán infracciones graves:

a) La reincidencia en infracciones leves.

b) La infracción del artículo 25.

c) La circulación de vehículos de motor que no estén debidamente autorizados.

d) Todas aquellas otras, incluso tipificadas como leves que, a juicio de la corporación, representen un perjuicio grave para la protección del arbolado y de las zonas y espacios verdes, o que perturben gravemente el pacifico uso y disfrute de los bienes públicos.

Art. 33º.- Se consideran infracciones muy graves:

a) La reincidencia en infracciones graves.

b) Que la acción y omisión infractora afecte a plantaciones que estuviesen incluidas en el Catálogo de Protección de la Vegetación Urbana o que se tratara de especies protegidas (según establece el artículo 11) y aquellas normas señaladas en los artículos 16 y 17.

c) Que el estado de los elementos vegetales suponga un riesgo de propagación de plagas o enfermedades o entrañen graves riesgos para las personas.

d) La celebración de fiestas, actos públicos o competiciones deportivas sin autorización municipal.

Art. 34º.- Las sanciones por el incumplimiento de los deberes establecidos en la presente Ordenanza serán impuestas por la Alcaldía, de acuerdo con las competencias que tiene atribuidas por la legislación de Régimen Local.

Disposición transitoria

El Ayuntamiento deberá aprobar el Catálogo de Protección de la Vegetación urbana en el plazo máximo de dos años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación completa en el BUTLLETI OFICIAL de la provincia.
P. 3-10-89 A-89/8227-8ag

Ordenanza municipal reguladora del libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en el ámbito territorial de Castelldefels local

13/09/2010

PREÁMBULO

I. El 28 de diciembre de 2009 finaliza el período de transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante referida como Directiva de Servicios), norma que tiene como objetivo conseguir un efectivo mercado interior en el ámbito de los servicios por vía de la eliminación de obstáculos legales y administrativos. Asimismo, representa una gran oportunidad para modernizar la Administración y hacerla más accesible a los ciudadanos gracias a la implantación de procedimientos electrónicos. El resultado debe conducir a un sistema administrativo más ágil y de mayor confianza en el ciudadano, a la interrelación con las Administraciones de toda la Unión Europea y con la propia Comisión Europea, y, en definitiva, a reactivar la economía al potenciar el sector de los servicios.

En España se ha optado como fórmula normativa para incorporar la Directiva de Servicios a través de una Ley horizontal o genérica, la llamada “Ley paraguas”, y en paralelo, a través de otra Ley modificativa de la legislación estatal para adecuarla a los principios de la Directiva de Servicios, la llamada "Ley ómnibus". Mientras que la norma horizontal o “paraguas” ha sido promulgada y publicada como Ley 17/2009, de 23 de noviembre, “sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio” (BOE de 24 de noviembre de 2009), la “Ley ómnibus” lo ha sido como Ley 25/2009, de 22 de diciembre, “de modificación de varias leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio” (BOE de 23 de diciembre de 2009).

Además de modificar la diversa legislación estatal afectada por la Directiva de Servicios, como medidas horizontales en materia de procedimiento administrativo (contenidas en el Capítulo I de su Título I) la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, reforma sustancialmente las formas de intervención de la actividad de los ciudadanos previstas tanto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, como en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, al introducir como tales el sometimiento a comunicación previa oa declaración responsable y el control posterior al inicio de la actividad. De hecho, se considera que la modificación del art. 84 de la Ley de bases de régimen local determinada por el art. 1.2 de la Ley ómnibus es la clave de todo el nuevo sistema, ya que por vía de él la comunicación previa, la declaración responsable y el control posterior alcanzan la naturaleza jurídica de forma de intervención.

Además, como en otras medidas horizontales respecto del procedimiento administrativo, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, da nueva redacción al régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado y modifica la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

En cuanto a la actividad normativa de transposición de la Directiva de Servicios desarrollada por la Generalidad de Cataluña, ésta tiene como antecedente el Decreto 106/2008, de 6 de mayo, de medidas para la eliminación de trámites y la simplificación procedimientos para facilitar la actividad económica. Este Decreto prescribe la eliminación de la regulación que contenga barreras proteccionistas en el sector servicios, pero también la de los obstáculos y cargas administrativas.

De acuerdo con el artículo 189 del Estatuto de Autonomía, la Generalidad aplica y ejecuta el derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias, y la existencia de una regulación europea no modifica la distribución interna competencias que establecen la Constitución y el propio Estatuto. El mismo artículo del Estatuto determina que, en caso de que la Unión Europea establezca una legislación que sustituya a la normativa básica del Estado, la Generalidad puede adoptar la legislación de desarrollo a partir de las normas europeas. En este sentido, se ha aprobado la Ley de 5/2010, de 26 de marzo, de bases de delegación de normas con rango de ley en la directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los relativa a los servicios en el mercado interior.

II. En este contexto, en principio las Entidades locales deberían tener un papel especialmente relevante en el proceso de transposición de la Directiva de Servicios, ya que ellas son las autoridades competentes en gran parte de la normativa y procedimientos afectados. Sin embargo, en dicha transposición y por tanto en el desarrollo y ejecución de la Ley Paraguas, los Entes locales tienen un margen de actuación en buen tamaño limitado por la acción normativa del Estado y las Comunidades autónomas, la cual condiciona y limita la acción normativa de los Entes locales. En efecto, en el tamaño que la mayoría de ordenanzas locales depende

vienen de la normativa aprobada por otros niveles territoriales y salvo en el caso de las “ordenanzas independientes”, los Entes locales sólo podrán adecuar su normativa a la Directiva de Servicios una vez que la normativa marco que las normas locales desarrollan o complementan haya sido previamente adecuada.

La Diputación de Barcelona, de acuerdo con su cometido de servicio en los municipios, en razón de su competencia de asistencia y cooperación jurídica y técnica, ha estado estudiando las fórmulas normativas adecuadas a efectos de transponer la Directiva de Servicios en la ámbito local y proteger los intereses de los Entes locales frente al retraso de las tareas de transposición normativa a nivel estatal y autonómico. Si ya dicha Corporación fue líder en la identificación y difusión de los puntos de la diversa normativa local de necesaria adaptación a la Directiva de Servicios, en base a tal experiencia por Decreto de 5 de junio de 2009 se aprobó la constitución de un Grupo de trabajo en el seno de la Secretaría de la Diputación de Barcelona para la implantación de la Directiva de Servicios. En el marco de este Grupo, la Diputación de Barcelona revisó en función de la Directiva de Servicios no sólo el conjunto de normas de la Corporación, sino también las ordenanzas "tipo" que pueden adoptar como modelo los municipios de la provincia. Como criterio adicional, la Diputación de Barcelona considera que ésta es una buena oportunidad para que las Corporaciones revisen y actualicen sus ordenanzas, no sólo desde la óptica de la Directiva de Servicios.

En noviembre de 2009 el Grupo de trabajo de la Secretaría de la Diputación de Barcelona concluyó la fase de evaluación del conjunto de ordenanzas inicialmente identificadas como potencialmente afectadas por la Directiva de Servicios. Sin embargo, llegados a la fase de la efectiva modificación del conjunto de ordenanzas, propias y tipos, se encontró con el problema de la actual inexistencia de normativa marco -estatal o autonómica- vigente plenamente adaptada a la Directiva de Servicios.

En este contexto, la Diputación de Barcelona planteó la necesidad de aprobar un modelo tipo de Ordenanza municipal que transponga los principios de la Directiva de Servicios a nivel horizontal y establezca las reglas generales necesarias para la aplicación de la Ley 17/2009 , de 23 de noviembre, “sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, en el ámbito de las respectivas Corporaciones que lo adopten. Por vía de la fórmula normativa plasmada en la presente Ordenanza se trata de proveer a los Entes locales de un instrumento que, dada la fecha de finalización del plazo de transposición de la Directiva de Servicios y las obligaciones definidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, les permita afirmar el cumplimiento de sus "deberes de transposición" en el tamaño de lo posibilitado por la normativa marco, estatal y autonómica.

Esta fórmula normativa no sería estrictamente necesaria en la medida en que las Administraciones públicas europeas tienen la obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con el Derecho comunitario europeo y de inplicar el Derecho interno que resulte incompatible con el Comunitario, pero su ventaja de esta Ordenanza es dar cobertura general a la obligación de este Ayuntamiento de aplicar la Directiva de Servicios, determinando la inaplicabilidad de toda norma o procedimiento municipal que sean contrarios a la Directiva, y garantizar que todos los procedimientos y trámites que se lleven a cabo por el establecimiento y el desarrollo de los servicios sujetos a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, “sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, se atiendan a la misma, puesto que no todos los procedimientos se contienen en ordenanzas.

Además, esta Ordenanza es la base a efectos de la futura adaptación a la Directiva de Servicios de las ordenanzas no independientes de los Entes locales, que están condicionadas por la normativa sectorial aprobada por otros niveles de gobierno. A este respecto, la Ordenanza incorpora una serie de disposiciones adicionales y transitorias que determinan el ámbito y sentido de la incidencia de la Directiva de Servicios en la normativa local de carácter sectorial afectada por la Directiva.

III. Esta Ordenanza recoge los principios tanto de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio como de la propia Directiva de Servicios e incorpora elementos de la Ley 25/2009. de 22 de diciembre, de modificación de varias leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Se estructura en 18 artículos agrupados en seis Capítulos, siete Disposiciones adicionales, una Disposición Derogatoria, tres Disposiciones transitorias y una Disposición final. Mientras el Capítulo I establece las disposiciones generales (arts. 1-3), el Capítulo II determina el régimen de autorizaciones de actividades y servicios (arts. 4-12), el Capítulo III hace referencia al silencio administrativo en procedimientos iniciales a

solicitud del interesado (art. 13), el Capítulo IV regula los principios de la simplificación administrativa y el derecho de información (arts. 14-15), el Capítulo V los de la Ventanilla única (arts. 16- 17) y el Capítulo VI la cooperación administrativa (art. 18).

Por último, la Disposición adicional primera prevé la modificación de los preceptos de la Ordenanza y de sus referencias a la normativa vigente con motivo de la promulgación de normas posteriores; la Disposición adicional segunda realiza una determinación específica de causas justificativas de interés general; la Disposición adicional tercera adapta, en términos generales, las ordenanzas fiscales; la Disposición adicional cuarta hace mención al régimen de los espectáculos públicos y las actividades recreativas; la Disposición adicional quinta determina la incidencia en las normas de construcción y en las licencias urbanísticas de uso; la Disposición adicional sexta hace lo mismo en cuanto a la ocupación del dominio público; la Disposición adicional séptima hace referencia a la ocupación de terrazas de titularidad privada en establecimientos de pública concurrencia y establecimientos dedicados a la venta de alimentación y bazares; la Disposición adicional octava respecto a los servicios de Locutorios de los servicios funerarios; y la Disposición Adicional novena hace referencia a los Servicios Funerarios.

Dichas disposiciones se completan a su vez con tres Disposiciones transitorias, respectivamente relativas al inicio de procedimientos, el régimen transitorio de los procedimientos en materia de prevención y control ambiental de las actividades y el régimen transitorio en materia de procedimientos electrónicos. La entrada en vigor de la Ordenanza se determina por vía de la Disposición final única, que a estos efectos se remite a los trámites del procedimiento de aprobación de ordenanzas establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y los artículos 65 y 66 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales.

A nivel material, cabe destacar como criterios que han inspirado la redacción de la Ordenanza, entre otros, los siguientes:

En las definiciones establecidas en las disposiciones generales se ha introducido, en cláusula general, una definición de los servicios no económicos de interés general, que es una cuestión de particular importancia en el ámbito local.
La normativa relativa a los ámbitos de interés local sólo debe revisarse desde el punto de vista del derecho de establecimiento; por eso en esta Ordenanza no se ha hecho incidencia en el régimen definido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, en cuanto a la libre prestación de servicios en relación con el régimen de actividades y servicios.
En cuanto a la simplificación de procedimientos, cabe destacar que la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y la Directiva de Servicios imponen la predefinición de los requisitos necesarios para tramitar los controles de establecimiento, entre ellos la documentación a aportar y las condiciones que el prestamista debe cumplir.
En la medida en que la adaptación normativa a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, ya la Directiva de Servicios debe venir acompañada de la verdadera implantación de procedimientos electrónicos, uno de los otros pilares de la Directiva, se regulan los principios generales pero no se da un sistema terminado, el cual dependerá de la forma en que evolucione la Administración electrónica y de las posibilidades de cada Corporación.
Aunque el régimen de cooperación administrativa referido en el Capítulo VI de la Ordenanza debe integrarse con las normas específicas de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y de la Directiva de Servicios, es necesario mencionar la necesaria utilización del llamado sistema IMI (Internal market information system) como herramienta de intercambio electrónico de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros para apoyar las disposiciones del mercado interior que contienen obligaciones de cooperación administrativa.
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto establecer las reglas generales para la aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en el término municipal de Castelldefels, a fin de facilitar la libertad de establecimiento de los prestamistas y la libre prestación de servicios, simplificar los procedimientos y fomentar, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, así como evitar la introducción de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que, de acuerdo con el que establece esta Ordenanza, puedan ser discriminatorias o no resulten justificadas o proporcionadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ordenanza se aplica a los procedimientos y trámites municipales necesarios para el establecimiento de servicios que se realizan a cambio de una contraprestación económica y que son ofrecidos o prestados en el término municipal de este municipio por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.

2. Quedan exceptuadas del ámbito de a

plicación de esta Ordenanza, además de las materias establecidas en el art. 2.2 de la Ley 17/2009, las siguientes:
a) Los servicios no económicos de interés general.
b) Las actividades que impliquen el uso u ocupación del dominio público, bien por utilización privativa, bien por aprovechamiento especial, que en todo caso quedarán condicionadas a la obtención de licencia o concesión administrativa en los términos de la legislación sobre patrimonio de las Administraciones públicas.
c) Los servicios financieros.
d) Los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, así como los recursos y servicios asociados en lo que se refiere a las materias que se rigen por la legislación sobre comunicaciones electrónicas.
e) Los servicios en el ámbito del transporte y de la navegación marítima y aérea, incluidos los servicios portuarios y aeropuertos necesarios para llevar a cabo la actividad de transporte.
f) Los servicios de las empresas de trabajo temporal.
g) Los servicios sanitarios, incluidos los servicios farmacéuticos, prestados por profesionales de la salud a sus pacientes con el fin de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud, cuando estas actividades son reservadas a profesiones sanitarias reguladas.
h) Los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos, independientemente de su forma de producción, distribución y transmisión; y la radiodifusión.
i) Las actividades de juego, incluidas las loterías, que impliquen apuestas de valor monetario.
j) Las actividades que supongan el ejercicio de la autoridad pública.
k) Los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a la infancia y el apoyo a familias y personas temporalmente o permanentemente necesitadas que sean provistos directamente por las administraciones públicas o por prestamistas privados en la medida en que dichos servicios se presten en virtud de acuerdo, concierto o convenio con la referida administración.
l) Los servicios de seguridad privada.

3. Esta Ordenanza no se aplicará al ámbito tributario, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones de las ordenanzas fiscales ya establecidas o que se establezcan y que regulen exacciones, sanciones o exenciones en relación al procedimiento de concesión de autorizaciones o licencias o por la realización de controles posteriores relativos a servicios sujetos a esta Ordenanza. Sin embargo, se aplicará esta Ordenanza en los casos en que la ordenanza fiscal regule el procedimiento de tramitación del establecimiento de actividades.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de esta ordenanza se entenderá por:

1. “Servicio”: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado de la Comunidad Europea.
2. “Servicio no económico de interés general”: Servicio local fundamentalmente financiado con cargo a los presupuestos de la Corporación y en el que los tributos o contraprestaciones eventualmente satisfechos por los ciudadanos no sean previstas como remuneración a efectos de cubrir íntegramente los gastos del mismo .
3. “Prestador”: Cualquier persona física con la nacionalidad de cualquier Estado miembro, o residente legal en España, o cualquier persona jurídica o entidad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro, la sede social o centro de actividad principal del que se encuentre dentro de la Unión Europea, que ofrezca o preste un servicio.
4. “Destinatario”: Cualquier persona física o jurídica, que utilice o desee utilizar un servicio.
5. “Estado miembro de establecimiento”: El Estado miembro de la Unión Europea en cuyo territorio tenga su establecimiento el prestador del servicio.
6. “Establecimiento”: El acceso a una actividad económica no asalariada y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y especialmente de sociedades, en las condiciones fijadas por la legislación, por una duración indeterminada, en particular mediante una infaestructura estable.
7. “Establecimiento físico”: Cualquier infraestructura estable a partir de la cual se lleve a cabo efectivamente una prestación de servicios.
8. “Autorización”: Cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso a una actividad de servicios oa su ejercicio.
9. “Requisito”: Cualquier obligación, prohibición, condición o límite al acceso o ejercicio de una actividad de servicios previstos en el ordenamiento jurídico o derivados de la jurisprudencia o de las prácticas administrativas establecidas en las normas de las asociaciones o de los colegios profesionales.
10. “Declaración responsable”: El documento suscrito por un interesado que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio y que dispone de la documentación que así lo acredita, así como que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
11. “Comunicación previa”: El documento mediante el cual los interesados pongan en conocimiento de la Corporación local sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el exe

rcicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones y del procedimiento administrativo común.
12. “Régimen de autorización”: Cualquier sistema previsto en el ordenamiento jurídico o en las normas de los colegios profesionales que contengan el procedimiento, requisitos y autorizaciones necesarios para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios .
13. “Razón imperiosa de interés general”: Razón reconocida o que se reconozca como tal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas, entre otros: El orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural. A efectos municipales se entienden incluidas entre las citadas razones imperiosas de interés general la afectación de la convivencia de los vecinos, la circulación de personas y vehículos, la cohesión social, la limpieza y el adorno y la preservación del paisaje.
14. “Autoridad competente”: Cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación o control de las actividades de servicios y, en particular, las autoridades administrativas y los colegios profesionales.
15. “Punto de contacto”: Órgano de la administración autonómica que se establezca para las comunicaciones de esta Corporación local con la Unión Europea.
16. “Profesión regulada”: La actividad o conjunto de actividades profesionales, cuyo acceso, ejercicio o una de cuyas modalidades de ejercicio estén subordinados de forma directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, a la posesión de determinadas calificaciones profesionales.
17. “Comunicación comercial”: Cualquier forma de comunicación destinada a promocionar, directa o indirectamente, bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona con una actividad comercial, industrial o artesanal o que ejerza una profesión regulada.

A estos efectos, no se consideran comunicaciones comerciales:
a) Los datos que permiten acceder directamente a la actividad de dicha empresa, organización o persona y, concretamente, el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico.
b) La información relativa a los bienes, servicios oa la imagen de dicha empresa, organización o persona, elaborada de forma independiente, especialmente cuando se faciliten sin contrapartida económica.

CAPÍTULO II.- RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Artículo 4. Principios generales.

1. Este Ayuntamiento interviene las actividades privadas mediante los siguientes medios:
a) Ordenanzas y bandos.
b) Sumisión a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, se estará a lo dispuesto en la citada Ley, las leyes sectoriales y esta Ordenanza.
c) Sumisión a comunicación previa oa declaración responsable, de acuerdo con lo establecido en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
d) Sumisión a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

2. La actividad de intervención de esta Corporación local se ajustará, en cualquier caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes y preceptivas licencias de esta Corporación local, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.

4. Cuando este Ayuntamiento establezca medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exija el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberá aplicar la medida menos restrictiva, motivando su necesidad para la protección del interés público y justificando su adecuación por conseguir los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se causen diferencias de trato discriminatorias.

5. Las autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones a que se refiere esta Ordenanza tienen carácter operativo y comportan la obligación de adaptar la actividad a la normativa vigente de forma permanente.

Esta Corporación local velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo que podrá comprobar, verificar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades,

estimaciones y demás circunstancias que concurran en el establecimiento y el ejercicio de actividades económicas.

Artículo 5. Régimen de autorización.

La normativa municipal reguladora del acceso o el ejercicio de una actividad de servicios sólo podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización cuando concurran las siguientes condiciones, que deberán motivarse suficientemente en el expediente de la ordenanza correspondiente:

a) No discriminación: Que el régimen de autorización no resulte discriminatorio, ni directa ni indirectamente, en función de la nacionalidad, lugar de nacimiento, residencia o empadronamiento o, en lo que se refiere a sociedades, en razón del lugar de ubicación del domicilio social.
b) Necesidad: Que el régimen de autorización esté justificado por una razón imperiosa de interés general, de acuerdo con la definición del artículo 3.13 de esta Ordenanza.
c) Proporcionalidad: Que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.

Artículo 6. Establecimientos y sucursales

1. La prestación o el ejercicio de actividades económicas no quedan sometidos, por sí mismos, a control municipal. Las licencias y controles municipales se refieren en todo caso al emplazamiento físico de aquéllas, entendiéndose como tal su ejercicio en establecimientos físicos o en otros lugares estables, así como la utilización de sustancias o equipos fuera del establecimiento cuando puedan afectar al medio ambiente oa la seguridad.
2. La apertura de delegaciones o sucursales queda sometida a los controles establecidos respecto a los establecimientos en general. Sin embargo, no será exigible la presentación de la documentación o el cumplimiento de los requisitos no específicamente ligados al establecimiento físico y que ya hayan sido acreditados ante otras Administraciones públicas europeas.

Artículo 7. Régimen de declaración responsable o comunicación previa.

1. Mediante la comunicación previa o la declaración responsable el titular de la actividad manifiesta solemnemente que cumple los requerimientos legalmente exigibles para el establecimiento y ejercicio de una actividad, que dispone de la documentación acreditativa, que se compromete a mantener las condiciones citadas durante la vigencia de la actividad y en facilitar la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad
2. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en cada caso en la normativa correspondiente y permitan, con carácter general, el establecimiento y el inicio de una actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que corresponden a esta Corporación.
Sin embargo, cuando esté previsto en la normativa de aplicación, la comunicación podrá presentarse posteriormente al inicio de la actividad.
3. El régimen de declaración responsable y comunicación relativo al establecimiento de una actividad deberá regularse de forma expresa en cada caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley 17/2009 y en esta Ordenanza.
En todo caso se requerirá comunicación o declaración responsable del interesado, mediante la que manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad, y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad:
a) Cuando así sea establecido por una ley por razones de orden público, seguridad y salud pública, seguridad y salud en el trabajo o protección del medio ambiente.
b) Cuando se establezca reglamentariamente por el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales.
4. La presentación de una declaración responsable o comunicación incompleta o con ausencia de los requisitos establecidos al efecto no será jurídicamente eficaz, con obligación de paralizar la actividad sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. En cualquier caso, la orden de paralización deberá ir precedida de un trámite de enmienda si la omisión no afecta a un requisito esencial.
5. Asimismo, la resolución que declare la anterior situación podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica en el momento previo al ejercicio del derecho o al ejercicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, siempre de acuerdo con los plazos establecidos en las normas sectoriales que sean de aplicación.
6. Los modelos de declaración responsable y de comunicación previa se mantendrán permanentemente publicados en la web municipal y en la ventanilla única regulada en los artículos 16 y 17 de esta Ordenanza.

Artículo 8. Limitaciones temporales.

1. Con carácter general la realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento de una autorización permitirá establecer una actividad

dad de servicios y ejercerla por tiempo indefinido.
2. Sólo se podrá limitar la duración de la actividad en los siguientes supuestos:
a) Cuando la declaración responsable o la autorización se renueve automáticamente o sólo esté sujeta al cumplimiento continuo de los requisitos.
b) Cuando el número de autorizaciones disponibles sea limitado de acuerdo con el siguiente artículo.
c) Cuando se justifique la limitación de la duración de la autorización o de los efectos de la comunicación o la declaración responsable para concurrir una razón imperiosa de interés general.
3. A los efectos previstos en este apartado, no tiene la consideración de limitación temporal el plazo máximo que se pueda imponer al prestamista para iniciar su actividad a contar desde el otorgamiento de la autorización o desde la presentación de la comunicación o la declaración responsable.
4. Lo dispuesto en el apartado anterior no afectará a la posibilidad de revocar la autorización, particularmente cuando dejen de cumplirse las condiciones requeridas para el ejercicio de la actividad.

Artículo 9. Limitación del número de autorizaciones.

1. Cuando el número de autorizaciones disponibles para una determinada actividad quede limitado debido a la escasez de recursos naturales o de las capacidades técnicas que se pueden utilizar, el Ayuntamiento aplicará un procedimiento de selección entre los posibles candidatos respetando las garantías de imparcialidad y de transparencia. Al mismo tiempo, se garantizará la publicidad adecuada en cuanto al inicio, desarrollo y finalización del procedimiento.
2. Cuando el número de autorizaciones para realizar una determinada actividad de servicios esté limitado:
a) El procedimiento de otorgamiento respetará el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva, procedimiento que en todo caso tendrá en consideración las razones imperiosas de interés general que puedan concurrir.
b) La autorización que se conceda tendrá una duración limitada y proporcionada atendiendo a las características de la prestación del servicio y no dará lugar a renovación automática ni comportará, una vez extinguida la autorización, ningún tipo de ventaja para el prestamista cesante o para personas especialmente vinculadas a él.

Artículo 10. Principios de aplicación a los requisitos exigidos.

1. No podrán exigirse requisitos, controles previos o garantías equivalentes o esencialmente comparables a aquellos a los que ya sea sometido el prestamista en España o en otro Estado miembro.
2. Todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio tendrán que ajustarse a los siguientes criterios:
a) No ser discriminatorios.
b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general.
c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general.
d) Ser claros e inequívocos.
e) Ser objetivos.
f) Ser hechos públicos con antelación.
g) Ser transparentes y accesibles.
3. El acceso a una actividad se regirá por el principio de igualdad de trato y de no discriminación.

Artículo 11. Requisitos prohibidos.

En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio en este municipio en las siguientes condiciones:
a) Requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la nacionalidad, incluido que el establecimiento o el domicilio social se encuentren en el territorio municipal o estatal; y en particular requisitos de nacionalidad o residencia para el prestamista, su personal, los partícipes en el capital social o los miembros de los órganos de gestión y supervisión.
b) Prohibición de estar establecido en varios municipios, o en varios Estados miembros o de estar inscrito en los registros o colegios o asociaciones profesionales.
c) Limitaciones de la libertad del prestamista para escoger entre un establecimiento principal o secundario y, especialmente, la obligación del prestamista de tener su establecimiento principal en el término de este municipio o en el territorio español o limitación de la libertad de elección entre establecimiento en forma de sucursal o de filial.
d) Condiciones de reciprocidad con otro Estado miembro en el que el prestamista ya tenga su establecimiento.
e) Requisitos de naturaleza económica, en particular, los que supediten la concesión de la autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, que se evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de la actividad o que se realice una apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de programación económica establecidos por la autoridad competente.
f) Intervención directa o indirecta de competidores, incluso en el seno de órganos consultivos, en la concesión de autorizaciones o en la adopción de otras decisiones de las autoridades competentes relativas al establecimiento para el ejercicio de una actividad de servicios, sin perjuicio de la actuación de colegios profesionales y consejos generales y autonómicos de colegios profesionales cuando esté legalmente prevista, y sin perjuicio de las consultas a afectados, usuarios o trabajadores.
g) Obligación de que la constitución de garantías financieras o la suscripción

o de un seguro deban realizarse con un prestamista u organismo establecido en el municipio o en el resto del territorio español.
h) Obligación de haber sido inscrito con carácter previo durante un período determinado en los registros de prestamistas existentes en el municipio o en el resto del territorio español o de haber ejercido previamente la actividad durante un período determinado en dicho territorio.

Artículo 12. Condiciones o limitaciones.

1. La normativa municipal reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no incluirá las siguientes condiciones:
a) Restricciones cuantitativas o territoriales y, concretamente, límites fijados en función de la población o de una distancia geográfica mínima entre prestamistas, salvo lo que resulte de la ordenación urbanística.
b) Requisitos que obligan al prestamista a constituirse adoptando una determinada forma jurídica así como la obligación de constituirse como entidad sin ánimo de lucro.
c) Requisitos relativos a la participación en el capital de una sociedad, tales como la obligación de disponer de un capital mínimo para determinadas actividades o tener una calificación específica para poseer el capital social o gestionar determinadas sociedades.
d) Requisitos distintos de los exigidos para el acceso a las profesiones reguladas, de acuerdo con lo previsto en la Directiva 2005/36/CE en lo que respecta al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Tampoco quienes reserven el acceso a una actividad de servicios a unos prestadores concretos en función del tipo de actividad.
e) La prohibición de disponer de varios establecimientos en el municipio o en todo el territorio español.
f) La obligación de ejercicio de una única actividad de forma exclusiva.
g) Requisitos relativos a la composición de la plantilla de trabajadores, tales como la obligación de disponer de un número mínimo de empleados, ya sea en el total de la plantilla o en categorías concretas o en la obligación de contratar con una procedencia o modalidad determinada.
h) Restricciones a la libertad de precios, como tarifas mínimas o máximas, o limitaciones a los descuentos.
i) La obligación del prestamista de realizar, junto con su servicio, otros servicios específicos o de ofrecer una determinada gama o surtido de productos.
2. Sin embargo, excepcionalmente, se podrá supeditar el acceso a una actividad de servicios oa su ejercicio al cumplimiento de alguno de los requisitos del apartado anterior cuando, de conformidad con el artículo 5.1 de esta Ordenanza, no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados.
En cualquier caso, la concurrencia de estas condiciones deberá notificarse al Punto de Contacto de la Comisión Europea y deberá estar suficientemente motivada en la normativa municipal que establezca estos requisitos, salvo que hayan sido establecidos por una norma con rango de Ley.

CAPÍTULO III.- RÉGIMEN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Artículo 13.- Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que esta Corporación local debe dictar en la forma prevista en el art. 43.3 de la de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo en los supuestos en los que una norma con rango de Ley o una norma de Derecho Comunitario Europeo establezcan lo contrario.
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a los que se refiere el artículo 29 de la Constitución española, y en aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante oa terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.
Sin embargo, en los supuestos en que legalmente pueda admitirse recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado si, llegado el plazo de resolución, el órgano municipal competente no dictara resolución expresa sobre el mismo.
2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo que finaliza el procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tendrá los únicos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente.

CAPÍTULO IV.- SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DERECHO DE INFORMACIÓN.

Artículo 14. Simplificación de procedimientos.

1. Los procedimientos y trámites municipales aplicables al establecimiento y la prestación de servicios en esta Entidad local deben ser simplificados de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.
2. Los procedimientos y trámites que supeditan el acceso y el ejercicio de una actividad

de servicios dentro del ámbito territorial del municipio se podrán realizar electrónicamente y a distancia a menos que se trate de la inspección del puesto o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio.
3. Los procedimientos correspondientes a la implantación de las actividades reguladas por esta Ordenanza tienen carácter reglado, deben ser claros e inequívocos, objetivos, imparciales, transparentes, accesibles, proporcionados al objetivo que les es propio y definidos previamente.
4. No pueden establecerse trámites que resulten confusos, duplicados, los que generen un coste desproporcionado en el solicitante o comporten un retraso desproporcionado o injustificado.

Artículo 15. Documentación exigible.

1. Los ciudadanos tienen derecho a obtener información precisa sobre la documentación a aportar, los requisitos y condiciones exigibles para la tramitación de las comunicaciones, declaraciones responsables o licencias gestionadas por el ayuntamiento.
2. Los requisitos citados en el apartado anterior serán exigibles sólo si resultan indispensables de acuerdo con la naturaleza del control establecido al efecto y en todo caso quedarán predeterminados de acuerdo con la normativa de aplicación.
3. El solicitante queda eximido de aportar los documentos o datos que ya estén en posesión de otras administraciones públicas comunitarias o de acreditar las condiciones ya constatadas ante aquéllas. En este caso, el solicitante lo hará saber al inicio del procedimiento y deberá autorizar al Ayuntamiento de forma expresa para que solicite la información. El plazo de resolución quedará suspendido durante el tiempo necesario para su obtención. En caso de que no sea posible acceder directamente a la información se comunicará así al afectado para que pueda aportarla por sus medios.
4. Los documentos emitidos por una autoridad europea podrán ser aportados por copia, sin que sea necesaria la presentación de originales, compulsas o traducciones, salvo que así esté previsto en la normativa de aplicación o se justifique por razones de orden público o seguridad.
En el caso de presentación de copias, el procedimiento quedará igualmente suspendido por el tiempo necesario para la verificación de los documentos si fuera necesario.
5. No obstante, al objeto de cumplir las previsiones legales, el Ayuntamiento podrá exigir durante la tramitación la aportación de documentación complementaria o el cumplimiento de los requisitos que aparezcan como necesarios a la vista de las características de la actividad . En tal caso, se suspenderá el plazo de tramitación y se concederá al solicitante el tiempo adecuado a la naturaleza de lo requerido.
6. En el caso de requerimiento de documentación o condiciones no incluidas en la información inicial el afectado podrá plantear la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento cuando la subsanación no sea consecuencia de una inadecuada calificación de la actividad por parte del afectado y siempre que se acredite que el daño tiene su causa determinante en la falta de información suficiente previa al inicio del procedimiento.

CAPÍTULO V.- VENTANILLA ÚNICA

Artículo 16. Ventanilla única.

1. Cuando se trate de procedimientos y trámites para el acceso y el ejercicio de una actividad de servicios incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE o de las normas estatales y autonómicas de transposición de la misma, los prestadores de servicios podrán acceder, electrónicamente, a distancia y por vía de la Ventanilla Única que el Estado implante al efecto, tanto a la información relativa a los mismos como a la realización de los trámites preceptivos por tal motivo, incluyendo la posibilidad de remisión telemática de las declaraciones, notificaciones o solicitudes necesarias a efectos municipales.
2. Esta Corporación local promoverá que los prestadores de servicios puedan a través de la referida Ventanilla Única obtener toda la información y formularios relevantes para el acceso y el ejercicio de su actividad y conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en quienes tengan la condición de interesados, las resoluciones que recaigan y demás comunicaciones que se efectúen en relación con sus solicitudes.
3. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, la incorporación y mantenimiento permanentemente actualizado del contenido mencionado en la Ventanilla Única, será responsabilidad de las delegaciones municipales o departamentos gestores del procedimiento de autorización o licencia o del de comunicación previa y declaración responsable. La Corporación tratará de adoptar las medidas necesarias para incorporar en sus respectivos ámbitos las tecnologías necesarias para garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas.

Artículo 17. Garantías de información a través de la Ventanilla única.

1. Los prestamistas y los destinatarios de los servicios podrán obtener, a través de la Ventanilla Única y por medios electrónicos, la siguiente información, que deberá ser clara e inequívoca:
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en el término municipal, en especial aquellos relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder

decir a las actividades de servicios y su ejercicio, así como a los datos de la delegación municipal u organismo competente que permitan ponerse en contacto directamente con el mismo.
b) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestamistas de actividades de servicios en el municipio.
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse.
d) Los datos de las asociaciones sectoriales de prestamistas de servicios y las organizaciones de consumidores que presten asistencia a los prestamistas oa los destinatarios de los servicios en el Municipio.
2. El Ayuntamiento proporcionará información a prestamistas y usuarios por los medios electrónicos y telemáticos de comunicación municipal establecidos con carácter general.
3. La tramitación electrónica de los procedimientos afectados por la Ley 17/2009, se articulará por el sistema común de administración electrónica de esta Corporación y de acuerdo con el régimen jurídico aplicable a esta materia. En todo caso, para que la información administrativa disponible en la Ventanilla única sea clara e inequívoca y esté actualizada, deberá adecuarse al sistema de gestión definido por la Conferencia Sectorial de Administración Pública, previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local.

CAPÍTULO VI. - COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 18. Obligación general de cooperación.

Con el fin de garantizar la supervisión de los prestamistas y de sus servicios y de acuerdo con los principios de cooperación administrativa, esta Corporación local, en el ámbito de sus competencias municipales, facilitará toda la información necesaria y cooperará a efectos de información , control, inspección e investigación, con el resto de autoridades competentes españolas o del resto de Estados miembros y con la Comisión Europea.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias a la normativa vigente con motivo de la promulgación de normas posteriores y remisión general a la legislación estatal y autonómica.
1. Los preceptos de esta Ordenanza que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y los que incluyan remisiones a preceptos de la misma, se entenderán automáticamente modificados o sustituidos en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de los que traen causa.
2. En relación a la normativa sectorial, en lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de varias leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso en las actividades de servicios y su ejercicio”, y en la restante normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva de Servicios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Determinación específica de causas justificativas de interés general.
A efectos de esta Ordenanza se entiende que concurren causas justificativas de interés general en aquellos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/2009, por normas con rango de ley o de Derecho comunitario europeo, establezcan efectos desestimatorios cuando no se notifique resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Adaptación de ordenanzas fiscales
En tanto no se lleven a cabo las adaptaciones de las ordenanzas fiscales a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ordenanza, regirán las siguientes reglas:
Primera. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
1. Se entienden incluidos en el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras los supuestos en los que, de forma paralela a la normativa de transposición de la Directiva de Servicios, se sustituyera la licencia de obras o urbanística por la comunicación previa o la declaración responsable.
2. En estos casos de comunicación previa o declaración responsable, la liquidación provisional a cuenta prevista legalmente se practicará cuando se inicie la construcción, instalación u obra a que se refieran.
Segunda. Tasas por el otorgamiento de licencias
1. Conforme a la cláusula general del artículo 24.1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen tasas por la realización de actividades administrativas de competencia local en los casos en que, como alternativa al otorgamiento de licencias, se disponga, en virtud de la normativa de transposición de la Directiva de Servicios, el sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa que la regula.
2. Salvo que las respectivas ordenanzas fiscales ya fijen tarifas específicas por los casos de control posterior mediante comunicaciones previas o declaraciones responsables, la cuota tributaria será la que resulte de las reglas contenidas en las respectivas ordenanzas fiscales por el otorgamiento de licencias.
3. Cuando las ordenanzas fiscales por el otorgamiento de licencias incluyan la exigencia de las tasas en régimen de autoliqui

ción, ésta deberá practicarse igualmente al presentarse la correspondiente comunicación previa o declaración responsable que, como alternativa al otorgamiento de licencias, venga dispuesta por la normativa de transposición de la Directiva de Servicios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Régimen de los espectáculos públicos y actividades recreativas.
En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, por haber sido aprobada durante el período de transposición de la Directiva de Servicios la Ley 11/2009, de 6 de julio, “de regulación administrativa de espectáculos públicos y las actividades recreativas”, y para recoger la misma tanto los principios de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, como los de la Ley 17/2009, se entiende plenamente vigente la normativa municipal adaptada a la citada Ley 11/2009.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Incidencia en las normas de construcción y licencias urbanísticas de uso.
1. Respecto a los requerimientos y tramitación de las licencias de primera instalación y de actividades inocuas se modifica la normativa municipal en el sentido de exigir únicamente la comunicación previa en la forma prevista en el apartado siguiente, a efectos de garantizar la tomada en consideración de la actividad y la consiguiente actividad municipal de inspección y comprobación.
2. El interesado deberá presentar su comunicación previa acompañada del correspondiente proyecto técnico cuando la naturaleza del objeto de la comunicación lo requiera, o en todo caso, de una memoria descriptiva de la actividad a realizar y planos descriptivos de el establecimiento.
En los supuestos en que la actividad a realizar pueda comportar emisiones a la atmósfera, como ruidos, vibraciones, luminosidad y otros hay que acompañar, también, la comunicación de una certificación entregada por una entidad colaboradora de la administración ambiental o por los servicios técnicos municipales.
Junto con la documentación prevista en el apartado anterior, el interesado acompañará el resguardo acreditativo de haber efectuado el pago de la tasa por el sometimiento a control inicial posterior al inicio de la actividad.
Las actividades inocuas sometidas a comunicación previa y declaración responsable estarán sujetas a control periódico cada 10 años a partir de la presentación de la comunicación previa en el Registro Municipal o el acta de la Inspección denuncian la apertura de la actividad sin comunicación previa.
3. En tanto que no afectadas por la Directiva 2006/123/CE y la Ley 17/2009, se mantienen vigentes las licencias urbanísticas de construcción y de usos, que se regularán por su normativa específica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Ocupación del dominio público.
1. Las Ordenanzas de esta Corporación relativas a la ocupación del dominio público, bien por utilización privativa bien por aprovechamiento especial, no requieren ser modificadas por quedar excluidas de la Directiva 2006/123/CE y la Ley 17/2009.
2. Sin embargo tendrán que respetarse los principios del art. 9 de esta Ordenanza en el procedimiento de otorgamiento de licencias o concesiones relativas a la ocupación del dominio público.
3.- Se modifica expresamente el artículo 68 apartado 10, de la Ordenanza de Civismo y del uso del espacio público que queda redactado de la siguiente forma:
“10. Las terrazas que dispongan de autorización municipal podrán funcionar, a todos los efectos, hasta las 24:00 horas como máximo los días laborables, domingos y festivos, cuidando que a partir de las 23 horas las personas que las ocupen respeten el descanso del vecindario. La noche del sábado y vísperas de festivos se podrá ampliar una hora más el horario efectivo de cierre de la terraza concediendo 15 minutos más, para la retirada de las instalaciones y/u ocupaciones, siempre que el horario del actividad lo permita. Excepcionalmente y por el período compras entre el 1 de junio al 15 de septiembre, el horario de terrazas será de las 8h de la mañana a las 2h. de la madrugada, y habiendo retirado ya las instalaciones y/u ocupaciones.
En caso de incumplimiento de la presente condición o la existencia de denuncias verificadas por los servicios municipales correspondientes por molestias de ruidos, la autorización para ocupar la vía pública podrá ser revocada.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Ocupación de terrazas de titularidad privada en establecimientos de pública concurrencia y establecimientos dedicados a la venta de alimentación y bazares
El horario previsto en las terrazas que ocupan el dominio público, ya los efectos de aplicación de los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad y, por tanto, para evitar agravios comparativos, se hace extensivo a las terrazas de uso privado.
El horario de cierre de los establecimientos dedicados a la venta de alimentación y bazares, y en base a los mismos principios que los indicados en el apartado anterior, se fija hasta las 23 horas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Servicios de Locutorios
A efectos de esta disposición se entiende por locutorio los locales destinado a la prestación

ó de servicios individuales de teléfono e internet
Los locales destinados a este tipo de actividades se destinarán única y exclusivamente al uso de locutorio y serán incompatibles con cualquier otra actividad en ese mismo local, ya esté sujeta a la legislación de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, ya esté relacionada con la venta o consumo de bebidas y alimentos.
El horario de funcionamiento para este tipo de establecimientos se fija desde las 09 horas a las 23 horas.
En cualquier caso, si se generan molestias a los vecinos, se aplicarán las sanciones correspondientes previstas en la normativa vigente una vez verificada la molestia por los servicios municipal competentes.
Se considerarán molestias tanto los ruidos detectados en el local como las que sucedan en su entorno directamente imputables al funcionamiento del mismo.
Por el tema de ruidos se aplicará la correspondiente ordenanza municipal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Servicios funerarios.
En materia de servicios funerarios, se mantiene vigente la Ordenanza específica hasta que se produzca la necesaria adaptación del régimen legal y reglamentario en la materia, garantizándose en todo caso la libertad de elección de los prestadores de servicios funerarios.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.
1. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la misma. Concretamente quedan derogados los artículos 6 apartados 5º y 6º y artículos 83, 84 85 y 86 de la ordenanza reguladora de la intervención integral de la administración municipal en las actividades e instalaciones
2. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, todos los procedimientos y tramitaciones relativos al establecimiento de los servicios sujetos a la Ley 17/2009, tendrán que cumplir con lo que establece esta Ordenanza, aunque no se hubiera modificado expresamente la disposición o norma municipal que la regule.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Inicio de procedimientos.
1. Los procedimientos de autorizaciones iniciados con anterioridad a 27 de diciembre de 2009 se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud.
2. Sin embargo, previamente a la resolución, el interesado podrá desistir de su solicitud y optar por la aplicación de la nueva normativa.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Régimen transitorio de los procedimientos en materia de prevención y control ambiental de las actividades.
Hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, sin perjuicio de las disposiciones transitorias en ella definidas, y dada la concurrencia de razones imperiosas de interés general como ahora la protección del medio ambiente y la salud pública, se mantienen el régimen de intervención y las fórmulas de control establecidas en razón de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Régimen transitorio en materia de procedimientos electrónicos.
Mientras que no se habilita una Ventanilla única al objeto de la información a prestamistas y usuarios y la tramitación de los procedimientos, el Ayuntamiento realizará las gestiones oportunas para canalizar los procedimientos electrónicos a través de la Administración del Estado, de la Comunidad autónoma o de la Administración supramunicipal competente de forma agregada a su propia información y procedimientos. A estos efectos esta Corporación se entiende integrada en la “Ventanilla Única de la Directiva de Servicios” (VUDS), en la que está integrada la Diputación de Barcelona.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
Esta Ordenanza entrará en vigor una vez se hayan realizado los trámites del procedimiento de aprobación de ordenanzas establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y los artículos 65 y 66 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales.

Ordenanza municipal reguladora de la transparencia y la administración electrónica

31/01/2022

Ordenança municipal reguladora de la transparència i l'administració electrònica.pdf — 849.9 KB

Ordenanza Municipal Reguladora de las Actividades e Instalaciones de Radiocomunicación

07/11/2002

PREÀMBUL

La liberalització del mercat de les telecomunicacions ha comportat un ràpid creixement de tots aquells elements de telecomunicació necessaris per prestar un servei de qualitat. Els serveis de telecomunicacions requereixen una infrastructura que afecta directament el territori. La legislació reguladora del sector, i el procés d'implantació dels diferents operadors i el ràpid creixement del mercat està creant una tensió entre, d'una banda, la necessitat d'implantació de les xarxes de telecomunicacions i, d'altra, la garantia de la qualitat de vida i del medi ambient que exigeixen delimitar i clarificar la necessària intervenció de l'Administració Local en aquest procés.

La legislació vigent reguladora del sector de les telecomunicacions, constata i estableix criteris i regles d'ordenació per tal de fer compatible els diferents interessos i bens jurídics en joc, entre aquests l'afectació al territori i a la ciutat, en el funcionament del mercat de les telecomunicacions.

El sector de les telecomunicacions ocupa una posició central i estratègica per al desenvolupament social i econòmic. Un sector, però, amb tendència a la concentració i a l'oligopoli, en relació al qual les normes comunitàries i l'ordenament intern han de possibilitar la convivència de tècniques de mercat amb objectius de servei públic, que inclouen la satisfacció dels interessos mediambientals i urbanístics.

L'ordenació ha fet fer reals:

a) El mandat constitucional als poders públics de promoure les condicions favorables per al progrés social i econòmic, en el marc d'una política d'estabilitat econòmica orientada a la plena ocupació (article 40 CE) i d'atenció al desenvolupament de tots els sectors econòmics (article 130.1 CE).

b) La comptabilització del desenvolupament del sector amb la resta d'objectius propis d'un Estat com l'espanyol, social i democràtic de dret, que estructura constitucionalment el poder polític territorial en tres nivells.

Pel que fa al desplegament de la xarxa sobre el territori, els poder públics, en especial els municipis, resten obligats a exercir les potestats atribuïdes legalment per garantir la qualitat de vida (article 45 CE). Qualitat de vida que es projecta sobre la protecció de la població, la salut, el medi ambient, l'ordenació territorial, l'urbanisme i l'habitatge, no només com a element individualitzat, sinó en el sí d'un entorn rural i urbà digne i adequat (articles 45, 46 i 47 CE)

La Directiva 96/19/CE, incorporada a l'ordenament intern, tal com explicita l'Exposició de Motius de la Llei 11/1998, va orientar ja sobre els criteris d'intervenció en la direcció assenyalada, en condicionar l'actuació del operadors a requisits que no són de naturalesa econòmica i que es qualifiquen d'essencials.

En establir que les condicions imposades pels ens públics als operadors han de ser objectives, no discriminatòries, proporcionals i transparents i han d'assegurar el compliment de les exigències essencials, en concret, els motius de naturalesa no econòmica que permeten imposar condicions a l'establiment i explotació de les xarxes de telecomunicacions.

Entre d'altres exigències o requisits essencials, la Directiva legitima l'establiment de condicions per protegir el medi ambient, aconseguir objectius d'ordenacióurbana i rural, juntament amb l'organització eficaç de l'espectre de freqüències radioelèctriques. Els requisits essencials que es defineixen, amb caràcter general, en l'annex de definicions de la Llei 11/1998, ratifiquen com a motius no econòmics per imposar condicions a l'establiment de xarxes de telecomunicacions, la protecció del medi i l'acompliment dels objectius urbanístics.

La protecció de medi ambient i l'acompliment d'objectius urbanístics es defineixen pels ens titulars de les competències sobre medi ambient, urbanisme i pels titulars del domini públic, quan correspongui. La concurrència de competències, relatives a la gestió eficaç del domini radioelèctric i al medi ambient i l'urbanisme, es posa de manifest i alhora s'articula la forma d'exercici a la norma de capçalera del sector.

L'article 44 de la Llei 11/1998, disposa, d'una banda, que les Administracions titulars del domini públic establiran les condicions i requisits per a l'ocupació del domini pels operadors i, de l'altra, que els instruments d'ordenació territorial i urbanístics han d'establir les determinacions necessàries per l'establiment de les xarxes de telecomunicació. En ambdós casos es preveu l'informe del Ministeri competent.

L'article 46, quan regula l'expropiació forçosa i la declaració de servitud forçosa, es refereix expressament a la concurrència de competències sobre l'ordenació del territori, en un marc interpretatiu que obliga a entendre que en la declaració d'utilitat pública o interès social cal ponderar també els béns o valors mediambientals i urbanístics.

Si la relació entre les competències sobre telecomunicació, urbanisme i medi ambient ja s'articula en la legislació de telecomunicacions, la concurrència, en general, entre la titularitat del domini públic estatal i la competència en matèria de ordenació territorial es va examinar en les STC 77/1984, 149/1991 i 36/1994, que resolen la qüestió. La seva doctrina pot projectar-se en relació al domini públic radioelèctric que és l'utilitzat per les instal·lacions de radiocomunicació, i explica alguna de les solucions articulades per la legislació estatal en matèria de telecomunicacions. La primera sentència, que resol el conflicte positiu de competències, ha estat un antecedent i una cita sistemàtica en la matèria; expressa la posició del Tribunal Constitucional , prou coneguda, en concret quan diu: “la atribución de una competencia sobre un ámbito físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en este espacio, como ya ha declarado este Tribunal ” i “El concepto de dominio público sirve para calificar una categoría de bienes, pero no para aislar una porción del territorio de su entorno y considerarlo como una zona exenta de las competencias de los diversos entes públicos que la sustenten”.

Els municipis, d'acord amb les normes comunitàries i estatals de regulació del sector, cal que intervinguin en el seu marc competencial en el procés d'establiment de les xarxes de telecomunicació: a) a través de l'establiment de les mesures complementàries de protecció, que permet l'exercici de la potestat normativa local en desplegament de la Llei General de Telecomunicacions, la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració ambiental i la Llei General de Sanitat; b) a través de l'ordenació dels emplaçaments de la xarxa en el domini públic i en els immobles de propietat privada, el contingut del dret d'ús i edificació, dels quals és objecte de concreció sobre el territori pels distints instruments de planejament urbanístic i les ordenances urbanístiques; c) a través de la determinació i qualificació urbanística, si es considera oportú, d'un sistema general o de sistemes locals de serveis tècnics de telecomunicació i d) a través de l'exercici de les potestats de control preventiu, revisió, inspecció i sanció establertes a la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i en la legislació urbanística.

L'obligació d'intervenir resulta de la necessària atenció dels interessos públics que tenen encomanats els municipis sobre els àmbits materials de competència establerts pels articles 25, 26 i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, quant que es refereixen la matèria urbanística, mediambiental i de salut.

El marc ordinamental ha estat objecte de concrecions reglamentàries. A nivell estatal, el Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radiades i mesures de protecció davant emissions radioelèctriques. A nivell català el Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

El Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, té per objecte, entre d'altres i pel que aquí interessa, l'autorització, la planificació i la inspecció de instal·lacions radioelèctriques en relació als límits d'exposició de les emissions. Un cop establerts els límits d'exposició a les emissions radioelèctriques, les restriccions bàsiques i els nivells de referència (a l'article 6 que és remet a l'Annex II del reglament que aprova el Reial Decret); estableix que caldrà acompanyar un estudi detallat dels nivells d'exposició radioelèctrica a les peticions d'autorització d'instal·lacions radioelèctriques, d'acord amb el que estableix el capítol I del Títol III, de l'Ordre de 9 de març de 2000. Aquesta darrera disposició, a l'article 10, darrer paràgraf, estableix :” La autorización de los emplazamientos de las estaciones fijas quedará condicionada, en cualquier caso, a la ausencia de perturbaciones a otros servicios radioeléctricos, así como al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de servidumbres radioeléctrica o aeronáuticas, de medio ambiente, de ordenación del territorio o cualquier otra que le resulte de aplicación. La obtención de las autorizaciones relacionadas con estas materias será responsabilidad y correrá a cargo del solicitante “. Sobre el Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre cal tenir en compte les exigències que recull la posterior Ordre CTE/23/2002 d'11 de gener de 2002, que estableix les condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions pels operadors de serveis de radiocomunicacions. De la normativa citada es desprén que estem davant d'un supòsit de concurrència d'autoritzacions, estatals i locals, distintes, que l'interessat haurà d'obtenir per tal de poder realitzar la instal·lació i desenvolupar l'activitat.

L'objecte del Decret 148/2001 és regular la intervenció administrativa, d'ordenació i control, de les instal·lacions de radiocomunicació. Concretament, les instal·lacions relatives a sistemes de transmissió de veu i dades amb antenes radiants susceptibles de generar camps electromagnètics en un interval de freqüència de 10 MHz a 300 GHz que s'emplacin a Catalunya; que abasten, necessàriament, la telefonia mòbil, els bucles d'accés local via ràdio i les xarxes de serveis mòbils i terrestres. La finalitat i els objectius de la norma és harmonitzar el desplegament de les xarxes de radiocomunicació amb l'objectiu d'assolir un nivell alt de protecció del medi i de la població i afavorir la integració de les instal·lacions a l'entorn en què es situen.

El marc normatiu que resulta del Decret 148/2001 és:

a) L'emplaçament de les instal·lacions de radiocomunicació resta subjecta a les determinacions fixades directament en el Decret i les que resultin dels instruments d'ordenació urbanística.

b) Per tal d'establir l'ordenació dels emplaçaments s'obliga, als operadors de radiocomunicació, a facilitar a les administracions actuants informació suficient, gràfica i escrita, sobre la xarxa d'instal·lacions existents i el programa de desenvolupament de la xarxa.

f) Les instal·lacions fixes de radiocomunicació resten sotmeses als sistemes d'intervenció administrativa en matèria d'urbanisme, que es regeixen per la legislació de règim local i urbanística aplicable, i en matèria de medi ambient per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i normes reglamentàries de desplegament.

III

El marc normatiu descrit diferencia la potestat reglamentària local i la potestat de planejament. La primera emparada en l'article 4 de la LBRRL i que es projecte, en el cas que ens ocupa, respecte del règim legal de la llicència ambiental o del permís ambiental i de la llicència d'obres al que resten subjectes les activitats i infrastructures de radiocomunicació que emetin camps electromagnètics. L'exercici de la potestat reglamentaria resta en aquest cas emparada també, i de manera específica, pel Decret 148/2001, de 29 de maig, que habilita per aprovar una ordenança local que permeti assolir a cada municipi els objectius que es fixen en el Decret: en concret assolir un nivell alt de protecció del medi i de la població i afavorir la integració de les instal·lacions a l'entorn en què es situen.

La potestat de planejament resta reconeguda a la LBRL i pel que fa al planejament urbanístic està regulada en la legislació urbanística i permet l'aprovació de plans i ordenances urbanístiques que estableixin respecte d'un concret territori i sòl les determinacions que la legislació urbanística defineix com a pròpies dels plans.

Aquesta Ordenança pretén concretar en el municipi, sota el marc de la legislació local i de legislació sectorial aplicable, el règim jurídic de les llicències ambientals o dels permisos ambientals i de les llicències d'obres a la que resten sotmeses les instal·lacions actuals de suport a la telefonia mòbil i les que puguin aparèixer en el futur com a resultat de noves tecnologies, que suposaran un increment del nombre d'instal·lacions gestionades o de titularitat dels operadors de radiocomunicació, respecte a la situació actual. L'objectiu i el fonament competencial és assolir un nivell alt de protecció del medi i de la població, garantir la integració de les instal·lacions en l'entorn en que es situen i fomentar el desplegament d'aquelles infrastructures que produeixin un menor impacte visual i ambiental sobre l'entorn.

De l'Ordenança cal destacar, a més, els punts següents:

– L'obligació que els operadors presentin una documentació (instal·lacions existents i Programa de Desenvolupament de la Xarxa) que té la funció de proporcionar a l'Ajuntament la informació necessària per la presa de decisions.

– Establir la compartició d'infrastructures entre els operadors, allà on sigui tècnicament possible i sense que en cap cas se superin els límits d'emissió que marqui la legislació sectorial aplicable.

– Establir limitacions d'implantació per impacte visual, per afectacions a nuclis històrics o per obsolescència tecnològica, sempre contemplant els criteris d'absència d'afectació a la salut de les persones recollits en la legislació sectorial aplicable.

– Adequar-se a la normativa vigent sobre seguretat per a les persones d'aquest tipus d'instal·lacions.

– Establir mesures per minimitzar l'impacte visual de les instal·lacions que s'hagin d'emplaçar en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no programat o sense sectors delimitats.

– Regular el procediment per a l'obtenció de la llicència o permís ambiental municipal i la llicència urbanística d'obres.

L'ordenança municipal ha de servir per imposar els paràmetres fonamentals de relació entre l'ajuntament i els operadors de telecomunicació per a la instal·lació d'infrastructures de radiocomunicació.

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

L'objecte d'aquesta Ordenança és regular el sistema d'intervenció administrativa per a l'establiment i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació, al municipi de Castelldefels i els seus elements i equips, a fi de minimitzar el seus efectes negatius sobre la salut de les persones i reduir l'impacte sobre el medi ambient des del punt de vista espacial i visual.

Article 2
Àmbit d'aplicació

1. El sistema d'intervenció administrativa que regula aquesta Ordenança s'aplica a les activitats i instal·lacions relacionades a l'article anterior, que s'ubiquen en el municipi, sempre que generin i/o rebin camps electromagnètics compresos en un interval de freqüències de 10 MHz a 300 GHz.

2. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança:

a) Els equips i estacions de Telecomunicació per a la Defensa Nacional, la Seguretat Pública i Protecció Civil.

b) Les instal·lacions catalogades d'aficionats, sempre que reuneixin les dues circumstàncies següents:

- Siguin de potència mitja inferior a 250 W.

- Transmetin de forma discontinua.

Article 3
Definicions i conceptes

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:

a) Operador d'infrastructura: l'entitat o empresa titular de les instal·lacions de suport físic de les antenes i equips de radiocomunicació (torres, caseta i subministrament elèctric).

b) Operadors de serveis finals: l'entitat o empresa titular dels serveis que es suporten en radiocomunicació, usuaris de les instal·lacions de radiocomunicacions de titularitat pròpia o dels operadors d'infrastructures.

c) Operadors de radiocomunicació: inclou els operadors d'infrastructures i els de serveis finals que gaudeixen de títol habilitant atorgat per l'Administració competent d'acord amb la legislació general de telecomunicacions.

d) Intensitat de camp elèctric (E): és la quantitat vectorial que correspon a la força exercida sobre una partícula carregada independentment del seu moviment en l'espai. S'expressa en volts per metre (V/m).

e) Intensitat de camp magnètic: és una quantitat vectorial (H) que determina un camp magnètic en qualsevol punt de l'espai. S'expressa en ampers per metre (A/m).

f) Densitat de potència (S): és la potència radiada que incideix perpendicular a una superfície, dividida per l'àrea de la superfície, i que s'expressa en watts per metre quadrat (W/m2).

g) Esfera de protecció: esfera centrada en el centre del sistema radiant o punt central de diversos sistemes radiants que transmetin des de la mateixa torre, i un radi que és funció de la PIRE màxima global del centre. No pot haver-hi una zona oberta d'ús continuat per a les persones i sense protecció d'edificacions que estigui dintre d'aquesta esfera de protecció.

h) Paral·lelepípede de protecció: és un paral·lelepípede traçat a partir del centre de l'antena i orientat en la direcció de màxima radiació. No pot haver-hi una zona oberta d'ús continuat per a les persones i sense protecció d'edificacions que estigui dintre d'aquest paral·lelepípede de protecció.

i) PIRE: és la potència isotròpica radiada equivalent d'un únic sistema radiant.

j) PIRE màxima global del centre: és el resultat de sumar les PIRE dels diferents sistemes en la direcció de màxima radiació del centre.

k) Centre integrat: aquell que es projecta i explota per donar cabuda a més d'un operador de serveis finals, capaç d'integrar el màxim nombre de radiocomunicacions.

l) Nivells de referència: són els nivells eficaços màxims d'exposició als camps electromagnètics permesos per les persones (públic en general) a les zones d'ús continuat.

m) Estació base: un sistema de telefonia mòbil o de bucles d'accés via ràdio està constituït per una xarxa d'estacions base, cadascuna de les quals cobreix una determinada zona geogràfica. Els elements més visibles d'una instal·lació base són les torres de suport de les antenes, però també inclouen les mateixes antenes, tots els equips principals i auxiliars que fan possible la radiocomunicació entre els usuaris de la zona i la caseta que protegeix determinats equips de la intempèrie.

n) Impacte ambiental: alteració de les característiques inicials del medi ambient provocada per un projecte, una obra o una activitat.

o) Impacte visual significatiu: impacte que afecta el paisatge i que es manifesta principalment per:

– L'excessiu contrast de color, forma, escala, etc., entre els elements visuals existents en el medi i els introduïts per una activitat o instal·lacions.

– El predomini visual de l'element introduït amb relació al medi existent abans d'aquesta introducció.

– L'ocultació d'elements naturals o artificials existents.

– La manca de compatibilitat entre els usos històrics que han caracteritzat el paisatge i el significat de l'element a introduir.

– La contradicció i contrast excessiu de la instal·lació respecte de l'ús previst, general i quotidià, en la superfície en què s'emplaça, que genera una excessiva visualització del elements de la instal·lació en relació amb aquell ús.

p) Demarcació urbana: la constituïda pel sòl urbà i per l'urbanitzable programat o amb sectors delimitats i aptes per urbanitzar.

q) Demarcació no urbana: la constituïda pel sòl urbanitzable no programat o sense sectors delimitats i el no urbanitzable.

r) Estació radioelèctrica: es considera com a tal un o més transmissors o receptors, o una combinació d'ambdós, incloent-hi les instal·lacions accessòries o necessàries per assegurar un servei de radiocomunicació o el servei de radioastronomia.

s)Tècniques: la tecnologia utilitzada juntament amb la forma en què la instal·lació estigui dissenyada, construïda, mantinguda, explotada i paralitzada.

t) Tècniques disponibles: les tècniques desenvolupades a una escala que en permeti l'aplicació en el context del sector industrial corresponent en condicions econòmicament i tècnicament viables, prenent en consideració els costos i els beneficis, tant si les tècniques s'utilitzen o es produeixen en l'estat membre corresponent com si no, sempre que el titular pugui tenir-hi accés en condicions raonables.

u) Tècniques millors: les tècniques més eficaces per a assolir un alt nivell general de la salut de les persones i de la seguretat.

v)Millors tècniques disponibles: la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les activitats i de llurs modalitats d'explotació, que demostri la capacitat pràctica de determinades tècniques per a constituir, en principi, la base dels valors límit d'emissions destinats a evitar o, si això no fos possible, reduir en general les emissions i llur impacte en el conjunt del medi ambient.

w) Àmbit de gestió: àmbit territorial delimitat pel planejament en el qual la patrimonialització de l'aprofitament urbanístic exigeix la prèvia equidistribució de càrregues i beneficis.

Article 4

Finalitats

Aquesta Ordenança té per finalitats bàsiques:

a) La protecció de la salut dels ciutadans davant les possibles conseqüències que els camps electromagnètics puguin ocasionar sobre aquesta.

b) L'harmonització del desplegament de les xarxes de radiocomunicació amb la finalitat de la protecció del medi ambient.

c) La integració de les estacions base de telefonia mòbil i altres estacions de radiocomunicacions en l'entorn.

d) La garantia de la coordinació amb les determinacions de l'ordenament urbanístic i la minimització de l'impacte ambiental i visual.

CAPÍTOL II

LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS I EL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA I LES INSTAL·LACIONS

Article 5

Informació bàsica sobre instal·lacions existents i programa de desenvolupament de la xarxa

1. Els operadors de radiocomunicació han de presentar a l'ajuntament de Castelldefels, un document informatiu sobre les instal·lacions existents i un programa de desenvolupament de la xarxa del municipi i un de diferenciat i específic per a l'Administració de la Generalitat en relació a la demarcació no urbana.

2. El document d'informació de les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa, permet al municipi:

a) Disposar de la informació imprescindible per valorar, en atorgar cada autorització, l'impacte ambiental i visual directe i acumulat, les necessitats de compartició i la idoneïtat de l'emplaçament per garantir la protecció del medi i l'acompliment dels objectius urbanístics.

b) Ponderar la situació actual, i les necessitats de futur dels operadors de radiocomunicació, en l'elaboració d'instruments de planejament que tinguin per objecte establir de manera pormenoritzada i sobre el territori les concretes possibilitats d'emplaçament.

3. El document d'informació de les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa ha de presentar-se, en tot cas, abans o simultàniament a demanar llicència ambiental i llicència d'obra i actualitzar-se cada any.

4. La no presentació o insuficiència de la documentació, que podrà ser objecte de requeriment, allibera de responsabilitat al municipi dels perjudicis que es pugui causar als operadors de radiocomunicació que l'incompleixin, i als interessats o beneficiaris de la instal·lació, perquè els instruments de planejament no estableixin emplaçaments suficients per a les seves instal·lacions i per desplegar la seva activitat, i podrà motivar la denegació de la llicència corresponent.

Article 6

Contingut del document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents i de la seva actualització

1. El document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents i les seves actualitzacions anuals tindran el contingut previst a l'article 8 del Decret 148/2001, de 29 de maig d'ordenació ambiental de les instal·lacions del telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. A més, els operadors que estableixin xarxes de suport de serveis de radiodifusió sonora i televisió i els titulars de llicències individuals de tipus B2 i C2 hauran d'acompanyar a les actualitzacions anuals del document d'informació gràfica i escrita, les certificacions de les instal·lacions a què fa esment l'article 9 del Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitàries davant d'emissions radioelèctriques, i l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener, que estableix les condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.

2. Per poder garantir un correcte control del nivell de radiació en el terme municipal l'ajuntament pot exigir a l'operador que aporti, com a documentació complementària al document d'informació gràfica, un mapa d'intensitats dels camps electromagnètics de tot el terme municipal en relació a les instal·lacions existents i les que resultin del desenvolupament de la xarxa. El camp que resulti del desenvolupament esmentat ha d'actualitzar-se anualment amb el programa de desenvolupament de la xarxa.

Article 7

Contingut del programa de desenvolupament de la xarxa i de la seva actualització

El programa de desenvolupament de la xarxa que tindrà el contingut previst a l'article 8 del Decret 148/2001, de 29 de maig, ha d'anar acompanyat dels estudis previstos en l'article 8 del R.D. 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant d'emissions radioelèctriques.

Article 8

Presentació i comunicació del document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa

1. La presentació del document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa i de les instal·lacions, acompanyada, si s'escau, de la documentació a què fa esment l'apartat 2 de l'article anterior, es farà per duplicat en el Registre General de l'ajuntament i s'haurà d'acompanyar de la corresponent sol·licitud amb els requisits formals de caràcter general que determina la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Si en el termini de dos mesos l'Alcalde no manifesta de manera motivada la disconformitat de la documentació presentada pels operadors amb el que requereix aquesta Ordenança i demana l'esmena de deficiències per aconseguir la regularitat formal de la documentació, s'entendrà satisfeta pels operadors l'exigència de presentació del document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa.

Els operadors hauran de presentar, quan així ho requereixi l'ajuntament o, si és el cas, el Departament corresponent de la Generalitat, la documentació anterior actualitzada.

3. Durant els anys successius a la primera presentació de la informació sobre instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa, al llarg del primer trimestre de cada any, s'ha de presentar el programa de desenvolupament de la xarxa a un any vista i l'actualització del document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents, als que s'aplicarà també el que disposa l'apartat anterior.

4. Els operadors de radiocomunicació hauran d'adjuntar, cada vegada que enviïn informació a l'ajuntament, un document que detalli aquella part de la informació subministrada que tingui caràcter confidencial segons la legislació vigent.

CAPÍTOL III

NORMES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT DE LES PERSONES, DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENTORN I DE LA SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS

Secció primera
Principis

Article 9
Criteris d'aplicació

1. Les normes d'ordenació establertes en aquesta Ordenança han de ser interpretades i aplicades en el marc del conjunt de normes reguladores de l'actuació municipal i de manera singular de les determinacions previstes del planejament urbanístic i les ordenances urbanístiques, d'acord amb la classificació i qualificació del sòl que correspongui .

2. La interpretació de les normes d'aquesta Ordenança de protecció de la salut de les persones, del medi ambient i de l'entorn, en cas de dubte, es farà en el sentit de considerar aplicable la interpretació amb la que s'aconsegueixi amb més intensitat l'assoliment d'un nivell alt de protecció del medi i de la població, es garanteixi millor la integració de les instal·lacions en el paisatge urbà i en l'entorn en què se situen i s'afavoreixi més el desplegament d'aquelles infrastructures que produeixin un menor impacte visual i ambiental sobre l'entorn.

Secció segona

Normes de protecció

Article 10

Normes de protecció de la salut i del medi ambient

Les instal·lacions de radiocomunicació objecte d'aquesta Ordenança, han de complir, a més d'allò que s'estableix en aquesta, els límits d'exposició a les emissions radioelèctriques i les distàncies de protecció continguts a la normativa estatal[1] i a les normes de desplegament autonòmic[2].

Article 11
Utilització de les tècniques disponibles

1. Els operadors hauran d'utilitzar, en relació amb les característiques tècniques pròpies de la instal·lació, la tecnologia disponible[3], de forma que s'aconsegueixi minimitzar l'exposició de les persones als camps electromagnètics, fins i tot en absència de risc demostrable, així com l'impacte visual o físic i l'impacte mediambiental, amb l'objectiu de no provocar alteracions ni visuals, ni físiques, ni interferències ambientals importants en l'entorn.

2. No s'autoritzaran les activitats i instal·lacions que, tot i incorporades al projecte totes les mesures de minimització i harmonització, resultin incompatibles amb l'entorn per provocar:

a) un significatiu impacte ambiental, com a conseqüència de l'alteració de les característiques inicials del medi ambient provocada per l' activitat i la instal·lació,

b) un significatiu impacte visual, en afectar el paisatge urbà o rural en els termes previstos en la lletra o) de l'article 3 d'aquesta Ordenança.

Article 12
Homologació de sistemes i tècniques de mimetització

1. L'Ajuntament de Castelldefels pot aprovar un catàleg, annex a aquesta Ordenança, de tècniques i sistemes de mimetització, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

2. La utilització d'aquestes tècniques i sistemes és obligatòria quan els annexos siguin aprovats i publicats, però no comporta necessàriament que les instal·lacions resultin compatibles amb l'entorn ni que en el cas concret no es provoqui un impacte significatiu que obligui a la denegació d'acord amb el que disposa l'article anterior.

Article 13

Restriccions en els emplaçaments protegits o sensibles

1. Les instal·lacions de radiocomunicació en edificis, conjunts o espais protegits per instruments de planejament urbanístic o per resolucions o declaracions realitzades d'acord amb el que disposa la legislació del patrimoni cultural i d'espais naturals protegits, i les situades a una distància a la que la seva implantació pertorbi visual o estèticament els valors que han estat objecte de protecció, resten subjectes a la incompatibilitat inicial de dur a terme l'activitat i la instal·lació de radiocomunicació.

2. La possibilitat d'autorització té el caràcter d'excepcional i resta restringida a:

a) L'acreditació de la impossibilitat de cobrir les necessitats dels serveis de comunicacions sense haver de realitzar instal·lacions en l'àrea, espai, edifici o element protegit.

b) L'informe dels tècnics municipals que justifiqui que no s'alteren ni es perjudiquen de manera greu els valors objecte de protecció.

c) La justificació de l'operador que s'han adoptat totes les mesures per minimitzar l'impacte respecte dels valors objecte de protecció, quan no és possible eliminar-lo.

d) L'emissió dels informes exigits en la legislació urbanística, de patrimoni cultural i de espais naturals.

3. En els àmbits que el planejament qualifica com a zona de casc antic l'autorització té el caràcter d'excepcional i s'aplicarà el règim previst als apartats 2.a) i 2.c) anteriors mentre no es regula l'ordenació i l'emplaçament de les instal·lacions de radiocomunicació a través d'un instrument de planejament urbanístic.

4. En els espais oberts dels centres docents i establiments que acullen regularment població en edat escolar, és d'aplicació la distància afegida de protecció de caràcter preventiu prevista en el punt 3 de l'annex 2 del Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

5. En els espais sensibles, com ara guarderies, centres d'educació infantil, primària, centres d'ensenyament obligatori, centres de salut, hospitals, parcs públics i residències o centres geriàtrics, la ubicació, les característiques i les condicions de funcionament de les estacions radioelèctriques han de minimitzar, en la mesura més àmplia possible, els nivells d'emissió sobre aquests espais.

Article 14

Regles mínimes de minimització de l'impacte ambiental i visual en tot tipus d'edificació

1. La implantació en la coberta ha de realitzar-se en els edificis que han assolit el nombre màxim de plantes admès pel planejament. Tanmateix, no s'autoritzarà la implantació sobre edificis, malgrat que hagin assolit el nombre màxim de plantes, si en l'entorn existeixen edificacions de major alçada.

Les prohibicions anteriors no són d'aplicació als edificis ocupats íntegrament per operadors de serveis finals de radiocomunicació.

2. No s'autoritzarà la implantació d'instal·lacions de radiocomunicació sobre cobertes inclinades, llevat que els operadors acreditin la impossibilitat de cobrir les necessitats dels serveis de comunicacions sense haver de realitzar instal·lacions en edificis amb aquest tipus de coberta.

3. Les dimensions de la instal·lació que es dugui a terme han de guardar la proporcionalitat deguda[4] amb l'alçada de l'edifici on s'ubiqui.

Article 15

Regles mínimes de minimització de l'impacte ambiental i visual en funció del tipus d'edificació

El projecte d'instal·lació que utilitzi edificacions construïdes segons l'alineació de vial, segons volumetria específica, o edificació aïllada, només si compleix els requisits mínims que es relacionen en aquest article, serà objecte de valoració per determinar si resulta o no compatible amb l'entorn i si provoca o no un impacte significatiu, d'acord amb el que disposa l'article 12.2.

Els requisits mínims, l'incompliment dels quals comportarà necessàriament la denegació de la petició, són:

a) Per a les edificacions segons alineació de vial:

– Els elements de la instal·lació en la coberta dels edificis, excepte l'antena, no podran excedir del plànol límit virtual de pendent 45º, l'origen del qual és la línia horitzontal situada en el pla de la façana, a nivell de l'acabat de coberta.

– Les antenes que s'emplacin a la coberta dels edificis s'hauran de separar una distància mínima de 3 metres respecte la façana de l'edificació excepte si s'emplacen mimetitzades en el mateix pla de façana.

– Les dues regles anteriors s'hauran d'aplicar simultàniament per cadascuna de les façanes de l'edifici.

– No s'admet la implantació d'instal·lacions de radiocomunicació al pati d'illa, sigui o no edificable en planta baixa.

b) Per a les edificacions segons volumetria específica:

– La implantació sobre la coberta de l'edifici exigeix que es garanteixi sempre l'ocultació de les instal·lacions referides des dels vials adjacents o l'adopció de mesures de mimetització.

– Només en el cas que s'integrin en el projecte arquitectònic dintre d'una composició unitària, es podrà admetre que aquestes instal·lacions siguin aparents. En aquest cas caldrà garantir la correcta integració d'aquests elements tècnics.

c) Per a les edificacions aïllades:

– Els criteris generals d'implantació seran els mateixos que en el cas d'edificacions segons volumetria específica.

– En el cas de zones d'edificacions aïllades, on l'ús global és el residencial de baixa densitat, únicament s'autoritzarà la implantació sobre terrenys qualificats com a sistemes d'acord amb el que determina l'article 28 d'aquesta Ordenança.

Article 16

Regles mínimes de minimització de l'impacte ambiental i visual en els terrenys no edificats

En la demarcació urbana es prohibeixen les instal·lacions situades en solars o terrenys no edificats en les zones en que l'ús global és el residencial, excepte en els qualificats com a sistemes.

Article 17

Regles de minimització de l'impacte mediambiental i visual en la demarcació no urbana

1. Les instal·lacions en demarcacions no urbanes que s'implantin sobre el terreny resten subjectes a:

– La tanca del recinte es farà amb materials que s'integrin en el paisatge.

– La caseta tindrà les dimensions estrictament necessàries per a la funcionalitat dels elements tècnics, i serà de materials i colors que s'integrin en el paisatge.

– No podran obrir-se nous camins per accedir a les instal·lacions quan la pendent que cal superar obligui a realitzar moviments de terres que alterin la coberta vegetal i comportin o coadjuvin significativament a iniciar o potenciar els processos d'erosió.

– Els accessos fins a la instal·lació tindran les característiques de camins rurals i no se'ls podrà dotar dels serveis d'urbanització que legalment constitueixen criteris per a classificar com urbà el sòl que limita amb el camí.

2. Es prohibeix la instal·lació en edificis rurals de caràcter residencial i només serà admissible en la resta d'edificacions situades en la demarcació no urbana si s'acredita la compatibilitat mediambiental i paisatgística establerta amb caràcter general a l'article 11 d'aquesta Ordenança.

3. Les autoritzacions de l'activitat i de l'obra hauran de complir, també, les determinacions que resultin de les propostes d'ordenació i del planejament aprovat per la Generalitat a l'empara del que disposa la legislació sectorial i planejament municipal.

4. En el àmbits objecte d'especial protecció a través d'instruments de planejament urbanístic o de protecció del patrimoni cultural o dels espais naturals resta prohibida la instal·lació i l'activitat, llevat d'allò que es disposa a l'article 13.

Article 18
Prohibició de publicitat.

1. Les instal·lacions de radiocomunicació situades a l'aire lliure no podran incorporar llegendes o anagrames de caràcter publicitari.

2. Sense perjudici d'allò que estableix l'apartat 1, tota instal·lació de radiocomunicació incorporarà una placa acreditativa del nom o raó social de l'operador i el número de la llicència municipal, per poder-lo identificar en les tasques d'inspecció, comprovació i control.

Secció tercera

Normes de construcció

Article 19

Exigència de projecte tècnic amb la sol·licitud de llicència d'obres majors i menors.

1. Les instal·lacions de radiocomunicació que alteren l'aspecte exterior de l'immoble i que poden afectar la seguretat de les edificacions, precisaran de llicència d'obres majors i caldrà que s'acompanyi amb la sol·licitud de llicència, d'acord amb el que disposa l'article 75 del Reglament d'obres i serveis, un projecte tècnic subscrit per un tècnic competent i visat pel respectiu col·legi professional

2. En els supòsits d'instal·lacions que, per la seva estructura i elements, no alterin l'aspecte exterior ni puguin alterar o afectar la seguretat de les edificacions, precisaran de llicència d'obres menors i caldrà que s'acompanyi amb la sol.licitud de llicència, el projecte tècnic subscrit per un tècnic competent i visat pel respectiu col·legi professional

Article 20

Normes de construcció

1. El projecte d'obres, haurà de justificar l'estabilitat de les instal·lacions i de les seves fixacions i la capacitat estructural de la construcció i del terreny sobre el qual s'emplacen, d'acord amb la normativa tècnica vigent.

2. Cal garantir la seguretat durant tot el procés de construcció, justificant el procediment de muntatge i considerant tots els elements que intervenen en l'obra. La instal·lació temporal de grues, bastides, i altres elements auxiliars, l'ocupació de la via pública, l'obertura de rases, etc. es regularà mitjançant el que estipulen les ordenances municipals, aportant, si s'escau, les taxes i dipòsits corresponents, independentment de la fiança a què fa referència l'article 13 del Decret 148/2001 i de l'import corresponent a la pròpia llicència d'obres.

3. El disseny de la instal·lació ha d'evitar que es transmetin vibracions o tensions que puguin perjudicar l'estructura dels edificis. Igualment, cal garantir el suficient aïllament acústic per evitar als veïns molèsties causades per sorolls o vibracions que provenen de la instal·lació, i que es mantinguin les condicions d'estanqueïtat i habitabilitat de l'edificació.

Article 21

Normes de manteniment de la instal·lació en estat de seguretat, salubritat i ornament públic

1. En el projecte d'obra o en la documentació acompanyada a la petició de llicència d'obra, s'han de fer constar els controls i els treballs periòdics necessaris, a realitzar en la instal·lació per garantir el correcte manteniment dels elements instal·lats i que es conservi el grau de seguretat i estètica exigides en el moment de la implantació.

2. L'ajuntament podrà obligar als operadors d'instal·lacions, que no assoleixin les condicions estètiques o de seguretat necessàries o bé que siguin tecnològicament obsoletes, a renovar-les o desmantellar-les. Els titulars d'instal·lacions que hagin de ser desmantellades han de garantir la restitució del terreny a les seves condicions originals o, si s'emplacen sobre una coberta, les condicions necessàries d'estanqueïtat, aïllament i estabilitat, i un acabat de característiques anàlogues a l'original.

Secció quarta

Emplaçaments i instal·lacions compartides per diversos operadors

Article 22
Criteris per establir l'obligació de compartir l'emplaçament o les instal·lacions

1. L'ajuntament, quan raons urbanístiques, mediambientals o paisatgístiques ho aconsellin, i prèvia audiència als interessats, pot establir de manera justificada l'obligació de compartir emplaçaments per part de diferents operadors.

2. La decisió d'obligar a compartir es fonamentarà en la informació de les instal·lacions existents i del programa de desplegament, l'impacte mediambiental i visual, l'afectació de la salut de les persones i les previsions d'aquesta Ordenança i dels instruments de planejament i de les ordenances urbanístiques.

Caldrà establir l'obligació de compartir quan un cop valorats els anteriors elements resulti mes adequat per l'assoliment d'un nivell més alt de protecció del medi i de la població, per garantir millor la integració de les instal·lacions en l'entorn en què se situen o per afavorir el desplegament d'aquelles infrastructures que produeixin un menor impacte visual i ambiental sobre l'entorn.

3. S'entendrà que concorren raons urbanístiques que obliguen a compartir emplaçaments o infrastructures en els següents casos:

– En aquells àmbits en què el corresponent planejament ho prevegi específicament.

– Quan s'emplacin sobre terrenys qualificats com a sistemes de serveis tècnics.

– Quan la implantació es proposi sobre una edificació segons volumetria específica en què el projecte d'edificació contempli la integració d'aquests elements tècnics de manera conjunta.

4. No procedirà la compartició d'emplaçaments o d'infrastructures quan l'impacte visual de la compartició sigui superior al d'implantar les instal·lacions separadament.

5. Amb la compartició no podran ultrapassar-se els nivells de referència establerts per les normes sectorials estatals i autonòmiques, tenint en compte el funcionament conjunt de totes les instal·lacions. Els successius operadors finals hauran d'acreditar el compliment d'aquest requisit.

6. En adoptar la decisió de compartir emplaçaments es ponderaran els interessos en presència, i s'incorporarà al procés de ponderació d'interessos les al·legacions dels operadors en relació a la dificultat o la impossibilitat tècnica i l'impacte en emplaçaments separats o en forma conjunta de les instal·lacions i l'activitat.

7. Els operadors d'infrastructures fomentaran i promouran la compartició d'infrastructures allà on sigui tècnica, urbanística i ambientalment viable, d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, publicitat, proporcionalitat i igualtat de tracte entre operadors.

Article 23

Efectes de la decisió municipal que estableix l'obligació de compartir l'emplaçament o les instal·lacions per raons mediambientals o urbanístiques

1. La coubicació i utilització compartida d'instal·lacions s'establirà d'acord amb el què preveu la normativa estatal reguladora; els acords o resolucions que s'adoptin en el marc dels procediments establerts per aquella normativa, no alteren les facultats de control municipal ni afecten la decisió des del punt de vista de les raons urbanístiques, mediambientals o paisatgístiques.

2. Cada dos anys, en funció del programa de desplegaments presentat pels operadors i en consideració de les previsions municipals de les zones sensibles i en funció de la densitat d'antenes instal.lades, l'Ajuntament establirà les zones on s'aplicarà prioritàriament l'obligació de compartir emplaçament i les instal.lacions.

3. El cost de la compartició haurà de ser assumit íntegrament per les empreses operadores de radiocomunicació.

CAPÍTOL IV

NORMES DE COORDINACIÓ DE LA PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL I VISUAL I DE LES PREVISIONS DE L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA I DE REGULACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL

Secció primera

Coordinació de l'aplicació dels criteris establerts a l'Ordenança en relació a cada classe de sòl

Article 24

Sòl urbanitzable programat o amb sectors delimitats

1. En el sòl urbanitzable programat o amb sectors delimitats, sense pla parcial aprovat, no s'autoritzarà la implantació d'instal·lacions de radiocomunicació.

2. Quan s'acrediti la impossibilitat de cobrir les necessitats dels serveis de comunicacions sense realitzar instal·lacions en aquesta classe de sòl podrà autoritzar-se l'obra i l'activitat amb una llicència provisional, d'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 6/1998 sobre règim del sòl i valoracions i les normes que el despleguen.

3. En el cas de sòl urbanitzable programat o amb sectors delimitats, amb el corresponent pla parcial aprovat, es podrà autoritzar l'activitat i l'obra a partir de que es produeixi l'equidistribució de càrregues i beneficis, d'acord amb el que disposi el pla parcial i supletòriament els criteris establerts en aquesta Ordenança.

Article 25
Sòl urbà inclòs en àmbits de gestió

1. En el sòl urbà pendent d'ordenació per plans especials d'ordenació, de reforma interior o de millora urbana, no s'autoritzarà la implantació d'instal·lacions de radiocomunicació.

2. Quan s'acrediti la impossibilitat de cobrir les necessitats dels serveis de comunicacions sense realitzar instal·lacions en el sòl descrit a l'apartat anterior podrà autoritzar-se l'obra i l'activitat amb una llicència provisional, d'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 6/1998 sobre règim del sòl i valoracions i les normes que el despleguen.

3. En el cas de sòl urbà inclòs en àmbits de gestió, que compti amb ordenació pormenoritzada, es podrà autoritzar l'activitat i l'obra a partir del moment en què es produeixi l'equidistribució de càrregues i beneficis, d'acord amb el que disposi aquest planejament i, supletòriament, els criteris establerts en aquesta Ordenança.

4. No obstant això, es podran concedir llicències de caràcter ordinari no provisional en polígons o unitats d'actuació pendents d'equidistribució de beneficis i càrregues, en edificis que s'ajustin a l'ordenació prevista i que puguin conservar-se amb l'execució del planejament.

Article 26

El sòl urbà no inclòs en àmbits de gestió

En sòl urbà no inclòs en àmbits de gestió, l'autorització de les activitats i de les instal·lacions de radiocomunicació resta subjecta al que disposi el planejament i aquesta Ordenança.

Article 27

Immobles fora d'ordenació i amb edificació i usos disconformes amb el planejament vigent

1. Es prohibeix la instal·lació de sistemes de radiocomunicació en els immobles en situació de fora d'ordenació.

2. En els edificis amb volum disconforme només es podrà autoritzar quan l'alçada màxima sigui igual o més alta que l'admesa pel planejament vigent.

Secció segona

Coordinació de l'aplicació dels criteris establerts a l'Ordenança en relació als béns de domini públic municipal

Article 28

Sistemes d'espais lliures, xarxa viària i dotacions públiques

La implantació d'instal·lacions de radiocomunicació en béns de domini públic local resta subjecte el que disposa l'article 57.2 del Reglament de patrimoni del ens locals de Catalunya. L'atorgament de la llicència és una decisió discrecional en la que el municipi tindrà en compte, entre altres consideracions, les restriccions previstes ens els apartats 4 i 5 de l'article 13 d'aquesta ordenança.

CAPÍTOL V
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

Secció primera
Tipologia d'autoritzacions i règim jurídic al que se sotmeten

Article 29
Intervenció administrativa en matèria urbanística i ambiental

1. Les activitats i les instal·lacions de sistemes de radiocomunicació resten sotmeses a intervenció administrativa en matèria urbanística i ambiental.

2. La intervenció en matèria urbanística es regeix per aquesta Ordenança i per la legislació de règim local i urbanística aplicable.

3. La intervenció en matèria ambiental es regeix per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental; pel Reglament que la desplega; per l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions; per aquesta Ordenança i, per la normativa sectorial aplicable[5].

Article 30

Responsabilitat dels agents que intervenen en el procés d'edificació i instal·lació

1. Les instal·lacions de radiocomunicació han d'ésser projectades, utilitzades i mantingudes de manera que no comprometin la seguretat de les persones, dels béns o del medi.

2. D'acord amb el que estableix l'article 6 de la Llei catalana 13/1987, de 9 de juliol, de seguretat de les instal·lacions industrials i l'article 3 del RD 2135/1980, de 26 de setembre, sobre liberalització en matèria d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries.

– L'autor del projecte és responsable que aquest s'adapti a les condicions de seguretat requerides.

– El tècnic o entitat que emet el certificat final d'obra és responsable de l'adaptació de l'obra al projecte i de l'adopció de les mesures i, del compliment de seguretat requerides en l'execució del projecte.

– El titular de la instal·lació és responsable de l'ús, la conservació i el manteniment de les instal·lacions d'acord amb les condicions de seguretat requerides.

– Les persones, les empreses o les entitats que intervenen en la instal·lació, la reparació, el manteniment, la inspecció i el control de les instal·lacions de radiocomunicació són responsables del compliment de les condicions de seguretat requerides.

Article 31

Classificació de les instal·lacions de radiocomunicació als efectes de la intervenció en matèria ambiental

Mentre que la Comissió Mixta, prevista a la disposició addicional setena de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, no proposi el règim d'intervenció ambiental de les instal·lacions previstes en el Decret 148/2001, de 29 de maig, aquest serà el següent:

a) Per a les instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en la demarcació urbana o en espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, o que d'acord amb el planejament urbanístic municipal siguin qualificats d'especial protecció, el corresponent a les activitats de l'annex II.2 de la Llei 3/1998.

b) Per a les instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en la demarcació no urbana, el corresponent al permís municipal ambiental regulat en aquesta Ordenança i a l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Article 32

Denegació de les llicències urbanístiques, ambientals i dels permisos municipals ambientals quan no s'hagi presentat la documentació d'informació d'instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa

1. La llicència i el permís municipal ambiental, així com les llicències d'obres majors i la llicència d'obres menors, es denegaran sense cap altra actuació procedimental, en el supòsits següents:

a) Si prèviament el corresponent operador no ha presentat, de conformitat i amb el contingut que s'estableix en aquesta Ordenança, el document d'informació de les instal·lacions existents en el municipi i el programa de desenvolupament de la xarxa que la inclogui.

b) Si la petició no s'ajusta a les actualitzacions del document d'informació d'instal·lacions existents i del programa del desenvolupament de la xarxa.

2. La presentació de la documentació d'informació de les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa són un requisit necessari per poder obtenir autoritzacions individualitzades d'obra i d'activitat però la seva presentació no pressuposa la petició de llicència ni en pot resultar la concessió presumpta de cap autorització.

Article 33

La tramitació simultània de les llicències ambientals o els permisos ambientals i les llicències d'obres

1. La llicència d'obres majors i menors, la llicència o permís municipal ambiental, es tramitaran i resoldran simultàniament, d'acord amb el que disposen els articles 76 i 77 del ROAS i l'article 61 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en els activitat i instal·lacions.

2. L'atorgament de la llicència o permís legitima a l'hora per realitzar les obres i dur a terme la instal.lació.

Secció segona

Documentació que ha d'acompanyar les peticions d'autorització

Article 34

Documentació a presentar amb les sol·licituds de llicència ambiental i del permís ambiental

La sol·licitud de la llicència ambiental o del permís ambiental ha de contenir les dades que preveu l'article 70.1 de la LPAC i ha d'anar acompanyada del projecte tècnic executiu per triplicat exemplar, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent i de la documentació que s'assenyala a continuació:

a) En les sol·licituds a nom de persona jurídica, caldrà aportar còpia autenticada o original i còpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant.

b) Acreditació que el peticionari de la llicència està en possessió de títol habilitant per exercir l'activitat d'acord amb la legislació de telecomunicacions. En el cas de la prestació del servei de telefonia mòbil o de xarxes públiques que impliquin l'ús del domini públic radioelèctric, justificació d'estar en possessió de la llicència de tipus B2 i C2 establerta en l'article 15 de la Llei general de comunicacions i del seu desplegament, en especial l'Ordre de 29 de setembre de 1998 que estableix el règim aplicable a les llicències individuals per als serveis i xarxes de telecomunicació i les condicions que han de complir els seus titulars.

c) Qüestionari d'activitat complimentat pel tècnic redactor del projecte, en el model oficial aprovat i subministrat per l'ajuntament.

d) Justificació documental de la disposició dels terrenys, accessos i subministraments.

e) Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic expedit per l'ajuntament, en el cas de la llicència ambiental.

f) Document acreditatiu de la designació, per part del titular de la instal·lació, de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l'adequació de les instal·lacions a la llicència atorgada.

g) Nom, raó social, domicili i documentació que acrediti que les instal·lacions de telecomunicació seran dutes a terme per instal·ladors autoritzats inscrits al Registre d'instal·ladors de telecomunicació per al tipus corresponent[6].

h) Estudi detallat dels nivells d'exposició radioelèctrica, amb el contingut que preveu l'article 8 del R.D. 1066/2001, de 28 de setembre, i l'article 3 de l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener.

i) Justificant de pagament de la taxa municipal per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

j) Declaració o compromís de mantenir la instal·lació en perfectes condicions de seguretat.

k) Opcionalment, declaració de les dades contingudes en el projecte i la resta de documentació complementària que s'acompanya a la sol·licitud de llicència que, a criteri de qui ho sol·licita, gaudeixin de confidencialitat. En la declaració s'ha d'expressar la norma amb rang de llei, que empara la confidencialitat de les dades.

l) Qualsevol altra documentació que exigeixi la legislació vigent.

Article 35
El projecte tècnic de la llicència ambiental

1. El projecte tècnic, ha de contenir la informació següent:

a) Descripció de l'activitat, amb indicació de les fonts de les emissions de camps electromagnètics i el tipus i magnitud d'aquestes.

b) Incidència de l'activitat en el medi potencialment afectat.

c) Justificació del compliment de la normativa vigent sobre protecció del medi ambient, seguretat industrial, salubritat, accidents greus, prevenció d'incendis, de riscos i d'accidents laborals, protecció de la salut i de telecomunicacions.

d) Les tècniques de prevenció i reducció d'emissions de camps electromagnètics, amb objecte de no superar les limitacions imposades per la legislació sectorial vigent.

e) Els sistemes de control de les emissions de camps electromagnètics, amb objecte de no superar les limitacions imposades per la legislació sectorial vigent.

f) Les tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que es puguin causar al veïnat, en especial les relatives a sorolls, vibracions, escalfors, olors i pols.

2. El projecte tècnic haurà de justificar que la instal·lació està prevista en el programa de desenvolupament de la xarxa prèviament presentat.

3. El contingut del projecte s'estructurarà en els documents i en la forma següent :

Primer. Dades generals i comuns del projecte

Tots els projectes han de contenir la informació general i comú continguda en el articles 53 i 54 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i les instal·lacions.

Segon. Dades específiques referides a les instal·lacions de radiocomunicació

- Pel que fa a la memòria:

a) Càlcul justificatiu de l'estabilitat de les instal·lacions des d'un punt de vista estructural i de fixacions a l'edifici amb els plànols constructius corresponents, acreditant la idoneïtat tècnica i constructiva de l'edifici per suportar la instal·lació.

b) Justificació de la utilització de la tècnica disponible quant a la tipologia i característiques dels equips a implantar, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima reducció de l'impacte visual i ambiental.

c) Justificació de la capacitat màxima operativa de l'antena.

d) Descripció i justificació de les mesures correctores adoptades per a la protecció contra descàrregues elèctriques d'origen atmosfèric i per evitar interferències electromagnètiques amb altres instal·lacions.

e) Característiques tècniques de la instal·lació que, en tot cas, han d'incorporar les dades següents:

– Descripció dels serveis prestats i les tecnologies utilitzades.

– Cel·la planificada.

– Alçada de l'emplaçament.

– Freqüències d'emissió, potències d'emissió i polarització.

– Modulació.

– Tipus d'antenes a instal·lar.

– Justificació de la compatibilitat electromagnètica dels equips.

– Guanys respecte a una antena isotròpica.

– Alçada de les antenes del sistema radiant.

– Diagrama de radiació indicant la potencia isòtropa radiada equivalent (W) en la direcció de màxima radiació (inclinació mecànica més elèctrica i azimut).

– Dimensions de cada antena transmissora.

f) Justificació del compliment dels límits d'exposició a les emissions radioelèctriques i les distàncies de protecció continguts a la normativa estatal[7] i a les normes de desplegament autonòmic[8].

- Pel que fa a la documentació gràfica:

a) Documentació fotogràfica, gràfica i escrita, justificativa de l'impacte visual que expressi clarament l'emplaçament i el lloc d'ubicació de la instal·lació en relació amb al finca i la situació d'aquesta: descripció de l'entorn en què s'implanta, dimensions, forma, materials i altres característiques. S'haurà d'aportar la simulació gràfica de l'impacte visual des de la perspectiva de les normes que sobre minimització d'impacte visual i ambiental es preveuen en aquesta Ordenança.

b) Plànol d'emplaçament de l'antena expressat en coordenades UTM, sobre cartografia 1:2000 com a màxim i amb quadrícula incorporada. Al plànol es dibuixaran les infrastructures que tinguin incidència sobre l'avaluació ambiental.

c) Plànol a escala 1:500 que reflecteixi la seva situació en relació amb els edificis confrontats, indicant l'orientació de les antenes quan no siguin omnidireccionals.

Article 36

Règim del permís municipal ambiental

El projecte tècnic del permís municipal ambiental ha de contenir, a més de la informació general i comú continguda en els article 53 i 54 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions, la documentació i prescripcions establertes en els annexos 3 i 4 del Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de telecomunicació.

Article 37
Documentació a presentar amb la sol·licitud de llicència urbanística d'obres majors

La documentació necessària que han de presentar els operadors per sol·licitar la llicència d'obres majors és la següent:

1. Identificació del peticionari:

Instància per duplicat, signada per la persona sol·licitant, amb fotocòpia del CIF de l'empresa i la resta de dades exigides a l'article 70.1 de la LPAC. En les sol·licituds a nom de persona jurídica, caldrà aportar còpia autenticada o original i còpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant.

2. Projecte tècnic d'obres, que es presentarà, per duplicat exemplar, visat pel respectiu col·legi professional, i degudament signat pel tècnic competent i pel promotor de l'obra, que contindrà almenys la documentació següent:

a) Contingut mínim del projecte d'obres:

– Una memòria, la qual ha de considerar les necessitats a satisfer, els factors de tot ordre a tenir en compte, inclòs el compliment de les normes d'obligat compliment contingudes en els capítols III i IV d'aquesta Ordenança.

– Plànols de conjunt i de detall de l'emplaçament i de l'obra projectada, suficientment descriptius, per tal que resti perfectament definida.

– Un plec de prescripcions tècniques, on es faci la descripció de les obres i se'n reguli l'execució.

– Un pressupost amb preus unitaris, estats d'amidaments i, les dades necessàries per a la valoració de les obres.

– Estudi de seguretat i salut de l'obra o, estudi bàsic ajustat a les determinacions regulades en el RD 1627/1997, de 24 d'octubre.

b) Quan el projecte constructiu pugui afectar l'estructura d'un edifici s'aportaran els següents documents complementaris:

– Estudi de càrregues en l'estructura existent abans de la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació.

– Estudi de càrregues resultants de la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació.

– Justificació de l'estabilitat de la instal·lació a vents d'acord amb la normativa vigent.

– Memòria descriptiva dels calçats que hagin de verificar-se en l'execució de les obres, amb expressió dels seus respectius càlculs i programa de coordinació dels treballs.

– Manifestació de si l'edifici on es pretén implantar la instal·lació de radiocomunicació està o no ocupat, amb indicació, en el seu cas, del nom i cognoms dels ocupants.

1. Documentació complementària:

a) Acreditació que el peticionari de la llicència està en possessió de títol habilitant per exercir l'activitat, d'acord amb la legislació de telecomunicacions, en les instal·lacions que es projecta construir.

En el cas que les instal·lacions que es projecten construir s'adrecin a la prestació del servei de telefonia mòbil o de xarxes públiques que impliquin l'ús del domini públic radioelèctric, justificació d'estar en possessió de la llicència de tipus B2 i C2, establerta en l'article 15 de la Llei general de comunicacions i del seu desplegament, en especial l'Ordre de 29 de setembre de 1998 que estableix el règim aplicable a les llicències individuals per als serveis i xarxes de telecomunicació i les condicions que han de complir els seus titulars.

b) Nom, raó social, domicili i documentació que acrediti que les instal·lacions de telecomunicació seran dutes a terme per instal·ladors autoritzats inscrits al Registre d'instal·ladors de telecomunicació per al tipus corresponent, així com acreditació que aquest instal·lador està al corrent de l'IAE .

c) Fulls d'assumpció de la direcció per part dels tècnics directors de l'obra.

d) Justificació documental de les disposicions dels terrenys, accessos i subministraments.

e) Dues fotografies del punt d'ubicació de la instal·lació.

Article 38

Documentació a presentar amb la sol.licitud de llicència urbanística d'obres menors.

1- La identificació del peticionari i la documentació complementària es regirà pels requisits previstos a l'article anterior de les obres.

2- El projecte tècnic d'obres que es presentarà, per duplicat exemplar, visat pel respectiu col·legi professional, i degudament signat pel tècnic competent, que contindrà almenys la documentació següent:

Contingut mínim del projecte d'obres:

– Plànols de conjunt i de detall de l'emplaçament i de l'obra projectada, suficientment descriptius, per tal que resti perfectament definida.

– Un pressupost amb preus unitaris, estats d'amidaments i, les dades necessàries per a la valoració de les obres.

– Estudi de seguretat i salut de l'obra o, estudi bàsic ajustat a les determinacions regulades en el RD 1627/1997, de 24 d'octubre.

Secció tercera
Tramitació

Article 39
Tramitació de la llicència municipal ambiental i del permís municipal ambiental

1. La sol·licitud, la tramitació i la resolució de la llicència municipal ambiental es duran a terme d'acord amb el que estableixen els articles 21 a 30 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal de les activitats i instal·lacions.

Els informes municipals a què fa esment l'article 26 de l'Ordenança sobre tots els aspectes de la instal·lació projectada i les al·legacions o suggeriments presentats en el tràmit d'informació pública i veïnal justificaran, a més, de forma expressa i diferenciada que la instal·lació projectada compleix els requisits establerts en els capítols II, III i IV d'aquesta Ordenança.

2. La tramitació i la resolució del permís municipal ambiental es dura a terme d'acord amb el que estableixen els articles 70 a 78 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal de les activitats i instal·lacions.

Els informes municipals a què fa esment l'article 73 de l'Ordenança sobre tots els aspectes de la instal·lació projectada i les al·legacions o suggeriments presentats en el tràmit d'informació veïnal justificaran, a més, de forma expressa i diferenciada que la instal·lació projectada compleix els requisits establerts en els capítols II, III i IV d'aquesta Ordenança.

Article 40

Llicència d'obres per a usos i activitats de radiocomunicació quan simultàniament es demana llicència municipal ambiental o permís municipal ambiental

1. El règim jurídic de les obres de construcció d'instal·lacions de radiocomunicació, quan aquestes tinguin la condició d'obres majors i es sol·licitin de forma simultània amb la petició d'atorgament de llicència municipal ambiental o de permís municipal ambiental, és el que preveu l'article 61 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal de les activitats i instal·lacions.

2-En cap cas es podran entendre legitimades les realitzacions de les obres abans de l'atorgament de la llicència municipal ambiental o permís municipal ambiental.

Article 41
Constitució de fiança

1. L'eficàcia de la llicència ambiental o el permís ambiental i de la llicència d'obres es condicionarà a la constitució pel seu titular de la fiança prevista a l'article 13 del Decret 148/2001, de 29 de maig, per respondre de les obligacions derivades de l'activitat autoritzada, de l'execució de totes les mesures de protecció del medi ambient, de la realització dels controls i mesuraments adients, del desmantellament de la instal·lació i dels treballs de recuperació del medi ambient.

2. La fiança constituirà una garantia global per respondre de les obligacions indicades en relació amb totes les instal·lacions de les que sigui titular el peticionari en el municipi.

3. El càlcul de l'import de la fiança, als efectes del que estableix l'apartat 1, serà la quantia més gran que resulti d'aplicar el 8% respecte del cost de la instal·lació per a la qual es demana la llicència o d'aplicar el 4% al conjunt del cost de les existents. L'atorgament de la llicència es condicionarà a la constitució o ampliació de la fiança global i única fins arribar a l'import assenyalat.

4. Anualment l'ajuntament requerirà que s'adeqüi la fiança global en una quantia equivalent a les variacions anuals de l'increment de preus al consum.

5. L'execució d'una part o de tota la fiança obligarà a restituir-la fins a tornar a cobrir l'import que correspongui d'acord amb els criteris establerts en aquest article.

Secció quarta

Actuacions en finalitzar les obres

Article 42

Obligacions del titular en finalitzar les obres

1. Dins les 48 hores següents a l'acabament de les obres, el titular de la llicència haurà de:

– Retirar els materials sobrants i els elements auxiliars de l'obra.

– Restituir o reparar el paviment, arbrat, conduccions, mobiliari i qualsevol altre element urbanístic que pugui haver estat afectat per l'obra.

2. Finalitzades les obres, el titular de la llicència, en un termini màxim d'un mes ho posarà en coneixement de l'ajuntament, mitjançant escrit al qual s'acompanyarà certificat expedit pel facultatiu director de les obres, visat pel respectiu col·legi oficial, en el qual consti, a més de la data d'acabament de les obres, que aquestes s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat i les possibles modificacions degudament autoritzades i que estan en condicions de ser utilitzades.

Secció cinquena
Sistema de control i revisió mediambiental

Article 43

Submissió a controls mediambientals de les instal·lacions de radiocomunicació

1. Totes les instal·lacions regulades per aquesta Ordenança resten sotmeses a un control inicial ambiental en el moment de la seva posada en funcionament i a controls periòdics posteriors.

2. Són objecte de control totes les determinacions fixades en la llicència o en el permís municipal ambiental i en el projecte tècnic presentat, i específicament les determinacions següents:

a) L'emplaçament de les instal·lacions.

b) L'estructura i l'estabilitat de les instal·lacions.

c) Les emissions i immissions de camps electromagnètics.

d) El compliment de les distàncies de protecció.

e) El funcionament dels sistemes utilitzats de prevenció i reducció de les emissions de camps electromagnètics.

f) Les mesures i tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que el funcionament de la instal·lació pugui causar al veïnat com sorolls, escalfors, vibracions, etc.

g) El funcionament dels sistemes d'autocontrol d'emissions i immissions, en el seu cas.

h) La vigència de la garantia.

Article 44
Control inicial

1. Finalitzada la instal·lació de l'activitat el titular de la llicència o permís haurà de presentar a l'ajuntament la documentació següent:

a) Un certificat emès pel tècnic director de l'execució del projecte que acrediti l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte presentat i a la llicència o permís municipal ambientals atorgats i el compliment de les determinacions fixades en els apartats a), b), d) i f) de l'apartat 2 de l'article 43 d'aquesta Ordenança.

b) Acta de control favorable a la posada en funcionament de l'activitat, emesa per l'ajuntament, que haurà de reflectir el compliment de les determinacions previstes en els apartats c), e), g) i h) de l'apartat 2 de l'article 43 d'aquesta Ordenança.

2. Les activitats no podran començar a exercir-se i les instal·lacions entrar en funcionament fins que s'hagi obtingut l'acta de control favorable a la qual es fa esment en l'anterior paràgraf. Per obtenir de l'ajuntament l'acta de control, el peticionari pot obrar de dues formes diferents:

a) Realitzar l'acció de control a través d'una entitat col·laboradora de l'Administració degudament autoritzada per dur a terme aquesta tasca, supòsit en el qual seguirà els tràmits previstos en l'article 87 del Decret 136/1999, de 18 de maig.

b) Sol·licitar que sigui el mateix ajuntament qui realitzi el control a través de la visita de comprovació, supòsit en el qual l'acció de control es durà a terme en la forma i condicions previstos als articles 104 a 110 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i les instal·lacions.

En aquest cas el peticionari ha d'acompanyar a la seva petició la certificació expedida pel tècnic competent prevista en l'article 93 del R.D. 1066/2001, de 28 de setembre i en l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener, on s'acreditarà, a més, que no s'ultrapassen els nivells de referència i les distàncies de protecció que preveu la normativa autonòmica aplicable.

Article 45
Controls periòdics

1. Les instal·lacions subjectes al règim de llicència ambiental queden subjectes a un control periòdic que es practicarà, el primer, quatre anys després de l'atorgament de la llicència i, la resta, quatre anys després de la realització de la corresponent revisió, malgrat que aquesta s'hagi realitzat de forma anticipada, llevat del cas que, en l'acte d'atorgament de la llicència s'hagi fixat un altre termini, que no podrà ser inferior a dos anys.

2. Les instal·lacions subjectes al règim de permís municipal ambiental resten subjectes a un control periòdic que es realitzarà cada vuit anys comptats a partir de la data de la concessió del permís o de la data del darrer control, llevat del cas que en l'acte d'atorgament del permís s'hagi fixat un altre termini, que no podrà ser inferior a quatre anys.

Tanmateix, i conforme el que estableix l'article 6 d'aquesta Ordenança, anualment, els operadors que estableixin xarxes de suport de serveis de radiodifusió sonora i televisió i els titulars de llicències individuals de tipus B2 i C2 hauran de presentar a l'ajuntament les certificacions de les instal·lacions a què fa esment l'article 9 del Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitàries davant d'emissions radioelèctriques, i l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener, que estableix les condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.

3. Els controls periòdics es realitzaran, a opció de l'entitat peticionària, per qualsevol de les formes previstes a l'apartat 2 de l'article anterior. Quan es triï l'opció de la visita de comprovació municipal, el control es durà a terme en la forma regulada en els articles 115 a 124 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitat i instal·lacions.

Article 46
Revisió de la llicència ambiental

La llicència ambiental de les activitats objecte d'aquesta Ordenança, resta subjecta al règim de revisió periòdica cada vuit anys o, en el seu cas, anticipada, d'acord amb el que assenyala la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental i, quan al procediment, serà d'aplicació el previst en els articles 89 i següents de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Article 47
Revisió del permís ambiental

El permís municipal ambiental no se sotmet a cap revisió periòdica, però l'ajuntament podrà procedir a la revisió quan es doni algun dels supòsits previstos a l'article 96 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Article 48
Acció inspectora

Les activitats regulades en aquesta Ordenança queden subjectes a l'acció inspectora de l'ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les accions especifiques de revisió i control periòdic previstes en aquesta Ordenança, d'acord amb el que disposen els articles 134 a 143 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Article 49
Obligació de conservar les instal·lacions i antenes

1. Els titulars de la llicència ambiental o permís ambiental s'encarregaran que aquestes instal·lacions es mantinguin en perfecte estat de conservació i seguretat.

2. Quan l'estat de conservació i de seguretat no sigui l'adequat l'Alcalde, previ l'emissió dels informes tècnics i jurídics, procedirà a ordenar la realització de les obres i actuacions que correspongui per restablir l'obra, la instal·lació i l'activitat a l'estat de seguretat i conservació que d'acord amb l'autorització inicial i les modificacions de les normes tècniques i de seguretat correspongui.

L'ordre de realitzar les actuacions i obres per garantir la conservació i la seguretat establirà un termini per executar-les prudencial i adequat al tipus d'actuació a dur terme, no superior a quinze dies llevat de supòsits d'actuacions molt complexes.

Transcorregut aquest termini es procedirà a l'execució forçosa de l'ordre i a l'execució de la fiança.

3. En cas de perill immediat per a les persones i els béns l'ordre d'execució s'haurà d'atendre de manera immediata i l'Alcalde ordenarà la realització de les actuacions imprescindibles per garantir la seguretat, inclosa si es necessari la retirada de la instal·lació, tot a càrrec del titular obligat a complir el deure de conservació.

3. El titular de la llicència o el propietari de les instal·lacions haurà de realitzar les actuacions necessàries per desmantellar i retirar els equips de radiocomunicació o els seus diferents elements en els supòsits de cessament definitiu de l'activitat o dels elements que no s'utilitzin. Això implica, a més, que el terreny o la construcció o edifici que hagin servit de suport a tots el equips hauran de quedar igual que abans de la instal·lació d'aquests.

CAPÍTOL VI
COMPLIMENT, INFRACCIONS I SANCIONS

Article 50

L'exigència del compliment de les obligacions i l'impediment de les actuacions que vulneren l'ordenament vigent

1. Resten específicament obligades al compliment d'aquesta Ordenança, les empreses operadores de radiocomunicació titulars de les llicències d'activitat i obra i, en qualsevol cas, les que exerceixen l'activitat i tenen la titularitat de les instal·lacions i obres o ostenten drets que els obliguen a respondre davant dels tercers.

2. En cas d'incompliment dels preceptes d'aquesta Ordenança, l'Alcalde podrà ordenar l'adopció, prèvia la instrucció del procediment que correspongui, de les mesures que corresponguin a fi i efecte de restablir la legalitat infringida i impedir les actuacions que la vulnerin .

3. Les ordres de desmantellament i retirada de les instal·lacions i equips que es derivin de l'expedient administratiu incoat, hauran de ser complides per les empreses operadores de radiocomunicació titulars de les llicències d'activitat i d'obra i, en qualsevol cas, per les que exerceixen l'activitat i tenen la titularitat de les instal·lacions i obres o ostenten drets que els obliguen a respondre davant dels tercers.

En cas d'incompliment de l'ordre, un cop transcorregut el termini establert, es procedirà a la seva execució forçosa.

4. Les mesures d'execució forçosa són independents i compatibles amb les que puguin imposar-se en la resolució dels procediments sancionadors.

Article 51
Règim sancionador

Les activitats i les obres objecte de regulació en aquesta Ordenança resten subjectes al règim d'infraccions i sancions establert en la legislació urbanística, d'intervenció integral de l'Administració ambiental i a la legislació de telecomunicacions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En tot allò no previst expressament en aquesta Ordenança, són d'aplicació la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i normativa que la desenvolupa; l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions; la normativa de telecomunicacions i la resta de normativa sectorial, en especial, la urbanística.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Les instal·lacions existents amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança que disposin de les preceptives llicències urbanística i ambiental, amb independència de si aquesta última s'ha atorgat abans o després de l'entrada en vigor de la Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental, s'han d'adequar a aquesta Ordenança i a la normativa sectorial aplicable abans de l'1 de gener del 2004.

Segona

Les instal·lacions existents quan entri en vigor aquesta Ordenança, que no disposin de les preceptives llicències han de suspendre l'activitat a partir del dia d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.

Aquestes instal·lacions no podran tornar a funcionar fins que els seus titulars no hagin obtingut la preceptiva llicència o permís municipal ambiental.

Tercera

Les sol·licituds de llicència urbanística i ambiental presentades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança sobre les quals no hagi recaigut proposta de resolució es tramitaran d'acord amb les determinacions d'aquesta Ordenança.

Quarta

D'acord amb el que disposa la Disposició addicional primera del decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, l'Alcalde haurà de dictar una resolució, que s'haurà de notificar als titulars de les instal·lacions, acordant l'inici dels controls periòdics de les activitats existents degudament legalitzades.

Cinquena

El termini de presentació davant l'ajuntament de la xarxa d'instal.lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa , és el següent:

a) Per a tot el municipi i per lliurar-la a l'Administració municipal:

– Per als operadors de radiocomunicació existents és presentarà durant el primer trimestre de cada any per al desplegament de la xarxa durant aquest any.

– Per als operadors que no disposin de xarxa establerta serà requisit necessari per a la sol·licitud de llicència, la presentació prèvia del programa de desenvolupament de la xarxa, en el termini de quatre mesos a comptar des de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.

b) En demarcació no urbana, diferenciada de la informació referida a tot el municipi, per a lliurar-la a l'Administració de la Generalitat, els terminis seran els que determina l'article 8.3. del Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal.lacions de radiocomunicació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions municipals d'igual o inferior rang que suposin, contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta Ordenança.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la LIIA que es portin a terme per via legal o reglamentària, es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al contingut d'aquesta Ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d'aplicació dels annexos a què aquesta es remet o fa referència.

Segona

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Romandrà en vigor fins que s'aprovi la seva modificació o derogació.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Vegeu l'article 8.7.d) i l'Annex II del R. Decret 1066/2001, de 28 de setembre i l'article 3.1.f) de l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener.
[2] Vegeu l'article 5 i els annexos 1 i 2 del Decret 148/2001, de 29 de maig.
[3] Per tecnologia disponible s'entén les tècniques desenvolupades a una escala que en permeti l'aplicació en el context del sector industrial corresponent en condicions econòmicament i tècnicament viables. En aquest sentit vegeu l'article 2, apartat 11 de la Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre de 1996 relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació i l'article 4, apartat i) de la LIIA.
[4] A títol orientador es pot considerar que la instal·lació no guarda la deguda proporció amb la dimensió de l'edifici que li serveix de base, quan la longitud de l'antena ultrapassi la meitat de l'alçada de l'edifici que li serveix de fonament.
[6] Vegeu R.D. 279/1999, de 22 de febrer.
[7] Vegeu l'article 8.7.d) i l'Annex II del R. Decret 1066/2001, de 28 de setembre i l'article 3.1.f) de l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener.
[8] Vegeu l'article 5 i els annexos 1 i 2 del Decret 148/2001, de 29 de maig.

Ordenanza municipal reguladora del mercado de venta no sedentaria en el municipio de Castelldefels

01/07/2017

Preámbulo

Como consecuencia de la aprobación y transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, fue modificado también el marco normativo regulador de la venta no sedentaria, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, para adaptar la regulación existente a los parámetros y principios que esta norma europea establece para el acceso y ejercicio de las actividades llamadas de servicios, entre las que figura el comercio al por menor en todas sus modalidades.

Mediante la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, se adaptó el marco normativo estatal en materia de venta no sedentaria a la Directiva de servicios en el mercado interior, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Mantenimiento del régimen de autorización administrativa previa, teniendo en cuenta que el desarrollo de esta actividad requiere la ocupación de suelo de titularidad pública.

b) La duración de las autorizaciones no puede ser indefinida, dado que el suelo público disponible es un recurso limitado. En todo caso, la duración de las autorizaciones permitirá la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.

c) En el procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones debe garantizarse la transparencia y la imparcialidad y, en concreto, de adecuada publicidad del inicio, desarrollo y finalización.

Entendemos que estas garantías, considerando que en estas autorizaciones no deben valorarse condiciones especiales de los solicitantes, y de acuerdo con lo que prevé el artículo 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, pueden obtenerse plenamente y con total objetividad mediante sorteo.

d) Los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones no pueden permitir renovaciones automáticas ni ventajas para los titulares cesantes ni para las personas con las que se encuentren especialmente vinculadas.

Por otra parte, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, determina que el comercio ambulante forma parte de las competencias propias que corresponde ejercer en los municipios dentro del marco normativo establecido por la legislación estatal y las comunidades autónomas.

En el ámbito territorial de Cataluña, la aprobación de la Directiva de servicios en el mercado interior implicó la modificación, entre otras disposiciones, del Texto refundido sobre comercio interior, de los preceptos de la Ley 1/1983, de 18 de febrero, y la Ley 23/1991, de 29 de noviembre, aprobado por el Decreto legislativo 1/1993, de 9 de marzo, mediante el Decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, lo que, en relación con la venta no sedentaria, comportó, entre otros, la concreción de los siguientes aspectos:

Los procedimientos que conllevan el otorgamiento de nuevas autorizaciones no pueden ser automáticos ni pueden comportar ningún tipo de ventaja para los prestamistas que cesan ni para las personas que están especialmente vinculadas con ellos.

A los Ayuntamientos, mediante las correspondientes ordenanzas municipales, les corresponde determinar los criterios de otorgamiento de las autorizaciones.

Las autorizaciones son transmisibles y deben tener una duración mínima de quince años para permitir la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos, y son prorrogables, de forma expresa por períodos idénticos.

Por último, la Generalidad de Cataluña aprobó el Decreto 162/2015, de 14 de julio, de venta no sedentaria en mercados de marchantes. La aprobación de este reglamento nace, pues, de la necesidad de disponer de unos criterios comunes que confieran unos niveles mínimos de seguridad jurídica en el ámbito de la regulación de los diferentes aspectos de la venta no sedentaria, concretamente en mercados de marchantes , tanto para las administraciones locales a la hora de redactar y aprobar sus disposiciones, como para los comerciantes y sus organizaciones a la hora de disponer de unos parámetros adecuados en los que poder basar sus expectativas económicas.

Con el ánimo de dar respuesta a la necesidad de adaptación de los diferentes procedimientos administrativos de tramitación municipal, a la vigente normativa en materia de venta no sedentaria y otra normativa que proceda, el Ayuntamiento de Castelldefels, a través de la Concejala-delegada de Vía Pública, Playa y Movilidad, Promoción Económica y Fomento del Empleo considera oportuno redactar la presente Ordenanza, en ejercicio de las competencias expresadas en la Disposición transitoria del referido decreto.

Artículo 1.- Objeto.

1.- El objeto de esta ordenanza es regular el mercado de venta no sedentaria que semanalmente se realiza cada miércoles en Castelldefels.

2.- El mercado de venta no sedentaria es aquel conjunto de actividades comerciales realizadas fuera de un establecimiento comercial permanente, de carácter periódico y ejercidas en instalaciones desmontables o transportables, incluidos los camiones tienda, dentro de un perímetro autorizado, que comprende la venta de artículos de simple uso y brocantería dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

Artículo 2. Competencia municipal en la regulación.

2.1 Ocupación, días y horarios de celebración y emplazamientos del mercado.

1.- Con el fin de ocupar los espacios de las vías públicas destinados a paradas en el mercado mencionado, será necesario tener la autorización de la alcaldía y abonar los derechos que corresponden a la ocupación autorizada.

2.- Sólo se concederán tantas licencias como sitios hay destinados. No se concederán autorizaciones a las instalaciones que puedan representar un obstáculo para la circulación de los servicios de emergencia, que limiten el acceso a los establecimientos públicos o privados, o que representen molestias para el vecindario.

3.- Su régimen de funcionamiento se rige por el principio de libertad de empresa y se enmarca, entre otras razones de interés general, en la protección de los derechos de las personas consumidoras y la salud pública, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la protección del medio ambiente y del entorno urbano.

4.- La actividad de venta del mercado no sedentaria se celebrará todos los miércoles del año, entre las 9.00 horas y las 13.30 horas. A partir de las 14:30 horas deberá dejarse el espacio o parada libre, para facilitar los servicios de limpieza y reabrir la circulación para vehículos y transporte público.

5.- La Alcaldía o el órgano delegado competente puede autorizar la ampliación tanto de días como de horario. A estos efectos, se acordará un calendario con la Comisión de Seguimiento del mercado no sedentario de Castelldefels.

6.- El emplazamiento del mercado queda delimitado en la Rbl. Blas Infante y en la calle Maria Aurèlia Capmany, aunque, por razones de interés génerol, se podrá modificar el lugar de instalación, ampliar o reducir el espacio asignado al mercado. Siempre que el Ayuntamiento quiera hacer uso de esta facultad, debe hacerlo dando cuenta a los titulares de las autorizaciones con información detallada y anticipación suficiente.

7.- Por razones de interés génerol, el Ayuntamiento también puede cancelar la celebración del mercado de forma temporal o indefinida, avisando previamente a los paradistas siempre que sea posible.

8.- En caso de variación de lugares de ubicación, de horarios o cancelación, con motivo de eventos deportivos, sociales, culturales o de cualquier otro tipo, o cuando concurran otras circunstancias especiales que dificulten su realización, los titulares de los puestos no tendrán derecho a indemnización de ningún tipo.

6.- El Ayuntamiento puede establecer nuevos mercados de venta no sedentaria en otras fechas o lugares de la ciudad siempre que lo considere conveniente, que se regularán por esta misma Ordenanza municipal.

2.2 Competencias específicas en la gestión del mercado de venta no sedentaria:

Con carácter general es competencia del Ayuntamiento:

1.- Otorgar las autorizaciones.

2.- Determinar el número máximo, total o parcial por especialidades de paradas atendiendo a los siguientes criterios:

a) El suelo público disponible.

b) La variedad de oferta comercial, por lo que se podrán establecer porcentajes de puestos destinados a la comercialización de distintos productos, con el fin de asegurar una oferta comercial variada y racional.

c) Los acondicionamientos urbanísticos y circulatorios.

d) Aspectos medioambientales.

e) Aspectos de política social.

3.- Decidir el cambio de ubicación del mercado, la suspensión temporal, la supresión del mismo, la fijación del horario de venta y la periodicidad.

4.- Gestionar el mercado, la administración, la seguridad y vigilancia, la limpieza y cualquier otro servicio propio para su funcionamiento, sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones de los vendedores.

5.- Tomar las medidas necesarias para mejorar la seguridad vial en el mercado y su entorno.

6.- Adoptar las medidas necesarias con el fin de preservar el medio ambiente y el orden público.

7.- Designar al personal técnico y administrativo responsable del control y la vigilancia del mercado. Los funcionarios designados velarán por que se cumplan las normas establecidas en esta Ordenanza y denunciarán las infracciones que se observen.

8.- Modificar motivadamente el número de autorizaciones de comerciantes y paradas, por motivo de interés público.

9.- Dirigir, impulsar e inspeccionar el servicio del mercado. Cautelarmente, en caso de infracción, pueden intervenirse los productos exhibidos por los comerciantes, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

10.- Ejercer la potestad sancionadora.

11.- Poner en conocimiento de la administración competente las infracciones que no sean de su competencia.

12.- Crear nuevos mercados de marchantes.

Esta relación de competencias no tiene carácter limitativo. En función de las variaciones normativas que puedan afectar al mercado en género oa situaciones, artículos o productos concretos, la Alcaldía o concejalía en quien delegue dictará las disposiciones que correspondan.

Artículo 3.- Condiciones para el ejercicio de venta

3.1 Modelo y condiciones de los puestos.

1.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de aprobar un modelo de parada y de obligar a los titulares de las autorizaciones a adoptarlo, sin que por ello puedan exigir indemnización alguna.

2.- La instalación de toldos en la parada debe tener una altura mínima de 2,20 metros y las paradas deben estar debidamente alineadas de acuerdo con la señalización existente.

3.- La delimitación y numeración de los puestos se marcará con pintura, a cargo del Ayuntamiento. Por razones de seguridad, cada dos paradas habrá una separación mínima de medio metro.

4.- Los vendedores deberán realizar la instalación de la parada con sus propios medios y con las debidas condiciones de seguridad y aderezo, quedando prohibido colgar los artículos en las viseras o partes que salgan de las paradas.

5.- No se permitirá la venta de mercancías colocadas directamente sobre el suelo. Es obligatorio el uso de un sencillo mostrador como mínimo, con una altura no inferior a 80 cm., excepto aquellos artículos que por sus especiales características sean exceptuados de esta Ordenanza (por ejemplo pequeño mobiliario).

6.- Cada vendedor se limitará a ocupar el interior de su puesto. No estará permitida la instalación de vendedores en otros lugares que los expresamente habilitados al objeto de la venta ni será permitido que las mercancías sean colocadas en otros lugares distintos de los mostradores desmontables destinados a tal fin.

7.- En caso de ausencia esporádica de un vendedor, los puestos vecinos podrán ocupar a partes iguales el espacio del vendedor ausente.

3.2 Espacio de las paradas

a) No se puede ocupar más espacio del que se señala en la autorización y que estará con concordancia con la señalización física del puesto. Las paradas estarán debidamente enajenadas, por no tapar las paradas vecinas y por dejar libre de obstáculos el espacio destinado al paso del público.

En cuanto a los tamaños permitidos, siempre que sea posible y según las características del emplazamiento de los puestos, paulatinamente se intentará que el tamaño mínimo sea de 6 metros lineales y el máximo de 10 metros lineales. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar vehículos-parada de mayor longitud.

El fondo máximo de los puestos será de 6 metros, repartidos entre el espacio de venta y el estacionamiento de los vehículos. Se dejará un paso mínimo de medio metro entre cada dos puestos.

b) Los beneficiarios de los puestos no pueden cambiar la ocupación, sin la expresa autorización municipal.

3.4 Objeto de la actividad.

La condición por la venta no sedentaria se acredita mediante la adscripción al epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondiente al comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente - venta ambulante, mercado de marchantes y mercados ocasionales o periódicos o equivalente.

a) El adjudicatario de un sitio quedará autorizado para vender aquellos productos a que se refiere el código por el que está dado de alta en el IAE y que conste en la tarjeta-autorización de identificación que el Ayuntamiento expedirá. En caso de que el vendedor esté dado de alta de dos o más epígrafes, el Ayuntamiento lo hará constar en el padrón correspondiente y en la tarjeta-autorización.

b) En los puestos de venta sólo podrán expedir los géneros y productos correspondientes a su autorización, con este criterio, los referidos puestos podrán destinarse a la venta de los siguientes productos:

Artículos textiles y de confección.
Complementos de vestir.
Calcado, artículos de cuero y piel.
Bisutería.
Droguería, perfumería y mercería.
Artículos del hogar y de decoración.
Artículos de ferretería.
Flores y plantas.
Colchonería.
Pequeño mobiliario.
Pequeños electrodomésticos.
Caramelos, frutos secos y especias debidamente embalsadas.
Churrerías y Bar-cafeterías ambulantes (de acuerdo con las condiciones higiénico-sanitarias y de consumo establecidas).
Otros, a criterio del Ayuntamiento.
El miércoles anterior al Domingo de Ramos, se podrá autorizar la venta de palmas y pulmones, a los vendedores titulares del mercado que lo soliciten, con un máximo de 15 paradas, que se concederán de acuerdo con el orden de la fecha de entrada en el registro General del Ayuntamiento.

Artículo 4.- Alcance de las autorizaciones.

1.- Las licencias de puestos fijos dentro del recinto común se otorgarán de conformidad con la vigente legislación en materia de mercados de venta no sedentaria.

2.- También se podrán otorgar autorizaciones por aquellos espacios o puestos que el ayuntamiento considere adecuados, por la venta de géneros con características de temporalidad y tradición. Estas autorizaciones serán a precario, discrecionales y revocables.

3.- Siempre que por razones de interés génerol, el ayuntamiento considere conveniente suprimir o trasladar una o más paradas, sus titulares tendrán que dejar lino el espacio o parada de la ocupación autorizada dentro del plazo a tal efecto, sin derecho a indemnización.

Artículo 5.- Derechos y obligaciones de los titulares.

5.1 Los titulares de los puestos tienen los siguientes derechos:

1. Utilizar el dominio público asignado para ejercitar la venta no sedentaria.

2. Recibir por parte del ayuntamiento, si se ha solicitado previamente, la información actualizada de todos los aspectos que modifiquen o afecten a la venta.

3. Obtener autorización para no asistir al mercado durante un período superior a 4 días por causa justificada, sin que ésta suponga exención del pago de las tasas correspondientes.

4. Solicitar un cambio de ubicación o una ampliación del sitio.

5. Transmitir la autorización en los casos autorizados de acuerdo con lo que se establece en el artículo 10.

6. Nombrar a un suplente de acuerdo con lo que se establece en el artículo 8.

7. Promover e impulsar comercialmente el mercado, así como adoptar medidas que tiendan a incrementar su calidad y competitividad.

5.2 Los titulares de los puestos tienen las siguientes obligaciones:

1. Facilitar el acceso y la información a los inspectores y órganos competentes de control. Cumplir y respetar las instrucciones y recomendaciones dadas por el personal municipal encargado del control del mercado, de la policía local y del resto de personal administrativo o subalterno destinados a tal efecto.

2. Exhibir en lugar visible la tarjeta de autorización otorgada por el ayuntamiento.

3. Desarrollar la actividad dentro del horario y el calendario, sin interrupciones injustificadas y comunicar por escrito al ayuntamiento las ausencias previstas con anterioridad y justificar documentalmente las ausencias prolongadas por un período superior a 4 días.

4. Respetar la distancia entre paradas establecido.

5. Los vendedores tendrán que respetar la normativa en materia de Consumo en cuanto a los derechos de las personas consumidoras. Concretamente, será obligatorio:

a) Exhibir la información relativa a los precios de las mercancías puestas a la venta.

b) Facilitar tique o factura como comprobante de la venta o prestación del servicio.

c) Tener hojas oficiales de reclamación/denuncia y ponerlas a disposición de los clientes y colocar en lugar visible el rótulo oficial de la Generalidad de Cataluña que señala que se dispone de hojas de reclamación.

Toda esta información y documentación, incluidos los documentos de oferta de servicios, tendrá que estar redactada como mínimo en catalán.

6. Cumplir las condiciones de seguridad e higiene que se establece y la normativa específica en relación con las instalaciones, equipos y productos a la venta.

7. Mantener limpio el espacio de venta durante el transcurso de la actividad y mantener las paradas en un adecuado estado de conservación.

8. Colaborar con los servicios de limpieza municipales para agilizar la recogida de los residuos. Al terminar el horario de venta tendrán que dejar la superficie ocupada y la zona de influencia totalmente limpia, los vendedores son responsables de la limpieza de la superficie ocupada y sus alrededores y depositar los desechos de forma selectiva, separando el papel y cartón de los plásticos.

9. Los vendedores tendrán que mantener un trato correcto con los demás comerciantes, con los funcionarios municipales y con el público en general, evitando cualquier discusión o incidencia que pueda producir un escándalo.

10. Por la seguridad del público en general y de los propios vendedores, se prohíbe la circulación de vehículos dentro del recinto del mercado no sedentario en el horario de venta establecido.

11.- La actividad comercial sólo la pueden ejercer las personas que consten en la tarjeta/autorización.

12. Satisfacer las tasas y tributos municipales que correspondan, por el ejercicio de la actividad.

13. Estar al corriente del pago de impuestos: Impuesto sobre Actividades Económicas, (IAE), IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades y de Seguridad Social.

14. Los titulares de los puestos responderán de los daños que se deriven del ejercicio de la actividad y tienen la responsabilidad de restablecer las condiciones del entorno público. De no restablecerse la situación, lo harán los servicios municipales con cargo al titular del puesto, que deberá pagar por el servicio realizado, todo ello sin perjuicio de la posible sanción que le pueda corresponder.

15. Tener contratado y vigente el seguro de responsabilidad civil para el desarrollo de la actividad, por una cobertura mínima de 150.000,00.-€

16. Los titulares que vendan confección tendrán que habilitar en el interior de la parada como mínimo un probador que deberá ser cerrado si quieren ofrecer la posibilidad de que los clientes se la prueben. Los artículos de ropa de confección no podrán ser de segunda mano.

17. El almacenamiento del género durante la jornada de venta, deberá estar colocado en estanterías, en los expositores, en los mostradores o perchas.

18. Tener la posibilidad de utilización de sistemas de pago electrónico.

19. Tener un extintor al alcance de la parada.

20. Los titulares de las autorizaciones para la venta de productos de cualquier tipo que puedan corroer, deteriorar, manchar o perjudicar de cualquier otra forma el pavimento, están obligados a colocar una protección de material impermeable entre el suelo y los elementos de la instalación.

21. Queda prohibido a los titulares de los puestos utilizar altavoces u otros medios acústicos.

Artículo 6.- Otorgamiento de nuevas licencias

El Ayuntamiento, con el fin de garantizar la transparencia, la imparcialidad, la no discriminación y la igualdad en el acceso de las paradas vacantes en el mercado no sedentario de Castelldefels, realizará un sorteo público de las solicitudes presentadas durante el mes de octubre de cada año, que acrediten el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo.

6.1 Régimen por la concesión de nuevas licencias.

El órgano competente, en el mes de septiembre de cada año mediante resolución, aprobará las correspondientes condiciones para la adjudicación de nuevos puestos y determinará:

a) Modelo de solicitud a tal efecto

b) Calendario del proceso de licitación.

c) Determinación del número de puestos a otorgar.

d) Características de cada parada.: género, metros, emplazamiento y denominación.

e) El lugar, día y hora de los sorteos.

f) Plazo para la presentación de la documentación por la concesión de las autorizaciones.

g) Lugar y fecha de exposición definitiva de las autorizaciones otorgadas.

6.2 Porcentajes de los artículos o género.

Los porcentajes de los artículos o género será determinado por la Comisión de seguimiento, de acuerdo con los puestos que queden vacíos una vez finalice el plazo de acreditación de los puestos existentes según la siguiente catalogación:

Artículos textiles y de confección, complementos del vestir y bisutería.

Calcado, artículos de cuero y piel.

Droguería, perfumería y mercería.

Artículos del hogar, de decoración, pequeño mobiliario y colchonería.

Artículos de ferretería y pequeños electrodomésticos.

Flores y plantas.

Caramelos, frutos secos y especias, churrerías y Bar-cafeterías ambulantes.

6.3. Presentación de solicitudes.

Las personas interesadas en la adquisición de una nueva parada tendrán que solicitarlo mediante modelo de solicitud a tal efecto, durante el mes de octubre de cada año.

Cada solicitante sólo podrá presentar un máximo de solicitudes.

Se deberá acompañar a la solicitud presentada la siguiente documentación:

- El compromiso de no transmitir la licencia y no modificar el género o artículo en un período mínimo de 5 años.

- El compromiso de recogida de los residuos una vez finalizada la actividad y reciclaje según el género.

- El compromiso de cumplir con las obligaciones fiscales y con la seguridad social.

- Presentación de una propuesta de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 150.000 €

- Declaración de no haber sido titular en los últimos 10 años, de un puesto en el mercado de venta no sedentaria del Ayuntamiento de Castelldefels, en caso de revocación de la licencia.

6.4 Exposición de listados definitivos.

Una vez registradas las solicitudes en la OAC, la Comisión de seguimiento del mercado confeccionará la lista de las solicitudes presentadas.

Se expondrá el listado de las solicitudes admitidas en el sorteos y se abrirá el plazo para la presentación de reclamaciones y después de su resolución, se expondrán finalmente los listados definitivos. Por cada uno de los puestos vacantes se publicará el correspondiente listado de solicitudes ordenadas a las que se asignará un número de forma aleatoria que coincidirán con los tres últimos dígitos del registro de entrada de cada una de las solicitudes presentadas.

6.5 Celebración del sorteo.

En la fecha y lugar establecidos se procederá a realizar el sorteo de forma pública de los puestos vacantes entre las solicitudes presentadas por cada una de ellas.

6.6 Concesión de la licencia.

Para la concesión de la licencia los adjudicatarios tendrán que presentar la siguiente documentación en el plazo fijado:

Dos fotografías del titular y del suplente (en su caso y de acuerdo con el artículo 8)

DNI/NIE/CIF del titular y del suplente (en su caso), en caso de ser persona jurídica, escritura de constitución y documentación acreditativa de la vigencia del cargo del representante legal.

Certificado o alta del IAE con el epígrafe correspondiente a la venta fuera de un establecimiento, según el artículo o género.

Certificado o alta en la Seguridad Social.

Seguro de responsabilidad civil.

Comprobante del pago de la tasa municipal por la ocupación y aprovechamiento de la vía pública.

Finalizado el plazo para la presentación de la documentación se concederá por decreto la correspondiente licencia.

Publicación del listado definitivo de las autorizaciones otorgadas.

La no presentación en el plazo fijado de la documentación requerida implica la pérdida automática de la opción en la plaza y el derecho de opción por la misma del siguiente de la lista.

6.7 Inclusión en el padrón.

Las nuevas concesiones se incluirán en el padrón correspondiente y se hará entrega de tarjeta/autorización de acuerdo con el artículo 7.

Artículo 7.- Contenido de las autorizaciones.

1.- El titular de las licencias dispondrán de una tarjeta/autorización que será entregada en el momento de la concesión, que tendrán que exhibir siempre en la parada de forma visible, tanto por los consumidores y usuarios del mercado, como por los agentes de la Policía Local o por los funcionarios encargados de la administración y de la vigilancia del mercado.

2.- Descripción del contenido de la tarjeta-autorización:

En el anverso de la tarjeta-autorización constarán:

Los datos identificativos del lugar de la parada, con sus siglas BI, por las paradas situadas en la Rbl. Blas Infante, más el número de la parada y las siglas AC, por las paradas situadas en la calle M. Aurèlia Capmany, más el número de la parada.
El nombre de la titularidad y suplente (en su caso)
El DNI/NIE/CIF, según sea el caso.
Los metros de la parada.
Los artículos de venta.
La fecha de expedición de la tarjeta-autorización.
Año del cumplimiento de la acreditación.
La fotografía del/de la titular y suplente o de las personas encargadas de la venta en caso de que la titularidad sea jurídica.
Estarán firmadas por el alcalde/alcaldesa y el secretario/la secretaría del ayuntamiento.
En caso de que sea una persona jurídica deberá constar la persona o personas físicas que se harán cargo de la venta. Su número no será superior a dos personas.

En el reverso de la tarjeta-autorización constará la vigencia de la licencia por 15 años, prorrogables por períodos de 15 años consecutivos, con las condiciones mínimas y más generales a cumplir.

Artículo 8.- Titulares de la autorización.

Tienen la consideración de titulares las personas que obtengan la autorización que expide el ayuntamiento.

Las personas físicas titulares de la autorización están obligadas a ejercer personalmente la actividad y sólo podrán serlo de una sola parada. También pueden ejercerla en su nombre un suplente, que puede ser el cónyuge, o pareja de hecho acreditada por cualquier medio (con más de 2 años de convivencia), los parientes de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad, y los asalariados, debidamente acreditado. Todos deben estar dados de alta en la Seguridad Social en el régimen que corresponda. Los suplentes sólo podrán serlo de una parada.

En caso de que la autorización se otorgue a una persona jurídica, es necesario justificar documentalmente la relación jurídica existente entre la titularidad y la persona física o personas que ejerzan la actividad y sólo lo podrán ser de una sola parada.

Los titulares de las autorizaciones deben ejercer su actividad de venta con estricta sujeción a las condiciones de la autorización otorgada.

Artículo 9.- Duración y control de las autorizaciones.

1.- La autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria tendrán, de acuerdo con lo que prevé el artículo 6.2 del Decreto 162/2015, de 14 de julio, de venta no sedentaria en mercados de marchantes, una duración mínima de quince años para permitir la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos, y prorrogables expresamente por períodos idénticos.

2.- Durante la vigencia de las autorizaciones, cada año el Ayuntamiento notificará a los titulares que están obligados a acreditar durante el 1er. trimestre:

a) La titularidad y domicilio, con la presentación del DNI, NIE (del titular y suplente en su caso) o CIF (con el DNI o NIE de las personas que se hacen cargo de la parada)

b) Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria.

c) Estar al corriente del pago del seguro de responsabilidad civil.

d) Acreditar el pago de la tasa municipal por la ocupación y aprovechamiento de la vía pública, previstas en las ordenanzas fiscales en la forma y plazo señalados en el calendario fiscal del Ayuntamiento de Castelldefels.

3.- La falta de la acreditación de las condiciones señaladas en el apartado anterior, comportará la anulación de la autorización de forma automática, sin posibilidad en ningún caso de transmisión de la autorización.

Artículo 10. Transmisibilidad, extinción y revocación de las autorizaciones.

10.1 Transmisibilidad.

Las autorizaciones sólo son transmisibles si se mantienen las condiciones para la autorización que se transmite por el plazo que reste de la autorización o prórroga, previa comunicación del cedente.

En todo caso el cesionario debe presentar una declaración responsable conforme cumple con todas las condiciones exigidas.

Sólo se pueden transmitir las autorizaciones en los siguientes supuestos:

a) Por cese voluntario siempre que haya transcurrido un mínimo de cinco (5) años desde que la obtuvo. El transmitente no podrá optar a ninguna nueva licencia en el mismo mercado durante un período mínimo de cinco años.

b) Por situaciones sobrevenidas no atribuibles a la voluntad del marchante, tales como casos de incapacidad laboral, enfermedad o situaciones análogas, debidamente acreditadas.

c) Por muerte del titular. En este caso, o en caso de incapacidad legal, la autorización puede ser transmitida de acuerdo con las disposiciones testamentarias y sucesorias.

Las transmisiones se harán mediante la firma de una comparecencia en el Ayuntamiento, por parte de todas las personas involucradas en el cambio de la titularidad: vendedor cesante, adquirente y suplentes, en su caso y se presentarán los originales de la documentación acreditativa correspondiente a los supuestos indicados.

10.2 Extinción y revocación de las autorizaciones.

La autorización municipal se extinguirá sin derecho a indemnización ni a compensaciones de ningún tipo, en los siguientes supuestos:

1.- Por renuncia expresa y escrita formulada por el titular.

2.- Como consecuencia de un procedimiento sancionador, motivado por infracciones muy graves de las normas recogidas en esta Ordenanza.

3.- Por pérdida o incumplimiento sobrevenido de alguna de las condiciones exigidas para gozar de la autorización.

4.- Por muerte o incapacidad, sin perjuicio de la posibilidad de transmisión prevista en el artículo 10.1.

5.- Por el cumplimiento del plazo por el que fue concedida, salvo prórroga.

6.- Por falta de aportación total o parcial de la documentación prevista en el artículo 9.2.

La revocación de la licencia implica no conceder a su titular ninguna licencia nueva durante un período de 10 años.

En todos los casos previstos en este artículo el Ayuntamiento dispondrá de nuevo de la parada, de conformidad con las previsiones de esta Ordenanza, a fin de ofrecer la parada a un nuevo titular, oa criterio del ayuntamiento por su extinción o distribución de su espacio entre las paradas vecinas.

Artículo 11.- Régimen Sancionador : Infracciones.

Las infracciones cometidas por los titulares de los puestos de venta se calificarán de leves, graves y muy graves.

Las infracciones prescriben: Leves, a los seis meses. Graves, a los dos años. Muy graves a los tres años.

A efectos del cómputo del plazo de prescripción, éste se considera iniciado a partir de la fecha en que se comete la infracción. En el caso de infracciones continuadas, se tendrá en cuenta la fecha de finalización de la actividad ilícita.

11.1 Infracciones leves.

Tienen consideración de infracciones leves:

1. El comportamiento que produzca molestias al público oa otros paradistas, y contrarios a las buenas costumbres y normas de convivencia dentro del recinto del mercado.

2. No tener en lugar visible la tarjeta-autorización de la parada.

3. La negligencia a depositar de forma correcta los envoltorios y productos excedentes de la actividad.

4. El incumplimiento de los horarios de descarga, venta y desmontaje de los puestos o dificultar el acceso habitual de los vehículos.

5. La ausencia injustificada del lugar reservado en el mercado sin la debida justificación y comunicación al Ayuntamiento durante más de 4 mercados consecutivos.

6. No tener a disposición del público las hojas oficiales de reclamación.

7. No exhibir los precios de venta al público de las mercancías.

8. Realizar operaciones de pesaje y medida fuera de la vista del público.

9. El cambio de emplazamiento sin autorización.

11.2 Infracciones graves.

Tienen consideración de infracciones graves:

1. La reincidencia de infracciones leves en el período de un año.

2. La falta de limpieza del lugar reservado y su entorno, tanto mientras se realiza la venta como una vez finalizado el mercado y la retirada de las instalaciones.

3. No tener a disposición del personal de inspección las facturas y comprobantes de compra de los productos que se ponen a la venta. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información que pueda requerir el personal autorizado en orden al cumplimiento de las funciones de información, investigación e inspección en las materias objeto de esta Ordenanza, así como el hecho de suministrar información inexacta.

4. La inobservancia de las instrucciones que, discrecionalmente y por el buen funcionamiento del mercado, dé al personal del mercado.

5. La actuación expresa que provoque daños a bienes públicos o privados.

6. La falta de condiciones higiénico-sanitarias de los puestos de venta, manipuladores, vehículos de transporte de alimentos, así como de los productos y alimentos puestos a disposición del consumidor.

7. La venta de productos no comprendidos en la autorización correspondiente.

8. La modificación de la configuración, tamaño y ocupación del puesto sin autorización del personal del mercado o sin ajustarse a las condiciones del mismo (se excluye el empleo parcial de los puestos vecinos en caso de ausencias).

9. Las infracciones a la normativa vigente en materia comercial y de seguridad.

10. La música o cualquier tipo de difusión de sonidos por megafonía, con excepción de los puestos específicamente destinados a la venta de artículos o complementos musicales, siempre que no se excedan los decibelios permitidos.

11. Circular con el vehículo fuera del horario autorizado.

12. La ausencia injustificada del lugar reservado en el mercado sin la debida justificación y comunicación al Ayuntamiento durante más de 8 mercados consecutivos.

11.3 Infracciones muy graves.

Tienen consideración de infracciones muy graves:

1. La reincidencia de infracciones graves en el período de un año.

2. Suministrar información o documentación falsa.

3. Las peleas con violencia física en el recinto del mercado.

4. El bache arrendamiento o cesión de parte o de la totalidad del espacio autorizado.

5. Tener menores, en edad de escolaridad obligatoria, trabajando en la parada.

6. La resistencia, coacción o represalia, o tentativa de su realización, contra los funcionarios facultados para el ejercicio de la función de investigación, vigilancia o inspección en las materias objeto de esta Ordenanza.

7. La utilización de tarjeta-autorización por parte de personas distintas a las autorizadas.

8. Las infracciones por fraude, adulteración o engaño y en los casos en que se detecte la venta de productos falsificados o por cuya venta de productos no sea posible demostrar que se han logrado de forma lícita.

9. No atender las directrices del Plan de Emergencia en caso de que éste se activara.

10. Darse de baja del régimen de la Seguridad Social, el titular o los trabajadores que éste tenga contratados, durante la vigencia de la licencia o no estar al corren de las obligaciones fiscales.

11. Dar de baja el seguro de responsabilidad civil durante la vigencia de la licencia según el importe establecido en el artículo 4.1.2 de esta Ordenanza.

Artículo 12.- Sanciones

Las sanciones que pueden imponerse consisten en multas pecuniarias y en la suspensión o revocación absoluta de la autorización

1 Infracciones leves:

1º. Advertencia. 2º. Multa de hasta 750,00 €.

2 Infracciones graves:

1º. Suspensión de la autorización de 1 a 6 meses. 2º. Multa de 750,01€ hasta 1.500,00€.

3 Infracciones muy graves:

1º. Revocación de la autorización. 2º. Multa de 1.501,00€ hasta 3.000,00€.

Se pueden imponer estas sanciones sin perjuicio de otras medidas complementarias como:

La intervención de los productos exhibidos, como acción de cautela y prevención de riesgos en la salud de las personas.

El cese inmediato de la actividad de venta no sedentaria cuando se ejerza sin disponer de la preceptiva autorización.

Artículo 13.- Graduación de las sanciones

La graduación de la sanción se graduará teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. La subsanación de los defectos derivados del incumplimiento de estas normas, siempre que de este incumplimiento no se hayan derivado perjuicios directos a terceros.

2. La reincidencia cuando no sea determinante de la infracción.

3. El grado de intencionalidad.

4. El número de consumidores y usuarios afectados.

5. La cuantía del beneficio ilícito.

6 El volumen de ventas.

7. La situación de predominio de infractor en el mercado.

8. La gravedad de los efectos socioeconómicos.

A efectos de la reincidencia no se computarán los antecedentes infractores cancelados.

Artículo 14.- Medidas preventivas o de cautela.

En todos los casos se podrán imponer medidas de cautela, consistentes en la suspensión de la autorización por un plazo no superior al previsto por la sanción, en caso de que, ésta consista en la suspensión de la autorización, todo ello de conformidad con la vigente legislación.

Artículo 15.- Comisión de seguimiento del mercado.

La comisión formada por la concejalía delegada, 1 técnico municipal, el Jefe de la Policía responsable del mercado no sedentario, responsable del Servicio de inspección municipal, responsable del área jurídico-administrativa, junto con 1 representante del mercado no sedentario de Castelldefels , y 1 representante de la AAVV del Barrio de Can Vinader.

Se celebrarán dos de carácter obligatorio con el fin de proceder a la determinación de los criterios de adjudicación de puestos vacíos, valoración de porcentajes de artículos o género y la resolución de las reclamaciones que se puedan presentar en el proceso de adjudicación.

Además se celebrarán con un mínimo de dos reuniones más para garantizar una correcta comunicación y resolver de forma ágil todo lo susceptible de mejora, para la resolución de conflictos propios de la actividad, para acordar las fechas de la celebración de mercados extraordinarios, etc.

La Comisión será nombrada por la alcaldía y tendrá una duración de cuatro años.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. En todo lo no previsto en esta Ordenanza, se aplicarán las normas de régimen local, el Texto refundido de la ley sobre comercio interior, aprobado por el Decreto legislativo 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, modificada por la Ley 7 /2011,de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras, el Decreto 162/2015, de 14 de julio, de venta no sedentaria en mercados de marchantes, así como la Ley 33/2003, de 23 de noviembre, patrimonio de las administraciones públicas.

Segunda. Los preceptos de esta Ordenanza que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y los que incluyan remisiones a preceptos de la misma, se entenderán automáticamente modificados o sustituidos en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Esta norma deroga en el año

terior Ordenanza para la venta ambulante en el mercado de Castelldefels, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria el día 2 de marzo de 1995, publicada en el BOPB núm. 63, de fecha 15 de marzo de 1995.

______________________________________________________________________

José-Antonio Andrés y Hernández, secretario del Ayuntamiento de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Primero.- Que la Ordenanza municipal reguladora del mercado de venta no sedentaria en el municipio de Castelldefels, que consta de veinticuatro hojas numeradas, selladas y rubricadas por esta Secretaría, fue aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión celebrada el día 23/2/2017, sometida a información pública por un plazo de treinta días mediante anuncio expuesto en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y publicado en el Diario “La Vanguardia” del día 10/3/2017, en el Boletín Oficial de la Provincia del día 20/3/2017 y en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña núm. 7330, del día 16/3/2017.

Segundo.- Que durante el citado plazo reglamentario de información pública, dicho acuerdo y ordenanza no han sido objeto de ninguna reclamación ni alegación, por lo que se han convertido en definitivos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65.1 del Decreto 179/1995, de 13 de junio.

Y para que así conste, y surta los efectos que correspondan, entrego esta certificación, de orden y con el visto bueno de la señora alcaldesa, Candela López Tagliafico.

Castelldefels, 05 de mayo de 2017.

Visto bueno

La alcaldesa,

Ordenanza Municipal Reguladora de la Señalización específica en la Vía Pública, para Hoteles, Restaurantes, Bares Musicales y Apartamentos Turísticos

10/06/2002

(aprovada en el Ple Municipal de 18 de juliol de 2002 i publicada en el BOP el 7 d'agost de 2002)

PREAMBUL

L'ordenança municipal de senyalització específica a la via pública per a Hotels, Restaurants, Bars musicals i Apartaments Turístics, complementa l'Ordenança Metropolitana de Publicitat, prenent com a base pel seu desenvolupament l'article 3er, on s'indica que les activitats publicitàries que s'emplacin a la via pública o siguin perceptibles des de la mateixa estaran subjectes a llicència.

Així mateix, la disposició transitòria 2ona apartat B.2.7 de l'ordenança Metropolitana de Publicitat faculta a l'Administració a establir discrecionalment models normalitzats pels diferents emplaçaments i activitats.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

És objecte de la present ordenança, la regulació de la senyalització informativa a la via pública, destinada als hotels, restaurants, bars musicals i apartaments turístics en possessió de la corresponent llicència d'activitat i ubicats en el terme municipal de Castelldefels.

Article 2. Definició.

Es denomina punt d'informació direccional turística, a les estructures d'implantació estàtiques, situades a la via pública, susceptibles de contenir la senyalització indicativa de les direccions dels hotels, restaurants, bars musicals i apartaments turístics.

Article 3. Característiques de la senyalització

1. El material de la senyalització informativa escollida, estarà constituïda per una lama, similar a les direccionals de carrer, de 140 cm x 17,5 cm en planxa i ribet d'alumini, sustentada per un sol pal rodó i estriat d'alumini.

2. La lletra a emprar serà la Helvètica condensada semimedium, de color negre sobre fons blanc, per anomenar els establiments esmentats, complementat amb:

a) Una fletxa de direcció a l'extrem corresponent.

b) El motiu de la imatge, amb la simbologia corresponent a les activitats esmentades, segons estudi d'imatge de l'Ajuntament de Castelldefels.

3. La representació gràfica esmentada en els antecedents s'acompanya en l'annex 2.

Article 4. Instal·lació i manteniment de les senyalitzacions.

1. La col·locació i manteniment de la senyalització informativa, es realitzarà exclusivament per una empresa adjudicatària, per tal d'unificar les senyalitzacions, que pel fet d'estar instal·lades a la via pública, són de competència municipal.

2. Els punts d'informació instal·lats, sense la preceptiva autorització municipal, seran retirats amb repercussió de les despeses a l'interessat, sense perjudici de la imposició de les sanciones que en el seu cas procedeixin.

3. Les senyalitzacions, es podran instal·lar individualment o agrupades, depenent de la situació amb un màxim de cinc en aquestes últimes.

4. Els establiments podran disposar d'un màxim de tres senyalitzacions informatives.

5. Les senyalitzacions individuals es col·loquen amb un pal preparat per quan sigui necessari afegir d'altres.

Article 5. Ubicació dels punts d'informació.

1. Es permetrà aquest tipus d'instal·lacions sempre i quan es segueixi el procediment per l'atorgament de les llicències, que preveu l'article 6 de la present ordenança, en els punts d'informació, de titularitat municipal.

2. Les ubicacions que correspondran a cada establiment dels esmentats, hauran d'estar dins un radi de 300 metres amb centre l'establiment.

3. La ubicació sol·licitada es podrà denegar en els següents casos:

a) Que en el mateix pal i per ordre d'arribada de les sol·licituds tramitades, no es puguin col·locar més senyalitzacions.

b) Que la ubicació sol·licitada, la direcció del rètol correspongui a un carrer contra direcció.

c) Que la ubicació sol·licitada estigui més allunyada de 300 metres de l'establiment.

d) Que per les característiques de la ubicació sol·licitada, amplada de la vorera, situació d' altres elements urbans, carrers de vianants etc., a criteri tècnic no sigui convenient la seva autorització.

4. Les senyalitzacions preferentment s'utilitzaran en els canvis de direcció, s'evitarà senyalitzar en sentit recte.

5. L'Ajuntament es reserva el dret d'anul·lar qualsevol dels punts d'informació assignats, per motius de canvis de trànsit rodats, obres etc.. facilitant una nova ubicació sempre i quan es compleixi amb les característiques descrites.

Article 6. Procediment d'atorgament de les llicències.

1. Les llicències es concediran a sol·licitud dels interessats, prèvia aportació dels documents acreditatius dels següents extrems:

a) Llicència d'obertura de l'activitat.

b) Plànol de situació de l'establiment esmentat.

c) Nom de l'establiment esmentat i número de punts informatius que es sol·liciten.

d) En les zones grafiades al plànol de l'annex 1, on només es permès la senyalització homologada per carreteres es traslladaran les sol·licituds, de forma agrupada a la Direcció General de Carreteres.

e) Autoliquidació dels drets municipals corresponents.

2. Presentada la instància i documentació a que es refereix l'apartat anterior, s'acordarà la seva concessió o denegació segons compleixi tots els tràmits previstos en aquesta ordenança i en funció de la necessitat i conveniència per l'interès públic del servei a prestar.

3. En el supòsit de concessió de la llicència , l'informe fixarà el cost de la instal·lació en funció del número de punts d'informació, el qual comprendrà el cost complet de subministrament i col·locació ( rètol i pal inclosos encara que s'aprofiti un pal existent) del punt d'informació, i la taxa anual que vindrà fixada per la quota establerta, en la taxa municipal per ocupació i aprofitament de la via pública.

Article 7. Termini de les llicències

1. Les llicències s'atorgaran per un període de cinc anys, prorrogables prèvia petició expressa del titular, un mes abans del seu venciment i s'atorgaran per un període de la mateixa duració.

2. Transcorregut el citat termini, es valorarà l'estat de conservació dels rètols i es determinarà si s'ha d'iniciar un nou expedient per a fer rètols nous.

Article 8. Finalització de la senyalització.

1. Els interessats hauran de sol·licitar la baixa de les senyalitzacions dels punts d'informació, per tal que l'Ajuntament els retiri del padró base corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

En tot allò no previst expressament en aquest ordenança, serà d'aplicació l'ordenança metropolitana de Publicitat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

Primera
Tots els hotels, restaurants, bars musicals i apartaments turístics que tinguin instal·lada aquest tipus de senyalització a l'entrada en vigor de la present ordenança, disposaran d'un termini de tres mesos per a la seva adaptació als preceptes de la mateixa.

Segona
Transcorregut l'esmentat període l'Ajuntament retirarà tota aquella senyalització informativa que no compleixi amb la vigent ordenança.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.-
Queden derogades totes les disposicions anteriors a aquesta ordenança referents a aquesta matèria.

Segona.-
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Romandrà en vigor fins que s'aprovi la seva modificació o derogació.

Castelldefels, 10 de juny de 2002

Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales

07/02/2002

(aprobada el 18 de julio de 2002)

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1

1. Esta Ordenanza regula la tenencia de animales en el término municipal de Castelldefels.

2. Son animales domésticos, a los efectos de esta Ordenanza, los destinados a vivir domesticados en el hogar, excluyendo los que aportan productos o usos de renta para el hombre.

3. Son animales de compañía los que se crían y se reproducen con el fin de que vivan con el hombre, en concreto todas las subespecies y variedades de perros (Canis familiares) y todas las subespecies y variedades de gatos (Felis catus).

4. Son animales salvajes todos aquellos que no son domésticos ni aportan productos o usos de renta para el hombre.

Artículo 2

1. Se permite a todos los efectos la tenencia de animales domésticos en los domicilios particulares, siempre y cuando higiénicamente, las circunstancias lo permitan y no se produzca ninguna situación de riesgo sanitario, peligro o molestias para los vecinos.

2. Queda expresamente prohibido dejar animales en patios, terrazas, balcones o habitaciones con ventanas abiertas, que con sus sonidos, gritos o cantos puedan perjudicar el descanso de los vecinos o les ocasionen molestias evidentes.

3. La tenencia de animales salvajes fuera del núcleo zoológico habrá de ser expresamente autorizada por el Ayuntamiento. La autorización determinará las obligaciones del propietario del animal y hará referencia a las condiciones higiénico-sanitarias y a las garantías para evitar las molestias y el peligro que puedan causar.

Artículo 3

1. Dentro del casco urbano de Castelldefels queda terminantemente prohibido el establecimiento de ganado vacuno en régimen de producción láctea (vaquerías), establos, cuadros y corrales de ganado y avícolas.

2. La tenencia de aves de corral, conejos, palomos y otros animales domésticos análogos en domicilios particulares, tanto en terrazas como en patios o cubiertos, queda condicionada al hecho que las circunstancias del alojamiento y la adecuación de las instalaciones lo permitan, tanto en el aspecto higiénico-sanitario como por la inexistencia de incomodidades o peligros para los vecinos u otras personas. A todos los efectos y siempre y cuando se cumpla el apartado anterior, se limita la tenencia de estos tipos de animales a seis individuos por vivienda, a no ser que se disponga de una autorización expresa por parte del Ayuntamiento.

Artículo 4

1. Las siguientes actividades, enumeradas a título enunciativo y no limitativo, quedarán sujetas a lo establecido por la Ordenanza municipal reguladora de la intervención administrativa en las actividades y las instalaciones.

a) Los núcleos zoológicos, entendiendo como tales los que alberguen colecciones zoológicas de animales de la fauna salvaje con finalidades científicas, culturales o recreativas o de reproducción, recuperación, adaptación y/o conservación de estos animales.

Se incluyen en este grupo: zoosafaris, parques o jardines zoológicos, circos, colecciones zoológicas privadas, granjas cinegéticas y otras agrupaciones zoológicas.

b) Las instalaciones para el mantenimiento temporal de animales domésticos.

Se incluyen en este grupo: centros de cría, residencias y refugios, escuelas de adiestramiento, centros de recogida de animales, perreras deportivas, centros de importación de animales, laboratorios y centros de experimentación con animales.

c) Los establecimientos de venta de animales.

Se incluyen en este grupo las tiendas de animales y cualquier otro establecimiento de venta.

d) Los establecimientos para la práctica de la equitación: picaderos, cuadras deportivas o de alquiler y otros establecimientos para la práctica ecuestre.

2. Para que sean autorizadas las actividades a que se refiere el párrafo anterior tienen que reunir, como mínimo, los requisitos siguientes:

a) Los titulares de éstas habrán de presentar una solicitud ante el Ayuntamiento, con antelación a la fecha del inicio del actividad. La solicitud habrá de ir acompañada, como mínimo, de la documentación siguiente:

- Instancia
- Titular de la solicitud.
- Domicilio de la actividad y del titular y el teléfono, y el horario en que se le puede localizar.
- Tipo de actividad que se pretende desarrollar.
- Relación de las principales materias que se utilizarán, e indicación de la cantidad máxima aproximada.
- Personal que ocupará la actividad.
- Justificación de la titularidad del local.
- Fotocopia del último recibo del IBI.
- Fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas.
- Dos fotografías de la fachada.
- Una fotografía del titular o representante y DNI (fotocopia).
- Escritura del constitución de sociedad/comunidad y NIF (fotocopia).
- Escritura de poderes (fotocopia).

b) Emplazamiento adecuado, dotado de los medios necesarios para el aislamiento sanitario.

c) Instalaciones y equipos idóneos que permitan el manejo higiénico del establecimiento.

d) Dotación de agua potable y de desagües, que no comporten perjuicios para el entorno, las personas y las demás animales.

e) Medios para la limpieza y desinfección del recinto de los animales, del material que está en contacto y de los vehículos utilizados para transportarlos, en su caso.

f) Las instalaciones tendrán que garantizar unas condiciones de confort, durante todo el año, en el alojamiento de los animales y en el cumplimiento de lo que en este aspecto dispone la Ley de protección de los animales.

g) Tienen que disponer de sistema de eliminación de excrementos y de orines.

h) Tienen que disponer de un sistema de destrucción o eliminación de cadáveres y materias contumaces.

y) Tienen que disponer de un programa de higiene y profilaxis elaborado por un veterinario.

3. Los establecimientos de venta, cría, guarda o recogida de animales domésticos:

a) Tienen que contar con el asesoramiento y el control de un veterinario.

b) Asimismo, tienen que llevar al día un libro de Registro en el cual se ha de especificar para cada animal: fecha de entrada, procedencia, identificación de especie o raza, fecha de salida y destino.

4. Los establecimientos de venta:

a) Tienen que entregar los animales desparasitados y libres de cualquier enfermedad.

b) La existencia de un servicio veterinario dependiente del establecimiento que otorgue certificados de salud para la venta de los animales no eximirá al vendedor de responsabilidad ante las enfermedades en incubación no detectadas en el momento de la venta.

5. En cualquier transacción de un animal de compañía se tendrá que entregar al nuevo poseedor del animal el documento acreditativo de su identificación, tal y como establece el Decreto 328/1998, de 24 de diciembre, por el cual se regula la identificación y el Registro general de animales de compañía.

Artículo 5

La autoridad municipal podrá ordenar el traslado de animales a un lugar más adecuado cuando no se cumplan las condiciones de los artículos 2, 3 y 4, y llevará a cabo, si procede, la ejecución forzosa y subsidiaria a cargo de los administrados, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 93 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TÍTULO I. NORMAS GENERALES
Capítulo I. Normas sanitarias

Artículo 6

1. Los veterinarios de la Administración Pública, las clínicas y los consultorios veterinarios deberán tener un archivo con la ficha clínica de los animales objeto de vacunación o de tratamiento obligatorio, que estará a disposición de la autoridad municipal. Asimismo, tienen que velar porque todos los animales figuren inscritos en el censo municipal.

2. Cualquier veterinario está obligado a comunicar cualquier enfermedad transmisible animal al Área de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo municipal, para que, independientemente de las medidas zoosanitarias individuales, se pongan en marcha las medidas higiénico-sanitarias correspondientes de protección civil.

3. El sacrificio de animales se tiene que realizar bajo el control y la responsabilidad de un veterinario, de acuerdo con el Decreto 254/2000, de 24 de julio, por el cual se establecen los métodos de eutanasia para los animales de compañía que se tienen que sacrificar.

Artículo 7

1. A partir de la edad reglamentaria en la normativa vigente (entre 3 y 6 meses), los poseedores de perros y de otros animales domésticos están obligados a vacunarlos contra las enfermedades objeto de prevención.

2. Cada propietario y/o poseedor de animales de compañía tendrá que disponer de la correspondiente cartilla sanitaria, en la cual se especificarán los datos del animal, su estado sanitario y los datos precisos de la identidad del propietario.

Artículo 8

1. Los propietarios y/o poseedores de perros que hayan causado lesiones a personas, por razón de la agresión están obligados a:

a) Facilitar los datos del animal agresor y los suyos propios a la persona agredida, a sus representantes legales y a las autoridades competentes que los soliciten.

b) Comunicar los hechos al Área Municipal de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo en el plazo máximo de 24 horas posteriores a los hechos y ponerse a disposición de las autoridades municipales.

c) Someter el animal agresor a la observación veterinaria obligatoria en el consultorio veterinario municipal o, previa autorización, en cualquier consulta veterinaria de ejercicio libre, y cumplir las prescripciones que determine el veterinario.

d) Presentar ante el Área de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo la documentación sanitaria del perro y el certificado veterinario de observación, en un plazo no superior a 48 horas de producida la lesión, y a los 14 días de iniciada la observación veterinaria.

e) Comunicar al Área mencionada cualquier incidencia que se produzca (muerte del animal, robo, pérdida, desaparición, traslado) durante el periodo de observación veterinaria.

2. La autoridad municipal, cuando lo considere necesario y las circunstancias lo aconsejen, podrá obligar a recluir al animal agresor durante el periodo de observación veterinaria en el centro municipal de recogida de animales o en cualquier consulta veterinaria de ejercicio libre.

Si el animal tiene propietario conocido, los gastos de mantenimiento irán a su cargo.

3. El Ayuntamiento podrá ordenar el aislamiento de los animales de compañía, o confiscarlos, en caso de que se les hubiera diagnosticado alguna enfermedad transmisible al hombre, ya sea para someterlos a un tratamiento curativo adecuado, o para sacrificarlos si fuera necesario.

En los casos concretos de perros que presenten comportamientos agresivos patológicos no solucionados con las técnicas de adiestramiento y terapéutica existentes, se puede considerar, bajo criterio facultativo, la adopción de medidas consistentes en la castración o el sacrificio del animal.

Capítulo II

Censo municipal e identificación de los animales de compañía y de los perros considerados potencialmente peligrosos.

Artículo 9

1. Los propietarios o poseedores de perros y gatos, que lo son por cualquier título, los tienen que registrar en el correspondiente censo municipal de animales de compañía en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de nacimiento, de adquisición o de cambio de residencia del animal, facilitando, al menos, los siguientes datos:

a) Datos del propietario o poseedor del animal: Nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono.

b) Datos del animal: Especie y raza, sexo, fecha de nacimiento, sistema utilizado de identificación (trasponder o tatuaje), y código de identificación.

2. En el momento de registrarlos en el Censo Municipal, se dará al propietario o poseedor la chapa censal municipal, que tendrá que colocar en el collar del animal para llevarla permanentemente.

Artículo 10

1. Los propietarios de perros considerados potencialmente peligrosos han de inscribir a su perro dentro de un apartado específico del Censo municipal de animales de compañía. Tienen esta consideración los perros que presenten una o más de una de las circunstancias siguientes:

a) Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros.

b) Perros que han estado adiestrados para el ataque y la defensa.

c) Perros que pertenecen a una de las razas siguientes o sus cruces: bullmastiff, doberman, dogo argentino, dogo de Burdeos, fila brasileiro, martín napolitano, pit bull, de presa canario, rottweiler, terrier staffordshire americano y tosa japonés.

2. No pueden adquirir perros considerados potencialmente peligrosos las personas menores de edad y las que hayan estado privadas judicialmente o gubernativamente de la tenencia de estos animales.

3. Como condición indispensable para la tenencia y la posterior inclusión en el registro a que hace referencia el apartado anterior, los propietarios de los perros potencialmente peligrosos tienen que contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra la indemnización de los daños que estos animales puedan provocar a las personas y a los demás animales.

Artículo 11

1. Los animales de compañía traerán, además de la chapa censal, necesariamente su identificación propia, que se realizará mediante la implantación de un transponder homologado, o de un tatuaje en la piel por un medio que garantice el carácter indeleble, de conformidad con el Decreto de la Generalitat de Catalunya, 328/1998, de 24 de diciembre.

2. Los poseedores de animales de compañía han de proveer a sus animales con algunos de los sistemas de identificación previsto en el apartado anterior, dentro los tres meses siguientes a la fecha de nacimiento del animal, identificación que tendrá que figurar en cualquier documentación que haga referencia al animal.

Artículo 12.

1. Los propietarios o poseedores de animales domésticos de compañía están obligados a notificar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de dos meses, la muerte, la desaparición, la cesión, el cambio de residencia o cualquier otra modificación de los datos que figuren en el Censo de animales de compañía, indicando los datos del nuevo propietario y/o la nueva dirección cuándo proceda.

2. En caso de muerte, se tiene que entregar la chapa censal.

Capítulo III.

Normas de convivencia y trato de los animales de compañía.

Artículo 13

1. Sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del propietario, los poseedores de un animal de compañía tienen la obligación de garantizar su salud y bienestar mediante el mantenimiento del animal en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas a su especie. En este sentido habrán de estar correctamente vacunados, desparasitados, alojados, alimentados y controlados.

2. Los poseedores de un animal de compañía tienen que proporcionarle el alimento, el agua, el alojamiento y las condiciones ambientales de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz, refugio y curas necesarias para evitar que el animal padezca algún sufrimiento y para satisfacer sus necesidades vitales.

Artículo 14

1. Los animales de compañía tienen que disponer de espacio suficiente y de refugio contra la intemperie, especialmente los que se mantienen en zonas exteriores y en perreras. Los animales de un peso superior a los 25 kg no podrán tener como habitáculo espacios inferiores a 6 m2, con excepción de los que permanezcan en las perreras municipales.

2. Se prohíbe mantener los animales de compañía en un lugar sin ventilación, sin luz o en condiciones climáticas extremas.

3. La retirada de los excrementos y de los orines se tiene que hacer de forma diaria, y se tienen que mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados convenientemente.

4. Los perros de vigilancia y, de forma general, los animales de compañía que se mantienen atados o en un espacio reducido, no pueden estar en estas condiciones de forma permanente. Asimismo, tienen que poder acceder a una caseta o refugio destinado a protegerles de la intemperie. El refugio tiene que ser impermeable, ha de estar convenientemente aireado y se tiene que mantener permanentemente en un buen estado de conservación y limpieza.

5. Los animales de compañía nunca pueden tener como alojamiento habitual los patios de luces o balcones.

6. Se limita, a todos los efectos, la tenencia de más de 3 perros o gatos en la misma vivienda, a no ser que se disponga de una autorización expresa por parte del Ayuntamiento.

Artículo 15

1. Los propietarios de perros peligrosos y/o de vigilancia tienen que tenerlos de manera que no se pueda hacer daño a los peatones ni que el animal pueda abandonar el recinto y atacar a quien circule por la vía pública.

2. Se tendrá que colocar en lugar visible un rótulo advirtiendo del peligro de la existencia de un perro potencialmente peligroso en el recinto, así como de la presencia de un perro de vigilancia.

3. En todo caso las instalaciones que alberguen perros potencialmente peligrosos tienen que tener las características siguientes, a fin de evitar que los animales salgan de las mismas y cometan daños a terceros:

a) Las paredes y las vallas han de ser suficientemente altas y consistentes y han de estar bien fijadas para poder soportar el peso y la presión del animal.

b) Las puertas de las instalaciones han de ser tan resistentes y efectivas como el resto del contorno, y se tienen que diseñar para evitar que los animales puedan desencajar o abrir ellos mismos los mecanismos de seguridad.

Artículo 16

De conformidad con la legislación aplicable, queda expresamente prohibido:

1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les provoque sufrimientos o daños injustificados. No se considerará maltrato cuando se actúe por autodefensa o defensa de cualquier persona que sea atacada por el animal.

2. Abandonarlos.

3. Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario.

4. Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista de la seguridad del peatón.

5. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en casos de necesidad o por mantener las características de la raza.

6. No facilitarles la alimentación necesaria para subsistir.

7. Hacer donación como premio, recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza diferente a la transacción onerosa de animales.

8. Venderlos a laboratorios o clínicas, sin control de la Administración.

9. Venderlos a los menores de catorce años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad o la custodia.

10. Ejercer la venta ambulante de animales de compañía.

11. Utilizarlos en espectáculos, luchas y otras actividades, si esto les puede ocasionar padecimiento o ser objeto de burlas o tratamientos antinaturales, o bien si pueden herir la sensibilidad de las personas que los contemplan.

Artículo 17.

El poseedor de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del propietario, es responsable de los daños, los perjuicios y las molestias que ocasione a las personas, los bienes, las vías o los espacios públicos y el medio natural por lo general, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 1905 del Código Civil.

TÍTULO II

PRESENCIA DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Capítulo I. Normas generales

Artículo 18

1. En las vías públicas, en las partes comunes de los inmuebles colectivos y en los lugares y espacios públicos, los perros han de ir atados con correa o cadena, y llevar un collar con la chapa numerada del censo.

2. Deberán circular con bozal todos aquellos perros, la peligrosidad de los cuales sea razonablemente previsible, dada su naturaleza y características. Especialmente irán atados y con bozal los perros relacionados en el artículo 10.1 de esta Ordenanza, y en ningún caso estos últimos podrán ser conducidos por menores de dieciséis años.

3. El uso de bozal podrá ser ordenado por la autoridad municipal cuando las circunstancias así lo aconsejen y mientras éstas permanezcan.

Artículo 19

1. El traslado de perros y gatos mediante transporte público se tiene que hacer de acuerdo con las disposiciones vigentes y las que dicte la Generalitat de Catalunya o las autoridades competentes en cada caso.

2. Los perros guía pueden circular libremente en los transportes urbanos, siempre y cuando vayan acompañados de su amo y cumplan las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad que prevé esta ordenanza.

Artículo 20.

1. Está expresamente prohibida la entrada y la permanencia de animales en cualquier tipo de establecimientos donde se manipulen, almacenen, vendan o sirvan productos alimenticios. Los propietarios de estos locales tienen que colocar en lugar visible la señal indicativa de tal prohibición y serán responsables de su cumplimiento.

2. Se prohíbe asimismo:

a. La circulación o la permanencia de perros y otros animales en las piscinas públicas.

b. La circulación o permanencia de perros y otros animales en las playas.

c. La circulación o permanencia de perros y otros animales en los parques y jardines, en zonas de recreo infantil o cerca de fuentes públicas.

d. Facilitar alimentos a perros y otros animales en plazas, parques, calles, portales y otras zonas comunitarias.

e. Alimentar a los perros y gatos vagabundos, a no ser que la Administración Municipal lo haya autorizado expresamente con motivo de campañas específicas de control sanitario de estos animales.

3. Los propietarios de establecimientos públicos de toda clase, como por ejemplo hoteles, pensiones, comercios no alimentarios y similares, según su criterio podrán prohibir la entrada y permanencia de animales en sus establecimientos. Todavía contando con su autorización, se exigirá que traigan el bozal puesto y que vayan sujetos por correa o cadena.

4. Las limitaciones y prohibiciones no serán aplicables a los perros guía de los invidentes.

Artículo 21.

1. Se prohíbe dejar las deposiciones fecales de los perros y otros animales en las vías públicas y, por lo general, en cualquier lugar destinado al tránsito humano. Será responsable de la eliminación de estas deposiciones el poseedor del animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del propietario.

2. Los excrementos serán introducidos dentro de bolsas impermeables (plástico), que se tienen que cerrar correctamente, y se tienen que depositar en contenedores de basuras sitos en la vía pública o en las papeleras colocadas en las zonas especiales reservadas para los perros ("pipi-can"). Queda prohibido depositarlas en las papeleras públicas o en el alcantarillado de la red de saneamiento.

Capítulo II.

Recogida de perros y gatos abandonados.

Artículo 22.

1. Se considera perro o gato abandonado aquel animal que no lleve ninguna identificación visible de su origen o de su propietario y no vaya acompañado por alguna persona. En este caso, el Ayuntamiento se hará cargo del animal y lo retendrá hasta que sea recuperado, cedido o sacrificado.

2. El plazo para recuperar un animal sin identificación es de 8 días.

3. Si el animal trae identificación, se avisará al propietario, el cual tendrá un plazo de diez días para recuperarlo, abonando previamente los gastos que el mantenimiento haya ocasionado. Una vez transcurrido este tiempo, si el propietario no hubiera satisfecho el abono de los gastos, el animal se considerará legalmente abandonado.

Artículo 23.

1. Una vez transcurrido el plazo reglamentario para la recuperación del animal, éste podrá ser cedido en adopción o sacrificado.

2. El animal apto para ser adoptado tiene que ser desparasitado, vacunado, esterilizado e identificado previamente por el Centro de Recogida de animales de compañía abandonados. Los gastos de prevención sanitaria, esterilización e identificación serán abonadas por la persona que adopte el animal.

3. El animal que sea sacrificado, lo será mediante métodos que impliquen el mínimo padecimiento y que provoquen una pérdida de conciencia inmediata.

TÍTULO III.

SANCIONES.

Artículo 24.

1. De acuerdo con lo que dispone el artículo 51.1.l) de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Catalunya, la infracción de los preceptos de esta ordenanza será sancionada por la Alcaldía o el concejal en quien delegue o, a propuesta de éstos, por otras instancias de la Administración cuando, por la naturaleza o gravedad de la infracción, la sanción a imponer sea superior, según la legislación específica que fuera aplicable.

2. El régimen de infracciones y sanciones de esta ordenanza se adapta a lo que dispone el título XII de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de Protección de los animales, modificada por la Ley 3/1994, de 20 de abril; los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 221 de la Ley 81/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Catalunya; la Disposición Adicional Única de la Ley 11/1999, de 21 de abril, que modificó la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; y el artículo 7 de la Ley 10/1999, de 30 de julio, sobre la Tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos.

3. En caso de infracción reiterada de los preceptos de esta ordenanza por un mismo infractor (más de cuatro veces en faltas leves y dos veces en faltas graves o muy graves), en un plazo inferior a un año, el animal podrá ser decomisado por el Ayuntamiento, que podrá disponer su traslado a un establecimiento más adecuado, con cargo a los infractores, así como adoptar cualquier medida adicional que sea necesaria.

CUADRO DE SANCIONES
Artículo - Concepto - Grado de sanción

2.1 Existencia de riesgo sanitario, peligro o molestias para los vecinos Grave

2.2 Perjudicar el descanso de los vecinos u ocasionar molestias evidentes por los sonidos, gritos o cantos de los animales. Grave

2.3 Tener animales salvajes en las viviendas sin autorización. Grave

3.1 Ejercer las actividades indicadas en el casco urbano. Grave

3.2 No disponer de instalaciones adecuadas. Grave

3.3 Superar el número de animales permitido. Grave

4.2 Incumplir los requisitos establecidos. Grave

4.3.a) No disponer de veterinario asesor. Grave

4.3.b) No tener al día el libro de registro. Grave

4.4.a) No entregar los animales desparasitados o libras de enfermedad. Grave

4.4.b) No hacerse responsable de animales vendidos con enfermedades en incubación. Muy grave

4.5 Hacer transacciones de animales de compañía sin documentación de su identificación. Grave

6.1 No tener el archivo ordenado por este artículo. Grave

6.2 No comunicar las enfermedades transmisibles al Ayuntamiento. Grave

6.3 Incumplimiento de lo regulado. Grave

7.1 No tener vacunado un animal de compañía contra las enfermedades objeto de prevención. Grave

7.2 No disponer de cartilla sanitaria del animal. Leve

8.1.a) No facilitar los datos del animal agresor. Grave

8.1.b) No comunicar los hechos al Ayuntamiento. Grave

8.1.c) No someter el animal agresor a observación veterinaria. Grave

8.1.d) No presentar la documentación sanitaria o el certificado veterinario. Grave

8.1.e) No comunicar las incidencias que se produzcan durante el periodo de observación. Grave

9.1 No censar al animal de compañía. Leve

9.2 No llevar la chapa censal. Leve

10.1 No registrar un perro potencialmente peligroso. Leve

10.2 Adquirir un perro potencialmente peligroso por personas menores de edad o privadas judicialmente o gubernativamente de poseerlos Grave

10.3 No contratar los propietarios de perros potencialmente peligrosos el seguro de responsabilidad civil. Grave

11 No disponer del sistema de identificación regulado. Leve

12 No comunicar la muerte, la desaparición o la transferencia del animal. Leve

13.1 Mantener el animal en condiciones inadecuadas. Grave

13.2 No satisfacer sus necesidades vitales. Grave

14.1 No disponer de espacio suficiente o de refugio contra la intemperie. Grave

14.2 Mantener el animal en condiciones Extremas. Grave

14.3 No limpiar, desinfectar o desinfectar correctamente los alojamientos de los animales. Grave

14.4 Mantener permanentemente atado o en un espacio reducido los animales de compañía, sin acceso a caseta o refugio Grave

14.5 Tener como alojamiento habitual los patios de luces o balcones. Grave

14.6 Superar el número de animales permitidos. Grave

15.1 No tener los perros potencialmente peligrosos o de vigilancia en las condiciones de seguridad debidas. Grave

15.2 No colocar el cartel señalado en este artículo. Leve

15.2 No cumplir las medidas de seguridad establecidas para las instalaciones que alberguen perros potencialmente peligrosos. Grave

16.1 Maltratar a los animales. Muy grave

16.2 Abandonarlos. Muy grave

16.3 Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario. Grave

16.4 Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista de la seguridad del peatón. Grave

16.5 Practicarles mutilaciones no controladas por los veterinarios. Grave

16.6 No alimentarlos convenientemente. Grave

16.6 Darlos como premio, recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones. Leve

16.7 Venderlos a laboratorios o clínicas, sin control de la Administración. Grave

16.8 Venderlos a menores de 14 años o a incapacitados. Leve

16.10 Ejercer la venta ambulante. Grave

16.11 Utilizar animales en espectáculos, luchas y otras actividades que puedan ocasionarles padecimiento. Muy grave

18.1 No llevar correa o collar. Grave

18.2 Circular sin bozal los perros potencialmente peligrosos o aquéllos a los cuales la autoridad municipal haya ordenado llevar. Grave

20.1 Presencia de animales en los establecimientos y lugares prohibidos por este artículo. Grave

20.2.a) Presencia de animales en las piscinas públicas Grave

20.2.b) Presencia de animales en las playas. Grave

20.2.c) Presencia de animales en los parques y jardines, zonas de recreo infantil o cerca de fuentes públicas. Grave

20.2.d) Facilitar alimento a los animales en plazas, parques, calles, portales y otras zonas comunitarias. Grave

20.2.e) Alimentar a los gatos vagabundos. Grave

20.2 Presencia de animales sin bozal y/o correa en los establecimientos públicos. Grave

21.1 Ensuciar las vías públicas, y cualquier lugar destinado al tránsito o al recreo de los ciudadanos, con deposiciones fecales de perros. Grave
21.2 No colocar las deposiciones fecales en los lugares establecidos para hacerlo. Grave

Grado de sanción:
Muy grave: Multa de 50.001 a 75.000 ptas. (300 a 450 €)
Grave: Multa de 25.001 a 50.000 ptas. (150 a 300 €)
Leve: Multa de 15.000 a 25.000 ptas. (90 a 150 €)

DISPOSICIÓN FINAL
Queda derogada la Ordenanza sobre Tenencia de Animales aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de febrero de 1996, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Barcelona número 165, de 17 de julio de 1996, y cuántas otras normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan las disposiciones de esta Ordenanza, o resulten incompatibles.

Castelldefels, 18 de octubre de 2002.

El Concejal-delegado de Sanidad y Servicios Sociales,
Antoni Serratosa i Serdà

Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Castelldefels

21/07/2010

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les dues darreres décades ha comportat l'aparició d'un nou entorn anomenat, societat de la informació i del coneixement. També els procés que ha comportat la liberalització del sector de les telecomunicacions tant pel que fa a les xarxes com als serveis de comunicacions electròniques han suposat que àmplies capes de la població gaudeixin dels esmentats serveis que conformen uns nous paradigmes de relació entre la ciutadania, les empreses i les administracions. En aquest sentit, el paper dels poders públics es cabdal en la promoció del desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, garantint els drets de la ciutadania i la cohesió social.

II La introducció de les eines TIC's en l'organització administrativa ha portat aquests darrers anys a posicionar a les administracions públiques –i especialment a les administracions locals com administracions més properes a la ciutadania- en la direcció d'aprofundir en els principis que l'ordenament jurídic administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest text, de transparència i millor servei a la ciutadania.

En aquest sentit, l'aprovació d'aquesta Ordenança pretén garantir un ús efectiu de les eines electròniques per a millorar la seva actuació administrativa i serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i d'altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures.

III Pel que fa als fonaments jurídics d'aquesta Ordenança cal trobar-los, d'una banda, en el mandat que imposen a les administracions l'article 103.1 de la Constitució i l'article 30.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que vinculen la legitimitat en l'exercici de les potestats administratives als principis de servei objectiu de l'interès general i garanteixen el dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat als serveis públics amb uns estàndards de qualitat. I d'altra banda, en els principis definits a l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i, en l'àmbit local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i participació.

També hi ha previsions més concretes a l'ordenament jurídic que es poden considerar fonament conceptual i jurídic d'aquesta norma.

D'una banda, l'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, implica un canvi qualitatiu en el mandat que ja contenia l'avui parcialment derogat article 45 de la Llei 30/1992, per a l'impuls de la utilització de les TIC en el desenvolupament de l'activitat de les administracions públiques, i en l'exercici de les seves competències. La nova Llei s'articula fonamentalment entorn de dos eixos: el dret dels ciutadans i les ciutadanes a comunicar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i dels sistemes que permetin l'exercici d'aquest dret.

D'un altra, l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, que estableix que les entitats locals estaran obligades a "impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, enquestes i, si escau, consultes ciutadanes".

I, en tercer lloc, des d'un punt de vista formal, aquesta norma s'adopta sobre la base de la potestat d'autoorganització prevista per a les entitats locals als articles 4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Tanmateix, cal considerar la necessitat d'incor¬porar els principis de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i de regular les mesures de simplificació admi¬nistrativa a què obliga la seva transposició. A tal efecte, aquesta Ordenança s'estructura com una primer pas de la seva adaptació contribuïnt així a la racionalització de l'administració.

IV L'Ordenança té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement en les relacions jurídic administratives entre els ciutadans i les ciutadanes i el conjunt de l'Administració municipal, incloent-hi la consulta de la informació administrativa, la de les dades en poder de l'Administració municipal i la realització de tràmits i procediments per mitjans electrònics. D'aquesta manera, s'assumeix un compromís de promoció de l'ús d'aquestes tecnologies i de progressiva adequació de l'organització municipal. Amb aquest objectiu, en la norma municipal, els tràmits i els procediments seran accessibles per via electrònica, d'acord amb criteris d'eficàcia, economia i eficiència.

D'aquesta forma, l'Ordenança estableix el règim jurídic bàsic de l'administració electrònica en l'Administració municipal i, sobre aquesta base, les disposicions contingudes en el règim transitori s'encarreguen de fixar els mecanismes per una implantació progressiva però eficient de l'administració electrònica. En aquest procés d'incorporació, es posaran en marxa els components i els mòduls comuns de l'administració electrònica, com són el registre, la seu electrònica, la notificació, l'arxiu, etcètera.

En aquest sentit, es dóna entitat jurídica al Catàleg de tràmits i procediments accessibles per mitjans electrònics, que es difondrà a través de la seu electrònica. A tal efecte, l'Ordenança incorpora un Annex I, referit als tràmits i gestions que estan disponibles electrònicament al web municipal.

Finalment, les disposicions finals autoritzen a dictar les disposicions necessàries per el desenvolupament de l'Ordenança i, en particular, el compromís d'adaptar la normativa municipal.

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

1. Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics, en l'àmbit de l'Administració municipal de Castelldefels per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i ciutadanes, que es deriven de l'article 103 de la Constitució i de la legislació general administrativa (en endavant, Administració electrònica).

2. Com a conseqüència d'això, aquesta Ordenança té per objecte:
a. Garantir els drets i acomplir els deures que han de regir les relacions per mitjans electrònics dels ciutadans i les ciutadanes amb l'Administració municipal.
b. Fixar els principis generals per a l'impuls i el desenvolupament de l'Administració electrònica en l'àmbit de l'Administració municipal.
c. Regular les condicions i els efectes jurídics de l'ús dels mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius davant l'Administració municipal.

3. També és objecte d'aquesta Ordenança, la fixació dels principis reguladors de la incorporació els tràmits i dels procediments administratius municipals a la tramitació per via electrònica, d'acord amb allò que disposa l'article 45 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

Article 2. Àmbit d'aplicació subjectiu

1. Aquesta Ordenança serà d'aplicació a les entitats indicades a continuació i, que a tots els efectes, denominarem conjuntament com a Administració municipal els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i delegacions integrants i que conformen l'Ajuntament de Castelldefels i el seus organismes dependents.

2. Aquesta Ordenança serà així mateix aplicable als ciutadans i ciutadanes, entenent com a tals les persones físiques i jurídiques, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb l'Administració municipal.

Article 3. Àmbit d'aplicació objectiu

1. Aquesta Ordenança s'aplicarà a les actuacions en què participi l'Administració municipal que es duguin a terme per mitjans electrònics, i concretament a les següents:
a. Les relacions amb els ciutadans i les ciutadanes que tinguin caràcter juridicoadministratiu.
b. La consulta per part dels ciutadans i les ciutadanes de la informació pública administrativa i de les dades administratives que estiguin en poder de l'Administració municipal.
c. La realització dels tràmits i procediments administratius accessibles per via electrònica, de conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança.
d. El tractament de la informació obtinguda per l'Administració municipal en l'exercici de les seves potestats.

2. Els principis generals continguts en aquesta Ordenança són aplicables a les comunicacions dels ciutadans i les ciutadanes no sotmeses a l'ordenament jurídic administratiu, i de manera especial la comunicació d'avisos i d'incidències, la presentació de reclamacions i queixes, la formulació de suggeriments, la realització de preguntes als òrgans municipals i les peticions i altres formes de participació, mentre no siguin objecte d'una regulació específica.

Article 4. Seu electrònica

1. La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Administració municipal en l'exercici de les seves competències.

2. L'Administració municipal determina les condicions de creació i funcionament de la seva seu electrònica, la qual s'ha de subjectar als principis següents:
a. Integritat, veracitat i actualització dels continguts de la seu electrònica.
b. Publicitat oficial.
c. Responsabilitat.
d. Qualitat.
e. Seguretat.
f. Disponibilitat.
g. Accessibilitat i usabilitat.
h. Neutralitat tecnològica.
i. Interoperabilitat.

3. La seu electrònica estarà disponible per als ciutadans i les ciutadanes a través de les xarxes de telecomunicacions que determini i faci públiques l'Administració municipal i, en tot cas, a través del següent apartat de la web municipal: www.castelldefels.org/seuelectronica, o bé a https://seu.castelldefels.org.

Cas que ens supramunicipals o altres entitats creades a tal efecte prestin serveis a l'Administració municipal que necessàriament han de residenciar-se en una seu electrónica i el certificat de seu electrónica sigui propi de l'ens que presta el servei, l'Administració municipal pot reconèixer la referida seu com a propia i autoritzarà el referit certificat. L'aprovació correspon a l'Alcalde qui n'autoritzarà el certificat. El decret d'alcaldia es publicarà a la seu electrónica.

4. La seu electrònica posarà a disposició dels ciutadans i ciutadanes, com a mínim, els continguts següents:

- Àmbit d'aplicació de la seu electrònica
- Els mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden utilizar en cada supòsit en l'exercici del seu dret a comunicar-se amb l'Ajuntament i per a la formulació de suggeriments i queixes.
- Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels serveis disponibles
- Eventualment, publicacions dels diaris o butlletins oficials
- Relació de sistemes de signatura electrònica admesos
- Disposicions de creació i funcionament del Registre Electrònic
- Relació actualitzada de les sol·licituts, escrits i comunicacions que poden presentar-se
- Indicació de la data i hora oficial
- Indicació dels dies que es consideren inhàbils
- Indicació dels models o sistemes electrònics de sol·licitud.
- Tauler electrònic d'edictes i anuncis oficials
- Perfil de contractant.

5. La seu electrònica de l'Administració municipal utilitzarà, per identificar-se i garantir una comunicació segura a través de xarxes de comunicacions electròniques, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de seu electrònica emmagatzemats en dispositiu segur de signatura electrònica o en un mitjà equivalent.

CAPÍTOL SEGON. DRETS I DEURES

Article 5. Drets dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de l'Administració electrònica

1. En el marc de l'accés i la utilització de l'Administració electrònica municipal, es reconeix als ciutadans i a les ciutadanes els drets enunciats per la normativa bàsica estatal aplicable a l'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, i, en especial, els següents:
a. Dret de relacionar-se amb l'Administració municipal a través de mitjans electrònics, presentar documents, fer tràmits i procediments i, en general, exercir els drets i les facultats que els reconeix l'ordenament jurídic administratiu, amb total validesa i seguretat, excepte en els casos en què una norma amb rang de llei estableixi o infereixi la utilització d'un mitjà no electrònic.
b. Dret d'exigir de l'Administració municipal que se'ls adreci a través d'aquests mitjans i obtenir documents a través de formats electrònics.
c. Dret a no haver de presentar documents que es trobin en poder de l'Administració municipal o de la resta d'administracions publiques de conformitat a la normativa aplicable o amb les quals l'Ajuntament de Castelldefels hagi signat un conveni d'intercanvi d'informació.
d. Dret de gaudir de continguts electrònics de qualitat, accessibles, transparents i comprensibles.
e. Dret d'accedir a la informació administrativa, registres i arxius a través de mitjans electrònics.
f. Dret d'accedir i utilitzar els serveis de l'administració electrònica per part de ciutadans i ciutadanes amb necessitats especials.
g. Dret d'accedir i utilitzar els serveis de l''administració electrònica amb independencia de les eines tecnològiques emprades.
h. Dret a la confidencialitat i protecció de les seves dades personals i a la resta dels drets que li concedeix la normativa de protecció de dades.
i. Dret a la privacitat i seguretat de les seves comunicacions amb l'Administració municipal i de les comunicacions que pugui fer l'Ajuntament en què constin les dades del ciutadà o de la ciutadana.
j. Dret a la conservació en format electrònic per part de l'Administració municipal dels documents electrònics que formin part d'un expedient.

2. L'exercici, l'aplicació i la interpretació d'aquests drets es durà a terme segons el que es preveu a la normativa aplicable i les previsions d'aquesta Ordenança.

Article 6. Deures dels ciutadans i les ciutadanes en el marc de les relacions administratives realitzades a través de mitjans electrònics

1. En el marc de la utilització dels mitjans electrònics en l'activitat administrativa i en les seves relacions amb l'Administració municipal, i per tal de garantir el bon funcionament i gestió de la informació, comunicacions, processos i aplicacions de l'Administració electrònica, l'actuació dels ciutadans i les ciutadanes ha d'estar presidida pels deures següents:
a. Deure d'utilitzar els serveis i procediments de l'Administració electrònica de bona fe i evitant-ne l'abús.
b. Deure de facilitar a l'Administració municipal, en l'àmbit de l'Administració electrònica, informació veraç, completa i acurada, adequada a les finalitats per a les quals se sol·licita.
c. Deure d'identificar-se en les relacions administratives per mitjans electrònics amb l'Administració municipal, quan aquestes així ho requereixin.
d. Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles utilitzats en les relacions administratives per mitjans electrònics amb l'Administració municipal.
e. Deure de respectar el dret a la privacitat, confidencialitat i seguretat i la resta dels drets en matèria de protecció de dades.

2. L'Administració municipal vetllarà pel compliment d'aquests deures, en el marc d'allò previst a la normativa aplicable i a les previsions d'aquesta Ordenança.

CAPÍTOL TERCER. PRINCIPIS GENERALS

Article 7. Principis rectors de l'Administració electrònica en l'àmbit de l'Administració municipal

L'Administració municipal, en el marc de la utilització de mitjans electrònics en l'activitat administrativa, se subjecta als principis enunciats en la normativa bàsica estatal aplicable a l'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, que, per a l'àmbit d'aquesta Ordenança, es concreten en els enunciats en aquest capítol.

Article 8. Principis organitzatius de l'Administració electrònica

L'actuació de l'Administració municipal en general, i la referida a l'impuls de l'Administració electrònica en particular, s'haurà de regir pels principis generals següents:
a. Principi de servei al ciutadà. L'Administració municipal impulsarà l'accés electrònic a la informació, els tràmits i els procediments administratius per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis constitucionals de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i a les ciutadanes.
b. Principi de simplificació administrativa. L'Administració municipal, amb l'objectiu d'assolir una simplificació i integració dels processos, procediments i tràmits administratius, i de millorar el servei a la ciutadania, aprofitarà l'eficiència que comporta la utilització de tècniques d'Administració electrònica.
c. Principi d'impuls de mitjans electrònics. L'Administració municipal impulsarà de manera preferent l'ús dels mitjans electrònics en el conjunt de les seves activitats i, en especial, en les relacions amb els ciutadans i les ciutadanes.
d. Principi de neutralitat tecnològica. L'Administració municipal garantirà la realització de les actuacions regulades en aquesta Ordenança, amb independència dels instruments tecnològics utilitzats, de manera que siguin la mateixa evolució tecnològica i l'adopció de les tecnologies dins de la societat les que determinin la utilització dels mitjans tecnològics que, a cada moment, siguin més convenients. L'Administració municipal promourà l'ús del programari de codi obert en l'Administració electrònica.
e. Principi d'interoperabilitat. L'Administració municipal garantirà l'adopció dels estàndards d'interoperabilitat i vetllarà, tot respectant criteris de seguretat, adequació tècnica i economia de mitjans, perquè els sistemes d'informació utilitzats per l'Administració municipal siguin compatibles i es reconeguin amb els dels ciutadans i ciutadanes i d'altres administracions.
f. Principi de confidencialitat, seguretat i protecció de dades. L'Administració municipal, en l'impuls de l'Administració electrònica, garantirà la protecció de la confidencialitat i seguretat de les dades dels ciutadans i les ciutadanes, de conformitat amb els termes definits a la normativa sobre protecció de dades i a les altres normes d'aplicació.
g. Principi de transparència. L'Administració municipal facilitarà la màxima difusió, publicitat i transparència de la informació que consti als seus arxius i de les actuacions administratives, de conformitat amb la resta de l'ordenament jurídic i amb els principis establerts en aquesta Ordenança.
h. Principi de participació. L'Administració municipal promourà l'ús dels mitjans electrònics en l'exercici dels drets de participació, en especial el dret de petició, els drets d'audiència i informació pública, la iniciativa ciutadana, les consultes i la presentació de queixes, reclamacions i suggeriments.

Article 9. Principis generals de l'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes al procediment administratiu

La realització electrònica dels tràmits administratius en el marc de l'Administració municipal s'ha de regir pels principis generals següents:
a. Principi de no-discriminació per raó de l'ús de mitjans electrònics. L'ús dels mitjans electrònics no podrà comportar cap discriminació o perjudici per als ciutadans i les ciutadanes en les seves relacions amb l'Administració municipal.
b. Principi de traçabilitat dels procediments i documents administratius. L'Administració municipal durà a terme les accions necessàries per establir sistemes i procediments adequats i comprensibles de traçabilitat, que permetin als ciutadans i les ciutadanes conèixer en tot moment, i a través de mitjans electrònics, les informacions relatives a l'estat de la tramitació i l'historial dels procediments i documents administratius.
d. Principi d'intermodalitat de mitjans. En els termes previstos en aquesta Ordenança i les seves normes de desplegament, un procediment iniciat per un mitjà es podrà continuar per un altre de diferent, sempre que s'asseguri la integritat i seguretat jurídica del conjunt del procediment. Els tràmits i els procediments accessibles per via electrònica es podran dur a terme pels canals i mitjans electrònics que determini l'Administració municipal.
e. Principi de proporcionalitat. L'Administració municipal garantirà que només s'exigiran les garanties i mesures de seguretat adequades a la naturalesa i circumstàncies dels diferents tràmits i actuacions.

Article 10. Principis informadors de foment i promoció de la cooperació interadministrativa en matèria d'Administració electrònica

La cooperació interadministrativa realitzada en el marc de l'Administració municipal ha d'estar informada pels principis generals següents:
a. Principi de cooperació i de col·laboració interadministratives. Amb l'objectiu de millorar el servei al ciutadà i l'eficiència en la gestió dels recursos públics, l'Ajuntament impulsarà la signatura amb el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya i la resta de les administracions públiques de tots aquells convenis i acords que calgui per tal de fer possibles i aplicables les previsions incloses en aquesta Ordenança, en particular, i entre d'altres els que tinguin per objecte la fixació d'estàndards tècnics i l'establiment de mecanismes per a intercanviar i compartir informació, dades, processos i aplicacions.
b. Principis d'accés i disponibilitat limitada. L'Administració municipal haurà de facilitar l'accés de les restants administracions públiques a les dades de què disposi dels interessats i que estiguin en suport electrònic, tot especificant-ne les condicions, els protocols i els criteris funcionals o tècnics necessaris per accedir a les dades esmentades amb les màximes garanties de seguretat i integritat i limitant estrictament a les que les administracions públiques requereixin, en l'exercici de les seves funcions.L'accés a les dades esmentades estarà condicionat al fet que l'interessat hagi donat el seu consentiment o que una norma amb rang legal així ho prevegi.

CAPÍTOL QUART. IDENTIFICACIÓ, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ D'ESCRITS PER PART DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES

Article 11. Instruments d'identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes

1. La identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes en les relacions amb l'Administració municipal es podrà produir per mitjà dels mecanismes següents:
a. Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals reconeguts, en tot cas, llevat que una norma específica afegeixi requisits addicionals per a la identificació i l'acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes.
b. Altres sistemes de signatura electrònica admesos legalment i que siguin adequats per garantir la identificació dels ciutadans i les ciutadanes i, si escau, l'autenticitat i integritat dels documents electrònics.
2. L'Administració municipal promourà la utilització dels mitjans d'identificació electrònica més estesos en l'àmbit social i podrá establir acords amb els prestadors de serveis de certificació corresponents.
3. L'Administració municipal publicarà a la seu electrònica respectiva la relació de sistemes de signatura electrònica admesos en les seves relacions amb els ciutadans i les ciutadanes.

Article 12. Requisits d'identificació en l'accés dels ciutadans i les ciutadanes a la informació administrativa electrònica

1. Serà de lliure accés per als ciutadans i les ciutadanes, sense necessitat d'identificació, la informació següent:
a. Informació sobre l'organització municipal i els serveis d'interès general.
b. Consultes de disposicions generals i informació normativa.
c. Informació inclosa al tauler d'edictes electrònic.
d. Publicacions oficials de l'Ajuntament de Castelldefels.
e. Expedients sotmesos a informació pública.
f. Altra informació d'accés general.
2. De conformitat amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es garanteix als ciutadans i les ciutadanes la consulta lliure dels documents electrònics que estiguin arxivats per l'Ajuntament de conformitat amb la normativa vigent en matèria d'arxius i protecció de dades de carácter personal, que facin referència a procediments finalitzats en la data de la consulta.
Per tal de garantir l'exercici acurat i no abusiu del dret de consulta descrit, caldrà que els ciutadans i les ciutadanes s'identifiquin a través dels mitjans electrònics que determini l'Administració municipal i que permetin deixar constància de la identitat de la persona sol·licitant i de la informació sol·licitada.
3. De conformitat amb els apartats 2, 3, 5 i 6 de l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'accés als documents nominatius, als documents que continguin dades relatives a la intimitat de les persones, als expedients no finalitzats i als expedients i arxius referits als apartats 5 i 6 de l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, queda reservat a les persones que acreditin les condicions que la llei preveu en cada cas.
Per tal de garantir que el dret de consulta és exercit pels ciutadans i les ciutadanes que es troben legalment habilitats per fer-ho, els serveis municipals n'exigiran la identificació per mitjà de qualsevol procediment electrònic d'identificació segur, entre els especificats a l'article 11 d'aquesta Ordenança.

Article 13. Requisits d'identificació i d'acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes en la presentació d'escrits

1. La utilització de sistemes de signatura electrònica reconeguda basats en certificats digitals reconeguts serà un requisit suficient per identificar i entendre acreditada la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes que presentin per via electrònica escrits en qualsevol procediment o tràmit de conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança.
2. L'Administració municipal podrà establir altres tipus de signatura electrònica que permetin garantir la seguretat i la integritat en la identificació i l'acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes, atenent els criteris següents:
- Les característiques dels canals electrònics que s'hagin habilitat per a la realització del tràmit.
- La proporcionalitat entre el requisit imposat i la transcendència que pugui tenir el tràmit en concret, en l'esfera jurídica de la ciutadania.
- L'exigència formal de signatura, de l'escrit presentat pel ciutadà o la ciutadana, a la normativa de procediment administratiu general.
- El nivell de seguretat jurídica, en funció dels riscos associats a l'operativa.
- La disponibilitat de la tecnologia i els recursos de l'Administració municipal
Aquests sistemes alternatius de signatura electrònica estaran a disposició dels ciutadans i ciutadanes a la seu electrònica.
3. Els escrits i els documents electrònics que presentin els ciutadans i les ciutadanes hauran d'incorporar el mecanisme d'identificació i d'acreditació de la voluntat del ciutadà o la ciutadana que en cada cas es defineixi, de conformitat amb l'apartat 2 anterior.
4. De conformitat amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració municipal requerirà dels particulars l'esmena de qualsevol defecte formal ocasionat per la iniciació de tràmits i procediments per mitjans electrònics.
5. En el supòsit que els ciutadans i les ciutadanes no disposin dels instruments electrònics d'identificació o acreditació de la voluntat que preveu aquesta Ordenança, aquesta identificació o acreditació de la voluntat la podrà fer vàlidament un funcionari al servei de l'Administració municipal, prèviament habilitat, a través de l'ús del sistema de signatura electrònica de què estigui dotat.
Per a l'eficàcia del que disposa el paràgraf anterior, el ciutadà o ciutadana s'haurà d'identificar i prestar el seu consentiment exprés, i n'ha de quedar constància per als casos de discrepància o litigi.
6. L'Administració municipal mantindrà actualitzada en la seu electrònica, un registre dels funcionaris al servei de l'Administració municipal habilitats per a la identificació o acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes regulada en aquest article.

CAPÍTOL CINQUÈ. LA DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA PER MITJANS ELECTRÒNICS

Article 14. Informació sobre l'organització i els serveis d'interès general

1. L'Administració municipal facilitarà per mitjans electrònics, i com a mínim a través de la la seu electrónica corresponent, informació sobre:
a. La seva organització i competències.
b. Els procediments administratius que tramita per via electrònica.
c. Les dades de localització, com ara l'adreça postal, el telèfon i el correu electrònic.
2. Es podrà difondre a través de mitjans electrònics qualsevol altra informació relativa a assumptes o qüestions d'interès general per als ciutadans i les ciutadanes com ara en els àmbits de sanitat, salut, cultura, educació, serveis socials, medi ambient, transports, comerç, esports i lleure.
3. La informació facilitada farà constar l'òrgan administratiu proveïdor de la informació i les dates d'actualització.
4. Tanmateix, l'Administració municipal podrà facilitar per mitjans electrònics a través de la web municipal corresponent la informació i recursos que consideri adients.

Article 15. Informació administrativa

L'Administració municipal facilitarà a través de mitjans electrònics tota la informació administrativa que per prescripció legal o resolució judicial s'hagi de fer pública, tot especificant en qualsevol cas l'òrgan administratiu autor de l'acte o disposició publicats de conformitat a la normativa de protecció de dades personals. A tall d'exemple, l'Administració municipal farà pública la informació següent:
a. Els acords dels òrgans de govern.
b. Les ordenances municipals
c. El pressupost municipal i les memòries de gestió.
d. Les figures de planejament urbanístic.
e. Els anuncis d'informació pública.
f. Els procediments de contractació administrativa.
g. Els procediments de concessió de subvencions.
h. Els procediments de selecció de personal.
i. Els impresos i formularis dels tràmits i procediments municipals.

Article 16. Qualitat i seguretat de la seu electrònica

1. Els serveis a la seu electrònica estaran operatius 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica, o alguns dels seus serveis, pot no estar operativa, s'haurà d'anunciar als usuaris i les usuàries amb la màxima antelació que sigui possible, tot indicant-hi els mitjans alternatius que estiguin disponibles.
2. La seu electrònica complirà els estàndards d'accessibilitat de conformitat amb la normativa aplicable, i en particular es garantirà que sigui accessible des dels principals navegadors i sistemes operatius d'estandards oberts o, en el seu cas, d'ús generalitzat pels ciutadans.
3. Les entitats incloses a l'article 2 d'aquesta Ordenança es comprometen a vetllar per la qualitat de la informació continguda a les pàgines web de la seva titularitat, si bé no es consideraran responsables en cap cas de la informació que es pot obtenir a través de fonts externes a les entitats esmentades, ni tampoc de les opinions que puguin expressar, a través de les pàgines web municipals, persones que no hi estiguin vinculades

Article 17. Tauler d'edictes electrònic

1. La publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hagin de publicar al tauler d'edictes municipal, podrá ser substituïda o complementada per la seva publicació al tauler d'edictes electrònic un cop entri en funcionament la seu electrònica.
2. L'accés al tauler d'edictes electrònic no requerirà cap mecanisme especial d'acreditació de la identitat del ciutadà o la ciutadana.
3. El tauler d'edictes electrònic es publicarà a la seu electrònica de l'Administració municipal i es podrà consultar, des dels terminals instal·lats a la seu de l'Ajuntament de Castelldefels i en altres punts d'accés electrònic que es determinin. En tot cas, es garantirà l'accés de tothom i l'ajut necessari per fer-ne una consulta efectiva.
4. El tauler d'edictes electrònic disposarà dels sistemes i mecanismes que garanteixin l'autenticitat, la integritat i la disponibilitat del contingut, en els termes previstos a l'article 45.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. El tauler d'edictes electrònic estarà disponible 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Quan per raons tècniques es prevegi que el tauler d'edictes electrònic pot no estar operatiu, s'haurà d'anunciar als usuaris i les usuàries amb la màxima antelació que sigui possible, i indicar-los els mitjans alternatius de consulta del tauler que estiguin disponibles.

CAPÍTOL SISÈ. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC

Article 18. Procediments tramitats per via electrònica

1. L'Administració municipal garanteix en relació als tràmits i procediments la tramitació dels quals es faci per mitjans electrònics, l'exercici del dret a relacionar-s'hi per mitjans electrònics i la resta de drets previstos en l'article 5 d'aquesta Ordenança.
2. Per mitjà dels tràmits i els procediments esmentats a l'apartat anterior, es podrà demanar informació, fer consultes, formular sol·licituds, presentar pretensions, practicar al·legacions, fer pagaments, oposar-se a les resolucions i actes administratius i, en general, exercir els drets i les facultats que reconeix l'ordenament jurídic administratiu.
3. En el marc de la legislació vigent i dels principis d'aquesta Ordenança, mitjançant un decret d'alcaldia que s'incorporarà a la seu electrònica de l'Administració municipal, es podran determinar els supòsits i les condicions en què serà obligatori comunicar-se amb l'Administració municipal a través de mitjans electrònics, quan els interessats siguin persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin garantits l'accés als mitjans tecnològics adequats i la disponibilitat d'aquests mitjans

Article 19. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius

1. Les entitats integrades a l'Administració municipal podran utilitzar per a la seva identificació electrònica i per a l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents:
a. Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o un mitjà equivalent que permeti identificar la seu electrònica de l'Administració municipal i l'establiment de comunicacions segures.
b. Sistemes de signatura electrònica reconeguda del personal al servei de l'Administració municipal
c. Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals de segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada.
d. Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació.
2. Els actes administratius de les entitats integrades a l'Administració municipal es podran dictar de forma automatitzada, sempre que es doni compliment als requisits establerts per als actes administratius a la normativa administrativa aplicable i en aquesta Ordenança. A aquests efectes, les entitats integrades a l'Administració municipal requeriran de la utilització d'un segell electrònic de l'òrgan o entitat de dret públic corresponent, basat en un certificat electrònic que reuneixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.
3. La identificació i l'exercici de la competència de les entitats integrades a l'Administració municipal es farà mitjançant els sistemes de signatura electrònica de què hagi estat proveït el personal al seu servei, d'acord amb les previsions de la normativa bàsica aplicable.

Article 20. Iniciació

1. En les condicions establertes en aquesta Ordenança, els procediments administratius només es podran iniciar a instància de part a través de mitjans electrònics, mitjançant la presentació de sol·licitud al Registre electrònic regulat en aquesta Ordenança.
A aquests efectes, l'Administració municipal posarà a disposició dels interessats els corresponents models o sistemes electrònics de sol·licitud, que hauran de ser accessibles sense més restriccions que les derivades de la utilització dels estàndards d'interoperabilitat legalment establerts. Per als tràmits i procediments per als quals no s'hagi establert un model o sistema electrònic de sol·licitud específic, l'Administració municipal s'obliga expressament a posar a disposició dels interessats un model o sistema electrònic de sol·licitud genèric.
2. Quan utilitzin els models i les sol·licituds electròniques a què fa referència l'apartat anterior, els ciutadans i les ciutadanes hauran d'utilitzar la signatura electrònica reconeguda o qualsevol altre mecanisme d'identificació i d'acreditació de la voluntat que s'estableixi de conformitat amb aquesta Ordenança, i amb el que preveu l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
No obstant això, quan utilitzi el model o sistema electrònic de sol·licitud genèric descrit a l'apartat anterior, el ciutadà o ciutadana haurà d'utilitzar, almenys, la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut.

Article 21. Exigència i acreditació de representació

1. Els ciutadans i les ciutadanes podran actuar per mitjà de representants en els procediments i tràmits administratius que es facin davant l'Administració municipal per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveuen la legislació general i aquesta Ordenança. En aquests supòsits, la validesa de les actuacions realitzades estarà subjecta a l'acreditació de la representació en aquells casos que així ho estableixi la legislació general, per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquesta representació.
2. El procediment d'acreditació de la representació quan es facin actuacions per mitjans electrònics es podrà dur a terme a través de qualsevol dels procediments alternatius següents:
a. Mitjançant la presentació d'apoderaments en suport electrònic.
b. Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de representació i que siguin acceptats per l'Administració municipal conformitat amb el que s'estableix en aquesta Ordenança.
c. Mitjançant la declaració de l'apoderament per part del representant i la posterior comprovació de la representació als registres de l'Administració municipal o d'altres administracions o entitats amb què l'Administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració.
d. Qualsevol altre sistema d'acreditació de la representació que habiliti l'Administració municipal en el marc de les lleis i d'aquesta Ordenança.

Quan el procediment ho permeti i es consideri convenient, l'Administració municipal podrà, en qualsevol moment, demanar a l'apoderat o apoderada la justificació de l'apoderament.

Article 22. Tramitació per via electrònica dels procediments

1. Els programes, les aplicacions i els sistemes d'informació que en cada cas s'utilitzin per a la realització per mitjans electrònics dels tràmits administratius hauran de garantir el control dels terminis, la constància de la data i l'hora i la identificació de les persones responsables de les actuacions, a banda del respecte a l'ordre de tramitació dels expedients.
2. La persona interessada, amb la identificació prèvia, podrà sol·licitar i obtenir informació almenys sobre l'estat de la tramitació dels procediments administratius gestionats electrònicament en la seva totalitat, d'acord amb les condicions del servei d'accés restringit establert a aquest efecte. La informació sobre l'estat de tramitació del procediment comprendrà la relació dels actes de tràmit realitzats, amb indicació del seu contingut, així com la data en què es van dictar.
3. L'Administració municipal podrà remetre a la persona interessada avisos sobre l'estat de la tramitació, a les adreces electròniques de contacte que aquesta li hagi indicat.

Article 23. Presentació de documents i declaració responsable

1. No caldrà aportar documents que estiguin en poder de l'Administració municipal o d'altres administracions públiques de conformitat a la normativa aplicable o amb les quals l'Administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració. L'exercici d'aquest dret es farà d'acord amb la normativa aplicable a cada procediment, i amb la normativa aplicable a la protecció de dades de caràcter personal.
2. Les entitats compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança promouran la substitució de l'aportació de documents acreditatius del compliment de requisits per una declaració responsable de la persona interessada que expressi la concurrència dels requisits esmentats i el compromís d'aportar els justificants, a requeriment de l'Administració municipal.
3. La comprovació de la informació continguda en aquestes declaracions es podrà efectuar als registres de l'Administració municipal o als d'altres administracions o entitats amb les quals l'Administració municipal tingui signat un conveni de col·laboració.

Article 24. Certificats administratius electrònics i transmissió de dades

1. D'acord amb els principis de simplicitat administrativa i interoperabilitat entre administracions, l'Ajuntament promourà l'eliminació de certificats i, en general, de documents en paper, que se substituiran, sempre que es pugui, per certificats i documents electrònics o per transmissions de dades.
Tant en el cas de certificats electrònics i documents electrònics com en el de transmissions de dades, la seva expedició, tractament i efectes es regiran pel que disposa aquesta Ordenança, amb subjecció estricta a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, així com a la resta de la normativa aplicable al procediment administratiu.
2. L'Administració municipal es compromet a facilitar l'accés d'altres administracions públiques a les dades relatives als interessats que estiguin en el seu poder i es trobin en suport electrònic. En tot cas, s'establiran les màximes garanties de seguretat, integritat i disponibilitat, de conformitat amb el que disposa la normativa aplicable a la protecció de dades de caràcter personal.
3. En el marc dels principis regulats en aquesta Ordenança, l'Administració municipal promourà l'establiment de convenis amb les entitats públiques o privades tant emissores com receptores de certificats o documents administratius, per tal de simplificar l'obtenció, la transmissió i, si escau, la convalidació de documents o certificats electrònics per transmissions de dades.
4. L'Administració municipal podrá establir els mecanismes necessaris per a l'elaboració de certificats administratius electrònics, que tindran els mateixos efectes que els expedits en suport paper. El contingut d'aquests es podrà imprimir en suport paper i la signatura manuscrita se substituirà per un codi de verificació generat electrònicament, que permetrà de comprovar-ne l'autenticitat accedint telemàticament als arxius de l'òrgan o organisme emissor. L'Administració municipal emetrà certificats electrònics sobre les dades que figuren en poder seu, a petició dels ciutadans i les ciutadanes.
5. Els ciutadans i les ciutadanes, en substitució dels certificats en paper, podran presentar a l'Administració municipal certificats en suport electrònic d'altres administracions obtinguts telemàticament o bé mitjançant la compulsa electrònica del certificat en paper.

Article 25. Compulses electròniques i trasllat de documents en suport paper

1. La compulsa electrònica de documents electrònics i en suport paper es farà a través d'un procediment de digitalització segur, que inclogui, en els termes de l'article 19 d'aquesta Ordenança, la signatura electrònica del personal al servei de l'Administració municipal que hagi realitzat la compulsa i que garanteixi l'autenticitat i la integritat de la còpia. Els documents compulsats electrònicament tindran la consideració de còpies autèntiques, als efectes del que preveu l'article 46 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. La incorporació, en el seu cas, de documents en suport paper als tràmits i procediments administratius que es tramitin per via electrònica es farà mitjançant la compulsa electrònica dels documents en suport paper.
3. Quan un procediment iniciat electrònicament no es tramiti totalment en suport electrònic, l'òrgan competent procedirà a la reproducció en suport paper de les sol·licituds, comunicacions o altres documents electrònics, mitjançant compulsa, per tal de continuar la tramitació de l'expedient. En tot cas, l'Administració municipal conservarà en suport electrònic els documents electrònics.
4. En el trasllat de documents electrònics a còpies en suport paper, es farà constar la diligència del personal competent que acrediti la correspondència i l'exactitud amb el document original electrònic, mitjançant la compulsa. Aquests documents tindran la consideració de còpies autèntiques, als efectes del que preveu l'article 46 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 26. Expedient electrònic

1. L'expedient electrònic és el conjunt de documents electrònics corresponents a un procediment administratiu, sigui quin sigui el tipus d'informació que continguin.
2. La foliació dels expedients electrònics es durà a terme mitjançant un índex electrònic, firmat per l'òrgan o l'entitat municipal actuant, segons que correspongui. Aquest índex garantirà la integritat de l'expedient electrònic i en permetrà la recuperació sempre que calgui. És admissible que un mateix document formi part de diferents expedients electrònics.
3. La remissió d'expedients es podrà substituir a tots els efectes per la posada a disposició de l'expedient electrònic, i la persona interessada té dret a obtenir-ne una còpia de conformitat amb les previsions d'aquesta Ordenança.

Article 27. Acabament

1. Els procediments que es tramitin i s'acabin en suport electrònic garantiran la identificació i l'exercici de la competència per part de l'òrgan que en cada cas estigui reconegut com a competent.
2. L'acte o resolució que posi fi a un procediment electrònic haurà de complir els requisits que preveu l'article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i anar acompanyat dels sistemes de signatura electrònica previstos en aquesta Ordenança així com dels mitjans electrònics per a la interposició dels corresponents recursos.
3. El trasllat de documents electrònics, incloent-hi els que han de figurar als llibres de resolucions i als llibres d'actes, mentre aquests no tinguin el format en suport electrònic, es farà d'acord amb el procediment de compulsa previst en aquesta Ordenança.

Article 28. La notificació per mitjans electrònics

1. La notificació es practicarà utilitzant mitjans electrònics quan la persona interessada hagi assenyalat aquests mitjans com a preferents o expressi el seu consentiment a la seva utilització, en quaselvol dels procediments administratius tramitats en l'Administració municipal.
2. L'acceptació dels interessats podrà tenir caràcter general per a tots els tràmits que els relacionin amb l'Administració municipal o per a un o diversos tràmits, segons el que s'hagi manifestat.
3. Per a l'eficàcia del que es disposa en aquest article, tota persona interessada que manifesti la seva voluntat de ser notificada per mitjans electrònics haurà de disposar d'una adreça electrónica, que podrá ser proveïda per l'Administració municipal, que compleixi els requisits legalment previstos.
4. L'adreça electrònica tindrà vigència indefinida com a adreça vàlida als efectes de notificació, excepte en els supòsits que la persona titular en sol·liciti la revocació o modificació, per defunció de la persona física o extinció de la personalitat jurídica, quan una resolució administrativa o judicial ho ordeni o pel transcurs de tres anys sense que s'utilitzi per a la pràctica de les notificacions. En aquest cas, es comunicarà a la persona interessada per tal que pugui expressar el seu interès a mantenir-la activa; en cas contrari, s'inhabilitarà l'adreça electrònica.
5. La notificació s'entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment que es produeixi l'accés al seu contingut a l'adreça electrònica. El sistema de notificació acredita la data i hora de posada a disposició de la notificació a l'adreça electrònica de la persona interessada i la data i hora d'accés al contingut de l'acte notificat per part del ciutadà o ciutadana, així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti alguna de les circumstàncies anteriors.
6. Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació a l'adreça electrònica i transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que la notificació ha estat rebutjada als efectes del que preveu l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, excepte que d'ofici o a instància de la persona interessada es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés a la seva adreça electrònica.
7. Durant la tramitació dels procediments, la persona interessada podrà requerir a l'òrgan o entitat corresponents que les notificacions successives no es practiquin per mitjans electrònics.
En aquest cas, caldrà fer servir qualsevol altre mitjà admès per l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquest requeriment no serà efectiu quan s'apreciï mala fe o abús de dret per part del ciutadà o la ciutadana.
8. L'accés electrònic per part de les persones interessades al contingut de les actuacions administratives corresponents tindrà els efectes propis de la notificació per compareixença, sempre que quedi constància d'aquest accés.

CAPÍTOL SETÈ. REGISTRE, ARXIU I ACCÉS ALS DOCUMENTS ELECTRÒNICS

Article 29. Registre electrònic

1. Es crea el Registre electrònic de l'Administració municipal, configurat tècnicament com un accès telemàtic al Registre General de l'Administració municipal
2. El Registre electrònic s'integrarà a tots els efectes en el Registre general de l'Administració municipal i tindrà caràcter voluntari per als administrats, llevat dels supòsits d'utilització obligatòria establerts per llei o per les normes de creació de futurs procediments telemàtics en què es reguli la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions a través del registre esmentat.
3. L'accés al Registre electrònic es podrà fer durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. La data d'entrada i/o de sortida s'acreditarà mitjançant un servei de consignació electrònica de data i hora. Als efectes del còmput de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent. El Registre electrònic es regirà per la data i l'hora oficials.
4. La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions per mitjans telemàtics tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos per l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. El Registre electrònic no admetrà la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions que no segueixin els models descrits a l'article 20 anterior o no compleixin tots els mecanismes d'identificació i d'acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes que fixi l' l'Administració municipal de conformitat amb les previsions d'aquesta Ordenança.
6. El Registre electrònic emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada de l'escrit, sol·licitud o comunicació presentats, així com un rebut amb la relació dels documents presentats, incloent-hi la data i l'hora de presentació i el número d'entrada en el registre.
La no emissió del rebut o, si s'escau, la recepció d'un missatge d'indicació d'error o deficiencia en la transmissió implica que no s'ha produït la recepció.
7. Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s'haurà d'anunciar als usuaris amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació. En tot cas, a la seu electrónica corresponent s'informarà sobre la suspensió temporal del servei, la previsió de durada de la mateixa i, si s'escau, de l'adopció de mesures correctives de la situació.
8. El Registre Electrònic estarà habilitat únicament per a la presentación d'escrits i sol·licituts, així com de documentació en format electrònic que pugui completar els escrits i sol·licituds respecte dels tràmits i procediments accessibles per via electrónica. Els escrits i comunicacions de tràmits no accesibles es tindran per no presentats, comunicat-se aquesta circumstància, per si el ciutadà o ciutadana considera convenient utilizar qualsevol de les formes de presentacció d'escrits que preveu la legislació de procediment administratiu comú.
Els formats dels documents que s'admetran en el Registre Electrònic serán publicats a la seu electrónica corresponent, vetllant per la neutralitat tecnológica.

Article 30. Arxiu electrònic de documents

1. L'Administració municipal podrà arxivar per mitjans electrònics tots els documents que es produeixin en l'exercici de les seves funcions, de manera que es compleixin els termes previstos a l'article 45.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. La reproducció en suport electrònic de documents en suport paper es farà de conformitat amb el procediment de compulsa previst en aquesta Ordenança.
En el supòsit de documents emesos originàriament en paper, dels quals s'hagin efectuat còpies electròniques, es podrà procedir a la destrucció dels originals, en els termes i amb les condicions que estableixi l'Administració municipal, de conformitat amb la normativa aplicable.
2. L'Administració municipal podrà establir convenis o acords amb altres entitats per a l'arxiu definitiu dels seus documents electrònics, sempre que compleixin la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels documents arxivats de conformitat amb la normativa sectorial aplicable.

Article 31. Preservació i accés als registres i arxius administratius electrònics

La preservació i l'accés als documents emmagatzemats en mitjans electrònics es regirà per les previsions d'aquesta Ordenança relatives a l'accés a la informació i pels principis i
normes aplicables a la protecció de la confidencialitat i privacitat de dades.

Article 32. Procediment de coordinació i supervisió dels tràmits i procediments accessibles per via electrònica

1. La verificació sobre el compliment dels tràmits i procediments accessibles per via electrònica correspon a l'òrgan designat a aquest efecte per l'Alcalde.
2. Aquest òrgan serà l'encarregat de definir un document de coordinació i supervisió amb tots els elements necessaris per avaluar el compliment dels tràmits i procediments accessibles per via electrònica establerts en aquesta Ordenança.

Article 33. Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica

Els tràmits i procediments accessibles en cada moment per via electrònica s'inclouran, als efectes d'informació als ciutadans i les ciutadanes, en el corresponent Catàleg, mitjançant un decret d'alcaldia, que s'incorporarà a la seu electrònica prevista en aquesta Ordenança.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Propietat intel·lectual dels continguts del web municipal.
Els continguts que formen part del lloc web de l'Ajuntament de Castelldefels -textos, imatges, so i qualsevol altre material- són de titularitat exclusiva d'aquest ens local, d'algun organisme vinculat a aquest o de tercers que n'han autoritzat l'ús.Tots aquests continguts tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.
No obstant això, s'autoritza de forma gratuita la reproducció dels continguts del lloc web de l'Ajuntament de Castelldefels sense finalitat comercial, s'esmenti la font i es faci un enllaç, llevat que s'indiqui de forma explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa.
No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Ajuntament de Castelldefels en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Ajuntament de Castelldefels i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Segona. Creació d'altres seus electròniques
Sens perjudici del que disposa l'article quatre i la disposició transitòria Tercera d'aquesta Ordenança, els òrgans i les entitats integrants de l'Administració municipal podran crear les seves pròpies seus electròniques per a l'exercici de les seves competències.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Tràmits i procediments actuals
Els tràmits i procediments accessibles actualment per via electrònica, ja sigui a través del web municipal corresponent o a través d'altres canals telemàtics, s'hauran d'incloure al Catàleg previst a l'article 33 des del moment d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança
A tal efecte, el referit Catàleg inclourà totes aquelles webs municipals titularitat de l'Administració municipal actualment operatives.

Segona. Procediments en curs
Aquesta Ordenança no s'aplicarà als procediments iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

Tercera. Seu electrònica
1.- La seu electrònica de l'Administració municipal entrarà en funcionament quan s'aprovin les disposicions que desenvolupin les previsions d'aquesta Ordenança i l'Administració municipal corresponent hagi posat en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents.
2.- La norma de posada en funcionament de la seu electrónica determinarà els seus requisits i funcionament, i restarà publicada a la seu electrònica de la respectiva Administració municipal.

Quarta. Notificació electrònica
1.- L'Administració municipal corresponent posarà en marxa la notificació electrònica, per als procediments i tràmits que ho requereixin, quan s'aprovin les disposicions que desenvolupin les previsions d'aquesta Ordenança i l'Administració municipal corresponent hagi posat en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents.
2.- La norma de posada en funcionament de la notificació electrònica determinarà els seus requisits i funcionament, i restarà publicada a la seu electrònica de la respectiva Administració municipal.

Cinquena. Registre electrònic
1.- El Registre electrònic de l'Administració municipal entrarà en funcionament quan s'aprovin les disposicions que desenvolupin les previsions d'aquesta Ordenança i l'Administració municipal corresponent hagi posat en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents.
2.- La norma de posada en funcionament del Registre electrònic determinarà els seus requisits i funcionament, i restarà publicada a la seu electrònica de la respectiva Administració municipal.

Sisena. Arxiu electrònic
1.- L'arxiu electrònic de l'Administració municipal corresponent entrarà en funcionament quan s'aprovi la disposició que en reguli l'organització, i l'Administració municipal corresponent hagi posat en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents.
2.- La norma de posada en funcionament de l'arxiu electrònic determinarà els seus requisits i funcionament, i restarà publicada a la seu electrònica de la respectiva Administració municipal.

Setena. Tauler d'edictes electrònic
1.- El tauler d'edictes electrònic que regula aquesta Ordenança entrarà en funcionament quan s'aprovin les disposicions que desenvolupin les previsions d'aquesta Ordenança i l'Administració municipal corresponent hagi posat en marxa la seu electrònica així com els sistemes i les tecnologies corresponents.
2.- La norma de posada en funcionament del tauler d'edictes electrònic determinarà els seus requisits i funcionament, i restarà publicada a la seu electrònica de la respectiva Administració municipal.

Vuitena. Registre de funcionaris habilitats
1.- El registre de funcionaris habilitats previst en aquesta Ordenança restarà publicat a la seu electrònica de l'Administració municipal quan l'Administració municipal hagi posat en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents.
2.- La norma de posada en funcionament del registre de funcionaris habilitats determinarà els seus requisits i funcionament, i restarà publicada a la seu electrònica de la respectiva Administració municipal.

Novena. Representació
Els mecanismes de representació previstos en aquesta Ordenança restaran publicats a la seu electrònica de l'Administració municipal.

Desena. Exigibilitat dels drets reconeguts en aquesta Ordenança
Els drets reconeguts als ciutadans i les ciutadanes en aquesta Ordenança seran plenament exigibles en el moment en què ho siguin els drets reconeguts a l'article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, en relació amb la totalitat dels tràmits i procediments de què sigui competent l'Administració municipal.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Regulació de nous procediments i tràmits
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, qualsevol regulació que s'efectuï de nous procediments i tràmits administratius, o modificació dels existents, haurà de preveure
la possibilitat de la seva tramitació per mitjans electrònics i s'ajustarà a les condicions i als requisits previstos en aquesta Ordenança. La seva regulació s'ajustarà al procediment d'incorporació previst al capítol setè de l'Ordenança.

Segona. Adaptació a la normativa municipal
L'Ajuntament de Castelldefels es compromet a adaptar la normativa municipal a les previsions d'aquesta Ordenança.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

ANNEX I. TRÀMITS I GESTIONS MUNICIPALS DISPONIBLES ACTUALMENT A TRAVÉS DEL PORTAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.

1. Atenció de consultes sobre consum.
2. Consultes amb relació a butlletins oficials, textos legals, ordenances fiscals i llibres d'actes.
3. Sol·licitud pel muntatge de parades per la Fira de Sant Ponç.
4. Sol·licitud pel muntatge de parades de llibres i roses per la celebració de la Diada de Sant Jordi.
5. Subscripció Agenda Cultural
6. Casal de Cultura, reserva d'espais.
7. Celebració de matrimonis civils
8. Presentació d'escrits en el registre d'entrada de l'Ajuntament
9. Alta o canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants
10. Volant d'empadronament

Ordenanza Reguladora del Consumo, la Utilización y el Vertido de las Aguas

07/10/1989

Ordenanza reguladora del consumo, utilización y vertido de las aguas
(BOP, núm. 240, de 7 de octubre de 1989, pág. 30)

Título preliminar

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1º.- Esta Ordenanza tiene por objeto:

1. Establecer el conjunto de condiciones técnicas y sanitarias de uso que deben observarse en todo tipo de operaciones realizadas con las aguas potables, desde su captación hasta su utilización y desecho.

2. Determinar las bases para que la utilización, aprovechamiento y eliminación de las aguas se efectúe de tal forma que no cause menoscabo en el entorno ecológico, evitando que se sobrepase la capacidad de auto depuración de la naturaleza.

3. Proteger el mar en cuanto elemento connotativo de la población y fuente de riqueza del municipio, evitando para ello que las aguas residuales que sean arrojadas al mar directamente o previo tratamiento perjudiquen el uso balneario de las playas.

Artículo 2º. - 1. La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Castelldefels y deberá ser observada por todos aquellos que, independientemente de su nacionalidad, vecindad o residencia, transiten por cualquier causa por el municipio. Será de mayor vigilancia sobre aquellas personas que por su oficio u ocupación participen activamente en cualquiera de las operaciones relacionadas con las aguas potables o residuales.

2. Todos los edificios del término municipal de Castelldefels, cualquiera que sea su uso, tendrán que conducir sus vertidos a las instalaciones municipales de saneamiento.

Título primero

Aguas potables de consumo público

Capítulo I

Captación de aguas

Articulo 3º.- I. El Ayuntamiento llevará un registro de todos los nacimientos de agua que existan en el término municipal y de aquellas canalizaciones que, naciendo en algún otro, sean conducidas al mismo.

2. A los efectos del apartado anterior, los propietarios de redes o masas de aguas, ya sean nacidas en el término municipal de Castelldefels o conducidas desde fuera de él, para su consumo o aprovechamiento industrial o agrícola, vendrán en la obligación de comunicar su existencia y suministrar a la Administración municipal los planos, aforos, análisis practicados, trayecto de la red, características de la explotación y, en general, todos los datos que solicite el Ayuntamiento con el objeto de formar un inventario completo y detallado del potencial acuífero del municipio, determinar las condiciones higiénicas, ejercer la oportuna vigilancia ordenada por las leyes y enfocar el planeamiento para una mejor distribución y abastecimiento.

3. Los pozos y minas, incluso las de uso particular, han de considerarse expresamente comprendidos en el apartado anterior.

Artículo 4º.- 1. Las obras de captación correspondientes a pozos y minas tendrán que realizarse de manera que se evite toda contaminación exterior o que a sus masas se conecten conducciones de cualquier tipo de agua utilizada o de dudosa potabilidad.

2. La captación de aguas superficiales se realizará en las zonas donde no existe contaminación apreciable o que permitan un posterior tratamiento de potabilización.

Artículo 5º.- El Ayuntamiento denunciará al organismo competente a los responsables que produzcan vertidos que degraden la calidad del agua y comunicará las situaciones de emergencia.

Artículo 6º.- En caso de necesidad y de acuerdo con lo que dispone la vigente Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas, el Ayuntamiento podrá destinar las aguas privadas al abastecimiento público.

Capítulo II

De su tratamiento y distribución

Artículo 7º.- Los materiales utilizados para la construcción de las conducciones y depósitos deberán garantizar el estancamiento y aislamiento del agua que alberguen, evitando cualquier tipo de filtración que altere las condiciones higiénico-sanitarias y de potabilidad del agua circulante o retenida.

Artículo 8º.- 1. Toda red pública o privada de abastecimiento de aguas potables para el consumo estará dotada de las adecuadas instalaciones para su tratamiento, análisis y depuración, las cuales se mantendrán en perfecto estado de funcionamiento. Asimismo, los depósitos observarán estos requisitos indispensables.

2. Tanto los depósitos como los puntos singulares de control de las conducciones tendrán que ser objeto de drenajes y limpiezas periódicas siempre que sea necesario, con el fin de asegurar en todo momento la calidad y potabilidad del agua distribuida

3. Cuando se proceda a la construcción de nuevas instalaciones de depósito y conducción, o a la reparación o sustitución de las ya existentes, y después de períodos de inactividad prolongada, antes de comenzar o reemprender el servicio, tendrá que realizarse un lavado enérgico y persistente con agua clorada que garantice la desinfección de los tramos afectados.

Artículo 9º.- Cuando las aguas destinadas al consumo público no reúnan en su estado original las características de potabilidad o permisibilidad sanitarias contempladas en la reglamentación correspondiente (Real Decreto 1423/1982 de 18 de junio) deberán ser sometidas a procesos de tratamiento adecuados con sustancias autorizadas por los organismos sanitarios competentes, para la obtención de agua que se ajuste de manera constante a las exigencias establecidas.

Artículo 10º.- En todos los casos las aguas de las redes de distribución para el consumo público deberán contener, en todo momento, cloro residual libre o combinado u otro desinfectante autorizado, en cantidad suficiente para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias en cualquier punto de la red.

Artículo 11º.- 1. El Ayuntamiento no otorgará ninguna licencia para la construcción de viviendas, actividades comerciales o turísticas ni, en general, para cualquier tipo de asentamiento humano, hasta que no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad a través del sistema de suministro municipal u otro diferente, y que se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

2. Todas las instalaciones interiores de viviendas, industrias, comercios o cualquier otra actividad, deberán protegerse contra los retornos del agua o cualquier otra causa de contaminación.

Artículo 12º - 1. Las fuentes naturales o manantiales sitos en el término municipal a los que el público tenga acceso, serán controlados sanitariamente y serán objeto de cloración o conectadas a la red general siempre que sea necesario.

2. Atendiendo a la calificación del agua que suministre, en todas las fuentes públicas figurará el cartel “Agua potable”, “Sanitariamente permisible” acompañado de un grafismo que represente un grifo blanco sobre fondo azul o bien “Agua no potable” cuyo grafismo será el mismo que en el anterior pero cruzado por un aspa de color rojo.

3. Estas fuentes o manantiales deberán ser objeto de limpieza periódica como norma general y, especialmente, siempre que sea necesario.

Artículo 13º.- El transporte y la distribución de aguas potables mediante contenedores, cubas, cisternas móviles y elementos análogos deberá realizarse de manera que se cumplan los requisitos exigidos en los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza.

Artículo 14º.- Con el objeto de cumplir los requisitos exigidos de vigilancia, limpieza, higiene y salubridad, siempre que ello sea posible la red de distribución será mallada.

Capítulo III

Vigilancia

Artículo 15º.- El Ayuntamiento tiene el deber de poner en marcha cuantos medios resulten necesarios para conocer cualquier tipo de suministro de aguas colectivas con destino al consumo humano, ya sea público o privado, para desarrollar sobre ellos la vigilancia y control necesarios que garanticen las condiciones de salubridad, higiene y potabilidad que establecen esta Ordenanza y la legislación en general.

Artículo 16º.- 1 La vigilancia y control a que hace referencia el artículo anterior se realizarán por los correspondientes servicios municipales, mediante la toma de muestras, con carácter periódico, y en distintos puntos de recorrido del agua, las cuales se analizarán y contrastarán debidamente para verificar su estado de potabilidad.

2. Los puntos de toma de muestras para el control de potabilidad serán:

a) Los orígenes y/o salidas de las plantas potabilizadoras.

b) Los depósitos de regulación.

c) Las fuentes y/o suministros públicos.

d) Todos aquellos puntos de la red que por sus características necesiten

mayor atención.

3. Los análisis a realizar sobre las muestras tomadas serán: de cloro residual o de cualquier otro desinfectante utilizado; de los caracteres químicos, físico-químicos y biológicos.

4. El control del cloro residual o de otros desinfectantes y, en su defecto, de las características microbiológicas, deberá realizarse diariamente en un número de puntos de la red de distribución de manera que corresponda a un mínimo de una muestra por cada 5.000 habitantes y más.

5. Las comprobaciones químicas, físico-químicas y biológicas correspondientes a las muestras tomadas en las aguas y/o salidas de las plantas potabilizadoras se efectuarán con la frecuencia señalada en la legislación vigente.

Artículo 17º.- Cuando se compruebe mediante los controles y análisis practicados que el agua no es potable, la Administración municipal vendrá en la obligación de comunicar dichos resultados a la empresa suministradora y pondrá de manifiesto de forma expresa las medidas a tomar.

Artículo 18.- 1. Independientemente de los controles que sobre el agua efectúe el Ayuntamiento, todas las empresas públicas o privadas suministradoras de agua de consumo público, estarán obligadas a realizar, directamente por medio de contratación, cuantos análisis estime oportunos el Ayuntamiento con el fin de garantizar la potabilidad permanente de las aguas.

2. Todas las empresas proveedoras y/o distribuidoras de aguas de consumo público, estarán obligadas a llevar los siguientes registros:

a) Registro de análisis bacteriológicos.

b) Registro de análisis físico-químicos .

c) Registro de incidencias.

3. Estos registros, que se llevarán con la exactitud y diligencia que la importancia del tema requiere, estarán siempre a disposición de los servicios municipales para su inspección.

Artículo 19º.- Las aguas embotelladas, llamadas de mesa o minerales, naturales o preparadas, estarán sujetas al control sanitario municipal, de acuerdo con la legislación vigente.

Título segundo

Régimen de las piscinas públicas

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 20º.- A efectos de la vigilancia municipal, será considerada piscina pública la que tenga destinada su utilización a una comunidad de personas que sobrepase la familia, ya sea de manera gratuita o por medio de cualquier tipo de sistema de colaboración económica.

Artículo 21º .- Todas las piscinas y sus instalaciones de todo tipo -maquinaria, aparatos de depuración, calderas de calefacción, elementos mecánicos de aireación, almacenes y depósitos de combustibles, instalaciones sanitarias y de ocio, etc...- se ajustarán a las prescripciones técnicas e higiénico-sanitarias que establezca la legislación vigente, las del presente título y las demás Ordenanzas Municipales que les sean aplicables.

Artículo 22º.- Las obras de construcción, ampliación, modificación o reforma de las piscinas y sus instalaciones complementarias deberán ser previamente autorizadas por el Ayuntamiento sin perjuicio de las autorizaciones de otros organismos competentes que legalmente sea procedente.

Capítulo II

Condiciones y tratamiento del agua

Artículo 23º.- Todas las piscinas públicas deberán disponer de un sistema manual o automático de desinfección y renovación o regeneración del agua al menos cada ocho horas si la piscina es descubierta y cada cinco horas, si es cubierta, de tal forma y eficacia que el agua debe permanecer constantemente incolora y transparente mediante sistemas de filtración y depuración.

Artículo 24º.- 1. El agua de las piscinas debe tener disuelta permanentemente una cantidad tal de desinfectante que garantice su calidad bactericida y alguicida pero a su vez lo suficientemente pequeña como para que no produzca molestias apreciables a los usuarios.

2. Cuando el desinfectante utilizado sea el cloro, el contenido de cloro residual libre del agua de las piscinas se mantendrá constante entre 0,30 y 0,80 p.p.m. Para poder dar cumplimiento a este precepto deberán adoptarse medios que permitan la distinción entre cloro residual libre y cloro combinado, los cuales deberán ser aceptados por los Servicios Técnicos Municipales.

3. Con el fin de evitar molestias a los bañistas y garantizar la efectividad de la acción desinfectante del cloro, deberá mantenerse el índice PH del agua entre 7,2 y 7,8 disponiendo en todo momento de reserva suficiente de los aditivos químicos necesarios para su ajuste.

4. La utilización de desinfectantes distintos del cloro deberán ser aprobados por la Administración Municipal.

Artículo 25º.- Las condiciones del agua deberán comprobarse cuanto menos dos veces al día, antes de abrir las instalaciones al público y a la hora de máxima concurrencia, motivo por el cual deberá haber existencias de los reactivos necesarios en cantidades suficientes para atajar cualquier descompensación.

Artículo 26º.- Los datos anteriores, las operaciones correctoras y cualquier incidencia que se produzca deberá ser anotada en el libro de registro oficial que a tal efecto se librará a todas las piscinas controladas y que deberá permanecer siempre a disposición de los inspectores municipales.

Capítulo III

Personal encargado de la vigilancia y servicio de las piscinas

Artículo 27º.- 1. En todas las piscinas públicas habrá un responsable que representará a la empresa y que se responsabilizará del buen uso y funcionamiento de las instalaciones y del cumplimiento de la presente Ordenanza y las demás de aplicación.

2. El responsable de la piscina expondrá al público en un lugar bien visible y de manera bien destacada, las normas de carácter sanitario que sean de obligado cumplimiento para los usuarios.

El titular tomará las medidas necesarias para evitar una concurrencia de bañistas superior a la capacidad legal de la piscina.

Artículo 28º.- Los maquinistas, operarios y demás personal manipulador de las instalaciones deberán ir convenientemente equipados y no podrán circular por la zona destinada al público, excepto en el caso de ser requeridos sus servicios.

Artículo 29º.- 1. La piscina, su entorno y las dependencias anexas estarán en todo momento en perfectas condiciones de limpieza y en todos los aspectos darán sensación de orden.

2. Se cuidarán con especial diligencia las dependencias y los servicios sanitarios (duchas, lavabos...), los cuales se procurará estén siempre secos y debidamente ventilados.

3. Para efectuar las labores de limpieza y desinfección, serán utilizados productos de probada eficacia, incluso contra los hongos.

Artículo 30º.- El personal laboral de las piscinas deberá tener especial atención en las operaciones de almacenamiento y manejo de los diferentes productos químicos utilizados en la limpieza de las instalaciones y el tratamiento del agua con el fin de impedir la formación de emanaciones de gases tóxicos por contacto entre ellos o por utilización descuidada.

Artículo 31º.- Tanto el jefe responsable como todo el personal de la piscina, deberán atenerse a las normas derivadas de las inspecciones efectuadas por los inspectores municipales.

Capítulo IV

Usuarios de la piscina

Artículo 32º .- Todas las personas que utilicen las piscinas deberán respetar las presentes ordenanzas, las normas comunes de convivencia y aquellas de carácter sanitario que en cada piscina sean expresamente destacadas dentro del recinto.

Artículo 33º.- Las personas que padezcan alguna enfermedad transmisible o se encuentren en fase de convalecencia o sean portadores crónicos de gérmenes no podrán hacer uso de las piscinas hasta su cura total, extremándose las precauciones siempre que se trate de enfermedades infecciosas de la piel, de las mucosas o del aparato digestivo.

Artículo 34º.- No se permitirá la entrada en la zona de baño a personas vestidas de calle, y sobre todo se prohibirá el uso de calzado no adecuado dada su gran importancia como transmisor de enfermedades.

Artículo 35º.- Es obligatorio ducharse, enjabonarse y aclararse bien antes de sumergirse en la piscina y siempre que se retorne a la zona de baño, especialmente si se proviene de la zona de aseos.

Artículo 36º.- No será permitida, bajo ningún concepto, la presencia de cualquier clase de animal en el recinto de la piscina.

Capítulo V

Emergencias y accidentes

Artículo 37º.- 1. Todas las piscinas públicas o pertenecientes a asociaciones o colectividades estarán preparadas para la asistencia y prestación de los primeros auxilios en caso de emergencia o accidente , para lo cual se establece la obligación de estar dotadas de un botiquín suficientemente equipado.

2. En cada piscina se dispondrá de flotadores o salvavidas o cualquier otro tipo de aparato o mecanismo utilizado para sacar a flote el hundido o mantener al que se hunde, en número proporcional a la capacidad de bañistas que pueda albergar el recinto.

Título tercero

Descarga de vertidos líquidos residuales.

Capítulo I

Autorizaciones de vertidos residuales

Artículo 38º.- 1. Todos los edificios tanto de viviendas como industriales, deberán conectar a la red de alcantarillado a través de sus correspondiente conexión.

2. No se admitirán vertidos a cielo abierto, ni a alcantarillas fuera de servicio, ni la eliminación de los vertidos por el sistema de inyección en el subsuelo.

3. Sólo justificadamente se podrán autorizar vertidos a cauces públicos o al mar o su eliminación por otro sistema diferente al alcantarillado. En esos casos, se ajustarán a lo establecido por la normativa vigente aplicable, y siempre con la autorización de la Administración Municipal.

Artículo 39º.- 1. Las instalaciones industriales y comerciales dentro del término de Castelldefels deberán obligatoriamente solicitar el permiso de vertido de sus aguas residuales a la red de alcantarillado por medio de la documentación que se detalla en el Anexo I.

2. El Ayuntamiento concederá dicho permiso de vertido con carácter provisional a los usuarios que lo soliciten, de conformidad con el procedimiento previsto en el Reglamento Regulador de Vertidos Residuales elaborado por la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, que es el organismo responsable de otorgar el permiso definitivo.

3. Los permisos de vertido se otorgarán por un período de 5 años, cumplido el plazo, se entenderá prorrogado hasta que la Autoridad Municipal se pronuncie sobre el tema.

Artículo 40º.- 1. La Autoridad Municipal podrá, si lo considera oportuno exigir la adopción de medidas especiales de seguridad a fin de prevenir accidentes que puedan suponer un vertido incontrolado y/o peligroso a la red de alcantarillado.

2. Los usuarios de la red de alcantarillado están obligados a efectuar el pretratamiento necesario de sus aguas residuales para cumplir los límites de calidad del vertido que se establecen en el Art. 45 de la presente Ordenanza. La construcción y explotación de estas instalaciones de pretratamiento correrán a cargo del usuario o agrupación de usuarios.

Artículo 41º.- Para la concesión de la cédula de habitabilidad en los edificios de viviendas será preciso la obtención de la Licencia de conexión, y para la obtención del permiso de apertura, ampliación o modificación, tanto en su estructura como en su uso, de las instalaciones comerciales e industriales será precisa la obtención del Permiso de Vertido y de la Licencia de conexión.

Artículo 42º.-1. En aquellas zonas o sectores del municipio en que persistiera aun el sistema de evacuación de aguas residuales por medio de fosas sépticas, pozos de filtración y pozos de vaciado, los propietarios no podrán verter el contenido fecal de aquellos, bajo ningún concepto, en la red de alcantarillado ni en ningún otro punto del Término de Castelldefels.

2. El contenido fecal de las fosas sépticas y pozos de vaciado deberá verterse en la Plaza Depuradora de Gavá-Viladecans por medio de las empresas de vaciado y transporte que cuentan con la Autorización Municipal, en las condiciones y características señaladas en el acuerdo tomado el 10 de julio de 1987 en Gavá y ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Castelldefels el 27 de noviembre de 1987.

Capítulo II

Control de la contaminación en origen

Artículo 43.º-1. La regulación de la contaminación en origen, mediante prohibiciones o limitaciones en las descargas de vertidos, se establece con las siguientes finalidades:

a) Proteger el medio receptor eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre, como para sus recursos naturales.

b) Salvaguardar la integridad y seguridad de personas e instalaciones de saneamiento.

c) Prevenir de cualquier anomalía los procesos de depuración utilizados.

2. El criterio de preservar la calidad del medio receptor, condiciona que las regulaciones limitativas de las descargas de vertidos se definan en base a la concentración admisible de contaminantes para su descarga al mar (Anexo III).

Artículo 44º. - 1. Los pretratamientos para ciertas descargas limitadas, especialmente las que contienen metales pesados, a fin de poder obtener las concentraciones exigidas en esta Ordenanza, podrán ser sustituidas por un tratamiento conjunto final en la planta depuradora, siempre que sea técnica y económicamente factible según el criterio de la Administración y mediante el pago de la tasa especial de vertidos limitados que a los efectos se establezca.

2. Las descargas prohibidas y aquellas descargas limitadas que por la naturaleza de sus vertidos sean incompatibles con el proceso utilizado en las instalaciones municipales de depuración, no podrán acogerse a la fórmula alternativa referida en el párrafo anterior, siendo imprescindible, en estos casos, la instalación de los adecuados pretratamientos correctores individuales en origen.

Capítulo III

Vertidos prohibidos, limitados y permitidos

Artículo 45.º - Queda totalmente prohibido descargar directa o indirectamente a las Instituciones Municipales de Saneamiento, cualquiera de los siguientes productos:

a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o dimensiones que, por ellas mismas o por interacción con otras, produzcan obstrucciones o dificulten los trabajos de su conservación y de su mantenimiento.

b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables, como la gasolina, la nafta, el petróleo, el “white spirit”, el benceno, el tolueno, el xileno, el tricloretileno, el percloretileno, etc.

c) Aceites y grasas flotantes.

d) Substancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo cálcico, bromatos, cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, etc.

e) Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores de explosión.

f) Materias que por razón de su naturaleza propiedades y cantidad, ya sea por ellas mismas o por interacción con otras, originen o puedan originar:

1. Algún tipo de molestia pública.

2. La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire.

3. La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las Instalaciones Públicas de Saneamiento.

g) Materias que, por ellas solas o como consecuencia de procesos o reacciones que tengan lugar dentro de la red, tengan o adquieran alguna propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar los materiales de las instalaciones municipales de saneamiento, o perjudicar al personal encargado de la limpieza y conservación.

h) Radionúcleos de naturaleza, cantidades o concentraciones tales que infringieran las reglamentaciones establecidas al respecto por los organismos competentes en cuando a su regulación y control.

i) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas, requieran un tratamiento especifico y/o control periódico de sus efectos nocivos potenciales; en especial los que quedan incluidos dentro de la lista del Anexo a la Directiva número 78/319, de la Comunidad Económica Europea de 20 de marzo de 1987.

j) Los que produzcan concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de alcantarillado superiores a los límites siguientes:

SO2 5 ppm
CO 100 ppm
CL 1 ppm
SH2 20 ppm
CHN 10 ppm

Artículo 46.º - Queda prohibido verter directa o indirectamente a las Instalaciones Municipales de Saneamiento, vertidos con las características o con concentración de contaminantes iguales o superiores en todo momento a los expresados en la siguiente relación con la diferenciación para los casos del Usuario Industrial Importante (U.I.I.) y Usuario en General (U).

Valores: UII - U

Sólidos rápidamente sedimentables 10 mg/l 15 mg/l
T (ºC) 40 15 mg/l
pH 6 -11 40
Grasas 150 mg/l 5,5 –11 mg/l
Cianuros libres 2 mg/l 250 mg/l
Cianuros (en CN-) 5 mg/l 4 mg/l
Dióxido de azufre (SO2) 5 mg/l 10 mg/l
Fenoles totales (C6H5OH) 2 mg/l 20 mg/l
Formaldehído (HCHO) 10 mg/l 5 mg/l
Sulfatos (en SO4) 1.000 mg/l 15 mg/l
Sulfuros (en=) 5 mg/l 1.500 mg/l
Sulfuros libres 0,3 mg/l 10 mg/l
Aluminio (Al) 20 mg/l 0,5 mg/l
Arsénico (As) 1 mg/l 30 mg/l
Bario (Ba) 10 mg/l 2 mg/l
Boro (Bo) 3 mg/l 20 mg/l
Cadmio (Cd) 0,5 mg/l 4 mg/l
Cobre (Cu) 3 mg/l 1 mg/l
Cromo exavalente (Cr) 0,5 mg/l 6 mg/l
Cromo total (Cr) 5 mg/l 1 mg/l
Cinc (Zn) 5 mg/l 10 mg/l
Estaño (Sn) 2 mg/l 10 mg/l
Hierro (Fe) 1 mg/l 4 mg/l
Manganeso (Mn) 2 mg/l 2 mg/l
Mercurio (Hg) 0,1 mg/l 5 mg/l
Niquel (Ni) 5 mg/l 0,2 mg/l
Plomo (Pb) 1 mg/l 10 mg/l
Selenio (Se) 1 mg/l 2 mg/l

Artículo 47.º - La relación de contaminantes y concentraciones establecidas en el artículo presente será revisado periódicamente y en ningún caso se considerará exhaustiva ni excluyente.

Si alguna instalación industrial vertiera productos no incluidos en la citada relación, que pudieran alterar los procesos de tratamiento o fueran potencialmente contaminantes, la Administración Municipal procederá a señalar las condiciones y limitaciones para el vertido de cada uno de los referidos productos. Asimismo y de acuerdo con lo referido en el artículo 43, podrán establecerse las correspondientes formas alternativas siempre que lo permitan la capacidad de las instalaciones municipales depuradoras y la de admisión del medio receptor.

Artículo 48.º - Todas las industrias cualquiera que sea su actividad, que están autorizadas para verter, e incluso aquellas que realicen pretratamiento deberán colocar una reja de desbaste de 120 mm antes del vertido a la alcantarilla.

Los caudales punta vertidos a la red no podrán exceder del quíntuplo (5 veces) en un intervalo de quince (15) minutos o de dos veces y media (2,5) en una hora del valor promedio día en caso del Usuario Industrial Importante, en tanto que para el Usuario en general esos valores serán del séxtuplo (6 veces) para el primer caso y del cuádruplo (4 veces) para el segundo.

Queda terminantemente prohibido salvo en los caso del capítulo 4.º (situación emergencia o peligro) el empleo de agua de dilución en los vertidos.

Dado que existe red de aguas pluviales separativa no podrán verterse a la red del alcantarillado de aguas residuales, aguas industriales no contaminadas, bien sean de refrigeración o cualesquiera otras sin autorización especial.

En el supuesto de que los afluentes no satisfagan las condiciones y limitaciones que se establecen en el presente capítulo el usuario queda obligado a la construcción, explotación y mantenimiento a su cargo de todas aquellas instalaciones de pretratamiento, homogeneización o tratamiento que sean necesarias.

Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado, tanto por parte de las industrias farmacéuticas como de los centros sanitarios, de aquellos fármacos obsoletos o caducos que aún no habiendo sido citados de forma expresa anteriormente, pueden producir graves alteraciones en las Estaciones Depuradoras aún en pequeñas concentraciones, como por ejemplo los antibióticos.

Capítulo IV

Situación de emergencia

Artículo 49º.- 1 Se produce una situación de emergencia cuando, a causa de una descarga peligrosa o fortuita de vertidos industriales se originan, directa o indirectamente, sustancias de tipo sólido, líquido o gaseoso que puedan perjudicar la integridad y el correcto funcionamiento de las mismas instalaciones de saneamiento o que pongan en peligro a personas o bienes en general.

2. Los titulares de los establecimientos industriales que por su naturaleza puedan ocasión este tipo de descarga, habrán de adoptar las instalaciones protectoras necesarias para evitarlas o prevenirlas. Los proyectos detallados en estas instalaciones habrán de presentarse a la Administración para su aprobación. Dicha aprobación no relevará al titular de las responsabilidades consecuentes ante una situación de emergencia.

2. Ante una situación de emergencia, el industrial, lo más pronto posible, tomará todas las medidas necesarias que tenga el alcance para disminuir o reducir al máximo sus efectos, al mismo tiempo lo notificará inmediatamente a la Administración Municipal para solicitar la ayuda. En un plazo máximo de siete días posteriores a la descarga, el interesado habrá de remitir a la Administración un informe en el cual se detallará la fecha. la hora y la causa del suceso, las correcciones efectuadas “in situ” y, en general, todos aquellos datos que permitan a los Servicios Técnicos Municipales una correcta interpretación del imprevisto y una adecuada evaluación de sus consecuencias.

Capítulo quinto

Medición y determinación de los vertidos

Artículo 50.º - 1. Todas las mediciones, pruebas, muestras y análisis para determinar las características de los vertidos residuales, se efectuarán según los métodos normalizados para el análisis de aguas y aguas residuales que determina la legislación aplicable. Estas mediciones y determinaciones se realizarán bajo la dirección y supervisión técnica del Ayuntamiento, con cargo al titular.

2. Los establecimientos industriales potencialmente contaminantes, habrán de instalar y poner a disposición de los Servicios Técnicos Municipales, a efectos de determinación de la carga contaminadora, los siguientes dispositivos:

a) Pozo de muestras: Cada establecimiento industrial colocará en cada albañal de descarga de sus vertidos residuales, un pozo de muestras de fácil acceso, libre de cualquier interferencia y localizado antes de la descarga y a ser posible fuera de la propiedad; se habrán de remitir a la Administración planos de situación del pozo y de aparatos complementarios para su identificación y censo.

b) Aforo de caudales: Cada pozo de muestras habrá de contener un vertedero aforador, tipo Parshall o similar, con un registro y totalizador para la determinación exacta del caudal residual. Si los volúmenes de agua consumida y los volúmenes de agua descargada fueran aproximadamente los mismos, la medición de lectura del caudal de agua por contador podrá ser utilizada como aforamiento del caudal residual, también si la procedencia del agua de captación es de pozo o de otras fuentes, podrá habilitarse una fórmula indirecta de medición del caudal residual.

c) Muestras. La técnica en la toma de muestras variará según la determinación a realizar. Para concentraciones máximas que no puedan ser superadas en ningún momento, la medición será instantánea y tomada a cualquier hora del día; para concentraciones medianas representativas de valores de cargas residuales contaminadoras, las mediciones serán cada hora, integradas proporcionalmente al caudal y tomadas durante el período de las descargas Los requerimientos mínimos para calcular la cantidad representativa del vertido serán concretados por la Administración de acuerdo con la industria interesada y podrán revisarse cuando se crea oportuno. Aquellas industrias que por su dimensión y/o contaminación sean significativas y que además tengan grandes fluctuaciones en las características de sus aguas residuales y volúmenes de vertidos, tendrán necesidad de un aparato de toma de muestras automático proporcional al caudal y con análisis durante todo el año.

d) Pretratamiento: En el caso de existir pretratamientos individuales o colectivos legalmente constitutivos que, particularmente o colectivamente, realicen tratamientos de los vertidos residuales, habrá de instalarse a la salida de los efluentes depurados un pozo de muestras con las mismas condiciones y requisitos mencionados en el apartado a) de este artículo.

Capítulo VI
Inspección y vigilancia

Artículo 51º.-- 1. El titular de una instalación que genere vertidos industriales potencialmente contaminantes estará obligado ante el personal facultativo acreditado por la Administración a:

a) Facilitar a los inspectores, sin necesidad de comunicación previa, el acceso a aquellas partes de la instalación que considera necesaria para el cumplimiento de su misión.

b) Facilitar el montaje del equipo y el instrumento que se precise para realizar las mediciones, determinaciones, ensayos y comprobaciones necesarias.

c) Permitir a los inspectores la utilización de los instrumentos que la empresa utilice con la finalidad de autocontrol, especialmente aquéllas para el aforamiento de caudales y toma de muestras, para realizar los análisis y comprobaciones.

d) Proporcionarles cualquier facilidad para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones.

2. El resultado de la inspección se hará constar en acta, levantada por triplicado, donde se hará constar:

a) El resumen del historial de los vertidos desde la última inspección consignando a juicio del inspector, sobre si la empresa mantiene bajo control eficaz la descarga de sus vertidos.

b) Las tomas y tipos de muestras realizadas.

c) Las modificaciones introducidas y las medidas adaptadas por el industrial para corregir las eventuales deficiencias, señaladas por la inspección en visitas anteriores con una valoración de su eficacia.

d) Las posibles nuevas anomalías detectadas en la inspección y todas las observaciones adicionales que se estimen oportunas.

3. Se invitará al titular de la instalación o persona delegada a que presencie la inspección y firme, en su momento, el acta. En caso de que la empresa estuviera disconforme con los dictámenes, apreciaciones y juicios formulados por la inspección, podrá presentar la oportuna reclamación al Ayuntamiento, a fin de que éste, previo informe de los Servicios Técnicos correspondientes, dicte la resolución que proceda.

Capítulo VII

Programas e inventario

Artículo 52.º - 1. Los Servicios Técnicos Municipales elaborarán un Registro de Permiso de Vertidos con objeto de identificar y regular las descargas de vertidos industriales, en el que se clasificarán las descargas por su potencia contaminadora y caudal de vertido.

2. Tomando como base el mencionado Registro, así como los resultados de las comprobaciones efectuadas en la red, los Servicios Técnicos Municipales cuantificarán periódicamente las diversas clases de vertidos a fin de actualizar las limitaciones de las descargas y las consiguientes autorizaciones.

Título cuarto

Instrucciones del uso y las tomas de red del alcantarillado

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 53.º - En toda la vía pública municipal la construcción del alcantarillado deberá preceder o, al menos, ser simultánea, si esto fuera técnicamente aconsejable, al del pavimento definitivo correspondiente.

Artículo 54.º - La construcción o reposición del alcantarillado, elemento fundamental de urbanización, implicará la imposición de contribuciones especiales, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Artículo 55.º - 1. Podrá autorizarse a los particulares que construyan ellos mismos tramos de alcantarillado en la vía pública.

2. En estos casos, el particular podrá solicitar al Ayuntamiento la redacción del correspondiente proyecto, o bien deberá presentar un proyecto detallado de la obra y una vez aprobado por el Ayuntamiento, ejecutarse bajo la inspección municipal a cuyos efectos el solicitante deberá ingresar el 3% del importe-presupuesto de la obra en concepto de inspección y dirección de la misma a cargo del personal técnico municipal, y depositar el 10% del mencionado importe como garantía, importe que le será devuelto una vez recibida definitivamente la obra.

Artículo 56.º - La red de alcantarillado en Castelldefels es separativa, esto es, existe una red exclusiva para verter y canalizar las aguas residuales y otra, independiente, para las aguas pluviales.

Artículo 57.º - 1. La red de alcantarillado, tanto la de aguas pluviales como la de aguas residuales, es propiedad municipal.

2. La responsabilidad de los propietarios de las fincas el mantenimiento y conservación de las acometidas de la red, que comprenden el tramo interior de la finca hasta la arqueta sifónica así como el tramo que une ésta con la red municipal del alcantarillado.

Capítulo II

Uso obligatorio de la red

Artículo 58.º - 1. Los edificios existentes o que se construyan en fincas con fachada enfrente de la cual existan alcantarillas públicas deberán obligatoriamente verter a las mismas sus aguas pluviales y residuales a través de los correspondientes albañales de conexión.

2. Si la finca tiene fachada en más de una vía pública, el propietario podrá escoger la alcantarilla pública donde deba verter la finca.

3. Dado el carácter separativo de la red en el término de Castelldefels, en el alcantarillado de aguas residuales sólo se admitirán aguas residuales de origen doméstico o industrial, quedando terminantemente prohibido la conexión a la red de bajantes o cualquier otro conducto de pluviales o de aguas industriales no contaminadas.

4. Los bajantes de aguas pluviales deberán conectar con la alcantarilla de aguas pluviales, en aquellos sectores que exista, o desembocar en la rigola de la calzada pasando por debajo de la acera, en aquellos otros en que la red no alcance.

5. Cuando no exista alcantarilla pública de aguas residuales enfrente de la finca, pero si a una distancia inferior a los 100 metros, el propietario deberá conducir las aguas a la mencionada alcantarilla mediante la construcción de un albañal longitudinal, el cual podrá solicitarse y construirse mancomunadamente por todos los propietarios de fincas situadas en el mencionado tramo. Esta distancia se medirá a partir de la arista de la finca (intersección del límite del solar más próximo a la alcantarilla por la línea de fachada) y siguiendo las alineaciones de los viales afectados por la construcción del longitudinal.

6. Los propietarios de aquellos edificios ya construidos en la fecha de vigencia de la presente ordenanza se ajustarán a las prevenciones siguientes.

a) Si tuvieran desagüe de aguas residuales, mediante un pozo negro o fosa séptica y su conexión a la red de alcantarillado fuera técnicamente posible, vienen obligados a empalmar el mencionado desagüe a través del albañal correspondiente, modificar la red interior de la finca para conectarla con el mencionado albañal y cegar el antiguo sistema.

b) Si aquellos edificios tuvieran desagüe a cielo abierto directa o indirectamente sin tratamiento previo o en cualquier sistema de tratamiento incorrecto que produzca un vertido anómalo, vienen obligados a empalmar el mencionado desagüe con la red de alcantarillado, salvo que se trate de lo supuesto en el apartado 8 de este artículo, en que se admite provisionalmente un tratamiento previo.

c) La obligación establecida en este apartado sólo será exigible cuando en la vía pública a la que tenga fachada el edificio exista alcantarillado público o cuando lo tuviera a una distancia inferior a los 100 metros medios según lo que se dispone en el apartado 5, en cuyo caso la conducción de aguas al alcantarillado deberá realizarse a través del correspondiente albañal longitudinal a que se refiere dicho precepto.

7. Cuando la distancia desde la arista de la alcantarilla, medida de acuerdo con lo establecido en el apartado 5, sea superior a los 100 metros, no se autorizará la edificación del solar, salvo cuando el propietario al mismo tiempo o previamente a la solicitud de licencia de edificación, presente el proyecto de desagüe que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento y se comprometa a realizarlo en el término que se establezca.

8. En caso de tratarse de vivienda unifamiliares en zonas faltas de alcantarillado u otros casos excepcionales, el Ayuntamiento podrá autorizar la depuración completa individual de las aguas residuales o el vertido a cielo abierto de las aguas pluviales.

Capítulo III
Instalación de acometidas a la red

Artículo 59.º - La conducción desde un edificio a la alcantarilla pública podrá efectuarse directamente o mediante un albañal longitudinal. Podrá autorizarse el desagüe de diversos edificios a través de un solo albañal si técnicamente fuera necesario siempre que la servidumbre o servidumbres que al efecto se constituyan sean debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad.

Artículo 60.º - Cuando el nivel del desagüe particular no permita la conducción a la alcantarilla por gravedad, la elevación de las aguas deberá realizarse por el propietario de la finca. En ningún caso podrá exigirse al Ayuntamiento ninguna responsabilidad en el supuesto de que el albañal de desagüe pueda penetrar en una finca particular aguas procedentes de la alcantarilla pública.

Artículo 61.º - 1. El solicitante de licencia de albañal o albañal longitudinal presentará un plano de la red de desagüe interior del edificio en planta y alzada a escalas de 1:100 o 1:50, detallando expresamente los sifones generales y la ventilación aérea.

2. Además de guardar en la construcción las disposiciones y dimensiones adecuadas para un correcto desagüe, deberán cumplirse las siguientes prevenciones:

a) Todos lo apartados con desagüe existentes en las viviendas o instalaciones tendrán su propio sifón general para cada edificio para evitar el paso de gases o múridos.

b) Entre el empalme del albañal y el sifón general del edificio se dispondrá obligadamente una cañería de ventilación sin sifón ni cierre que sobrepase de dos metros el último plano accesible del edificio y que habrá que situarse como mínimo a otros 2 metros de distancia de los predios vecinos.

Artículo 62.º - 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, y en lo que a ello se refiere el Ayuntamiento construirá los albañales en el trayecto comprendido entre la alcantarilla pública y la fachada de la finca y procederá a la reposición del pavimento, todo esto a cargo del propietario y de acuerdo con el Cuadro de Precios Unitarios aprobado por el Ayuntamiento.

2. Las obras comenzarán dentro de los 15 días siguientes de la justificación de haberse efectuado los ingresos previstos en las Ordenanzas Fiscales para los derechos de licencias y como depósito del coste de la obra.

3. La construcción de la parte del albañal correspondiente al interior de la finca hasta el parámetro externo de su fachada, habrá de ser realizada por el interesado, que estará obligado a observar las indicaciones que al efecto formulen los Servicios Técnicos, Municipales, para que pueda realizarse debidamente la conexión con el albañal y se cumplan las prevenciones del artículo 59.

Artículo 63.º - Serán condiciones previas para la conexión de un albañal o albañal longitudinal, a la red existente:

a) Que el afluente satisfaga las limitaciones físico-químicas que fija la presente Ordenanza.

b) Que la alcantarilla esté en servicio.

Artículo 64.º - 1. Aquellos que hayan obtenido licencias para la construcción de un albañal longitudinal y siempre que la sección y el caudal lo permitan, quedan obligados a admitir las aguas procedentes de las fincas de aquellos particulares que obtengan la correspondiente autorización municipal, para la cual previamente habrán de asumir la obligación de contribuir a los gastos ocasionados para la construcción del mencionado albañal longitudinal y las que originen su conservación , de manera que el coste de una y la otra resulten costeadas por todos lo que lo utilicen.

2. El reparto de los gastos entre los usuarios de un albañal longitudinal se ajustará a aquello que en cada caso convengan los propietarios respectivos y, en caso de no haber acuerdo, lo que decida la Administración Municipal, que repartirá el coste de construcción y conservación del albañal en tantas partes iguales como acometidas reales tenga el albañal, prescindiendo, en su caso, del hecho de cada uno tenga a la vez otras tomas subsidiarias. La contribución al coste de la construcción de un albañal longitudinal qué realice cualquier nuevo usuario se repartirá por partes iguales entre el propietario inicial y los otros usuarios que hayan satisfecho su aportación por este concepto hasta aquel momento.

Artículo 65.º - El Ayuntamiento cuando varíe a disposición de las vías públicas, podrá ordenar la modificación o variación del emplazamiento del albañal longitudinal, sin derecho por parte de los interesados a ninguna indemnización.

Artículo 66.º - 1. Al realizarse las obras de construcción de nuevas alcantarillas públicas, se anularán todos los desagües particulares que con carácter provisional (albañales longitudinales o enlaces a los mismos) se hubieran autorizado para las fincas situadas delante, siendo obligatorio el enlace directo.

2. Para aquellos edificios o solares que ya tienen desagüe provisional se establecen las siguientes normas:

a) Si la nueva alcantarilla en construcción discurre a una profundidad igual o menor de 2,50 metros respecto de la rasante de la vía pública no se permitirá la construcción de albañales de desagüe a la nueva alcantarilla desde que se inicien las obras de pavimentación de la mencionada vía hasta que hayan transcurrido tres años de la fecha de su finalización, término que comenzará a contar a partir de la recepción definitiva de las obras cuando éstas se llevasen a término mediante contrata.

b) Si la nueva alcantarilla discurriera a una profundidad superior a 12,50 metros respecto a la rasante de la vía pública, podrán autorizarse albañales de desagüe a la nueva alcantarilla durante el período señalado epígrafe anterior, siempre que técnicamente sea posible llevar a término la construcción del albañal en mina, de manera que el nuevo pavimento de la calzada no pueda sufrir deterioro en un período de tres años contados de la manera indicada en el anterior epígrafe.

Artículo 67.º - Todas las instalaciones de vertido de aguas industriales dispondrán de una arqueta de registro, de dimensiones no inferiores a 1,00 por 1,00 m. con partes de acceso y solera , situada a 1m. por debajo del albañal, y aguas debajo de la instalación homogeneización y/o depuración propia, si existe, y en todo caso lo más próxima posible a la salida de la instalación.

Artículo 68º. - Las obras necesarias para los entroncamientos y obras accesorias a nuevas alcantarillas durante su período de construcción, serán realizadas por el Contratista adjudicatario de la construcción de las mencionadas alcantarillas. Con este fin se evaluará independientemente cada albañal y el propietario respectivo habrá de ingresar al Ayuntamiento su importe para su abono al contratista adjudicatario.

Artículo 69.º - En cualquier otro tipo de entrocamiento a la alcantarilla pública se seguirán las anteriores normas, sin otras diferencias que las de carácter fiscal que en su caso hayan de aplicarse.

Artículo 70.º - La limpieza y reparación de los desagües particulares se realizará por sus propietarios, mediante la obtención de la oportuna licencia municipal: sin embargo, podrán solicitar que los mencionados trabajos sean realizados por el Ayuntamiento a cargo de los mencionados propietarios.

Artículo 71.º - 1. En el caso de observarse alguna anomalía o desperfecto que hiciera necesaria alguna obra de reparación o limpieza de albañales de cualquier clase, se requerirá al propietario para que lo ejecute, previa licencia, en el término que se señale, pasado el cual, de no haberse realizado, la Administración Municipal podrá proceder a la citada limpieza o reparación con cargo al propietario titular del albañal.

2. Si se tratara de un albañal longitudinal en el cual existiera más de un empalme, el responsable delante del Ayuntamiento de la limpieza y conservación será única y exclusivamente el propietario titular del citado albañal, sin perjuicio de su derecho a repartir entre todos los usuarios los gastos que la reparación supusiera.

3. La reparación o limpieza del albañal a que se refieren los párrafos anteriores, comprenderá solamente el tramo del desagüe situado en la vía pública, debiéndose llevar a término por el propietario la del tramo correspondiente al interior de la finca.

Artículo 72.º - El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar en la vía pública, por si solo a través de empresas adjudicatarias, cualquier trabajo de construcción, reparación o limpieza de albañales o de eliminación o reposición de pavimentos que resulten afectados.

Título quinto

Infracciones, sanciones, medidas correctoras

Artículo 73.º - 1. Las infracciones de los preceptos establecidos en esta Ordenanza serán sancionados por la Alcaldía con multa hasta el máximo que autorice la legislación vigente, siempre que no proceda una multa de cantidad superior por aplicación, si corresponde, de la legislación Urbanística.

2. Dentro de esta limitación la cuantía de la multa será fijada discrecionalmente atendiendo a la gravedad de la infracción, el perjuicio ocasionado a los intereses generales, a su reiteración por parte del infractor, el grado de culpabilidad del responsable y demás circunstancias que pudieran concurrir.

3. Serán responsables las personas que realicen los actos o incumplan lo deberes que constituyen la infracción , al perjuicio, y en caso de establecimientos industriales o comerciales, las empresas titulares de aquellos establecimientos, sean personas físicas o jurídicas.

4. Ante la gravedad de una infracción o en el caso de contumacia manifiesta, la Administración Municipal cursará la correspondiente denuncia a los organismos competentes a los efectos correctores que procedan.

Artículo 74.º - 1. La potestad sancionadora y correctora corresponde al Alcalde o autoridad en quien delegue.

2. Los facultativos de los Servicios Técnicos Municipales competentes podrán suspender provisionalmente la ejecución de las obras e instalaciones que contravengan las disposiciones de esta Ordenanza, así como impedir también, provisionalmente, el uso indebido de las instalaciones municipales; esta medida deberá adoptarse mediante requerimiento individualizado y por escrito; para mantener su eficacia deberá ser ratificada, dentro de los cinco días hábiles siguientes por el Alcalde, o la Autoridad en quien haya delegado.

3. Contra la referida suspensión provisional y contra su ratificación adoptada por la autoridad delegada, se pondrá interponer recurso de alzada delante del Alcalde, independientemente de cualquier otro que proceda legalmente.

Artículo 75.º - Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 73, se considerará infracciones graves y serán sancionadas con multa entre el 50% y el 100% del máximo autorizado por la Ley las siguientes infracciones:

a) La construcción, modificación o uso de alcantarillas o conexiones a la red, y de instalaciones que le sean anexas, a menos de unas y otras fueran de propiedad particular, sin obtener la previa licencia municipal o sin ajustarse a las condiciones señaladas por la licencia o los requisitos generales establecidos en esta Ordenanza.

b) La producción de daños a las instalaciones municipales a que se refiere esta Ordenanza derivados de su uso indebido o de actos realizados con negligencia o mala fe.

c) La infracción de cualquiera de las prescripciones dictadas por la Administración Municipal como consecuencia de haberse declarado la situación de emergencia.

d) El funcionamiento, la ampliación o la modificación de un establecimiento industrial que afecte a la red de alcantarillado, sin la previa obtención, en su caso, del correspondiente permiso de vertido.

e) La omisión o demora en la instalación de los pretratamientos depuradores exigidos por el Ayuntamiento así como la falta de la instalación o del funcionamiento de los dispositivos fijos de aforamientos de caudales y toma de muestras o aparatos de medición a que se refiere el artículo 50 de esta Ordenanza.

f) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones, cuando el precintado o clausura de los mismos haya sido dispuesto por la Administración Municipal.

g) La obstaculización a la función inspectora del Ayuntamiento.

Artículo 76.º - En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente Ordenanza y con independencia de la imposición de las multas procedentes, la Administración Municipal, con la finalidad de suprimir los efectos de la infracción y restaurar la situación de legalidad, podrá adoptar alguna o algunas de las medidas siguientes:

a) La suspensión de los trabajos de ejecución de las obras de acometida o de instalación de pretatamientos , indebidamente realizados.

b) El requerimiento al infractor para que, en el término que al efecto se señale, introduzca en las obras e instalaciones realizadas las rectificaciones precisas para ajustarlas a las condiciones de la licencia o a las disposiciones de esta Ordenanza.

c) El requerimiento al infractor para que, en el plazo que se fije, proceda a la reposición de las obras e instalaciones indebidamente afectadas, a su estado anterior, a la demolición de todo aquello indebidamente construido o instalado y a la reparación en su caso, de los daños ocasionados.

d) La imposición al usuario de las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento de las limitaciones comprendidas en el permiso de vertidos, evitando los efluentes anómalos.

e) La introducción de medidas correctoras en las instalaciones para evitar el incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza y la redacción, en su caso, del proyecto correspondiente dentro del plazo que fije la Administración.

f) La cláusula o precinto de las instalaciones en caso de que no sea posible, técnica o económicamente, evitar la infracción, mediante las oportunas medidas correctoras.

g) La caducidad del permiso del vertido a la red de alcantarillado en el caso de contumacia en el incumplimiento de sus condiciones.

h) El resarcimiento de los daños o perjuicios ocasionados a las instalaciones municipales, obras anexas o a cualquier otro bien del patrimonio municipal que haya resultado afectado.

i) La modificación de la tasa de vertido para adaptarla a la situación producida, de acuerdo con la ordenanza fiscal correspondiente.

Disposiciones transitorias

En todo lo no previsto en los títulos III y IV de la presente Ordenanza, será de aplicación supletoria lo dispuesto en el Reglamento Metropolitano Regulador de los vertidos de Aguas Residuales, publicado en el BULLETÍ OFICIAL de la provincia el 2 de septiembre de 1985.

Anexo I

Documentación necesaria para la obtención del permiso de vertidos a las instalaciones municipales de saneamiento

Las instalaciones industriales y comerciales para la obtención tanto de la licencia de empalmar en la red como la autorización de vertido, deberán llevar la documentación que a continuación se detalla:

1. Nombre o domicilio social del titular del establecimiento o actividad.

2. Ubicación y características del establecimiento o actividad.

3. Agua de proveimiento: Procedencia, tratamiento previo, caudales y uso.

4. Materias primas y auxiliares o productos semielaborados, consumidos o empleados. Cantidades expresadas en unidades usuales.

5. Producción expresada en unidades usuales.

6. Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos y del régimen y características de las descargas de vertidos resultantes. (Características previas a cualquier pretratamiento).

7. Descripción de los pretratamientos adoptados en el cauce y de la efectividad prevista en los mismos. Conductos de descarga de los vertidos pretatados o no y de tramos de la red de alcantarillas donde conectar o se pretenda conectar.

8. Descargas finales a las alcantarillas. Para cada conducto de evacuación, descripción del régimen de descarga, volumen y caudal, épocas y horario de descarga. Composición final de los vertidos descargados con los resultados de los análisis de puesta en marcha realizados en su caso.

9. Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de almacenamiento de materias primas o productos elaborados líquidos susceptibles de ser vertidos en la red de alcantarillas.

10. a) Planos de situación.

b) Planos de red interior de recogida e instalaciones de pretratamiento.

c) Planos de detalle de las obras de conexión de los pozos de muestras y de los dispositivos

de seguridad.

11. Todos aquellos datos necesarios para la determinación y caracterización del vertido industrial y del albañal de conexión.

Anexo II

Requerimiento de calidad de efluentes para descarga en el cauce marino

1. Características físicas:

1. Ausencia visible de partículas flotantes y espuma, así como de aceites y grasas.

2. La concentración de partículas flotantes de vertido residual original en la superficie del agua no ha de sobrepasar mas de 1:0 mg sec/m2, el 50% de las veces; ni 1.5 mg sec/m2 más del 10% de las veces.

3. La descarga del vertido residual no ha de producir coloraciones ni efectos estéticos desagradables en la superficie del mar.

4. La reducción de la transmitancia de la luz natural en cualquier punto fuera de la zona de dilución inicial no ha de ser significativa.

5. La deposición y características de los sólidos inertes en los sedimentos del mar, no ha de sufrir alteraciones tales que las comunidades bentónicas sean degradadas.

Requerimiento de calidad de efluentes para descargas a cauces marinos

2. Características químicas.

Tabla I. Concentraciones a no sobrepasar más de:

Unidad de medida - 50% de veces - 10% de veces

Aceites y grasas mg/l 10 15
Partículas flotantes mg/l 1,0 2,0
Sólidos suspendidos mg/l 50 75
Sólidos sedimentables mg/l 0,1 0,2
Turbulencia NTU 50 75
pH Unidades dentro del intervalo de 6,0 a 9,5 en todo momento

Tabla II. Concentración a no sobrepasar más de:

Unidad de medida - 50% de veces - 10% de veces

Arsénico mg/l 0,05 0,07
Cadmio mg/l 0,02 0,03
Cromo total mg/l 0,15 0,3
Cobre mg/l 0,2 0,3
Plomo mg/l 0,1 0,2
Mercurio mg/l 0,001 0,002
Níquel mg/l 0,15 0,03
Plata mg/l 0,02 0,04
Zinc mg/l 0,5 1,0
Cianuro mg/l 0,1 0,2
Compuestos fenolíticos mg/l 0,5 1,0
Cloro residual total mg/l 1,0 2,0
Nitrógeno amoniacal mg/l 40 60
Hidrocarburos totales mg/l 0,002 0,004

Anexo III

Definiciones básicas

Vertidos residuales: Toda materia residual sólida, líquida o gaseosa, incluyendo las aguas de refrigeración, resultantes de una actividad manufactura o industrial o del desarrollo, recuperación o procesamiento de recursos naturales.

Actividad industrial: Cualquier establecimiento o instalación que descargue vertidos industriales a las Instalaciones Municipales de Saneamiento.

Administración: Entes jurídicos de las Instalaciones Municipales de Saneamiento a toda persona debidamente autorizada en que el mencionado Ente delegue.

Aguas potables de consumo público: Son aquéllas utilizadas para este fin, cualesquiera que fuera su origen , ya sea en su estado natural o después de un tratamiento adecuado, o bien se trate de aguas destinadas directamente al consumo o utilizadas en la industria alimentaría de forma que pueda afectar la salubridad del producto final.

Aguas residuales: Son las aguas residuales que, procedentes de viviendas o instalaciones comerciales, industriales, sanitarias, comunitarias, o públicas, son admitidas en las Instalaciones Públicas de Saneamiento.

Aguas residuales domésticas: Están formadas por los restos líquidos procedentes de la preparación, cocción, y manipulación de alimentos, así como excrementos humanos o materias similares producidas en las instalaciones sanitarias de las viviendas o cualquier otra instalación de las reseñadas en el párrafo anterior.

Aguas residuales industriales: Son las procedentes de las instalaciones ya mencionadas y debidas a los procesos propios de la actividad del establecimiento llevando la presencia de restos consecuencia de los mismos y, en general, diferentes de los citados en la anterior definición.

Aguas residuales Son las producidas simultáneamente o inmediatamente a continuación de cualquier forma de precipitación natural y como resultado de la misma.

Alcalinidad.-Alcalinidad: Es una medida de la capacidad de una agua para neutralizar ácidos. Se debe fundamentalmente a sales de ácidos débiles, aunque las bases, débiles o fuertes, también pueden contribuir.

Autorización de descarga: Licencia expedida por la Administración, previa aprobación de la correspondiente solicitud de vertido, autorizando la descarga a la alcantarilla.

Clasificación del usuario: Es la que le corresponde según su actividad y de acuerdo con las Normas del Instituto Nacional de Estadística (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Alcantarilla pública: Se entiende como tal, cualquier conducto de aguas residuales construido o aceptado por el Ayuntamiento para el servicio general de la población y cuyo mantenimiento y conservación son realizados por el mismo.

Albañal: Es aquel conducto subterráneo colocado transversalmente a la vía pública, que sirve para conducir las aguas residuales y, en su caso las pluviales desde cualquier tipo de edificio o finca a la red de alcantarillado o a un albañal longitudinal.

Albañal longitudinal: Es aquel albañal que en todo o en parte discurre a lo largo de la vía pública, lo cual permite admitir las tomas de los albañales de las fincas del recorrido.

Demanda bioquímica de oxígeno: Es una medida de la capacidad de consumo de oxígeno de una agua a causa de la materia orgánica que se encuentra presente. Su determinación se realiza mediante un ensayo normalizado en el cual se mide el consumo de un oxidante químico expresándose el resultado en miligramos de oxígeno equivalente por litro de agua estudiada.

Descarga limitante: Todo vertido que por su potencial contaminados y bajo ciertas limitaciones pueda tolerarse en las Instalaciones Municipales de Saneamiento en el cauce receptor.

Descarga peligrosa: Todo vertido no fortuito voluntario o involuntario, que por negligencia o mala fe pueda ocasionar una emergencia real o potencial a las personas, las instalaciones municipales o al cauce receptor.

Descarga permitida: Cualquier vertido tolerable o inofensivo que tenga concedida la correspondiente autorización de descarga.

Descarga prohibida: Aquel vertido que por su naturaleza y peligrosidad es totalmente inadmisible en las Instalaciones Municipales de Saneamiento.

Distribución de agua: Es la conducción del agua desde su origen o planta de potabilización hasta el usuario.

Imbornal: Instalación compuesta de boca, pozo de caída y conducción hasta la alcantarilla destinada a recoger y transportar a la red las aguas superficiales de escorrentía de la vía pública.

Estación depuradora de aguas residuales: Es el conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones en general que permiten el tratamiento de las aguas residuales y los fangos resultantes.

Instalaciones municipales de saneamiento: Conjunto de estructuras, mecanismos y procesos que permiten recoger, transportar, bombear, tratar y eliminar las aguas y vertidos residuales.

Aceites y grasas: Son las materias de menos densidad del agua, cuya separación física por gravedad de las aguas residuales es factible con el tratamiento adecuado.

Permiso de vertido: Trámite requerido para la identificación, clasificación y regulación de la descarga de vertidos residuales.

Ph: Es el cologaritmo o logaritmo con signo cambiado de la actividad de iones hidrógenos en el agua estudiada.
A-89/8226-8ag

Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones de Castelldefels

30/03/2017

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Castelldefels.pdf — 962.9 KB

Normativa y ordenanzas

Ordenanzas fiscales y precios públicos en vigor

Ordenanzas fiscales y de precios públicos en vigor (todas)

OD núm. 0 - Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de los ingresos de derecho público municipales (catalán)

OD núm. 1 - Impuesto sobre bienes inmuebles (catalán)

OD núm. 2 - Impuesto sobre actividades económicas (catalán)

OD núm. 3 - Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (catalán)

OD núm. 4 - Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (catalán)

OD núm. 5 - Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana IVTNU - Plusvalía (catalán)

OD núm. 6 - Tasa por servicios urbanísticos (catalán)

OD núm. 7 - Tasa por la prestación de los servicios de intervención administrativa en las actividades e instalaciones (catalán)

OD núm. 8 - Tasa por el servicio de alcantarillado (catalán)

OD núm. 9 - Tasa por expedición de distintivos o documentos administrativos (catalán)

OD núm. 10 - Tasa de cementerio municipal (catalán)

OD núm. 11 - Tasa por inmovilización, depósito y retirada de vehículos abandonados o estacionados de forma defectuosa o abusiva en la vía pública o por causas judiciales (catalán)

OD núm. 12 - Tasa por las prestaciones de la policía local y circulaciones especiales (catalán)

OD núm. 13 - Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública con entradas de vehículos y por las reservas de vía pública por aparcamiento, carga y descarga (catalán)

OD núm. 14 - Tasa por ocupación y aprovechamiento de la vía pública (catalán)

OD núm. 15 - Tasa por instalaciones, ocupación y aprovechamiento de la zona marítima terrestre (catalán)

OD núm. 16 - Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general (catalán)

OD núm. 17 - Tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales (catalán)

OD núm. 18 - Ecotasa por el tratamiento de residuos (catalán)

OD núm. 19 - Tasa por prestación de servicios relacionados con los animales de compañía y por concesión de licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (catalán)

OD núm. 20 - Tasa por la prestación de servicios y aprovechamiento especial del salón de actos consistorial con motivo de la celebración de bodas y otras ceremonias civiles (catalán)

OD núm. 21 - Tasa para la inscripción en las convocatorias para la selección de personal (catalán)

OD núm. 22 - Contribuciones especiales (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.1 - Precio público por actividades de formación, lúdico-culturales y de tiempo libre (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.2 - Precio público Teatre Plaza (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.3 - Precio público Escola de Dansa (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.4 - Precio público La Casa dels Infants (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.5 - Precio público para la utilización de las piscinas y otras instalaciones deportivas (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.6 - Precio público para anuncios en instalaciones o actividades de carácter municipal (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.7 - Precio público venta productos promocionales (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.8 - Precio público La Guaita (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.9 - Precio público por la prestación del servicio de atención domiciliaria (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.10 - Precio público biblioteca Ramón Fernández Jurado (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.11 - Precio público Deixalleria Municipal (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.12 - Precio público Centro Frederic Mompou (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.12 - Precio público Centro Frederic Mompou (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.13 - Precio público Agrupació Cultura Popular (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.14 - Precio público Casal de la Cultura (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.15 - Precio público Espai del Mar (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.16 - Precio público Parque Educación Vial (catalán)

OD núm. 23 - Anexo I.17 - Precio público trenet turístic

OD núm. 23 - Anexo I.18 - Precio público aparcamiento solar paseo Marítimo con calle México (catalán)

OD núm. 23 - Anexo II.1 - Precio público centro actividades ambientales Cal Ganxo (catalán)

OD núm. 23 - Precios públicos de servicios prestados directamente por el Ayuntamiento (catalán)

OD núm. 24 - Prestación patrimonial de carácter público no tributario para el servicio público municipal del Centro de Interpretación de la Piratería en el Mediterráneo y de la historia de Castelldefels (catalán)

Normativa de funcionamiento CAA Cal Ganxo (librito)

Ordenanza de Civismo y del Uso del Espacio Público

Ordenanza de Convivencia Ciudadana

Ordenanza de Limpieza

Ordenanza de Uso de las Playas del Municipio de Castelldefels

Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación de los Ingresos de Derecho Público Municipales

Ordenanza General de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Castelldefels

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Castelldefels y los Organismos Autónomos que dependen de él

Ordenanza Municipal de Circulación

Ordenanza Municipal de Protección de los Espacios Verdes y del Paisaje Urbano

Ordenanza municipal reguladora del libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en el ámbito territorial de Castelldefels local

Ordenanza municipal reguladora de la transparencia y la administración electrónica

Ordenanza Municipal Reguladora de las Actividades e Instalaciones de Radiocomunicación

Ordenanza municipal reguladora del mercado de venta no sedentaria en el municipio de Castelldefels

Ordenanza Municipal Reguladora de la Señalización específica en la Vía Pública, para Hoteles, Restaurantes, Bares Musicales y Apartamentos Turísticos

Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales

Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Castelldefels

Ordenanza Reguladora del Consumo, la Utilización y el Vertido de las Aguas

Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones de Castelldefels